jueves, 18 de septiembre de 2014

Martinelli, en foro juvenil Iberoamericano

Foto: Recibiendo reconocimiento en el foro de líderes de la juventud de Iberoamérica LIDER, RMLos expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli; de Uruguay, Luis Alberto Lacalle y de El Salvador, Armando Calderón, reivindicaron la participación de los jóvenes en la política para sanear y dignificar las instituciones y transformar la calidad de vida en los países latinoamericanos.
Los tres políticos participaron en Zaragoza, en el Primer Parlamento Iberoamericano de la Juventud, en el que casi medio centenar de políticos menores de 35 años de 18 países debaten sobre libertades fundamentales y la necesidad de reformar la democracia.
Indicaron que en Latinoamérica existe un problema preocupante de abstención electoral en algunos países con larga tradición democrática y que es necesario involucrar a los jóvenes.
Martinelli explicó que en Panamá la participación en las elecciones es muy alta, casi del 75 %, y que en cada cita electoral se suma una enorme cantidad de jóvenes, pero "desafortunadamente, no muchos de ellos creen en la política ni creen que esta sea un modo de hacer vida".
"Tenemos que involucrar más a los jóvenes" porque ellos, insistió, "vienen con una idea de cambiar los arcaicos sistemas políticos que muchos países tienen, que con el tiempo se van degenerando y no representan, en muchas ocasiones, los mejores intereses de la ciudadanía".

Tribunal de Injurias

Las filtraciones de auditorías y la admisión de imputaciones de orden personal descalifican las audiencias del Tribunal Electoral para las impugnaciones de diputados de Cambio Democrático. Cada vez que se van a realizar las audiencias, los medios de comunicación gobiernistas divulgan auditorías, preparando una atmósfera hostil al impugnado. O el Tribunal Electoral entrega las auditorías a los medios o permite el acceso a ellas para difamar a los diputados, y viola la privacidad de las investigaciones antes de las audiencias. El caso del diputado Noriel Salerno, quien sufrió el vejamen de acusaciones que ultrajan su privacidad individual, llevó a límites extremos la desnaturalización de una audiencia en la que solamente se deben esclarecer únicamente asuntos electorales. El Tribunal Electoral no tiene competencia para ventilar denuncias que incumben a otros tribunales. Sin embargo, el magistrado Erasmo Pinilla permitió esta flagrante desnaturalización de la audiencia. Afirma el enemigo desenfadado de Cambio Democrático que demorará 30 días para pronunciarse sobre el caso del diputado Salerno. No hay necesidad de tanto tiempo para definir un fallo, cuyo desenlace ya se vislumbra.
A menos que intervenga la Corte Suprema de Justicia para atajar los desbordamientos parcializados del Tribunal Electoral, las impugnaciones contra diputados de Cambio Democrático van a negar los derechos de estos mediante impugnaciones ostentosamente dirigidas a reducir la representación legislativa del partido. Las inversiones públicas de orientación social en los circuitos se convierten en denuncias dirigidas a exponerlas como una vulgar compraventa de los electores para que no votaran en forma. Tanto Salerno como Afú tienen una trayectoria de apoyo a las comunidades de Aguadulce y Las Tablas, respectivamente, que no tienen los que quieren ganar curules con el apoyo descarado de los que deben velar por la integridad de los comicios.
Las impugnaciones expresan la desesperación política del gobierno. Los impugnadores son peones de la mascarada antidemocrática puesta en marcha por el oficialismo para reducir las 30 diputaciones que ganó Cambio Democrático.
El objetivo es gobernar sin oposición. Imponer una mayoría fraudulenta en la Asamblea, mediante negociaciones de venta de patio con un aliado que hará cualquier cosa para subsistir después del descalabro electoral de sus candidatos. Están enlazados por una alianza contra natura. El gobierno persigue destituir a quienes no obedezcan sus órdenes. Por esta clarísima razón ha llenado la administración pública de una red de parientes y allegados políticos que abruman la planilla estatal financiada por los contribuyentes. El PRD, con su reconocida astucia, maniobra para elevarse de su posición disminuida y obtener ganancias que el electorado rechazó.
Con carácter de urgencia notoria, Panamá requiere una oposición legislativa como contrapeso a los errores continuos del gobierno panameñista. Una oposición realista y patriótica que ataje los desmanes contra el Estado de derecho. Una oposición que exija el cumplimiento de la ley que prohíbe el nepotismo. Una oposición legislativa inexistente desde el momento en que el PRD la traicionó con una componenda llamada acuerdo de gobernabilidad. Panamá se fundó para beneficio de todos los panameños, no para el lucro de un puñado de familias y grupos económicos. Las impugnaciones tienden a favorecer el gobierno de familia que actúa por encima de los legítimos derechos de todos los panameños. Los privilegios dinásticos no han desaparecido.

