miércoles, 23 de mayo de 2012

Embarcaciones donadas al Estado ya están en Panamá




Cuatro embarcaciones patrulleras donadas al Estado como parte de un acuerdo alcanzado 
entre los gobiernos de Panamá e Italia ya se encuentran en el territorio nacional y serán 
prontamente puesta en función para la vigilancia en las costas del Pacífico y Atlántico, 
en una ceremonia especial que se desarrollará el próximo jueves 31 de mayo.
El arribo de las 4 lanchas patrulleras, de las 6 donadas a Panamá, se da en momentos en 
que el país refuerza y aumenta la presencia de personal de las entidades de seguridad 
para la lucha contra el narcotráfico. Igualmente se capacitó al personal del Servicio Nacional 
Aeronaval (Senan), quienes conformarán la tripulación.
Las patrulleras salieron desde Génova, Italia, a inicios de mes, ya rotuladas “
Aeronaval” en sus costados y llegaron este miércoles al puerto de Manzanillo. 
Las embarcaciones son del tipo guardacostas.

Martinelli hace entrega de aportes

Promesas del deporte panameño reciben ayuda económica



Alrededor de cien atletas de distintas disciplinas a nivel nacional recibieron los 
primeros cheques del programa de apoyo económico para el año 2012, de manos 
del presidente de la República, Ricardo Martinelli; jóvenes promesas del deporte 
nacional que son ayudados económicamente por el gobierno para que puedan 
desarrollar sus actividades.
Fueron más de 375 mil balboas entregados a estos jóvenes, aportes 
“muy merecidos” según lo calificó el presidente Martinelli, pues para él 
de esta manera el país les agradece a sus deportistas por cada vez que
 salen a representar a su nación y dejar el nombre de Panamá en alto.
“Los panameños son quienes deben agradecer a estos jóvenes atletas 
por su esfuerzo y dedicación, ustedes cuando compiten, todo un país 
está detrás de lo que realizan y esperan su buen rendimiento en cada 
una de sus disciplinas, y con esta ayuda no deben más que preocuparse 
por ser cada vez mejores y si fallan levantarse e intentarlo nuevamente”, 
sostuvo.
Para el gobernante panameño el Estado debe contribuir con sus deportistas
 para que cada día sean mejores y jamás piensen en malos vicios o la droga, 
como igualmente lo dijo el embajador deportivo, Roberto Durán, a su turno en
 el uso de la palabra en un acto realizado en la Presidencia de la República, 
donde alentó a los jóvenes a ser ejemplo para los demás con sus triunfos y 
victorias.
Martinelli agregó que este gobierno no ha descansado en apoyar al deporte, 
en sus diferentes disciplinas, por lo que motivó a los atletas nacionales a luchar
 por su clasificación a las próximas Olimpiadas, a realizarse en Londres, 
igualmente animó la selección nacional de fútbol a dar su mayor esfuerzo 
–en esta etapa- para que toda la “Marea Roja” pueda disfrutar de una 
clasificación por primera vez a un mundial.
Entre tanto, el director de Pandeportes, Rubén Cárdenas explicó que estas 
becas tienen como objetivo contribuir con la preparación de los deportistas 
panameños, con miras a su participación a eventos a nivel nacional e internacional 
y se divide en Excelencia Deportiva, Alto Rendimiento y Talentos Deportivos.
Añadió que además este programa está dirigido específicamente a los deportistas 
mas destacados en el país en la actualidad, el mismo está orientado a ayudar a los
 atletas a mejorar sus condiciones para sus entrenamientos, como son compra de 
vitaminas, reforzar su alimentación y mejorar sus condiciones de transporte, lo cual
 les va a permitir mejorar sus resultados deportivos.
En este acto participaron además José Bonilla y Lenín Picota, secretario general y
 director técnico de Pandeportes, respectivamente, además del joven Manuel González, 
campeón nacional de natación, en representación de todos los atletas que recibieron 
su apoyo económico.

