Policía Nacional reconoce aumento de homicidios en el país

Este viernes en horas de la noche una familia compuesta por cuatro miembros, entre ellas dos menores de edad, fue acribillada en La Chorrera.



LA PRENSA - Los homicidios a nivel nacional registran un incremento y la mayoría de las veces se les asocia a problemas relacionados con drogas y a conflictos familiares, admitió el director de la Policía Nacional (PN), Omar Pinzón, aunque sin precisar cifras.

No obstante, segundos después de reconocer que la situación es grave, aclaró que al comparar 2013 con lo que va de este año, los índices “no se han disparado como se ha querido hacer ver”.

Por su parte, en la provincia de Chiriquí el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera Franceschi, destacó que en estos dos meses de la administración de Juan Carlos Varela hay 24 homicidios menos que en igual período del año pasado.

El último hecho violento se dio este viernes en horas de la noche en la barriada San Antonio de La Chorrera, donde cuatro miembros de una familia, entre ellos dos menores, fueron abatidos a tiros con armas calibre 9 milímetros y AK-47.

Pese a que el crimen conmocionó a los residentes, no los animó a colaborar suministrando información a la Policía, dijeron fuentes ligadas a la investigación.

HECHOS
Cuatro miembros de una misma familia, una mujer de 27 años de edad y su pareja de 28 años, además de dos menores de cuatro y nueve años, fueron asesinados luego de bajar de un automóvil y disponerse a subir al edificio multifamiliar ubicado en dicha barriada.

El menor de nueve años de edad falleció cuando era trasladado en un vehículo particular al cuarto de urgencias del hospital Nicolás A. Solano.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, Pinzón confirmó la detención para investigación de cinco de ocho personas que presuntamente participaron en esta masacre.

Los capturados fueron localizados en el área de La Milagrosa, Puerto Caimito y La Mitra. En este último lugar también se ubicó un auto Mitsubishi, el cual mantenía una denuncia de hurto.

Pinzón indicó que el hecho podría estar relacionado con rencillas entre grupos residentes en la barriada San Antonio en La Chorrera.

Sin embargo, dejó entrever que los homicidas pudieran haber equivocado su blanco.
El director de la PN evitó dar a conocer si la víctima mantenía algún tipo de prontuario policivo o si era miembro de alguna pandilla, aunque aseguró que “no pararemos hasta dar con la captura de los tres delincuentes faltantes”.

VERSIONES
Pese a que Pinzón dijo que el tema de rencillas estaba presente en este caso, el comisionado jefe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), Marcos Córdoba, manifestó que los adultos detenidos son miembros de una banda delictiva, lo que le da otro matiz a este caso.

Mientras, el jefe de la zona policial de La Chorrera, Nadim García, adujo que esta situación no es más que un “hecho aislado”, por lo que la comunidad no debe alarmarse.

El subcomisionado justificó el retiro de los agentes policiales que se mantenían en este punto de forma permanente, alegando que una operación de este tipo no se puede sostener de forma prolongada.
Agregó que el 85% de los hechos delictivos cometidos ha sido resuelto, lo cual sostuvo es bastante aceptable. Adujo que los robos marcan como el principal delito, al menos en Panamá Oeste.

INSEGURIDAD
Para el exdirector de la PN Carlos Barés hay una crisis en los estamentos de seguridad, pues no existe una política criminal definida.

En su opinión, entre quienes tienen que brindarle seguridad a la ciudadanía existe una baja moral por las políticas aplicadas en materia de ascensos durante la pasada administración.

En los últimos 10 años, aseguró que ningún gobierno se ha esforzado por establecer una política coherente en esta materia.

Oswaldo Fernández, exdirector de la Policía Técnica Judicial, coincidió con Barés, afirmando que la solución a este problema no es colocar un policía en cada esquina ni utilizar mano dura, sino aplicar políticas preventivas y oportunidades de trabajo para los jóvenes.

