Desarrollo Golf Coronado, S.A., cuyo dueño es Ithiel Roberto Eisenmann, ha perdido cuatro de los cinco recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para tratar de evitar un proceso de supuesta evasión fiscal por más de tres millones de dólares.
La semana pasada se conoció, según fuentes judiciales, que en la CSJ ya circula el fallo del último amparo de garantías que interpuso el empresario, lo que dará paso a que se continúe con el proceso en el Tribunal Administrativo Tributario para que confirme o rechace el alcance fiscal que declaró en mayo pasado la antigua Dirección General de Ingresos, hoy Autoridad Nacional de Ingresos.
Eisenmann interpuso cinco recursos legales para tratar de frenar el proceso por evasión fiscal. Ello incluyó tres amparos de garantías y dos advertencias de inconstitucionalidad, que incluían la suspensión de tres artículos del Código Fiscal y el artículo 14 de la Ley 57 de 1978, que regula la profesión del contador público autorizado. Esta última advertencia de inconstitucionalidad iba dirigida a suspender la vigencia de las Normas Internacionales de Contabilidad, sin importar sus efectos negativos en el centro bancario y empresas multinacionales.
Fuentes judiciales revelaron que las dos advertencias de inconstitucionalidad fueron declaradas “no viables” por el pleno de la CSJ, aunque la decisión aún no se comunicó oficialmente.
También la CSJ no admitió por improcedentes dos de los amparos de garantías interpuestos por Desarrollo Golf Coronado, S.A.
El último amparo de garantías está por resolverse en las próximas semanas, informaron fuentes judiciales. Tras ello, el caso tendría que regresar al Tribunal Administrativo Tributario para definir, en última instancia, la supuesta evasión fiscal fijada en más de 3 millones de dólares.
Fuentes de la DGI afirmaron que a Eisenmann ya no le quedan abiertas otras opciones para apelar.
En mayo de 2012, la DGI ordenó el secuestro de 35 propiedades de Desarrollo Golf Coronado, S.A., operador del hotel Coronado.
De acuerdo con la resolución de la DGI 201-5831 de 22 de mayo de 2012, la empresa incurrió en deficiencias en sus declaraciones de impuestos sobre la renta en los periodos 2008, 2009 y 2010, que suman 2 millones 83 mil 590 dólares. Además, 992 mil 765 dólares como parte del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) no pagado por la empresa, según la DGI.
La DGI explicó en la resolución que el objetivo del secuestro era evitar que el contribuyente “trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe, secuestre o embargue o ejerza cualquier otra medida restrictiva sobre los bienes”.
El ente también advirtió que se podrían ordenar nuevas medidas cautelares si se evidencia la existencia de un posible crédito tributario distinto al que motivó la medida original.
En total fueron 35 fincas las que se secuestraron, cuyo valor en conjunto alcanzan los 3 millones 74 mil 580 dólares.
La DGI se basó en el artículo 17 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970, que le da la facultad a esa entidad para ordenar “el aseguramiento, secuestro u otras medidas cautelares sobre todos o cualesquiera bienes del contribuyente cuando exista riesgo por la percepción del crédito respectivo o para garantizar el cobro de la obligación tributaria”.
Eisenmann tiene en Nueva Gorgona más de 70 hectáreas en uno de los sectores turísticos más cotizados de Panamá, cuyo valor actual en el mercado inmobiliario puede oscilar entre los 88 millones de dólares y los 211 millones de dólares, según las agencias de bienes raíces.
Sin embargo, en el Registro Público el valor catastral de esos terrenos no se ha actualizado desde 1978 y la mayoría de ellos se mantiene registrada en 71 centavos el metro cuadrado.
En medio de la investigación, Eisenmann ha reconocido varios “errores contables”, pero sin dejar de politizar la auditoría fiscal de la DGI en su contra alegando supuestas medidas de presión contra la libertad de expresión.
El director de la DGI, Luis Cucalón, ha señalado que el alcance fiscal contra Desarrollo Golf Coronado, S.A., no tiene nada que ver con medidas contra la libertad de expresión, sino algo meramente fiscal.
Antes de que se determinara el alcance de 3 millones de dólares, Eisenmann acudió sorpresivamente a pagar 500 mil dólares en impuestos atrasados.
El empresario reconoció, luego que se le ordenara el secuestro de las fincas, “algunas fallas” en el manejo tributario de la compañía, pero aseguró que la posible cifra de impuestos a pagar nunca superaría los 100 mil dólares.
Sin embargo, Eisemannn se mantiene firme en su estrategia de afirmar que todo se trata de un "abuso de autoridad", e incluso afirma persecución por parte del Ejecutivo.
El empresario ha manifestado que este caso está en apelación en el Tribunal Tributario, a raíz de que el director de la DGI había perdido jurisdicción sobre el caso violando todos los procedimientos.
En contraste, la DGI ha sostenido que todo es parte de un proceso de auditoría que se ha hecho con todos los hoteles de playas del sector pacífico, encontrándose con varios casos de supuesta evasión fiscal.
Incluso uno de los hoteles -que no es Coronado- aceptó llegar a un arreglo de pago con la DGI, luego de que se le hiciera un alcance fiscal por 10 millones de dólares.
- 5 recursos ante la Corte interpuso Eisenmann para tratar de frenar el alcance fiscal de la DGI.
- 3 millones de dólares asciende la supuesta evasión fiscal en investigación.
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