- 9.1 millones de dólares fue lo que se desvió de otras partidas para pagarle al conglomerado italiano.
- El gobierno de Juan Carlos Varela ha realizado cuatro desembolsos al conglomerado italiano
- Las órdenes de pago fueron firmadas por la viceministra de Finanzas Eyda Varela de Chinchilla, siete días antes del anuncio del Gobierno de suspender el contrato.
El hecho de que se sigan autorizando los pagos a las empresas subsidiarias del conglomerado italiano Finmeccanica demuestra que el Gobierno no ha podido cumplir con la decisión que se tomó en el Consejo de Gabinete de suspender el contrato de operación de los radares.
Esto obedece a que no existe denuncia alguna ante los tribunales para solicitar la anulación del contrato por faltas manifiestas a las cláusulas de dicho documento de entendimiento entre el Estado panameño y las empresas subsidiarias de Finmeccanica.
Así lo argumenta el ex- ministro de Seguridad Pública y excanciller José Raúl Mulino con juristas especializados en derecho comercial e internacional, consultados por el Panamá América.
A juicio de Mulino, los contratos con las subsidiarias de Finmeccanica, establecen cláusulas para preservar los intereses del país.
Como manera de ejemplo citó el anexo A, que hace alusión a los términos y condiciones a las que está obligada la empresa Selex, en cuanto a las especificaciones técnicas para que los radares funcionen de acuerdo a lo que dice el contrato “y si no funcionan, el Gobierno de Panamá no tiene la obligación de pagar absolutamente nada”, destacó Mulino.
El 5 de agosto, el Consejo de Gabinete decidió suspender el contrato con las subsidiarias de Finmeccanica al aducir la protección de los intereses del país, sin embargo, en estos dos meses y medio del gobierno de Juan Carlos Varela se han desembolsado cuatro pagos a favor de los contratos con Finmeccanica.
El jurista Carlos Carrillo asegura que esta postura del Gobierno se debe calificar como una suspensión unilateral de los contratos, figura que no aparece en ninguna de las normativas nacionales e internacionales en materia de contrataciones públicas.
Por consiguiente, considera Carrillo, que la postura del Gobierno solo quedó en un discurso, pero en la acción ha sido todo lo contrario, es decir, no han podido desconocer el contrato, porque ello provocaría una sanción civil para el Estado panameño, con el pago de indemnizaciones.
Para el abogado Ernesto Cedeño, la actuación del Gobierno de haber hecho efectivos los pagos a las subsidiarias de Finmecanica es contrario a lo enunciado en el discurso en el que, supuestamente, establecieron posibles irregularidades de sobrecostos y supuestas deficiencias en las partes operativas de los radares.
A juicio de Cedeño, pareciese que el Gobierno estudió el caso y pudo comprender que no hay nada pecaminoso en el contrato y decidió seguir honrando los pagos.
De acuerdo con las órdenes de pago a las que tuvo acceso el Panamá América, se revela que el 27 de agosto se dio el pago más reciente a las empresas que representan al conglomerado italiano.
José Alberto Álvarez, presidente del Colegio de Abogados, explicó que por normativa jurídica, el gobierno de Varela si consideraba que había incumplimiento del contrato por parte de los representantes de Finmeccanica, debió entablar un proceso civil que implicará una denuncia ante los tribunales solicitando la anulación de la relación contractual.