Secretario de la Cadena de Frío rinde informe al Gabinete sobre avances de obras

Redacción
redaccion@laopinionpanama.com


Centros de Manejo Post-Cosecha de Volcán y Cerro Punta.El secretario ejecutivo de la Cadena de Frío, Fernando Duque Soto, actualizó al Consejo de Gabinete sobre los avances de esta significativa obra que forma parte de los proyectos “imperdonables” del Gobierno Nacional.
El proyecto de la Cadena de Frío tiene dos componentes: el Sistema Logístico de la Cadena de Frío a un costo de 75 millones de dólares y la construcción de ocho mercados a nivel nacional con una inversión de 202 millones.
Duque Soto informó que la construcción de la Unidad Alimentaria de Panamá presenta un avance del 20% y el Mercado Público un 13%. Mientras que los mercados de La Chorrera (Público y Abastos) y de Colón pronto iniciarán construcción. Para finales de julio de este año se licitará el Mercado Público de la Ciudad de Chitré.
 Actualmente, el Sistema Logístico de la Cadena de Frío, adjudicado al Consorcio Panamá Frío, tiene un 13% de avance y se estima que el primer centro de acopio de Volcán esté listo en el mes de diciembre del año en curso.
Entre los beneficios que se persiguen con la implementación de la Cadena de Frío están ofrecer a los productores agrícolas panameños una plataforma logística y de servicios que contribuya a reducir el alto porcentaje de mermas (pérdidas) que actualmente se dan en las etapas posteriores a la cosecha y en la comercialización de los productos perecederos, y con ello, reducir los altos costos que ocasiona a agricultores, distribuidores y consumidores finales.
Igualmente se busca promover la seguridad alimentaria del país y mejorar la calidad e inocuidad de los alimentos. La construcción de las nuevas y modernas infraestructuras también permitirá la generación de empleos temporales y permanentes. Al mismo tiempo que permitirán a la población disfrutar de instalaciones modernas y limpias.

Papadimitriu inspecciona trabajos de construcción de mercado público

Papadimitriu inspecciona trabajos de construcción de mercado público El ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu realizó un recorrido de inspección 
por los trabajos que se llevan adelante en los terrenos de 40 hectáreas en el antiguo 
campo de antenas de Clayton, en la vía del Centenario, donde se levantará el nuevo 
mercado público de Panamá, uno de los ocho a nivel nacional que se construirán 
como parte de los compromisos del presidente Ricardo Martinelli de impulsar 
medidas destinadas a favorecer a la población con productos alimenticios frescos, seguros y a bajo costo.
La obra, que tiene una inversión de 125 millones de balboa y que beneficiará a un 
poco más de un millón de usuarios y consumidores en la ciudad capital, tiene 
un avance del 20 por ciento según explicaron los ejecutivos de la empresa 
constructora al ministro Papadimitriu, quien estuvo acompañado en su recorrido 
por el secretario de la Cadena de Frío, Fernando Duque Soto, la secretaria de 
Asuntos Económicos de la Presidencia, Kristelle Getzler y Astrid Salazar, 
subsecretaria de Comunicación del Estado.
En la actualidad, la empresa constructora coloca la tercera losa del nivel 300 
del edificio de administración y lleva adelante trabajos de movimiento de tierra 
donde se levantarán otras edificaciones que albergarán los productos a c
omercializar, entre los que se destacan vegetales, frutas, cárnicos, pescado y 
de uso múltiple. Cada uno de los puestos de ventas que contenga este mercado 
vendrá equipado con pesas, neveras y cuarto frío.
La Cadena de Frío, uno de los imperdonables del Presidente de la República, 
tiene dos componentes: un Sistema Logístico y la construcción de mercados 
a nivel nacional, uno de los cuales es el ubicado en el antiguo campo de 
antenas, y que contará con controles de seguridad, vigilancia, megafonía, 
comunicaciones y sistema de climatización y refrigeración.
Papadimitriu expresó su satisfacción por los avances de esta obra, y reiteró 
el compromiso del Gobierno Nacional de redoblar esfuerzos para cumplir con 
este y otros proyectos que impulsa el gobierno

Historia de Panamá: Los escándalos del centenario

Los escándalos del centenario

Se menciona nueve casos; de esos, cuatro califican como escándalos políticos y cinco como escándalos de corrupción
GERARDO BERROA LOOJOSE QUINTERO DE LEON 
planas@prensa.com

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¿Cuál ha sido el escándalo del Centenario? Esa fue la pregunta formulada a los lectores de La Prensa web. En total, se recibieron 524 respuestas a través de correos electrónicos. El caso CEMIS obtuvo el dudoso honor de ser el más popular, seguido, muy de cerca, por otro no menos “popular”, la equiparación a Panamá Ports mediante la cual el Gobierno generosamente le condonó el pago de más de mil millones de dólares al Estado panameño.
Curiosamente, los dos mayores escándalos del Centenario –quizá por su proximidad temporal– se dieron bajo la actual administración de Mireya Moscoso.
Sin embargo, las respuestas fueron diversas, desde la firma del tratado Hay-Bunau Varilla hasta el multimillonario desfalco de la Caja de Seguro Social en un proyecto de viviendas.
Para el veterano periodista Cristóbal Sarmiento –quien comenzó en los quehaceres de la pluma en la década del 40–, los casos más escandalosos del Centenario son el asesinato del presidente José Remón Cantera y el desfalco de la CSS, puesto que tanto el uno como el otro quedaron impunes, pese a su gravedad.
Los lectores de La Prensa web mencionaron nueve casos como los más escandalosos en los últimos cien años. De esos, cuatro califican como escándalos políticos y cinco como escándalos de corrupción, que, por su magnitud, reciben un tratamiento más extenso.
Los escándalos políticos

Tratado Hay-Bunau Varilla 
¿Por qué este caso es escandaloso? Para los lectores, Philippe Bunau-Varilla fue quien entregó a perpetuidad el territorio canalero a Estados Unidos, embarcando el país en una lucha de casi un siglo para recuperar su soberanía plena.
Esa lucha costó la vida a muchos panameños, especialmente en aquel fatídico 9 de enero de 1964, cuando más de 20 panameños perdieron la vida en un enfrentamiento con el Ejército de Estados Unidos.