En tanto, el sociólogo Marco Gandásegui estimó que el tráfico de drogas y la corrupción son factores que tienen una alta incidencia en el aumento de la delincuencia y la violencia generalizada.

Gandásegui no duda en señalar que en el país existe una cultura en donde todo tiene un precio y ello genera que las personas busquen obtener dinero a cualquier precio.

Alegó que si no se da una política de Estado coherente, será imposible bajar la delincuencia.

Planilla revela desigualdad en los salarios del Gobierno

Irma Rodríguez (irodriguez@epasa.com)

• Pagos de salarios a discreción del Gobierno y por encima de la ley

La desproporción en los sueldos y gastos de representación asignados a directores, asesores y cuerpo diplomático salen a relucir, mientras el Gobierno actualiza las planillas en el nodo de transparencia de las instituciones.

Este es el caso del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a final de semana publicaron la lista actualizada con los nombramientos entre julio y agosto de 2014.

En el caso del Ministerio de Gobierno, en el que el titular Milton Henríquez recibe 3,500 dólares de salario más 3,500 de gastos de representación, algunos de sus asesores y miembros de su equipo de trabajo logran tarifas por encima de su salario o cerca de sus emolumentos.

Es el caso de Denis Allen, quien aparece en la planilla con el cargo de secretario ejecutivo de Asuntos Electorales y está nombrado con un salario de $5,000.

Dicho salario es inferior por $1,000 al de los viceministros, María Romero e Irene Gallego, a quienes se les asignó $3,000 de salario más $3,000 de gastos de representación a cada uno.

Otra de las desproporciones salariales significativas dentro del Ministerio de Gobierno es del director de la Autoridad del Tránsito, Julio González, que tiene un salario por $5,000, más $2,000 en gastos. Entre ambas asignaciones alcanza el sueldo de un ministro de Estado.

En cambio, el subdirector de la ATTT, Rubén Chávez, fue contratado por $3,500 de salario y $1,500 en gastos de representación.

Similar ocurre en el Sistema Nacional de Protección Civil. En esta dependencia, el director, José Donderis, cobra $4,000 de salario y $2,000 en gastos de representación, mientras que el subdirector, Mario Chang, tiene asignado $5,000 de salario neto.

Servicio exterior

Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, el caso que más llama la atención es el de Emanuel González Revilla, embajador de Panamá en Washington, Estados Unidos.

En la planilla, González Revilla figura con $1,500 de salario y la nada despreciable cifra de $13,500 en gastos de representación. Solo su gasto de representación significa el doble de emolumentos de la ministra Isabel Saint Malo de Alvarado, quien recibe $3,500 de salario y $3,500 en representación.

El mismo desbalance entre salarios y gastos de representación lo mantienen Jorge Hernán Miranda, representante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, con $1,500 de salario y $8,500 de gastos, al igual que Laura Elena Flores, embajadora de Panamá en la ONU, con $1,500 de salario y $5,750 en gastos, y el embajador en México, Manuel Ricardo Pérez, con $1,500 de salario y $6,000 en representación.

Esto en contraste con los emolumentos que pagan a otros embajadores y cónsules en países más lejanos. A Miroslava Rosas como representante en la Santa Sede, en Roma, se le asignaron $1,500 en salario y $4,650 en representación, mientras que al exvicepresidente Rubén Arosemena le fue asignada la embajada en Corea del Sur por $1,500 de salario y apenas $3,000 en gastos en representación.

Gobierno de Varela no dice todo sobre Finmeccanica: Mulino

El exministro Mulino explicó que el contrato establece que el Estado está en facultad de no pagar si existe incumplimiento de las cláusulas. La anulación del contrato que anunció el Gobierno debió tomarse presentando una denuncia ante los tribunales y no a través del Gabinete.

 Infografía

• 9.1 millones de dólares fue lo que se desvió de otras partidas para pagarle al conglomerado italiano.

• El gobierno de Juan Carlos Varela ha realizado cuatro desembolsos al conglomerado italiano

• Las órdenes de pago fueron firmadas por la viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla, siete días antes del anuncio del Gobierno de suspender el contrato.

