jueves, 21 de junio de 2012

Panamá tendrá aula tecnológica

El colegio Beatriz Miranda de Cabal, ubicado en Dolega, provincia de Chiriquí, será el primer centro educativo oficial que tendrá la oportunidad de contar con aula virtual en Panamá, así lo confirmó la ministra de Educación, Lucy Molinar.

El aula contará con unos 20 equipos tecnológicos, un tablero virtual táctil que permitirá la interacción entre docentes y estudiantes.

Jorge Rey, director ejecutivo de Virtual Educa para América del Sur, mencionó que en países como México, Chile y Colombia ya se ha implementado la metodología virtual obteniendo novedosos resultados de aprendizaje.

Rey mencionó que es importante que la educación actual tenga ‘buena tecnología, pero también es relevante que los docentes están capacitados para enseñar el uso de las nuevos métodos’.

VIRTUAL EDUCA

El congreso educativo —que reúne a ministros de Educación de América Latina, a docentes de todo el país y de otros de la región— comenzó el lunes y se extenderá hasta mañana.

Aparte de ser una feria de herramientas para mejorar los métodos de enseñanza aprendizaje, en Virtual Educa también se realizan ponencias y talleres sobre nuevos mecanismos pque los docentes pueden aplicar en sus clases.


VALLARINO: Admito que propuse venta de acciones de Cable & Wireless

El exministro de Economía y vicepresidente del Partido Panameñista, Alberto Vallarino, reconoció que recomendó la venta del 24% de las acciones del Estado en Cable & Wireless y la venta de los terrenos en la Zona Libre de Colón.
Sin embargo, Vallarino aclaró que no recomendó vender las acciones de las empresas eléctricas por considerarlas estratégicas.
“Yo admito como hombre que sí planteé la venta del 24% de las acciones de Cable & Wireless”, exclamó Vallarino en RPC.
El actual ministro de Economía, Frank De Lima, y el propio Vallarino reconocen que cerca de $400 millones del presupuesto contemplaban la venta del 24% de las acciones de la telefónica y el inicio de las ventas de los terrenos de Zona Libre.
De Lima explicó que la falta de esos ingresos podría repercutir en proyectos que aún no están en ejecución.
En otro aspecto, Alberto Vallarino cuestionó el doble discurso del Gobierno del exmandatario Martín Torrijos, que no metió a las arcas del Fondo Fiduciario el monto por la concesión de dos bandas de telefonía celular, así como tampoco ingresaron a las cuentas de Tocumen S.A. casi $200 millones que pagaron Waked y los Motta por la concesión de los “duty free”.

EDITORIAL: El escenario de hoy es producto de la impunidad que arrastra la historia

La situación que estamos viviendo, propiciada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con sus ya conocidos métodos de confrontación y choque, es resultado de la histórica impunidad de quienes han cometido todo tipo de crímenes y violaciones de los derechos humanos, que nunca han sido investigados y mucho menos llevados ante la justicia.
Con el mayor desparpajo, tal como en el pasado, las hordas de paramilitares afines a Noriega, actúan hoy de forma vandálica recordándonos los ataques que sufrieran los civilistas en diferentes puntos del país, especialmente, San Miguelito.  
Tras 22 años de democracia han logrado sobrevivir y no solo han llegado al poder, sino que lograron absorber a la Democracia Cristiana (Partido Popular) y se han conjurado con el panameñismo, como parte del antiguo sistema bipartidista que llegó a su fin con advenimiento de Cambio Democrático.

Nuestra opinión
Las tácticas que aplicaron en la época de la dictadura y repiten personajes como la “dama de negro, Balbina Herrera, el comandante
Benjamín Colamarco y el tenebroso Mitchel Doens, que salen al frente de sus tácticas contra el sistema democrático, con el respaldo de los medios opositores aliados del poder económico.
El objetivo ya no es desestabilizar o frenar las leyes de contenido social sino propiciar una revuelta popular que pueda derrocar al presidente Ricardo Martinelli, para entregar el poder a elementos protagónicos del sector económico y regresar al antiguo sistema

Empresario considera pertinente decisión del gobierno para la consulta

El empresario subrayó que, independientemente de estar o no de acuerdo con lo que discutían a lo interno de la Asamblea, existe otro tipo de mecanismos para oponerse y disentir.



