Redacción (nacion@epasa.com) / PANAMA AMERICA
El presidente vitalicio de La Prensa, Ithiel Roberto Eisenmann, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) como parte de su estrategia de defensa contra un expediente por supuesta evasión fiscal que le abrió la Dirección Nacional de Ingresos (DGI), luego de encontrar irregularidades en una auditoría en su empresa Desarrollo Golf Coronado S.A.
El 25 de mayo pasado, la DGI ordenó el secuestro de 35 propiedades de Desarrollo Golf Coronado S.A., cuyo representante legal es Eisenmann, aduciendo que la empresa incurrió en deficiencias en sus declaraciones de impuestos sobre la renta de 2008, 2009 y 2010, que suman 2 millones 83 mil 590 dólares.
Además, le exigió el pago de 992 mil 765 dólares como parte del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) no pagados en 2011.
La medida se adoptó, según la Resolución 201-5831 de mayo de 2012, para evitar que el contribuyente “trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe, secuestre o ejerza cualquier otra medida restrictiva sobre los bienes”.
Ahora Eisenmann trata, a través de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, de invalidar las NIC para evitar el pago del dinero que reclama la DGI en concepto de impuestos evadidos. Fuentes relacionadas al caso de Desarrollo Golf Coronado S.A. afirman que esta vendió varias fincas en el sector de Coronado en años anteriores, pero nunca inscribió los traspasos para mantener la exoneración fiscal que le da la ley de turismo, beneficio que le fue extendido por 20 años durante el gobierno de Martín Torrijos. La ley de turismo establece que estos beneficios no pueden ser traspasados.
Parte de estas fincas están dentro de la lista de 35 fincas que secuestró la DGI.
Sin embargo, la aplicación de las NIC perjudica a Eisenmann en su batalla legal contra la DGI, ya que estas normas internacionales establecen que una vez un comprador hace el pago de una propiedad se da por hecho el traspaso, aunque el vendedor no lo haya inscrito.
Con la de Eisenmann son nueve las demandas que se presentan ante la Corte contra las NIC, y todas han sido rechazadas.
Y es que la suspensión del uso obligatorio de las NIC en Panamá, afectaría a todos los bancos que a través del acuerdo de Basilea están obligados a aplicar estas normas internacionales. También las multinacionales serían afectadas.
Es decir, la suspensión de la aplicación de las NIC ahuyentaría la inversión extranjera, ya que la última opción para negocios como los bancos sería llevar una doble contabilidad, un proceso muy complicado para cualquier empresa.
Eisenmann tiene en Nueva Gorgona más de 70 hectáreas en uno de los sectores turísticos más exclusivos de Panamá, cuyo valor actual en el mercado inmobiliario puede oscilar entre los 88 millones de dólares y los 211 millones de dólares, según las agencias de bienes raíces consultadas por Panamá América.
Sin embargo, en el Registro Público el valor catastral de esos terrenos es muy inferior.
Solo el campo de golf, el club de playa, la pista de equitación, los talleres de mantenimiento, la recepción, la piscina, el SPA y las salas de reuniones ocupan un espacio aproximado de 705 mil 368 metros cuadrados, según información del Registro Público.
El valor catastral de todas esas propiedades -sin las mejoras- se ha mantenido desde 1978 en 503 mil 294 dólares, de acuerdo con el Registro Público. Es decir: 71 centésimos el metro cuadrado.
Documentos del Registro Público revelan que cuando la empresa solicitó en 2007 la extensión por 20 años más de los beneficios fiscales como actividad de turismo para su hotel y campo de golf en Coronado, tampoco actualizó el valor catastral de estas tierras.
Respecto del campo de golf, que ocupa unas 65 hectáreas en una de las zonas de playa más cotizadas en el país, la empresa Desarrollo Golf Coronado S.A. declaró que estos terrenos tienen un valor catastral de 29 centésimos el metro cuadrado.
Es decir, el campo de golf, que ocupa un terreno de 65 mil 42 metros cuadrados, parcelados en tres fincas en pleno Coronado, aún está registrado por la empresa con un valor de 219 mil 600 dólares, cuando su valor de mercado es mayor.
El abogado Ernesto Cedeño explicó que poner un valor catastral inferior al valor del mercado a las propiedades no es penado por la ley, aunque admitió que en muchos casos esto se usa para evadir impuestos.
Para Cedeño es responsabilidad de las autoridades realizar las actualizaciones a través de avalúos para determinar el verdadero valor catastral de las tierras.
Eisenmann ha señalado que el secuestro a su empresa se trata de un "abuso de autoridad" de la DGI.
Manifestó que este caso está en apelación en el Tribunal Tributario, a raíz de que el director de la DGI había perdido jurisdicción sobre el caso, violando todos los procedimientos.
También dijo que pese a la acción aplicada por la DGI, debido al tamaño de la empresa, las operaciones no se verán afectadas. “Se les seguirá prestando el servicio a los más de 5 mil clientes”, indicó.