domingo, 26 de octubre de 2014

Escándalo electoral



Cada vez es más claro que las decisiones del Tribunal Electoral (TE) tienen la finalidad de debilitar la presencia política de los diputados de Cambio Democrático (CD) en la Asamblea Nacional y elevar el número de los postulantes del PRD. Desde la época en que el órgano electoral anuló las elecciones manipulando el resultado favorable al presidente Guillermo Endara, Panamá no afrontaba un escándalo electoral de dimensión tan bochornosa.
Los dos magistrados vinculados al PRD, Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés Escoffery, prescinden de las normas establecidas por el Código Electoral en las decisiones que ordenan nuevas elecciones en los circuitos donde ganaron ocho candidatos de CD. El Código Electoral contiene causales de nulidad de elecciones ceñidas a sucesos negativos en las mesas de votación. Cada una se refieren a fallas que corresponden a deficiencias organizativas del TE.
Le es sumamente difícil, por no decir imposible, que los candidatos ingresen personalmente a los recintos de votación, existiendo, como existieron, numerosos funcionarios y voluntarios nombrados por los magistrados. Si no hay boletas en suficiente número para que voten los electores; si el padrón electoral tiene errores; si las elecciones se llevan a cabo después del mediodía; si se alteran las actas del sufragio; si las actas no son firmadas por la totalidad de los miembros de las mesas de votación, todas estas fallas mostrarían las deficiencias organizativas del TE.
Es un escándalo que se ordenen nuevas elecciones por motivos que no incumben a candidatos que, por reveladora coincidencia son de CD. Estas fraudulentas anulaciones de los resultados legítimos no pueden achacarse a la ignorancia de los dispositivos clarísimos del Código Electoral de Pinilla y Valdés que tienen cerca de 20 años como magistrados. Obedecen inequívocamente al propósito de burlarse de la libre determinación de los electores de los circuitos impugnados, incurriendo en violaciones irrisorias del Código Electoral.
Constituyen pruebas fehacientes de las distorsiones jurídicas y de violaciones increíbles del Código Electoral los alegatos de los impugnantes del proceso sobre desvíos supuestos de fondos públicos para que los candidatos influencien a los electores. En primer lugar, los recursos fueron girados a las juntas comunales para el financiamiento de obras públicas. Si hubo manipulaciones presuntamente ilegales de esos fondos, las investigaciones no corresponden al TE, sino a la Contraloría, el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Público como responsables de fiscalizar recursos fiscales, como establece la Constitución.
El TE no tiene competencia para pronunciarse en materia de recursos fiscales, de acuerdo con el debido proceso. Sin embargo, ha ordenado y pagado auditorías forenses sin poseer atribuciones constitucionales en una esfera ajena a su ámbito de decisiones.
La Constitución dispone que los magistrados del TE y el fiscal electoral son responsables ante la Corte Suprema por las faltas y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y les son aplicables las mismas prohibiciones y prerrogativas que dicta la Constitución para los magistrados de la Corte.
Ante la previsión de que la Corte, como se está observando, no cumpliera la salvaguarda de la Constitución, está abierta la instancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El escándalo electoral traspasará las fronteras.

Cuestionada parcialidad sobre fallos del Tribunal Electoral

Todos los fallos emitidos hasta el momento de las audiencias por los procesos de impugnaciones de candidatos a diputados han sido en contra de los representantes de Cambio Democrático (CD). 
En el tintero queda el sinsabor de una posible parcialidad de los magistrados Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés Escoffery.
A criterio del abogado Sidney Sittón, todos los fallos están en contra de la ley porque las causales de nulidad y el procedimiento establecido en el propio Código Electoral no ha sido respetado por los magistrados.
Indicó que los fallos están fundamentados en análisis e informes de auditorías del TE, que no tienen base legal o fundamento para realizar los dictámenes.
Mientras, para Alma Cortés, los fallos en contra de sus copartidarios tiene como fin evitar la mayoría de la bancada de CD en la Asamblea Nacional .
Cortés manifestó que la parcialidad se viene denunciando hace tiempo.
“El TE tiene agenda política, haciendo un trabajo al presidente Juan Carlos Varela”, señaló Cortés, quien agregó que el Ejecutivo tiene las manos dentro de esta entidad.
Sobre qué deben hacer los impugnados, el abogado Sittón explicó que sería presentar una demanda de inconstitucionalidad, la cual tomaría hasta 5 años para que se resuelva o acudir a instancias internacionales, ya que en Panamá los fallos del TE no pueden ser atacados.
En este sentido, Cortés indicó que se presentará un recurso de reconsideración para agotar los recursos legales, aunque se sepa cuál será el resultado.
Carlos Afú, Mariela Vega, Miguel Fanovich, Rogelio Baruco y Noriel Salerno tendrán que participar en nuevas elecciones si quieren llegar a la Asamblea.