El hecho de que se sigan autorizando los pagos a las empresas subsidiarias del conglomerado italiano Finmeccanica demuestra que el Gobierno no ha podido cumplir con la decisión que se tomó en el Consejo de Gabinete de suspender el contrato de operación de los radares.

Esto obedece a que no existe denuncia alguna ante los tribunales para solicitar la anulación del contrato por faltas manifiestas a las cláusulas de dicho documento de entendimiento entre el Estado panameño y las empresas subsidiarias de Finmeccanica.

Así lo argumenta el ex- ministro de Seguridad Pública y excanciller José Raúl Mulino con juristas especializados en derecho comercial e internacional, consultados por el Panamá América.

A juicio de Mulino, los contratos con las subsidiarias de Finmeccanica, establecen cláusulas para preservar los intereses del país.

Como manera de ejemplo citó el anexo A, que hace alusión a los términos y condiciones a las que está obligada la empresa Selex, en cuanto a las especificaciones técnicas para que los radares funcionen de acuerdo a lo que dice el contrato “y si no funcionan, el Gobierno de Panamá no tiene la obligación de pagar absolutamente nada”, destacó Mulino.

El 5 de agosto, el Consejo de Gabinete decidió suspender el contrato con las subsidiarias de Finmeccanica al aducir la protección de los intereses del país, sin embargo, en estos dos meses y medio del gobierno de Juan Carlos Varela se han desembolsado cuatro pagos a favor de los contratos con Finmeccanica.

El jurista Carlos Carrillo asegura que esta postura del Gobierno se debe calificar como una suspensión unilateral de los contratos, figura que no aparece en ninguna de las normativas nacionales e internacionales en materia de contrataciones públicas.

Por consiguiente, considera Carrillo, que la postura del Gobierno solo quedó en un discurso, pero en la acción ha sido todo lo contrario, es decir, no han podido desconocer el contrato, porque ello provocaría una sanción civil para el Estado panameño, con el pago de indemnizaciones.

Para el abogado Ernesto Cedeño, la actuación del Gobierno de haber hecho efectivos los pagos a las subsidiarias de Finmecanica es contrario a lo enunciado en el discurso en el que, supuestamente, establecieron posibles irregularidades de sobrecostos y supuestas deficiencias en las partes operativas de los radares.

A juicio de Cedeño, pareciese que el Gobierno estudió el caso y pudo comprender que no hay nada pecaminoso en el contrato y decidió seguir honrando los pagos.

De acuerdo con las órdenes de pago a las que tuvo acceso el Panamá América, se revela que el 27 de agosto se dio el pago más reciente a las empresas que representan al conglomerado italiano.

José Alberto Álvarez, presidente del Colegio de Abogados, explicó que por normativa jurídica, el gobierno de Varela si consideraba que había incumplimiento del contrato por parte de los representantes de Finmeccanica, debió entablar un proceso civil que implicará una denuncia ante los tribunales solicitando la anulación de la relación contractual.

Cayó la novela

Las cartas de las empresas italianas Impregilo y Finnmecánica al expresidente Ricardo Martinelli destruyen las campañas orquestadas por diversos políticos que tienen caja de resonancia en conocidos medios de comunicación. Las misivas oficiales de las empresas desmienten que Martinelli, como jefe de Estado o a título personal, hiciera alguna solicitud de donación de cualquier índole. Asimismo rechazan las empresas italianas que recibieron de la administración Martinelli “cualquier tipo de favoritismo u ofrecimiento en la adjudicación de cualquier obra”.

Quedan en un espantoso ridículo los adversarios políticos de Martinelli que se llenaron la boca con imputaciones de soborno sin prueba alguna, encuadrándose sus acusaciones en el campo penal de la injuria y la calumnia. Durante la campaña electoral, las imputaciones calumniosas se convirtieron en herramientas constantes para denigrar al candidato presidencial de Cambio Democrático, José Domingo Arias, y respaldar al candidato Juan Carlos Varela.

