Incongruencias
- Especulación
- El Decreto Ejecutivo 165 exige a los comerciantes ofrecer otro producto regulado, en caso de que se acabe el primero en la lista de regulación.
- Poco tiempo
- Los expertos en economía y los defensores de los consumidores consideran que seis meses resulta muy poco tiempo para estudiar por completo la medida de regulación.
- Política errada
- El economista y excandidato presidencial Juan Jované asegura que nos encontramos frente a una política insuficiente, inconsistente e incoherente, pensada más mediáticamente que en términos de justicia y equidad social.
Los panameños no solo están expuestos a la especulación de precios en los supermercados. Las abarroterías o minisuperes, atendidos en su mayoría por los conocidos “chinitos”, también incumplen muchas de las reglamentaciones del Decreto Ejecutivo 165.
En esos establecimientos, la canasta básica de julio está valorada en $354.82, más costosa que en los supermercados. En mayo costaba $352.51. “El 60% de la población trabajadora adquiere sus productos de alimentación en este tipo de tiendas; si a ellos se les antoja no vender ninguno de los 22 productos que están regulados, lo pueden hacer porque el decreto se los permite”, señala Yakarta Ríos, de Consumo Ético.
Otra de las irregularidades existentes, comenta Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), es que muchos no permiten la entrada de los clientes debido a la inseguridad que reina en las áreas donde están ubicados dichos comercios. En San Miguelito, por ejemplo, el 40% de las tiendas operan con portones o rejas de hierro por temor a ser objeto de robo o porque ya les han robado anteriormente. “Eso no permite que los consumidores observen qué precio tiene el producto ni la calidad de estos”, apunta Acosta.
El decreto rige en todo el país, menos en las comarcas indígenas ni las áreas insulares.
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