lunes, 4 de agosto de 2014

"Tratan de ubicar curules a personas que no se las ganaron", HD Fernando Carrillo


Fernando Carrillo, diputado de Cambio Democrático dijo que la alianza de gobernabilidad entre el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Panameñista, les ha dado "varias sorpresas".

Castillo se refirió a la modificación del Código Electoral, la cual a su juicio es inoportuno ya que se trata de ubicar curules a personas que no se las ganaron, pues si se demuestra que un candidato impugnado cometió la falta, se le adjudicará al segundo candidato y no permitiendo la costumbre de ir a nuevas elecciones para que el pueblo decida.

"Hacen falta 14 diputados a los cuales no se les ha asignado su curul, 10 son de CD", sostuvo Carrillo. También hablo de la posibilidad de la derogación de algunas leyes de la pasada administración, como por ejemplo la Ley de escoltas.

31 contrataciones directas en un mes de la administración Varela

El rechazo y los cuestionamientos contra las contrataciones públicas fue una de las banderas con las que Juan Carlos Varela encabezó su campaña presidencial.



Cuarentena emitió en un día el 
permiso para llevar basura a Colón
  • El contrato directo otorgado a STI tuvo objeciones dentro de la Dirección Nacional de Cuarentena, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Un grupo de técnicos se opuso a que la basura internacional del aeropuerto de Tocumen fuera llevada hasta Colón por los riesgos. Ello generó el despido del director de la entidad, César Maure. A pesar de esto, la Dirección de Cuarentena Agropecuaria aprobó en un solo día el permiso solicitado por el gerente de Tocumen, Joseph Fidanque III, para que este procediera a adjudicar el contrato directo a STI, empresa de uno de sus allegados o conocidos. El permiso para llevar basura a Colón fue otorgado por seis meses.
El rechazo y los cuestionamientos contra las contrataciones públicas fue una de las banderas con las que Juan Carlos Varela encabezó su campaña presidencial. Pero en sus primeros días de gobierno ha quedado en evidencia que solo fue una propuesta electorera que no ha podido cumplir.
En el sitio web de Panamá Compra se observa que en los primeros 35 días del gobierno de Varela se han aprobado 31 contratos directos, casi uno por día, lo que supera los 2 millones de dólares
El Idaan, el Tribunal Electoral, Tocumen S.A., Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Ahorros, la Asamblea Nacional, la Universidad de las Américas y la Empresa de Generación Eléctrica son las instituciones públicas que han realizado compras o adjudicado contratos de forma directa.
Uno de los contratos directos más expuestos a crítica ha sido el concedido por el nuevo el administrador general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Joseph Fidanque III, quien contrató a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración STI para que realice el servicio de recolección y transporte de la basura internacional que generan los vuelos en el principal aeropuerto capitalino, la cual está siendo trasladada hasta Colón.
Esta contratación directa se adjudicó por un monto de 80,000 dólares al mes durante seis meses, es decir, un total de 480,000 dólares. Fidanque admitió que fue él quien llamó a “un conocido” para ofrecerle el contrato. “Hagamos patria”, dijo Fidanque a su amigo Juan David Morgan, dueño de STI.
Pobladores de la provincia de Colón se han manifestado en contra del traslado de esta basura, ya que corren el riesgo de que se pueda introducir una enfermedad, plaga o virus a través de ella. Las autoridades viajarán hoy a Colón a atender las denuncias de los colonenses.
Otra de las instituciones a las que la mayoría de las compras directas le fueron aprobadas ha sido el Tribunal Electoral, con 12 contrataciones realizadas en los últimos 35 días, de las cuales la más relevante es la compra a 3M Panamá de material fotográfico por un monto de 829,250 dólares.
Asimismo, esta institución ha realizado compras como la de tres micrófonos inalámbricos por 4,558 dólares y la contratación directa de los servicios de mantenimiento de planta por 226,713 dólares.
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) también es de las entidades a las cuales se les han aprobado diversas contrataciones, como el alquiler de equipos pesados por 36,487 dólares y 78,859 dólares por el mismo servicio en una segunda oportunidad.
Carlos Gasnell Acuña, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, señaló que es necesario regular mejor las contrataciones directas, ya que todos los gobiernos han abusado de ellas.
“Estas contrataciones tienen que tener su justificación en una causal, y si no hay justificación real, la Contraloría incluso podría objetarlas, lo cual ha ocurrido muy rara vez en la práctica. Son controversiales porque muchas veces se utilizan para devolver favores políticos como donaciones recibidas en campaña o para favorecer allegados y copartidarios”, señaló Gasnell.
Fernando Aramburú Porras, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, quien en el gobierno pasado lideró una campaña en contra de los contratos directos, hoy guarda silencio.
El economista David Saied, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), tampoco quiso hacer comentarios al respecto.
Saied alegó que actualmente labora para una empresa privada y que debía consultar a los propietarios sobre “su posición al respecto de emitir comentarios sobre este tipo de temas”.