El Tribunal Electoral no ha considerado el efecto negativo de las campañas políticas en los resultados de los comicios de mayo, mientras celebra audiencias para ventilar impugnaciones de candidatos desconocidos, como sucede en la audiencia contra el diputado Carlos Tito Afú, de Las Tablas.

Se afirma que Ricardo Martinelli es el expresidente de la República más calumniado de los últimos tiempos. Todos y cada uno de los numerosos proyectos que llevó a cabo o que se encuentran en proceso de construcción son execrados a nombre de sobreprecios no comprobados por peritos, pero presentados deformadamente cual si fueran hechos comprobados exhaustivamente.

Sin embargo, Martinelli, contra viento y marea, realizó su programa de obras que han transformado el país. Resultaría ocioso y agobiante reconstruir el inventario de las acusaciones lanzadas contra el gobierno de Cambio Democrático. Pero están en las páginas de diarios y en los archivos de los canales de televisión.

Las cartas de los empresarios italianos se divulgan a través de las redes sociales, pero son invisibles en los medios incursos en la desinformación sistemática, violando los principios básicos de la ética periodística. Cuando los tribunales italianos reciban las cartas que niegan sobria y rotundamente la existencia de anomalías y dicten sentencia, seguirán ocultando la realidad. Como dijo el presidente Lincoln, algunos pueden engañar algún tiempo, pero no podrán seguir engañando todo el tiempo.

El expresidente Martinelli mostró en su cuenta de Twitter sendos documentos oficiales de la empresa estatal de Italia Finmeccánica que niegan la existencia de sobornos en la adquisición de radares, helicópteros, etc. a nadie en Panamá.

En pocas palabras, la novela italiana es una telenovela truculenta cuyo guión escribieron a cuatro manos políticos y periodistas. Otro capítulo de la historia local de la infamia. Si las violaciones del Código Penal llegan a trasladarse a los tribunales de justicia de Panamá, entonces muchos subirán al banquillo de los acusados y sufrirán el repudio del pueblo panameño.

Cuestionan la paralización de obras del Estado

La paralización en la construcción de obras que venían ejecutándose en los últimos años ha propiciado que las empresas contratistas reduzcan su personal como medida de contingencia

La paralización en la construcción de obras que venían ejecutándose en los últimos años ha propiciado que las empresas contratistas reduzcan su personal como medida de contingencia.

Ayer, Saúl Méndez, vocero del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), denunció que algunas contratistas han optado por no pagar a los empleados sus obligaciones.

Méndez sostuvo en TVN que algunos proyectos han tenido una disminución de contratos. Estos seguían una programación para culminar en los próximos cuatro meses.

Por su parte, Abelardo Herrera, de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), señaló que la organización cuenta con cerca de 1,500 empleados en los proyectos que lleva a cabo el Gobierno.

Claves

• 74 días de gestión tiene el nuevo gobierno, durante los cuales se han suspendido proyectos como la Ciudad Hospitalaria.

Carrillo:"Pagos a Finmeccanica convalidan objeto del contrato"

El pago ordenado por el Estado panameño a favor de los contratos con el conglomerado italiano, Finmeccanica por equipos de seguridad, dejaron dudas sobre la supuesta suspensión del contrato, como la falta de idoneidad del equipo, anunciado por el Gobierno Nacional.

 

Al respecto, el abogado Carlos Carrillo cuestionó el hecho de que el Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela, haya vendido la idea de que los equipos "no cumplen con la idoneidad", sin embargo, los pagos posteriores a esta declaración, contradicen la situación.

 

El abogado considera que el Estado debe aclarar "qué tipo de reclamaciones se están haciendo al conglomerado italiano Finmmecanica o qué tipo de adecuaciones ha cumplido la empresa, en cuanto al contrato".

 

Carrillo manifestó en KW Continente que "si hubiera existido una causal de resolución de contrato con Finmeccanica, tendría que haberse interpuesto o hecho los avisos correspondientes, si hay arbitraje o una acción judicial", de lo contrario, si no existe dicho requerimiento por una de las dos partes por incumplimiento, "el contrato está perfeccionado y debe cumplirse".