El asesinato de Remón 
El 2 de enero 1954 fue asesinado el entonces presidente de la República, José Remón Cantera, mientras asistía a una carrera de caballos en el hipódromo Juan Franco. Nunca se supo quién cometió el magnicidio.

El golpe de Estado de 1968 
El entonces presidente, Arnulfo Arias Madrid, fue derrocado por un golpe militar que encabezaron Omar Torrijos y Boris Martínez el 11 de octubre de 1968. Los uniformados se mantuvieron en el poder, a partir de entonces, durante 21 años, hasta que fueron depuestos por la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989.

El fraude de 1984 
Según relató el ex magistrado del Tribunal Electoral César Quintero (q.e.p.d.), la Junta Nacional de Escrutinio (que integraban políticos de ambos bandos) no se puso de acuerdo. Aparentemente, cada uno tenía su propio conteo de votos. Sin embargo, aunque las elecciones de 1984 fueron reñidas, ‘‘Arnulfo las ganó por unos 2 mil votos’’, aseguró el ex magistrado.
Pero el resultado oficial fue otro: Arias Madrid se tuvo que despedir de la Presidencia, pues la victoria le fue reconocida a Nicolás Ardito Barletta por mil 713 votos. Desde entonces, el presidente –y luego ex presidente– fue conocido también como Nicolás fraudito Barletta.
El fraude, según el desaparecido magistrado, fue fraguado enviando a “el bachiller [Carlos] De Sedas y a Menalco Solís a los circuitos indígenas de Chiriquí”.
‘‘Yo salvé mi voto de reconocimiento [a la victoria del candidato oficialista], a pesar de que sabía que Barletta estaba en mejor condición que Arnulfo para hacer un gobierno de transición’’. Aun así, Arias Madrid había ganado, dijo en su momento Quintero.
‘‘Hasta hice la observación: caramba, a esos indios hay que reconocerlos por ser tan ordenados... y es que todas las actas eran múltiplos de 10, terminaban en 70, 80 ó 100 votos’’, recordó.
Escándalos de corrupción

El desfalco de la CSS 
Se trata de uno de los mayores escándalos del país. En 1981, la Caja de Seguro Social (CSS) decidió aprobar el denominado Programa Colectivo de Viviendas. Un total de 38 empresas fueron beneficiadas con el megaproyecto para la construcción de 10 mil viviendas en varios puntos del país.
En resumen, según la investigación que hizo el entonces fiscal de la causa, Carlos Cuestas, el caso resultó en una “megamalversación” de fondos públicos. Resulta que la investigación probó hechos irregulares, por decir lo menos. Por ejemplo:
  • No había contratos entre la CSS y los promotores, para justificar los adelantos en efectivo y bonos;
  • Las fianzas de cumplimiento de los contratos con la CSS –por un monto de 91.4 millones de dólares con 38 promotores– no fueron formalizadas;
  • El Ministerio de Vivienda nunca aprobó los polígonos que debían hipotecarse;
  • Los polígonos a hipotecarse no fueron delimitados, por lo que no se podía conocer el espacio exacto de las casas en estos ni las condiciones de la tierra;
  • Algunos de los proyectos se estaban ejecutando en polígonos que no eran propiedad de los promotores;
  • Otros proyectos se ejecutaron sobre fincas hipotecadas a terceros;
  • Las compañías de seguros expidieron fianzas de cumplimiento sobre contratos inexistentes.
Además, se contrataron dos pólizas de seguro, una por 214 millones de dólares, por el riesgo de vida y otra por 171 millones de dólares para dar cobertura en caso de incendio de las 10 mil viviendas... no construidas.
Por la contratación de estas pólizas hubo quienes se cobraron comisiones. Según relata Cuestas en su libro Memorias de un fiscal, el escándalo de la Caja de Seguro Social, tres cheques de más de 150 mil dólares fueron girados a favor del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para pagar comisiones por la contratación de estas pólizas. Es decir, al parecer, en aquel entonces el PRD también era corredor de seguros.
Por este “megaescándalo” fueron condenadas varias personas en primera instancia, entre ellos Abraham Saied, entonces director de la CSS; y los miembros de la Comisión Evaluadora del Programa Colectivo de Vivienda: el doctor Ricardo Fábrega Sánchez; el licenciado Martín Burgos Velarde y el ingeniero Wallace Ferguson.
En el caso de Fábrega Sánchez y Martín Burgos, se descubrió que eran beneficiarios directos del Programa Colectivo de Vivienda, lo cual explicaría muchas cosas.
El fallo del entonces juez segundo de circuito, Rogelio Saltarín, se dictó a mediados de mayo de 1983. Sin embargo, fue apelado y el caso pasó al Segundo Tribunal Superior de Justicia donde se le perdió el rastro. En total, la CSS perdió más de 100 millones de dólares en esta trágica aventura, cuyas consecuencias son ahora más evidentes que nunca.

