Nuevas pruebas de incongruencia entre lo que dice y lo que hace el gobierno panameñista, coligado con el PRD, brotaron en el discurso del presidente Varela en la ONU. El mandatario dijo en el discurso que fortalece el Estado de derecho en Panamá. Esta declaración retórica se contradice con el nepotismo desaforado y despidos de servidores públicos, omitiendo que la Constitución dispone que ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las formalidades que establece la ley, ocultando que prescinde de servidores por motivos políticos. Se contradice por las denuncias de injerencia presidencial en el nombramiento del futuro contralor de la República, invadiendo la facultad constitucional de la Asamblea Nacional. También se contradice con la concertación de un acuerdo con el PRD para la distribución de cargos públicos y así dominar la Asamblea.
Igualmente existe un gran contrasentido en la conservación y disfrute de entidades públicas como el PAN, que en la campaña electoral prometió desmantelar acusándola de malversaciones antes de efectuarse auditorías forenses. El ministro de la Presidencia informa ahora que no se va a cerrar el PAN, obviamente para aprovechar contrataciones directas sin el requisito de las licitaciones por casos ficticios de emergencia.
La imposición de controles de precios de alimentos de primera necesidad desnaturaliza el régimen de economía libre para insertarse en modelos económicos típicos de gobiernos autoritarios. Los organismos representativos de la empresa privada como la Cámara de Comercio, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, el Sindicato de Industriales y productores agrícolas demandan la eliminación del sistema controlista y exigen que cese su injerencia en las actividades económicas de carácter privado.
Pero lo que probablemente dejó atónitos al secretario general de la ONU y a los representantes de las naciones democráticas fueron los argumentos que empleó para justificar la invitación del régimen totalitario de Cuba a la próxima Cumbre de las Américas. Argumentó que la invitación de Cuba es para establecer la equidad en el concierto de las naciones, pretendiendo pasar por alto que la comisión de derechos humanos de la ONU ha condenado que los valores éticos y sociales no existen en el gobierno de los hermanos Castro y que la comisión de la ONU enviada a Panamá para conocer la situación del barco de bandera de Corea del Norte determinó que fue sorprendido ocultando armas de propiedad cubana embarcadas en puerto cubano y escondidas bajo toneladas de azúcar en las bodegas. No dijo el mandatario que la invitación a Cuba acata la amenaza de los países encabezados por Venezuela de no concurrir a la cumbre si se dejara de cumplir esa condición. Cuba no pertenece a la OEA desde hace más de 40 años. Para reincorporarse a la Organización de Estados Unidos tendría que convocar a elecciones libres, salvaguardar los derechos humanos, liberar a los presos políticos, tal como establecen los requisitos de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Pero en el difuso discurso del mandatario no se abordaron estos puntos.
Al hablar fuera o dentro del país, el presidente de la República debiera rendir cuentas por el cumplimiento de las leyes nacionales. Una de las responsabilidades instituidas por la Carta Política es que el presidente de la República debe sancionar y cumplir las leyes, obedecerlas y velar por su exacto cumplimiento.
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