Félix Cuevas, presidente de Apede. Foto por: Armando FilósEl presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) Félix Cuevas, dijo que las situaciones vividas en los últimos días crean una imagen muy negativa para el país, porque este tipo de acciones se toman sin prever los daños que le pueden causar a la nación.
“Nosotros tenemos que llamar fuertemente la atención a los señores de los partidos políticos, porque hicieron un trabajo muy negativo. Se quejan de que no hay institucionalidad ni se les permite participar en la toma de decisiones;  sin embargo,  en los últimos días sus acciones fueron realmente violentas muy particular en la Asamblea”, manifestó.
Destacó que ese gremio empresarial repudia las acciones tomadas,  tanto por los particulares como por los diputados,  para ingresar a la sede de la Asamblea Nacional,  así como la represión del que fueron objeto esas personas.  Eso no es justificable, de ambos lados no supieron manejar de la mejor forma la situación.
El empresario subrayó que, independientemente de estar o no de acuerdo con lo que discutían a lo interno de la Asamblea, existe otro tipo de mecanismos para oponerse y disentir.
Acotó que la decisión del gobierno de enviar las polémicas propuestas de la Sala Quinta y el proyecto de ley 486 al Consejo de Concertación Nacional fue muy pertinente, aparte de solicitar el acercamiento de quienes están a favor o en contra para dialogar con la mediación de la iglesia católica.
Con respecto a los que no creen en la mesa de Concertación, Cuevas dijo que no es el ente que va a resolver todos los problemas del país, pero le permite a la sociedad organizada tener voz y voto en la discusión de los problemas nacionales.. Recordó que ese Consejo ha hecho un importante trabajo en el pasado como la “ley chorizo”,  cuya función fue fundamental para que todos se pusieran de acuerdo.

JUDICIAL: Efrén Tello nuevo magistrado sustanciador en caso CEMIS

Corte Suprema de Justicia / Foto por: Octavio PradoEste miércoles 20 de junio, el diputado oficialista, Carlos Afú se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para ampliar declaración indagatoria, sobre su presunta vinculación en el caso de soborno para aprobar el millonario contrato con la empresa Cemis. 
El  parlamentario, miembro del Partido Cambio Democrático, acudió a la Secretaría General de la Corte, como parte del llamamiento hecho por el magistrado fiscal Abel Zamorano.
Afú fue la única persona relacionada con la investigación, que respondió con su presencia al llamado de  Zamorano, quien había citado al ex presidente Ernesto Perez Balladares y al dirigente perredista Mitchell Doens, para que ofreciera información sobre el supuesto ilícito.
El parlamentario acusa al exmandatario Martín Torrijos de haber recibido 7 millones de dólares como parte del cohecho para la ratificación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis)  hecho ocurrido en el año 2001, durante la administración de Mireya Moscoso.