El caso COFINA 
Cuando los militares, liderados por Omar Torrijos Herrera, comenzaron a definir su control sobre el país, sus asesores recomendaron crear una banca de fomento para promover el desarrollo de la mediana y gran empresa. De esta manera, alegaban, se impulsaría la economía del país, se crearían nuevas fuentes de empleo y se lograría el apoyo político de una nueva clase económica.
Así nació la Corporación Financiera Nacional (COFINA) mediante Ley de 1975 y, de inmediato, los amigos del régimen cayeron –cual buitres sobre carroña– sobre sus fondos. En seguida iniciaron el trámite de grandes préstamos basados en promesas de proyectos que traerían pingües ganancias para el Estado.
El criterio para otorgar los préstamos de COFINA estuvo basado más en el amiguismo que en prácticas financieras sanas.
De las investigaciones realizadas a mediados de la década del 80 –entre ellas la de la entonces fiscal Ana Isabel Belfon– se descubrió que se otorgaron más de 50 créditos sin suficientes garantías ni la debida supervisión de los proyectos. Por si fuera poco, algunos de los beneficiarios montaron empresas de papel o inexistentes para tener acceso a los créditos. En otros casos, los proyectos nunca se iniciaron, pero los dineros sí llegaron a salir.
Oscar Navarro, industrial y político panameño, decidió denunciar el descontrol que reinaba en COFINA y en 1984 interpuso una querella criminal contra un grupo de funcionarios allegados a los militares y miembros del partido oficialista, el PRD. Navarro los acusó de presunto peculado por un monto de 80 millones de dólares en perjuicio de la Corporación.
En la lista figuraban Olmedo Miranda, Pedro Rognoni, Rafael Mezquita, Jaime Trujillo, Victoriano Montero, Juan Gaudeano, Leovigildo Gutiérrez, Pedro Mora, Brenda López, Luis Arias De Icaza, Aracelys Méndez, Atala Filós, Ramiro Sosa, Federico Ardila, Julio Aquino, Carlos Echevarría, Fátima Herrera, Edith Tello y Ricardo Jiménez, entre otros.
Después de 14 años de la denuncia de Navarro, los tribunales resolvieron decretar la prescripción de las sumarias, lo que dejó a Navarro cual Quijote en su lucha contra molinos de viento.
Todo se concatenaba. Los préstamos fraudulentos se habían otorgado durante la gestión del presidente Aristides Royo (1978-1981) y la gestión de Ernesto Pérez Balladares, en su calidad de ministro de Hacienda y Tesoro. La prescripción se decretó en 1994, justamente cuando empezó a gobernar el país el hoy ex presidente Pérez Balladares.
Fue, precisamente, Pérez Balladares quien otorgó indulto a Eduardo Tejeira Morales, Pedro Rognoni, Leovigildo Gutiérrez, Rafael Mezquita, Jaime Trujillo y Edgar Ameglio, uno de los últimos gerentes de COFINA. El único que no pudo agradecerle el favor al presidente Pérez Balladares fue Ameglio por estar fuera del país en calidad de embajador. Ameglio pudo disfrutar de la total tranquilidad cuatro años más tarde, en 1998, cuando los tribunales decretaron la real prescripción de las sumarias sobre su participación en este caso.
Pero la mala suerte de la Corporación no cesaba. El 20 de agosto de 1999, un grupo de auditores de la Contraloría fue enviado por el contralor general encargado, Gustavo Pérez, para revisar sus libros, luego de que fuera denunciada una extraña reducción de la deuda que mantenían los propietarios del Hotel Caesar Park –antiguo Hotel Marriott– de casi cuatro millones de dólares, la cual inexplicablemente fue ordenada por el Consejo Económico Nacional (CENA) y luego refrendada por el Gabinete del presidente Pérez Balladares, dejándola en un millón 500 mil dólares.
Van Dam 
En uno de sus encuentros con el entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, a fines de los 70, el general Omar Torrijos Herrera le solicitó apoyo para construir un nuevo puente sobre el Canal de Panamá, tomando en cuenta que el viejo puente de las Américas ya no llenaba las expectativas de tránsito entre la ciudad de Panamá y el resto del país.