 

En este sentido, indicó que "pareciera que las advertencias públicas de que no se reunía la idoneidad de los equipos comprados, estuviera en algún tipo de adecuación a los requerimientos del pliego que se hubiera hecho en la contratación".

 

El abogado aclaró que unilateralmente Panamá no puede legalmente dejar de pagar, hasta que no interponga juicio ante los tribunales panameños o jurisdicción establecido en el contrato, de lo contrario, sería objeto de demanda por parte del agente pagador.

Finmeccanica No se puede usar para política, van a hacer el ridículo: Mulino

El exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino fue enfático en decir que elcontrato firmado con la empresa italiana Finmeccanica, para la adquisición de seis helicópteros, 19 radares y un mapa digital a un costo de 250 millones de dólares, no puede ser utilizado como "bandera política" o ataques, porque quedarán haciendo el ridículo nacional e internacional, refiriéndose a la actual administración liderada por el mandatario, Juan Carlos Varela.

• Varela se contradice y paga $9 millones a Finmeccanica

"No existe un pleito en Italia contra nadie en Panamá, hay un problema allá, que se menciona al Gobierno de Panamá, que se me menciona a mí, que se menciona al presidente, obviamente si yo firmó los contratos autorizados por todo el Gabinete, incluido el presidente actual, Juan Carlos Varela, Alberto Vallarino, Carlos Dubois y todos los ministros Panameñistas de la época en el año 2010", expresó en Nex Noticias.

Las declaraciones del exministro se dan ante la publicación de Panamá América sobre la contradicción del actual mandatario panameño Varela, quien en su momento decidió suspender el contrato por supuestas irregularidades, sin embargo, siete días antes la viceministra de Finanzas, prima del presidente, Eyda Varela de Chinchilla, había retomado los pagos regulares a Finmeccanica para cubrir los compromisos del Estado panameño pactados en los tres contratos con esta empresa de capital italiano.

Mulino explicó que se trata de un pago que se debía hacer el 29 de julio de acuerdo al calendario ininterrumpido que se venía cumpliendo, pero, pudo conocer que la actual administración pidió una extensión de 30 días al Citibank (banco líder de esta transacción) para evaluar las supuestas irregularidades.

Aún así, expresó no tener claro de dónde sale la cifra de los nueve millones pagados, por lo que le tocará a las autoridades detallarlo.

"Yo puedo sustentar como abogado y exministro que ese contrato no tiene absolutamente nada de irregular, ese fue un contrato convenido de acuerdo a un compromiso, de acuerdo a una decisión de política exterior", añadió.

Así mismo, considera que "sería bueno" que las actuales autoridades de gobierno se lean bien los contratos.

Salarios de funcionarios de la Presidencia son calificados de ofensivos

Políticos consultados calificaron como una mentira la promesa de Juan Carlos Varela de colocar al pueblo primero y no favorecer a amistades y allegados durante su 
administración gubernamental

Los salarios astronómicos de funcionarios que laboran en la Presidencia, los cuales fueron publicados en su página web, reflejan cómo la gestión del presidente de la República, Juan Carlos Varela, se ha distanciado de sus promesas de campaña, manifestaron varios políticos.

Cifras

• Mayor salario: El mayor salario de la planilla de la Presidencia es del secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad, Rolando López, con 9,000 dólares.

• Transparencia: La actualización de algunas páginas de gobierno en el renglón de viáticos por viajes al exterior tampoco ha sido realizada por parte de la Presidencia y otras instancias públicas como Relaciones Exteriores.

• Promesa: El presidente de la República había expresado que todo lo referente a contrataciones públicas y las finanzas del Estado serían publicadas y manejadas con suma transparencia.

• Contención del gasto
• El Gobierno anunció una contención del gasto para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, sin embargo, en estos casos no se cumple.

