miércoles, 1 de octubre de 2014

Impugnaciones que resuelve el TE serán demandadas en CIDH

El expresidente Ricardo Martinelli viajará a Washington mañana junto con una comitiva del partido Cambio Democrático.



Audiencias
  • Calendario18 audiencias para impugnaciones de representantes, diputados y alcaldes estableció el Tribunal Electoral para los meses de septiembre y octubre.
  • ExcluidosEn medio del proceso de impugnación, tres diputados del Partido Revolucionario Democrático fueron excluidos de la demanda en circuitos plurinominales.
  • CurulesSon diez curules dentro de la Asamblea Nacional que esperan por definirse una vez el Tribunal Electoral resuelva las demandas. En la actualidad, la Asamblea sesiona con 60 diputados y empezó con 57 acreditados.
  • RepresentacionesEl calendario de audiencias contempla seis para definir los cargos de representante y, entre ellos, la mayoría de las demandas son contra miembros del Partido Cambio Democrático.
Tal como adelantaron los representantes del partido Cambio Democrático (CD), durante las diversas audiencias que se siguen contra sus candidatos a puestos de elección demandarán este proceso de impugnación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington.
La demanda al proceso de impugnación se presentará mañana a las 10:00 a.m. por parte del expresidente de la República y presidente de Cambio Democrático, Ricardo Martinelli.
El mismo estará acompañado de copartidarios y abogados que representan a los candidatos de Cambio Democrático.
Entre la comitiva que acompaña al exmandatario están el secretario general de CD, Rómulo Roux, el vocero Luis Eduardo Camacho y los abogados Sidney Sittón y Vittorio Corasaniti.
En la sede de la OEA en Washington, Martinelli será recibido por Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La demanda contra el proceso de impugnación que lleva el Tribunal Electoral se da mientras se espera el fallo de fondo sobre la demanda de impugnación contra el exdiputado del circuito 7-1 Carlos Afú y se desarrollan otras audiencias contra los candidatos a representantes, diputados y alcaldes de CD, por supuesto uso de dinero estatal durante la campaña electoral.
El abogado Sittón, quien representa a Afú en este proceso, dijo ayer que solo están en espera del fallo, que durante la semana pasada pasó al despacho del magistrado del Tribunal Electoral Heriberto Araúz.
De los procesos contra candidatos a diputados, quedan tres por recibir audiencia. Mañana se realizará la audiencia contra el exdiputado Manuel Cohen, del circuito 6-1, el próximo martes será la audiencia contra el candidato Omar Castillo, del circuito 2-1, y el 21 de octubre contra Manolo Ruiz, del circuito 4-5.

Roux: Hay un "matiz político" en la forma de actuar de unos magistrados del TE

"Como partido lo que nos preocupa es que un tema tan importante se haya tratado de una forma irregular", así se expresó el secretario general del partido Cambio DemocráticoRómulo Roux tras conocerse de los errores hallados en el acta que proclamó al presidente de la República, Juan Carlos Varela.
 
Roux indicó que hay un "matiz político" en la forma de actuar de unos magistrados del Tribunal Electoral y frente tenemos que alertar que deben fallar en derecho y no en base a inclinaciones políticas que afecten a Cambio Democrático.
 
"Nosotros hacemos un llamado de alerta y que se falle en derecho en cada uno de los procesos de impuganción de los diputados, alcaldes y representantes que a la fecha no reciben una respuesta", manifestó.
 
En cuanto al manejo de las audiencias por parte de los magistrados, dijo que en general todo se ha manejado bien, pero señaló que aún nadie ha presentado una prueba que demuestre que se debe hacer nuevas elecciones, lo que si he observado es que los testigos de los impugnanates no se han presentado. "Para mí Aseguró que e están jugando con las reglas de juego", aseguró.
 
Hoy, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli en compañía de Roux viajarán a Estados Unidos para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. "Lo que buscamos es que se respete los derechos humanos y la Constitución al momento de llevar adelante este proceso", añadió en el noticiero matutino de NEXtv. 