Pérez accedió y gestionó la ayuda a través de FIVEN (Fondo e Inversiones de Venezuela), una especie de COFINA, sólo que con un radio de acción más amplio. La ayuda se pactó en 1980, por un monto de 100 millones de dólares, pero con la condición de que la fabricante del nuevo puente sería una empresa venezolana y la constructora, una panameña.
El entonces presidente Aristides Royo dijo que la obra sería sometida a licitación internacional, pero ello fue desmentido por la Gaceta Oficial que promulgó el contrato. La misma fue adjudicada a la empresa venezolana Industrias Metalúrgicas Van Dam, que fabricaría las estructuras, en tanto que las obras estarían a cargo de la compañía Sosa & Barbero Constructores. El contrato también incluyó otras cláusulas que beneficiaban a los amigos del régimen. Por ejemplo, las tareas de inspección serían realizadas por la Constructora Lakas, S.A.
Lo único que fue sometido a licitación internacional fue el diseño del puente, que fue ganada por una firma inglesa –Cleveland Bridge Engineering–, que hasta la fecha sigue reclamando el pago de su trabajo.
En 1981, el Gobierno de Caracas inició el desembolso de los dineros con lo que se dio inicio al alquiler de equipo, movimiento de tierras (Arraiján-Cocolí), construcción de las torres principales, encofrado para pilotes, parte del tablero de la luz del puente y otros trabajos no facturados, valorados en varios millones de dólares, incluyendo la inspección, a pesar de que el puente no había sido terminado.
Pero entonces desapareció el “hombre fuerte” de Panamá, el general Torrijos, el 31 de julio de 1981. Poco después, el presidente Royo fue “renunciado” (hecho que fue conocido como ‘el gargantazo’) y fue reemplazado por su segundo, Ricardo De La Espriella.
En virtud de los desmanes en la administración de las obras del puente –que hizo eco en Caracas–, los trabajos comenzaron a atrasarse. Fue entonces que De La Espriella, aduciendo que la economía nacional no atravesaba su mejor momento, ordenó suspender las obras.
A la sazón, Panamá también construía la hidroeléctrica La Fortuna, cuyo costo –100 millones de dólares– también tenía acogotado al Estado.
Según el encargado de las obras del puente, el entonces director de Proyectos, Rogelio Dumanoir, esta fue la principal razón de la suspensión. Sin embargo, Dumanoir no alude las continuas acusaciones de corrupción en la administración que se hicieron en esos tiempos acerca del dinero.
El escándalo fue mayúsculo. Las estructuras del puente aún reposan en Puerto Ordaz y La Victoria, en Venezuela. En Panamá y Caracas, el Consorcio Van Dam-Sosa & Barbero no se cansó de exigir una indemnización por los daños percibidos que, inicialmente, ascendían a 24.5 millones de dólares, pero que ellos calculaban en 65 millones, incluyendo los quince millones de dólares de la consultora inglesa creadora del diseño del malogrado puente “Simón Bolívar”.
Pese a que Sosa & Barbero fue la beneficiaria de la dictadura, nunca logró ser resarcida por los daños y perjuicios sufridos en ese período. Sus directivos debieron esperar el retorno de la democracia, y no fue sino hasta el 20 de mayo de 1999, cuando un Tribunal de Arbitraje, al que fue sometido el conflicto, resolvió condenar al Estado panameño a pagar únicamente 20 millones de dólares al Consorcio Van Dam-Sosa & Barbero.
Es importante señalar que, aunque la Corte Suprema de Justicia, en uno de sus ya históricos fallos, determinó la nulidad del contrato de construcción del segundo puente, las demandas legales siguieron su curso. Incluso, en 1995, la misma Corte exoneró de responsabilidad al ex presidente Ernesto Pérez Balladares, en aquel entonces ministro de Hacienda y Tesoro, mientras que Aristides Royo y su vicepresidente Ricardo De La Espriella, tras ser investigados, no fueron inculpados.