"Varela en oposición decia que se violaba la constitución, ahora es gobierno y la Viola": Jovanè

"Yo voy a seguir en esa tarea", expresó el economista y profesor, Juan Jované refiriéndose a los cuestionamientos que plantea sobre las medidas que ha tomado el actual gobierno, liderado por su presidente, Juan Carlos Varela.
Y es que las declaraciones del excandidato presidencial independiente se dan ante una denuncia en su contra por supuestas anomalías durante la recolección de firmas para legalizar su candidatura presidencial.

Detrás de esta denuncia Jované culpa al actual gobierno porque él (Jované) ha tenido una posición crítica ante las decisiones del mandatario, Juan Carlos Varela.

"El gobierno de Varela y los mismos de siempre, han decidido reprimirnos por nuestra posición crítica, mediante la  invención de un proceso legal en nuestra contra, basándose en una denuncia por posible delito electoral presentada por el diputado Miguel Ríos, del partido Panameñista , y muy curiosamente ha procedido que se nos levante el fuero electoral", detalla Jované en su blog personal.

Según el catedrático "no le interesa mucho" el fuero electoral, pero considera que esta denuncia es una señal porque ha cuestionado el control de precios y asegura se ha violado la ley del economista porque tenemos un ministro y dos viceministros que no tienen título de economía, además, las medidas anunciadas al sector agro las considera como "una política agropecuaria fallida".

"Cuando se está en la oposición dicen que se viola la Constitución, cuando llegan al gobierno la violan; ahí es donde está el problema", expresó en Telemetro Reporta.

PELIGRO: Gobierno de Varela en vía de abrir el tapón de Darién

La interconexión con Colombia incluye abrir el tapón de Darién

En Panamá, las autoridades guardan silencio sobre el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, calculado en 450 millones de dólares. La razón es que se estaría autorizando la apertura del tapón de Darién a través de la instalación de una línea de transmisión eléctrica que conectará a ambos país.
El proyecto data de 2001, pero ninguno de los gobiernos anteriores se atrevió a poner en riesgo la barrera natural que separa a Panamá con Colombia. Para el país suramericano, se trata de un plan de negocios para poder vender energía a Panamá y Centroamérica.
El pasado 25 de julio, los presidentes Juan Manuel Santos y Juan Carlos Varela acordaron reactivar el proyecto que se busca esté operando en 2018.
Hasta ese punto se dio información en Panamá. Pero en Colombia ya está todo definido: programa de financiamiento, estudios ambientales, participación de cada país y lo más sensitivo, el recorrido de la línea de transmisión por el tapón de Darién.
El consorcio Interconexión Colombia Panamá (ICP) brindó detalles del proyecto. Se trata de la construcción de una línea de transmisión de 400 megavatios y 600 kilómetros de recorrido, 340 kilómetros en Colombia, 260 en Panamá. “Línea que partirá desde la subestación de Cerromatoso (Córdoba) hasta la subestación de Panamá II, en la provincia panameña de Darién”.
El consorcio ICP lo integran Interconexión Eléctrica (ISA) en la parte colombiana y la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) de Panamá, que aportarán el 50% del valor del proyecto cada uno.
De acuerdo con algunos informes, la inversión prevista será de aproximadamente 450 millones de dólares y el potencial de exportación de energía desde Colombia hacia Panamá se calcula que puede alcanzar 250 millones de dólares al año.
ndrés Villegas, gerente de ICP, detalló que el valor final de la inversión será resultado de los estudios de diseño en ejecución, que la cifra (450 millones) se ha estimado hasta ahora de manera preliminar.
Agregó que como resultado del modelo económico se encuentra una financiación cercana al 60% del valor del proyecto, lo cual implica que los aportes de capital de los accionistas (ISA y Etesa) serían inferiores a $100 millones (cada uno), lo que deberán desembolsar en un periodo de 3 años.
Destacó que en Panamá se ha considerado que el corredor a través de la comarca Emberá-Wounaan y cerca de Metetí se alinee con la carretera Panamericana hasta llegar a la ciudad de Panamá.
En el caso de Colombia, el experto señaló que el corredor ambiental propuesto rodea el golfo de Urabá y cruza la frontera a través del municipio de Acandí, sin intervenir el Parque Nacional Natural Los Katios (Colombia) ni el Parque Nacional Darién (Panamá).
En Colombia, el estudio actualizado de Diagnóstico Ambiental de Alternativas –DAA– se encuentra en evaluación por parte de la Anla, y será esta autoridad la que apruebe el corredor ambiental sobre el cual es posible desarrollar el proyecto. Mientras, en Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) se encarga de la viabilidad.
Pero los ambientalistas panameños han empezado a ponerse de acuerdo. Isaías Ramos, técnico del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, señaló que la construcción de la línea de transmisión por vía terrestre implica tácitamente la apertura del tapón del Darién.
“Cuando se construye una línea de interconexión, se tiene que dejar un espacio de servidumbre, cuando esa servidumbre se deje se va hacer básicamente un sistema de carretera que va a pasar de Colombia a Panamá. Lo preocupante de esto es saber si Panamá está en la capacidad de hacer el manejo social que corresponde y el asunto de la seguridad”, señaló Ramos.
Indicó que un proyecto como este requiere de que se construyan campamentos, genera un movimiento de personas y a la vez requiere intervenir y talar árboles en un área sensitiva. Ramos afirmó que la interconexión vía acuática reducía los conflictos sociales que traería el pasar por las comarcas y la tala que implica la instalación de las torres de interconexión.