Caricatura 21 de junio 2012

177CARICATURA

Eisenmann demanda a las NIC para evitar el cobro de la DGI

Eisenmann demanda a las NIC para evitar el cobro de la DGI

Redacción (nacion@epasa.com) / PANAMA AMERICA


El presidente vitalicio de La Prensa, Ithiel Roberto Eisenmann, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) como parte de su estrategia de defensa contra un expediente por supuesta evasión fiscal que le abrió la Dirección Nacional de Ingresos (DGI), luego de encontrar irregularidades en una auditoría en su empresa Desarrollo Golf Coronado S.A.
El 25 de mayo pasado, la DGI ordenó el secuestro de 35 propiedades de Desarrollo Golf Coronado S.A., cuyo representante legal es Eisenmann, aduciendo que la empresa incurrió en deficiencias en sus declaraciones de impuestos sobre la renta de 2008, 2009 y 2010, que suman 2 millones 83 mil 590 dólares.
Además, le exigió el pago de 992 mil 765 dólares como parte del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) no pagados en 2011.
La medida se adoptó, según la Resolución 201-5831 de mayo de 2012, para evitar que el contribuyente “trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe, secuestre o ejerza cualquier otra medida restrictiva sobre los bienes”.
Ahora Eisenmann trata, a través de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, de invalidar las NIC para evitar el pago del dinero que reclama la DGI en concepto de impuestos evadidos. Fuentes relacionadas al caso de Desarrollo Golf Coronado S.A. afirman que esta vendió varias fincas en el sector de Coronado en años anteriores, pero nunca inscribió los traspasos para mantener la exoneración fiscal que le da la ley de turismo, beneficio que le fue extendido por 20 años durante el gobierno de Martín Torrijos. La ley de turismo establece que estos beneficios no pueden ser traspasados.
Parte de estas fincas están dentro de la lista de 35 fincas que secuestró la DGI.
Sin embargo, la aplicación de las NIC perjudica a Eisenmann en su batalla legal contra la DGI, ya que estas normas internacionales establecen que una vez un comprador hace el pago de una propiedad se da por hecho el traspaso, aunque el vendedor no lo haya inscrito.
Con la de Eisenmann son nueve las demandas que se presentan ante la Corte contra las NIC, y todas han sido rechazadas.
Y es que la suspensión del uso obligatorio de las NIC en Panamá, afectaría a todos los bancos que a través del acuerdo de Basilea están obligados a aplicar estas normas internacionales. También las multinacionales serían afectadas.
Es decir, la suspensión de la aplicación de las NIC ahuyentaría la inversión extranjera, ya que la última opción para negocios como los bancos sería llevar una doble contabilidad, un proceso muy complicado para cualquier empresa.
Eisenmann tiene en Nueva Gorgona más de 70 hectáreas en uno de los sectores turísticos más exclusivos de Panamá, cuyo valor actual en el mercado inmobiliario puede oscilar entre los 88 millones de dólares y los 211 millones de dólares, según las agencias de bienes raíces consultadas por Panamá América.
Sin embargo, en el Registro Público el valor catastral de esos terrenos es muy inferior.
Solo el campo de golf, el club de playa, la pista de equitación, los talleres de mantenimiento, la recepción, la piscina, el SPA y las salas de reuniones ocupan un espacio aproximado de 705 mil 368 metros cuadrados, según información del Registro Público.
El valor catastral de todas esas propiedades -sin las mejoras- se ha mantenido desde 1978 en 503 mil 294 dólares, de acuerdo con el Registro Público. Es decir: 71 centésimos el metro cuadrado.
Documentos del Registro Público revelan que cuando la empresa solicitó en 2007 la extensión por 20 años más de los beneficios fiscales como actividad de turismo para su hotel y campo de golf en Coronado, tampoco actualizó el valor catastral de estas tierras.
Respecto del campo de golf, que ocupa unas 65 hectáreas en una de las zonas de playa más cotizadas en el país, la empresa Desarrollo Golf Coronado S.A. declaró que estos terrenos tienen un valor catastral de 29 centésimos el metro cuadrado.
Es decir, el campo de golf, que ocupa un terreno de 65 mil 42 metros cuadrados, parcelados en tres fincas en pleno Coronado, aún está registrado por la empresa con un valor de 219 mil 600 dólares, cuando su valor de mercado es mayor.
El abogado Ernesto Cedeño explicó que poner un valor catastral inferior al valor del mercado a las propiedades no es penado por la ley, aunque admitió que en muchos casos esto se usa para evadir impuestos.
Para Cedeño es responsabilidad de las autoridades realizar las actualizaciones a través de avalúos para determinar el verdadero valor catastral de las tierras.
Eisenmann ha señalado que el secuestro a su empresa se trata de un "abuso de autoridad" de la DGI.
Manifestó que este caso está en apelación en el Tribunal Tributario, a raíz de que el director de la DGI había perdido jurisdicción sobre el caso, violando todos los procedimientos.
También dijo que pese a la acción aplicada por la DGI, debido al tamaño de la empresa, las operaciones no se verán afectadas. “Se les seguirá prestando el servicio a los más de 5 mil clientes”, indicó.