La equiparación
Puerto de contenedores Panama Ports, Balboa
Una resolución del Ministerio de Comercio e Industrias, fechada 13 de mayo de 2002 y suscrita por el jefe de esa cartera, Joaquín Jácome, eliminó dos cláusulas del contrato entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company (PPC), concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Esas dos cláusulas eliminadas obligaban a PPC a pagar al Estado panameño 22.2 millones de dólares anuales durante 50 años, así como el 10% de sus ingresos brutos. Con esta resolución, PPC logró la “equiparación” de su contrato con el de la Colon Container Terminal (Evergreen), firmado en 1996.
El anuncio de que de un solo plumazo Jácome perdonaba mil millones de dólares a PPC levantó un revuelo en la opinión pública, que llevó a un grupo de legisladores de oposición a interponer una demanda contencioso-administrativa de nulidad ante la Sala Tercera.
El caso está en manos del magistrado Winston Spadafora, quien llegó a la magistratura en medio de un escándalo político en la Asamblea Legislativa.

La impunidad del caso CEMIS
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En enero del año pasado, el legislador Carlos Afú denunció –dólares en mano– que los legisladores de la bancada legislativa del PRD habían recibido seis mil dólares cada uno a cambio de su voto para favorecer el desarrollo del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) de los empresarios Martin Rodin y Stephen Jones.
Afú denunció que ese dinero formaba parte de los 20 mil dólares que le ofrecieron a los legisladores por la aprobación del proyecto CEMIS. Aseguró que él tomó ese dinero para presentarlo como “prueba” de su denuncia.
El caso pasó a la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció en octubre pasado. Seis de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia firmaron un fallo en el que no solo anularon todo lo investigado por la Procuraduría General de la Nación, sino que cerró las puertas para que este caso pudiera ser reabierto.
El fallo se basó en una resolución de la Asamblea Legislativa que no aceptó que los legisladores se levantaran la inmunidad para que fuesen investigados por el Ministerio Público y porque este último no contaba con autorización para investigarlos.

Otros casos 
Aunque en la lista figuran los nueve principales casos, los lectores de La Prensa Web mencionaron algunos otros. Por ejemplo, la ratificación de los magistrados de la Corte Suprema, Winston Spadafora y Alberto Cigarruista; la privatización de las empresas estatales INTEL e IRHE y la construcción de los corredores Norte y Sur.

Hemos venido a dejar huellas en este país con proyectos innovadores, Martinelli

 
 
El presidente Ricardo Martinelli participó -este miércoles 23 de mayo- de la inauguración de la nueva sede y el Centro de Emprendimiento de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), donde mencionó que la apertura de estas instalaciones es una muestra de que este gobierno trabaja por su pueblo para mejorarle la calidad de vida.
El mandatario destacó que todas las personas deben soñar con ser empresarios. "Se empieza con algo chiquito, así lo hice yo, pero después se empieza a crecer y es así como inicia un buen emprendedor", agregó.
Durante la inauguración del Centro de Emprendimiento, Martinelli añadió que el gobierno seguirá lanzando esta clase de programas porque los panameños se lo merecen, pues llegó al gobierno para trabajar para el pueblo.
"Dejaremos huellas importantes en este país, porque hemos hecho cosas que ningún gobierno anterior le interesó hacer y que nosotros logramos hacerlo", puntualizó el Presidente.
Mencionó que la economía panameña seguirá creciendo y que el país ha registrado un 4.4% en desempleo, el más bajo que se ha tenido el país y eso es muestra del trabajo que se ha realizado.
"Vamos a seguir con proyectos como este de Ampyme y como el de la ampliación del Aeropuerto Internacional de Tocumen que será el más grande de Latinoamérica y que, cuando culmine su ampliación, le dará empleo a por lo menos 12 mil panameños", agregó el mandatario panameño.
El Centro de Emprendimiento consta de una sala principal de 42 personas, un café internet de 21 personas más 10 computadoras y de dos salas de especialización empresarial con capacidad para 25 personas adicionales.
En estas instalaciones se brindarán servicios a los emprendedores y emprendedoras panameños, registro de micros, pequeñas y medianas empresas, salones de capacitación para emprendedores y el primer Centro de Emprendimiento de la AMPYME que constará con ventanilla única para formalización de empresas.
Este centro -que contempla capacitar entre mayo y diciembre de 2012 a más de 2,500 personas- es modelo del Centro de Emprendimiento Barcelona-Activa de España con más de 20 años de experiencia en capacitación empresarial y convierte a Panamá a partir de hoy con el segundo Centro de Emprendimiento de América Latina, después de Colombia.

Primera Dama inaugura primer parque de educación vial infantil en Panamá

 
 