TE debe explicar el error hecho en acta presidencial

Abogados coinciden en que el Tribunal Electoral tiene que dar la cara por el acta presidencial que contiene una suma de votos equivocada. La falsedad del importante documento público incluso puede ameritar una investigación a lo interno del Ministerio Público


Detalles
  • 3 días después de la proclamación de candidato, es el periodo para impugnar.
  • 399 artículo del Código Electoral que establece las causales para impugnar las elecciones.
Error en la suma de votos era una
 causal para anular la elección
  • En su comunicado, la abogada Edna Ramos explica que el conteo erróneo de los votos ameritó la anulación de la elección presidencial. Hace referencia al numeral 2 del artículo 399 del Código Electoral que establece textualmente “Que el cómputo de los votos, consignados en las actas de las mesas de votación o en las actas de los escrutinios generales contengan errores o alteraciones”. En la misiva en la que Ramos solicitó una explicación a los magistrados del Tribunal Electoral, también cuestiona la falta de firmas por parte de los miembros de la Junta Nacional de Escrutinio así como de los representantes de los candidatos presidenciales por la libre postulación. En este punto, Rafael Benavides quien firmó el acta en representación del excandidato Juan Jované, aclaró que no era obligante que todos los representantes asistieran, aunque a todos les dieron la oportunidad de estar y firmar. Aparte, su comunicado cuestiona cómo entre tantas inconsistencias, el espacio para registrar observaciones permanece vacío, mientras que el Código Electoral establece en el artículo 172 que en las actas, además de los resultados totales del escrutinio, debe hacerse una breve relación de las incidencias formuladas por los partidos políticos, candidatos o sus representantes.
Los errores hallados en el acta que proclamó al presidente de la República, Juan Carlos Varela, y a su vicepresidenta, Isabel De Saint Malo, durante una consulta que le tomaría a la abogada Edna Ramos unos minutos, se ha convertido en uno de los descubrimientos más desagradables de la historia electoral.
Sin imaginar lo que encontraría, Ramos accedió al documento solo para cotejar una información que necesitaba en su rutina laboral, cuando descubrió que la suma de votos es incorrecta y encontró otras inconsistencias que, de acuerdo con el Código Electoral, ameritan una demanda de nulidad o impugnación a la elección presidencial. Y que no ocurrió, porque los errores pasaron desapercibidos para quienes suscribieron y revisaron el acta.
A pesar del llamado que hizo Ramos al Tribunal Electoral (TE), inmediatamente reconoció las fallas, en el TE aseguraron ayer que le corresponde a la Junta Nacional de Escrutinio (JNE) responder como “corporación electoral de carácter autónomo”.
Sin explicación lógica, a la suma de votos de la alianza El Pueblo Primero, conformada por el Partido Popular y el Partido Panameñista, se añadieron 38 votos, tal como lo revela el acta.
Los resultados adjudican 161,178 votos al Partido Popular y 563,584 votos al Partido Panameñista. Un total de 724,762 votos y no 724,724 votos que se describió como la cifra de la victoria presidencial.
Los resultados de la Alianza Unidos por más Cambios del Partido Molirena y el Partido Cambio Democrático también fueron trastocados.
El Molirena logró 98,519 mientras que Cambio Democrático obtuvo 483,309. Cifras que al sumarlas dan como resultado 581,828 y no 581,866, que es la cantidad de votos colocados en el acta.
Según los juristas consultados, es poco lo que se puede hacer con este descubrimiento. Ramos alertó de la situación en representación del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) para que los magistrados den una explicación de los errores.
“Me percaté de una forma muy accidental. Nuestro llamado es para que se dé una explicación. Este es un documento que da fe pública”, dijo la abogada, quien asegura que no se ha hecho la queja para desestabilizar el país, sino para conocer cuál fue la “mecánica que se siguió” sin verificar manualmente.
Al igual que Ramos, el abogado Ernesto Cedeño coincide en que los magistrados del Tribunal Electoral le deben una explicación a la población, aunque la proclamación correspondió a la Junta Nacional de Escrutinio y el error no signifique un cambio de fondo al resultado de la elección.
“La Junta de Escrutinio hace la proclamación, pero el Tribunal Electoral nombró a ese personal y era responsable de capacitarlo”, expresó Cedeño. El Tribunal debió haber hecho notar algún error a la JNE, reiteró Cedeño.
Pero el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal piensa que el error debe, no solo ser explicado, sino investigado por parte del Ministerio Público y no desestimar el hallazgo porque ya venció el plazo para presentar impugnaciones.
“El problema no es que se pueda impugnar, el problema es que deben primero investigar por qué razón nos dieron un acta que no corresponde a la realidad y cómo es posible que hayan caído en una falta de esta naturaleza”, dijo Bernal.
Agregó que “eso amerita una investigación exhaustiva y no la puede hacer el TE, porque ellos no pueden ser juez y parte. Le corresponde al Ministerio Público, eso lo dice la Constitución”.
Sin embargo, el jurista Cedeño opina que hay pocas posibilidades de una investigación por parte del Ministerio Público, porque los magistrados del TE poseen un fuero penal que solo puede levantarse por una decisión colegiada que está en sus propias manos.
Dudas del TE
Los errores en el acta presidencial revelados por parte del Movimiento de Abogados Gremialistas son considerados como otra de las faltas en las que ha incurrido el Tribunal durante el periodo electoral.
Según el abogado Sidney Sittón, representante legal en algunos procesos de impugnación, para estas audiencias se presentan informes de auditorías que no cuentan con un marco legal dentro de las funciones de los empleados del Tribunal Electoral.
Y tampoco se da a los procesos de impugnación el trámite que corresponde según el Código Electoral. El abogado aseguró que “los magistrados están violando la ley, se los hemos demostrado. Te lo resumo, el Tribunal Electoral no tiene rigor”.
Al menos Sittón ha encontrado una manera de sustentar sus quejas al TE, sin embargo, el error en el acta parece un asunto inexplicable.
A juzgar por el relato de Rafael Benavides, representante legal del excandidato presidencial por la libre postulación Juan Jované, quien fue uno de los signatarios del acta, aquel día ni siquiera se reportaron incidentes u observaciones de los candidatos.
Aunque Benavides dijo que desconoce sobre el comunicado divulgado por el MAG, opinó que el descubrimiento de las inconsistencias en el acta de la proclamación presidencial debe quedar como una experiencia para cuidar los resultados del principal cargo de elección popular.
“Se debe tener más cuidado para las futuras elecciones por respeto a la población panameña, que quiere que las elecciones sean de la manera más transparente posible”, puntualizó el dirigente político.