PRDs-Panameñistas jinetes del apocalipsis inconstitucional


Las costuras del tejido de acuerdos entre el panameñismo y el perredismo muestran los hilos de la ilegalidad sectaria. Los diputados panameñistas y perredistas persiguen la adición de otra reforma al proyecto de Pedro Miguel González, diputado del PRD, a los efectos de que el Tribunal Electoral entregue credenciales a los candidatos de sus bancadas, sin la realización de nuevas elecciones.
Las evidencias legislativas apuntan a la construcción de una mayoría parlamentaria oficialista sobre la base de disminuir el número de curules de Cambio Democrático (CD). Una ley de reforma electoral de nombre propio para favorecer a la desmedrada minoría panameñista. Agravando el contenido inconstitucional de la triquiñuela oficialista, los autores pretenden que se la califique como ley de orden público para que tenga efectos retroactivos. Para decirlo en buen panameño, quieren cambiar de caballo a la mitad del vado del río.
A estos jinetes del apocalipsis inconstitucional se los va a llevar la fuerte corriente del río del rechazo popular, porque agravian la voluntad democrática de los electores de balancear con sus votos al Ejecutivo y al Legislativo, con una sensata y real separación de los poderes públicos.
Como la estrategia de las impugnaciones no les va a dar los resultados que se proponen, recurren a leyes de privilegio a sus postulantes partidistas. Tienen pavor que en nuevas elecciones los electores de los circuitos ratifiquen a los diputados impugnados de CD.
Ya advirtieron que no tienen pruebas convincentes de las presuntas irregularidades denunciadas debido a que si hubo favoritismos indebidos, también deben comprender las investigaciones a los candidatos del PRD y del partido panameñista. Ambos recibieron fondos cuantiosos para efectuar obras públicas que, supuestamente, solo corrompieron a los candidatos de CD, pero no a ellos, porque tienen certificados de buena conducta. Así funciona el pacto de la gobernabilidad, para repartir prebendas y sinecuras a sus correligionarios, hermanos, parientes, y socios de donaciones.
Siguiendo las normas del debido proceso administrativo, la Procuraduría solicitó a la Contraloría realizar auditorías a todos los fondos, bienes, valores que se otorgaron a las juntas comunales, municipios, alcaldías durante los periodos de 2004 a 2009 y de 2009 a 2014 para que obren como pruebas en las investigaciones que de oficio han iniciado las fiscalías anticorrupción.
La Contraloría expresa en un comunicado que de inmediato giró instrucciones para efectuar las auditorías como finalidad prioritaria. Se desenvolverá por los procedimientos constitucionales establecidos para poder aportar pruebas fehacientes en los casos de impugnaciones a diputados.
La exministra Alma Cortez dio a conocer la formación de un frente de apoyo y defensa de CD a los candidatos a diputaciones, alcaldías, representantes de juntas comunales impugnados, así como a ministerios, organismos autónomos y dependencias públicas en general, blanco de acusaciones sin pruebas ventiladas en los medios oficialistas. Hay una carrera entre las autoridades para batir el récord de acusaciones contra CD. Estos fiscales políticos deben mirar el ombligo de los nombramientos reñidos con las leyes para no seguir hundiendo al Gobierno por los fiascos y fracasos en el primer mes de ejercicio.