“La forma cómo conducimos es un reflejo de la falta de tolerancia, de conocimiento y respeto a nuestros semejantes”, dijo la primera dama de la Nación, Marta Linares de Martinelli, al inaugurar el primer parque vial infantil, que con apoyo de la Fundación MAPFRE se instaló en las instalaciones del Parque Recreativo y Cultural Omar, con una inversión de 225 mil balboas.
A través del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre  se hizo  el parque de Educación Vial para niños y niñas, quienes aprenderán, mediante actividades didácticas y  recreativas, la manera de actuar correctamente en la calle, en un ambiente seguro que replica el entorno que  los rodea.
Linares de Martinelli agregó que con este parque se busca que cada niño y niña sea en un futuro, un ciudadano que practique la cortesía en el manejo hacia los peatones. Asimismo, urgió a invertir en la formación de futuros jóvenes y adultos con mayor conciencia y responsabilidad vial.
 Agradeció a Fundación Mapfre por contribuir para presentar este parque infantil de educación vial. Así también, a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre; al Servicio de Protección Institucional (SPI); la Alcaldía de Panamá y a la Policía Nacional, que velarán por la seguridad y aprendizaje de los niños y niñas, tras haber recibido el entrenamiento necesario por parte de los instructores del Instituto de Seguridad Vial de MAPFRE de España.
La Primera Dama mencionó que el programa de educación vial se establecerá como eje transversal de currículo escolar que debe desarrollarse, de manera obligatoria en todas las instituciones de educación del país tanto públicas como privadas del Ministerio de Educación en coordinación con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.
En tanto que el  vicepresidente Ejecutivo de Mapfre Panamá, Dino Mon, señaló que con esta iniciativa la Fundación MAPFRE espera que de una forma divertida se eduque a los niños y niñas cómo evitar accidentes, respetando las reglas de vialidad, ya sea como peatones, pasajeros, ciclistas o conductores.
Agregó que el año pasado, según datos estadísticos, en el país alrededor de 29,600 personas sufrieron algún accidente de tránsito, y de las cuales 381 fallecieron. Dijo que el año anterior, a través del Instituto de Seguridad Vial de Mapfre, se distribuyeron en los centros escolares más de 25 mil manuales didácticos.
El programa de aprendizaje consta de dos sesiones con una duración de  aproximadamente 1 hora  y 15 minutos. Una teórica en un salón donde se proveerán los principios básicos de vialidad para peatones, ciclistas, pasajeros y conductores, con una duración de 30 minutos.
La sesión práctica –de 45 minutos- se desarrollará  en una pista en la cual  los niños y niñas podrán aplicar los conocimientos adquiridos, desempeñándose como peatones, ciclistas, conductores y observadores. Por grupo participa un máximo de 25 niños y niñas.
El parque vial está totalmente equipado para la parte práctica con una pista,  10 karts (carritos eléctricos), señalizaciones horizontales y verticales, carriles de circulación para los karts, bicicletas particulares y para peatones; así como un depósito para los karts.
La parte teórica cuenta con  un salón de clases equipado con computadoras portátiles, proyectores, aire acondicionado y bancas para los niños, niñas y sus padres. Además el parque  cuenta con un equipo de instructores capacitados para trabajar con los niños y salvaguardar su seguridad
Este parque, en el cual los niños y niñas aprenden mientras se divierten, podrá ser visitado por estudiantes de escuelas primarias, secundarias, niños, jóvenes y adultos en general,  de manera gratuita de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.,  y sus visitantes recibirán información y apoyo  de docentes capacitados en temas de seguridad vial.
Durante la actividad, la Primera Dama, directivos de Mapfre y alumnos de la escuela Simón Bolívar, del corregimiento de San Felipe, condujeron los carritos eléctricos por la pista totalmente señalizada.

Campaña para promover donación voluntaria de sangre presentan a la Primera Dama

 
 
Ante la necesidad urgente de promover la donación voluntaria de sangre, la primera dama de la República, Marta Linares de Martinelli, sostuvo, este martes, una reunión de trabajo con representantes  del sector salud, a fin de coordinar aspectos inherentes al lanzamiento de una campaña a nivel nacional, a propósito del Día Internacional del Donante Voluntario, a celebrarse el 14 de junio.
Se explicó en el transcurso de la reunión, en la que estuvo presente el viceministro de Salud, Serafín Sánchez, que en los últimos años ha disminuido el número de donantes a nivel nacional. Las estadísticas en el año 2001 reflejaron un total de 40 mil donaciones y al 2010, la cifra estuvo por el orden de las 51 mil 552.
La Primera Dama destacó la importancia de impulsar esta iniciativa,  debido a que se hace necesario enfatizar la donación voluntaria de sangre en el país.
Motivar a la población para que sea donante voluntario de manera recurrente es el objetivo principal de esta campaña, según explicó el doctor  Elis González, director médico del Hospital Nicolás A. Solano,   quien añadió, es importante comenzar a captar donantes voluntarios a fin de tener un banco de datos para abastecer con sangre a todos los hospitales del país.
Explicó el galeno que a nivel general el país tiene un porcentaje muy bajo de donantes voluntarios que ligeramente sobrepasa el 6%, que es a lo que se quiere aumentar con este tipo de campaña, dijo. No obstante, sostuvo que con las estrategias implementadas, se ha podido suplir la demanda de sangre en el país.
En la presentación de la campaña a la esposa del Presidente de la República se informó que uno de los objetivos específicos de ésta, sería promover una cultura de donación voluntaria de sangre no remunerada. Al respecto se dijo que es más confiable recibir sangre de donantes voluntarios que una remunerada, pero se aclaró, que en todos los casos se hacen los exámenes pertinentes a los donantes.