Asesor del Gobierno Mariano Mena enfrenta procesos por violencia.domestica

Michelle Flores, hijastra del asesor de Gobierno Mariano Mena, denunció que el sindicalista no puede defender los derechos civiles de otro cuando él mismo tiene un proceso por violencia doméstica.


Comentarios
  • Desestiman proceso: El 23 de julio pasado, el Gobierno decidió desistir de una querella interpuesta por la administración anterior contra once líderes sindicales, entre estos Mariano Mena.
  • Denuncia penalEl abogado Alejandro Pérez había alegado que Mariano Mena podría pagar de 6 a 10 años de prisión por violencia doméstica y lesiones personales.
  • Apología del delitoEn el Ministerio Público reposa una querella penal contra el sindicalista por supuesta apología del delito.
  • Pidió usar armasLa querella penal se produjo luego de que Mena declarara ante otros líderes políticos que “nos vamos a enfrentar a un proceso electoral en el que nos vamos a tener que levantar a tiros, no nos va a quedar otro camino”.
La designación de Mariano Mena como asesor del Ministerio de Gobierno fue calificada de doble moral, pues violenta los principios de respeto a la mujer y la buena imagen que debe proyectar la institución, por políticos y quienes mantienen procesos legales en su contra.
Ayer, durante la inauguración del Biomuseo, el presidente Juan Carlos Varela reconoció que el dirigente sindical funge como asesor de Gobierno y ya no pertenece al Frente por la Defensa de la Democracia.
No obstante, al conocerse este anuncio, la hijastra del sindicalista, Michelle Flores, señaló que esta decisión es un irrespeto a la mujer panameña.
Flores sostiene que Mena no puede defender los derechos civiles de otros, cuando él mismo tiene un proceso por violencia doméstica.
“Me parece irracional, y desde abril del año pasado ha evadido su responsabilidad con los hechos que cometió; es una burla no solo a mí como víctima, sino al resto de las mujeres que han sido maltratadas”, expresó la denunciante.
Detalló que se han puesto fechas para la audiencia, pero siempre está de viaje o existe una apelación para evitar la comparecencia.
“Siendo un nuevo gobierno está dando una mala imagen, no solo para el pueblo, sino para las mujeres que son maltratadas en este momento porque no hay alguien que las defienda realmente. Es una falta de respeto para la población. Se están burlando en su cara”, declaró la afectada.
Anteriormente, el abogado Alejandro Pérez manifestó que el sindicalista debió ir “preso” y resultaba inconcebible que una figura pública maltrate física y verbalmente a miembros de su familia.
Pérez confirmó ayer que se mantienen tres procesos legales en contra de Mariano Mena.
Por su parte, la diputada de Cambio Democrático (CD) Marilyn Vallarino recordó que públicamente el sindicalista Mena hizo una declaración al lado del excandidato presidencial del PRD Juan Carlos Navarro, donde pedía que tiraran balas contra otras personas.
“Yo no creo que una persona que se ha manifestado de que a nosotros nos tienen que tirar bala, lo tienen que poner en el Ministerio de Gobierno”, apuntó la expresidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.
Consideró que quien amenace a un pueblo, no lo pueden poner en ningún ministerio, y más cuando ese llamado a la violencia fue grabado en público.