El análisis de la planilla de varias instituciones del Estado confirma las peores sospechas: las elecciones son una guerra y los puestos públicos, el botín.
Hasta octubre pasado, la administración Varela habría nombrado alrededor de un 5% del personal del gobierno, si se proyectaran los datos de cinco ministerios —Presidencia, Gobierno, Economía y Finanzas, Obras Públicas y Relaciones Exteriores—, publicados en sus páginas web.
El porcentaje varía de acuerdo con cada institución: en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha renovado un 17% de la planilla. En cambio, en la Presidencia, se registraba hasta octubre solo un 2% de cambio de personal.
DIFERENCIA DE SALARIOS
Llama la atención la diferencia de los salarios entre el personal contratado a partir de julio de este año. Mientras que el salario promedio del funcionario de estos cinco ministerios es de $869 (el salario promedio del MOP es de $633), el del personal nombrado durante la presidencia de Varela es de $2,500 —con profundas diferencias, ya que los salarios van desde los $15,000 devengados por el embajador de Panamá en Estados Unidos, hasta los $400 que gana una trabajadora manual del Ministerio de Gobierno—.
En teoría, la diferencia de salarios podría entenderse en razón de una renovación del personal ejecutivo (ministros, viceministros, asesores, directivos y diplomáticos).
Sin embargo, este no es siempre el caso. Mirando la clasificación de puestos, se observa que el nuevo gobierno ha asignado a los recién nombrados hasta el triple del salario devengado por funcionarios ubicados en la misma clasificación de puestos. Algunos de ellos, con años de experiencia en estos ministerios.
Un ejemplo tomado al azar es el de las ‘abogadas 1’ Gisela Ricardo de Sedas y María Arrocha, ambas nombradas en el Ministerio de Gobierno como ‘eventuales’ por la actual administración. Sus salarios de $3,500 y $2,500, respectivamente, contrastan con el de Ricardo Enrique Torre, permanente, y clasificado también como ‘abogado 1’, quien gana $450 al mes. Torre fue contratado durante la administración de Martín Torrijos.
En el MEF, ocho abogados contratados durante el periodo de Martín Torrijos —cuatro ‘abogados 3’, cuatro ‘abogados 2’ y dos ‘abogados 1’— ganan todos $800.
En cambio, en este mismo ministerio, entre los abogados contratados durante el periodo de Varela, la ‘abogada 1’ gana $2,250. Dos ‘abogados 2’ ganan $2,500 y cuatro ‘abogados 3’ ganan un promedio de $3,250.
Como estos, habría centenares de ejemplos.
REALIDAD DESMORALIZANTE
‘Este tipo de situaciones desmoraliza al funcionario público, sobre todo a los más antiguos’, señaló una administradora de personal del gobierno, que prefirió no revelar su nombre.
‘Con cada cambio presidencial, no solo se encuentran con que su salario pende de la voluntad de los nuevos jefes, sino que al ser despedidos no cobran indemnización, como en la empresa privada’, indicó.
Además, muchos de los funcionarios se ven obligados a entrenar y orientar a personas recién llegadas que ganan el doble que ellos, añade la administradora.
‘Es una situación muy penosa que lleva al funcionario a sumirse en el pesimismo y la desidia. En el entramado gubernamental se va perdiendo todo el valor del mérito y lo que cuentan son las relaciones personales. Esto es lo que provoca la mala fama de la llamada burocracia, formada por personas sin motivación, que hacen el mínimo para preservar su puesto o se vuelven serviles hacia sus jefes’, señaló la funcionaria.
Pero lo más grave es que no hay respaldo para los funcionarios desde los otros órganos del Estado.
