A dos meses de haberse implementado elcontrol de precios, gremios empresariales y especialistas temen ante una posible distorsión del mercado y una nueva carga económica para el Estado, que perjudicaría la economía.
El temor surge por la posibilidad que las autoridades incluyan dentro de los productos regulados el aceite, el café y el azúcar, además de la extensión de la medida a más de los seis meses establecidos originalmente.
En días pasados, el presidente Juan Carlos Varela adelantó en una entrevista realizada por TVN noticias que el aceite y el azúcar podrían ser regulados en los próximos días.
Adicionalmente, el jefe ministerial del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), Oscar García, asegura que la población solicita que se agreguen otros productos, lo que es muestra del éxito de la regulación.
El funcionario detalla que los propios consumidores señalan que deben incluirse otros productos a la medida de regulación, como por ejemplo el café y el azúcar e incluso el aceite.
Sin embargo, Ernesto Amed Lezcano, de la Asociación de Productores de Café de Renacimiento, manifestó que con la experiencia que ya se tiene con los productos regulados, para incluir otros debería haber un diálogo entre las partes, para luego establecer los precios, ya que se deben tomar en cuenta los costos de producción.
Lezcano añadió que no son los subsidios lo que debe implementarse, es necesario reducir los costos y mejorar la productividad, con la finalidad de que los precios bajos sean sostenibles.
Otra de las que mostró sus cuestionamientos por la posible inclusión del aceite y el azúcar es Úrsula Kiener, presidenta de la Comisión Agropecuaria de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), quien cree que lo único que causaría es el desabastecimiento por la falta de mejoras en la producción nacional.
Al nuevo presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Ricardo Sotelo, le sorprende que se quieran agregar nuevos productos.
Pero las autoridades no solo han hecho alusión a incluir otros productos en la medida, también se estudia la posibilidad de extender la iniciativa.
Sotelo señaló que tenía entendido que la medida era temporal, con un periodo de seis meses, y destacó que los industriales consideran que “no es positivo el concepto del control de precios, porque no manda las señales adecuadas a la ciudadanía”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Ford, señala que extender el tiempo de vigencia del Decreto más allá de lo establecido inicialmente es delicado.
Ford indica que si se extiende la vigencia de la medida “corremos el riesgo que se vuelva permanente, tal como ha sucedido con los precios máximos de venta del combustible y el subsidio al tanque de gas, entre otras iniciativas paternalistas”.
Para el empresario, la mejor fórmula del control de precios es la libre competencia, porque es la que obliga a que se le dé al consumidor la mejor opción que hay.
Evaluación
No obstante, las autoridades han manifestado que la regulación ha sido todo un éxito, tomando en cuenta la evolución del índice de precios al consumidor (IPC).
Las aseveraciones y análisis de los artífices de la medida no coinciden con los análisis económicos de los especialistas. Uno de estos es Juan Jované, quien asegura que la medida no ha detenido la inflación.
Argumenta que “ la tasa de crecimiento acumulada anual del IPC de alimentos y bebidas en julio subió.
Para el experto se puede concluir que la política oficial ha sido incapaz de detener el proceso inflacionario.
Jované basa su argumento en el incremento de 1.3% del IPC de los alimentos y bebidas en el mes de julio, resultado de la comparación con el mismo periodo de 2013.
El análisis de Jované cobra mayor sentido frente a la medición interanual de la Contraloría, la cual evidencia el aumento del IPC del país, el cual presentó un incremento de 2.2 %, tanto en el Nacional Urbano, así como en los distritos de Panamá y San Miguelito y 2.4%, en el Resto Urbano, con relación a junio de 2013.
Desconfianza
Pero otro que no confía en estos resultados positivos, asegurados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la cartera de Comercio e Industria del país, es el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Luis Ford.
El empresario destacó que “en el caso del ahorro de más de 50 dólares que destacan las autoridades, solo son datos que se han indicado, sin embargo, no se ha validado la información”.
A pesar de las cifras oficiales, Jované considera que la política implementada realmente no ha logrado romper con años de especulación, sobre todo si se tiene en cuenta que en ese mismo periodo el índice de precios internacionales de alimentos de la FAO cayó en 4.2%. Ni siquiera, entonces, se logró contener el último tramo”, destacó el economista.
Jované señaló que de acuerdo a la última encuesta publicada, el 71% de la población opina que la canasta básica alimenticia mantuvo o vio subir su costo.
“Solo el 28% piensa que ha bajado de costo, entre la medición interesada de Acodeco y la evaluación de la población, no queda duda de que esta última tiene más validez”, acotó.
El especialista indicó que desde el principio la medida se llevó adelante con un enfoque equivocado.
Manifestó, además, que también existen productos no alimenticios esenciales, por los cuales este Gobierno no está haciendo absolutamente nada. “Sin duda, existe una clara situación de especulación y control oligopólico en el caso de los medicamentos”, dijo.
Sostuvo que algunos comercios cumplen con la regulación, mientras que otros no están poniendo los bienes regulados en su oferta, alegando que están agotados. “Esto es lo que los economistas llamamos inflación reprimida”, señaló el especialista.
La medida de control de precios regula a través del Decreto 165 del 1 de julio el valor monetario de 22 productos de la CBF.
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