Invierten más de $6 millones en vías de Bocas del Toro


23 | 05 | 2012
Explican avance de los proyectos que se ejecutarán durante este año.
Redacción Economía (economia@epasa.com) / PANAMA AMERICA


Invierten más de $6 millones en vías de Bocas del Toro Más de 6 millones 216 mil dólares invertirá el Gobierno para la rehabilitación de caminos y carreteras en la provincia de Bocas del Toro, informó Norman Araúz, subdirector de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ante miembros de la Junta Técnica de esa provincia.
Entre los proyectos más relevantes que se ejecutarán en la provincia bocatoreña, Araúz señaló la rehabilitación del camino Deborah y California, rehabilitación del camino Finca 6-Puente Changuinola, rehabilitación del camino Cañazas-Higuerón, Chiriquí Grande-Ballena, Chiriquí Grande y Quebrada El Bajo y rehabilitación camino La Mesa-Las Tablas y calles internas, la construcción del MINSA-CAPSI de El Empalme, construcción de viviendas en El Pilote de Changuinola y erradicación de la tuberculosis bovina en Bocas del Toro, entre otros.
La participación del MEF en la reunión ordinaria de la Junta Técnica, en Bocas del Toro, fue oportuna para que directores y delegados de las distintas instituciones conozcan el proceso de la elaboración del presupuesto para proyectos de inversión y el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP), expresándole a la vez lo importante que es para los gobernadores nacionales la supervisión y el manejo de información financiera referente a los proyectos que se ejecutan en sus provincias.
Araúz mencionó algunos de los macroproyectos que el Gobierno tiene en ejecución a lo largo del país.

El presidente de ‘La Prensa’ y sus negocios con el Gobierno

23 | 05 | 2012
Nueve contratos recibió la firma presidida por Luis Navarro entre 2005 y 2011, por más de 160 mil dólares. Se trató de consultorías y capacitaciones, por contratación directa, a través de la empresa INDESA.

Hace dos semanas, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Antonio Fletcher, fue cuestionado por tener contratos con el Gobierno de turno.
El presidente de ‘La Prensa’ y sus  negocios con el Gobierno Las críticas se enfilaron hacia el empresario, luego de que dijera que en el país no existe una crisis institucional. La Prensa publicó una nota en la que reportó sobre algunas licitaciones que Fletcher se había adjudicado en la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).
A pesar de los cuestionamientos que hizo La Prensa, algunos empresarios consideraron que tener negocios con el Estado no debe verse mal, siempre y cuando no existan conflictos de intereses.
Pero al margen del escándalo que provocó el vínculo de los negocios de Fletcher, La Prensa ocultó que el presidente de su Junta Directiva, Luis Navarro, también mantiene desde el 2005 negocios con el Gobierno, los cuales obtuvo de forma directa y no a través de un proceso de licitación.
Todo se hizo por medio de la empresa INDESA, de la cual Navarro también es presidente de la Junta Directiva, según datos del Registro Público. Además, según fuentes de la propia empresa, Navarro mantiene oficinas allí y es dueño de la firma, con un porcentaje accionario que va entre el 5 al 10 por ciento.
Los negocios se tratan de nueve contratos de consultorías y capacitación que INDESA obtuvo directamente con el Gobierno Central, tanto en la administración de Martín Torrijos como la actual de Ricardo Martinelli, por un monto de 164 mil 765 dólares. Solo uno de estos contratos directos fue por 120 mil dólares con la Agencia Panamá Pacífico.
Navarro aceptó anoche a Panamá América que mantiene negocios con el Gobierno a través de la firma INDESA, sin embargo, trató de minimizar la relación de negocios y el posible conflicto de intereses.
Según el presidente de La Prensa, los negocios que él tiene con el Gobierno -a través de esa empresa- representan un minúsculo porcentaje de toda la facturación de INDESA.
También señaló escuetamente que en su caso no existe conflicto de intereses como pasó en el caso de Fletcher. “La firma INDESA sí ha brindado servicios, y esto que vaya a quedar claro y ojalá que quede así en el texto. La empresa INDESA ha prestado servicios a distintos gobiernos y como siempre con la independencia que ha caracterizado a la firma”, señaló Navarro tras pedir que Panamá América le enviara el resto de las preguntas por escrito para responder hoy miércoles.
Dijo que el tipo de negocios que tiene INDESA con el Gobierno le permite mantener la independencia, tras señalar que no iba a comentar directamente sobre la similitud de su caso con el de Fletcher.
“Mira, yo creo que en este momento te estoy respondiendo la pregunta sobre INDESA y no voy a entrar en comentarios sobre Fletcher”, reiteró el presidente de La Prensa, a pesar de que su propio diario atacó a Fletcher, por sus negocios con el Estado.
El presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, Carlos Gasnell, quien criticó el supuesto conflicto de intereses entre el presidente del CoNEP y el Gobierno, sostiene que en el caso del presidente de La Prensa la situación es diferente. Gasnell también aceptó que está limitado en hablar de este último caso ya que La Prensaes donante de Transparencia Internacional en Panamá.
Sin embargo, se limitó a tratar de explicar el caso de Fletcher, señalando que al dirigente empresarial se le criticó por decir públicamente que no existía crisis institucional en el país sin haber consultado en el CoNEP. “Fletcher no consultó con su grupo, en este caso el CoNEP, mientras que en el caso de Navarro no parece haber ninguno de los elementos que generan críticas sobre los conflictos de intereses”, señaló Gasnell.