En el Ministerio de la Presidencia trabajan 42 funcionarios con salarios que oscilan entre 3,000 y 9,000 dólares, lo que equivale a una erogación de cerca de 13 millones 230 mil dólares en los cinco años de gestión.

El abogado y exministro de Gobierno, Alejandro Pérez, expresó que los emolumentos que reciben estos servidores públicos puede interpretarse como ofensivos, si se toma en consideración que en Panamá hay trabajadores del Estado que reciben salario mínimo.

“Aquí se dan estos salarios porque los ‘rabiblancos’ del gobierno vienen del sector privado, donde ganaban esos pagos jugosos y ahora quieren ganar lo mismo”, reprochó el expanameñista.

Pérez sostuvo que otras personas con la misma capacidad pueden realizar las funciones con una remuneración inferior.

En este sentido, la exministra de Trabajo, Alma Cortés, planteó que en este momento todos los salarios se están aumentando.

“Nos lleva a pensar que lo prometido por Varela es mentira y aumentará a sus amigos y más allegados”, criticó.

Según Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), todas las leyes orgánicas poseen un escalafón salarial y las garantías que debe ofrecer el Estado.

“No se cumple la ordenanza emanada de la ley. Lamentamos que se concentre el gasto en un solo sector. El salario debe ser razonable con un criterio igualitario, porque al pagar los impuestos el Estado los recibe”, resaltó.

El mayor salario de la planilla de la presidencia lo devenga Rolando López, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, con 9,000 dólares mensuales, es decir, 2,000 dólares más que el presidente de la República y los ministros de Estado.

Hay que destacar que, hasta la tarde de ayer, en la actualización de la planilla del Ministerio de la Presidencia, la cual se hizo con dos meses de atraso, no se detalla el cargo que desempeña cada uno de los funcionarios, a pesar de que de la Secretaría de Comunicación del Estado se informó que los datos serían incluidos.

Varela se contradice y paga $9 millones a Finmeccanica

La viceministra de Finanzas ordenó cuatro pagos entre el 28 de julio y 27 de agosto a favor de los contratos con el conglomerado italiano. Esto, a pesar de que el pasado 5 de agosto el Consejo de Gabinete había anunciado que iba a suspender el compromiso por irregularidades.

 Infografía

• 3 son los contratos firmados con Finmeccanica. Los mismo fueron avalados por Varela siendo canciller.

• 250 millones de dólares asciende el monto de los tres contratos con Finmeccanica.

• 19 radares y 6 helicópteros eran parte de los equipos adquiridos por Panamá.

Desde su campaña y luego de asumir el gobierno, Juan Carlos Varela ha sido crítico del contrato firmado con la empresa italiana Finmeccanica para la adquisición de seis helicópteros, 19 radares y un mapa digital a un costo de 250 millones de dólares.

Incluso Varela en Consejo de Gabinete celebrado el pasado 5 de agosto decidió suspender el contrato con el gigante italiano aduciendo que se necesitaba proteger los intereses del Estado panameño.

“Esta decisión fue adoptada hoy en Consejo de Gabinete luego de que estamentos de seguridad detallaran problemas en el alcance de los radares instalados a la fecha. Los análisis técnicos indican que los equipos instalados a la fecha no cumplen con el alcance pactado en dicho contrato para que puedan ser de utilidad a los estamentos de seguridad, en la lucha contra el narcotráfico y contra las actividades del crimen organizado, sostiene el comunicado de la Presidencia, emitido luego de finalizado el Consejo de Gabinete de ese día.

Lo que nunca informó Varela y su equipo de gobierno es que siete días antes la viceministra de Finanzas, su prima Eyda Varela de Chinchilla, había retomado los pagos regulares a Finmeccanica para cubrir los compromisos del Estado panameño pactados en los tres contratos con esta empresa de capital italiano.

Se dieron tres pagos días antes del Consejo de Gabinete donde se aprobó suspender el contrato con Finmeccanica.