Pineda: Navarro es un cobardón

Pineda: Navarro es cobardón
El diputado Raúl Pineda tildó ayer al excandidato presidencial y exsecretario general del PRD Juan Carlos Navarro de "cobarde" por abandonar el colectivo.
  Pineda reaccionó así al conocer que Navarro reapareció en las redes sociales para escribir que "Panamá requiere un contralor independiente, íntegro, valiente y de comprobada ejecutoria. ¡Aprovechemos para hacer las cosas bien!".
  “Navarro, ¿quién es ese? No me acuerdo de él”, expresó el diputado, quien agregó que lo que Juan Carlos debería hacer es darle la cara al pueblo, en vez de andar tuiteando.
Pineda y Navarro tuvieron roces tras el caso Messina, cuando el excandidato se anticipó a pedir la expulsión del diputado, pero luego hicieron las paces y hasta "pavipollos" repartieron juntos en San Miguelito.

El presidente del PRD alaba a Varela en twitter

El diputado Robinson publicó ayer por lo menos una decena de tuits en su cuenta para alabar el trabajo del presidente Varela

Juan Carlos Varela y Benicio Robinson recorrieron la planta poltabilizadora. Presidencia de la República

LA ESTRELLA - A menos de una semana para que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) renueve la mitad de su dirigencia, el presidente del colectivo, el diputado Benicio Robinson, ha dado muestras de querer un acercamiento con el presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Justo en momentos en que se habla de la renegociación del Pacto por la Gobernabilidad —entre el PRD y el Panameñista— y la Asamblea Nacional está próxima a elegir al nuevo contralor de la República, el dirigente de los perredistas participó en la gira que hizo el presidente de la República a la provincia de Bocas del Toro, jurisdicción por la que Robinson es diputado.
El diputado Robinson publicó ayer por lo menos una decena de tuits en su cuenta para alabar el trabajo del presidente Varela y destacar que le brindará su apoyo para gobernar.
Después del recorrido por diferentes puntos por Bocas del Toro, el perredista mostró su confianza en el trabajo del presidente Varela.
Las opiniones de Robinson fueron más allá; adelantó que desde la Asamblea Nacional, en conjunto con el diputado Adolfo Valderrama, ‘haremos las leyes necesarias para que el pueblo panameño tenga mejores condiciones de vida’.

Pandilleros acabaron con la tranquilidad en el oeste

Dos pandillas originarias de la capital intentan ganar terreno en Panamá Oeste para imponer el tráfico de drogas y armas, la extorsión y el terror. Extorsionan a empresarios y amenazan a los ciudadanos para quedarse con sus viviendas, con el fin de afianzar sus actividades ilícitas.




