Revestidos de pretensiones de infalibilidad, desprestigiados por las pruebas de su parcialidad partidaria, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) tienen la osadía de solicitar que la Asamblea Nacional apruebe ad integrum supuestas reformas electorales. La misión constitucional de los diputados es hacer las leyes, después de presentarlas, analizarlas y aprobarlas. Por ende, nadie puede vulnerar las facultades del Órgano Legislativo, de revisar el paquete de reformas. Debe abrirse un debate público para que los ciudadanos opinen sobre reformas que puedan restringir sus derechos, como el caso del voto en plancha.
La dictadura de partidos como el PRD y el panameñismo impuso el voto en plancha como una transgresión al derecho de elegir en forma selectiva a sus representantes en la Asamblea. Sobre todo, el PRD fue el corruptor de los derechos ciudadanos con la introducción del voto en plancha, como una imposición de aceptar en los circuitos plurinominales a los privilegiados por la dirigencia. No nos sorprenda la exhumación del voto en plancha por los vasos comunicantes que enlazan al presidente del TE con el PRD, su partido de origen.
El anteproyecto del TE consta de 97 artículos que debemos revisar al revés y el derecho. Es realista recordar que el Código Electoral fue aprobado en 1977 durante la dictadura militar para cohonestar la hegemonía del PRD en circunstancias que habían desaparecido los partidos democráticos.
A partir de 1991 se efectuaron cambios como la boleta única de votación, las facultades del TE para anular de oficio el resultado de las elecciones generales, el traspaso de la Fuerza Pública al TE, seis días antes de los comicios, la modificación de la fórmula de representación proporcional en los circuitos plurinominales por cuociente y medio cuociente; el voto en el extranjero para presidente y vicepresidente y otras innovaciones.
Debe someterse a revisión el subsidio económico a los partidos. Los dispositivos electorales establecen que debe distribuirse de conformidad con programas específicos. Existen dudas sobre la supervisión de cada partida, particularmente las asignadas a capacitación cívica y presencia de los partidos en el interior.
La ciudadanía debe saber, por ejemplo, si las universidades son contratadas para fortalecer la formación cívica de los militantes de acuerdo con programas académicos o si se está despilfarrando el subsidio en seminarios de dudosa solvencia académica.
Los subsidios fueron creados para que el Estado mediatizara los aportes económicos de donantes anónimos. El TE propugna que los donantes sean identificados como personas naturales o jurídicas. El PRD y el panameñismo se han opuesto a la revelación de los donantes, con la excusa de que hay que proteger el anonimato de quienes distribuyen aportes a varios partidos. Es posible que diputados panameñistas y perredistas vuelvan a oponerse a la identificación de los donantes en nombre del controvertido pacto de gobernabilidad.
Otro aspecto no considerado en el paquete de reformas es la separación del TE del Registro Civil. En la mayoría de los países democráticos este es autónomo y no forma parte del ente creado para organizar elecciones. Las inscripciones de nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios no incumben a los asuntos electorales.
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