El 28 de julio de 2014, la viceministra de Finanzas giró instrucciones al gerente general del Banco Nacional, Rolando De León, para que transfiriera de la cuenta 10000178643 del Tesoro Nacional 5.7 millones de dólares para “el pago del acuerdo de tasa de interés y tasa de cambio de moneda en referencia a varios contratos con empresa del grupo italiano Finmeccanica S.p.A. autorizado en la resolución de Gabinete N. 114 de 2010”.

Los otros pagos fueron el 1 de agosto y el 4 de agosto, posteriormente, el 27 de agosto se dio otro pago a los contratos con el conglomerado italiano. Ver documentos.

A la fecha, el gobierno de Varela ha realizado cuatro pagos a favor de los contratos firmados con Finmeccanica comprometiendo partidas presupuestarias de otros importantes proyectos como la carretera David-Santiago, el Metro de Panamá y el Saneamiento de la Bahía.

En cada orden, Varela de Chinchilla especificó la partida a la que se estaba cargando el pago a Finmeccanica, haciendo en dos ocasiones uso de las partidas del Metro de Panamá y otras dos a partidas del proyecto Saneamiento de la Bahía.

En total, la viceministra de Finanzas ha desviado de estos proyectos 9.1 millones de dólares para pagar los compromisos con Finmeccanica, aunque públicamente Varela anunció que había suspendido el contrato y a la vez que giró instrucciones a abogados especialistas para iniciar las acciones legales tanto en Panamá como en Italia, en atención a las situaciones descubiertas.

Varela también había anunciado gestiones diplomáticas ante el Gobierno de Italia con el objetivo de que ese país intervenga para que la empresa cumpla con las especificaciones técnicas pactadas en el contrato de los radares, lo que se contradice con las cuatro órdenes de pago dentro de 30 días.

Panamá América buscó una versión del presidente Varela a través de su vocera Castalia Pascual, y esta nos remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta entidad dijo que Panamá honrará los compromisos de pago previamente adquiridos con los bancos que financiaron ese proyecto, según lo dispuesto en el contrato que suscribió con la empresa durante la administración Ricardo Martinelli.

Mientras, el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, guardó silencio sobre los cuatro pagos a Finmeccanica.

El excandidato presidencial Juan Jované señaló que esta situación deja en tela de juicio la posición del Gobierno, porque se trata de hechos contradictorios, “se dice una cosa y luego se hace otra”.

Dijo que Varela, al señalar que había irregularidades en este contrato, estaba obligado por ética a defender sus argumentos.

Documentos revelan que el 3 de agosto de 2010, Varela, siendo en ese entonces canciller y vicepresidente de la República, firmó los tres contratos con las empresas filiales de Finmeccanica, Selex, Telespazio y Augusta Westerland, a través de las resoluciones de gabinete 112,113 y 114.

Sección de transparencia de la Presidencia sigue desactualizada

LA PRENSA - La sección de transparencia de la página web de la Presidencia de la República sigue desactualizada, a pesar de que el titular del Ministerio de la Presidencia Álvaro Alemán se haya comprometido a cumplir con esta disposición.

Cuando se accede a la pestaña de transparencia del sitio www.presidencia.gob.pa/ se lee el siguiente mensaje:Pedimos disculpas por el retraso en la actualización de nuestra página web. Estamos trabajando para concluir la actualización. El Ministerio de la Presidencia está comprometido con llevar adelante una gestión transparente y responsable. Cualquier consulta favor dirigirla atransparencia@presidencia.gob.pa.

Es decir, no se puede conocer cuál es el plan estratégico de esa cartera, tampoco los proyectos institucionales ni los costos de viajes al exterior e interior del país realizados por el nuevo gobierno.

La Ley 6 de Transparencia, aprobada en 2002, establece que la información de las instituciones públicas debe estar al alcance de los ciudadanos. El artículo 11 señala que: será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas, la información relativa a la contratación y designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas.

Dos meses después de instalarse el actual gobierno y luego de denuncias reiteradas por la desactualización de la página web de la Presidencia, varios sectores de la sociedad han expresado su disconformidad ante esta situación, entre ellos la ONG Transparencia Internacional (TI), capítulo de Panamá.

Presupuesto 2015 abandona al sector agropecuario

Jorge Arango, ministro del MIDA, pidió $275 millones de presupuesto, pero el MEF solicitó a la Asamblea Nacional solo $142 millones.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, informó a La Estrella de Panamá que había solicitado un presupuesto de 271 millones de dólares al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); sin embargo, el MEF presentó a la Asamblea Nacional una petición de solo 142.3 millones de dólares para cubrir los gastos de funcionamiento e inversiones de la cartera que dirige.

‘Nosotros acabamos de presentar al MEF el presupuesto de 2015, solicitamos 271 millones de dólares, basados en una serie de proyectos inconclusos que tiene el ministerio y proyectos nuevos, dentro de los parámetros que ha trazado el gobierno. Tenemos sistemas de riego que ya se licitaron y se van a instalar y tenemos proyectos de semillas andando también’, señaló Arango en una entrevista reciente del Think Tank de La Estrella de Panamá .

Para el 2014 el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) cuenta con un presupuesto de 138.1 millones de dólares. Esto quiere decir, que a esta entidad rectora del sector agropecuario solo se le incrementó 4.2 millones de dólares en el presupuesto del 2015.

El presupuesto asignado por el MEF para el MIDA contrasta con el discurso del presidente Juan Carlos Varela en la campaña electoral y el plan de gobierno, en el que prometió aumentar la producción nacional de alimentos, fortalecer las cadenas agroalimentarias, la construcción de mercados permanentes de alimentos a nivel nacional, incrementar los sistemas de riego a nivel nacional hasta un 40%, capacitar a las futuras generaciones de productores para aumentar el rendimiento de los cultivos y productos más competitivos, y otorgar verdaderos incentivos para respaldar a los productores agropecuarios, con asistencia técnica y asistencia financiera.

Para Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá, esos 4.2 millones de dólares adicionales que se dieron para el presupuesto de 2015, en comparación con el 2014, no son suficientes para garantizar la seguridad alimentaria del país. ‘Las autoridades tienen mucho por hacer en materia agropecuaria, cambios tecnológicos, asesorías a productores, para elevar los niveles de producción que son muy bajos’, reiteró el economista.

Según Gordón, las autoridades agropecuarias deben darle confianza al productor de que cuando estén por salir sus cosechas no se va a importar alimentos.

Otros recursos otorgados al sector público agropecuario incluyen presupuesto para el Instituto de Mercadeo Agropecuario por 52.1 millones de dólares, el Banco de Desarrollo Agropecuario ($71.9 millones ), el Instituto de Seguro Agropecuario ($8.8 millones) y la Secretaria de Cadena de Frío ($12.9 millones ).

Los recursos solicitados por el Órgano Ejecutivo para el Ministerio de Desarrollo Agropecuario serán discutidos en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el próximo 22 de octubre.

Al cierre de esta edición, las autoridades del MIDA no respondieron al cuestionario enviado.

Cochez: hay algo chimbo en contrato para auditar el PAN

El exembajador Guillermo Cochez denunció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está otorgando los contratos para auditar el Programa de Ayuda Nacional (PAN) con criterios poco transparentes. Hay que investigar bien a quiénes se les concede, añadió.

Según Cochez, la empresa Rogers Forensic Auditors, que se contrató para hacer las auditorías, ha incurrido en irregularidades y aportado información falsa.

  El también exlegislador alega que la empresa de Juan Iván Rogers Harper no tiene aviso de operaciones y tampoco experiencia en el manejo de auditorías en Panamá, que era entre otros, un requisito para su contratación.

Rogers Forensic Auditors se alzó con el contrato al presentar una oferta de $792,870, e imponerse a las firmas Forero, Gordón & Asociados, que hizo una propuesta de $825,000; y a M&C Antifraud Consulting Corp que ofertó $787,499.67.