  • 42 homicidios hasta agosto de 2014 en los distritos de La Chorrera y Arraiján.
  • 15 años es el tiempo que tienen de construidos los multifamiliares en San Antonio de La Chorrera, un proyecto que fue duramente cuestionado por los moradores.
Lucha por el control arrincona a la población
  • Comunidades costeras y los barrios ubicados en las áreas urbanas de estos distritos son los sitios predilectos para los pandilleros
La tranquilidad y el ambiente interiorano que reinaban en Panamá Oeste se han visto violentamente interrumpidos por salvajes asesinatos, guerras por el control de territorio para el tráfico de drogas y armas, extorsión a empresarios y amenazas a la población.
Las pandillas Bagdad y Calor Calor imponen el terror en diferentes comunidades, en las que mantienen a la población casi secuestrada con el temor a ser víctima de la guerra generada por el tráfico y el comercio de drogas.
El cruel asesinato el sábado pasado de una familia en San Antonio de La Chorrera y los 42 crímenes violentos perpetrados en lo que va del año en la provincia son una prueba de la difícil situación de inseguridad que vive la región.
Las pandillas están ganando terreno y es tal su poderío que mantienen sitiadas a comunidades enteras con armas de alto calibre, como fusiles de asalto.
Según informes de inteligencia que manejan los estamentos de seguridad nacional, estos grupos delictivos han llegado hasta a hacer pactos para mantener el control en diferentes puntos de los principales distritos de la provincia.
Este pacto, que se hizo en uno de los centros penitenciarios del país entre los cabecillas, determinó que Bagdad controlara las zonas costeras de La Chorrera y Calor Calor, las de Arraiján.
La violencia se recrudeció en las últimas semanas porque los mandos medios no respetaron este pacto. A lo interno de las mismas pandillas se están disputando el control de la venta local de drogas.
Estas disputas internas han motivado que de los 28 asesinatos cometidos en La Chorrera, 23 podrían estar vinculados a las actividades delictivas de las pandillas y el crimen organizado.
Bagdad y Calor Calor tienen su génesis en las áreas urbanas de Panamá y San Miguelito, pero según informes de inteligencia, estas bandas se han movilizado a comunidades de Panamá Oeste, principalmente a las zonas costeras.
La migración de estos pandilleros hacia el oeste obedece a su cercanía con los carteles transnacionales del tráfico de drogas, a los cuales les brindan los servicios de custodia y, en ocasiones, hasta les roban las sustancias ilícitas por medio del conocido tumbe.
Los aparatos de investigación en Estados Unidos revelan que las costas del Pacífico panameño siguen siendo la ruta por excelencia para el tráfico de drogas.
Por esta razón se explica que estos grupos prefieran instalarse en zonas apartadas de comunidades costeras como Puerto Caimito, en La Chorrera, controlado por Bagdad, y en Bique de Arraiján, que es territorio de Calor Calor.
Extorsión
Informes policiales revelan que empresarios que operan en estas zonas costeras de Panamá Oeste han sido objeto de extorsión por parte de estas pandillas, las cuales les ofrecen seguridad a sus empresas a cambio de que no haya presencia policial en las costas para que ellos tengan libre circulación.
Muchos empresarios se han resistido a pactar con las pandillas y han sufrido las consecuencias al recibir amenazas. El temor ha provocado que muchos de sus trabajadores decidan renunciar por la inseguridad de laborar en las costas.
Un empresario del área de Puerto Caimito en La Chorrera confirmó a Panamá América que esta situación se está registrando, por eso considera que es positivo que la Policía Nacional tenga mayor presencia en las calles de la comunidad por medio de retenes, de forma permanente.
Luego de los incidentes que se registraron el pasado fin de semana en la barriada San Antonio del distrito de La Chorrera, unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) y de la Policía Nacional mantienen dos puestos de control en la entrada de la populosa comunidad costera.
La situación se complica debido a que los grupos delictivos que operan en las zonas costeras necesitan mantener células en comunidades ubicadas en las áreas centrales de estos distritos para la venta de la droga que se queda en el país como resultado del pago que las organizaciones criminales les dan por su custodia.
Esta situación ha provocado que comunidades en La Chorrera que en un tiempo fueron ejemplo de tranquilidad en la provincia de Panamá Oeste sean presas del temor por la guerra declarada entre pandillas.
Comunidad en crisis
En el caso de San Antonio de La Chorrera, las personas prefieren estar prácticamente prisioneras en sus casas. “Cuando cae la noche, nadie sale, ni siquiera para ir a la tienda”, comentó una señora temerosa desde detrás de los barrotes de las verjas de hierro que protegen su residencia.
Otras familias han preferido ceder y han vendido sus propiedades a muy bajo precio, con tal de irse a otros lugares en donde no haya presencia de grupos delictivos.
La señora Soraya, quien tiene 44 años de vivir en San Antonio de La Chorrera, asegura que todo cambió hace 15 años, cuando en mayo de 1999, el entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, inauguró un complejo de edificios para damnificados de áreas rojas de la capital, obra que fue fuertemente cuestionada por los moradores.
Soraya recuerda que toda la comunidad firmó una nota de protesta que sustentaba el peligro que sería la construcción en el lugar de estos multifamiliares; el barrio no volvió a ser el mismo, rememora.
El proyecto se construyó para darles solución de viviendas a personas residentes en Calidonia y Curundú que habían sido afectadas por diversos incendios y fue promovido por la entonces ministra de Vivienda, Balbina Herrera.
Comenta Soraya que desde entonces la comunidad empezó a cambiar, eran más frecuentes las riñas públicas, escándalos y el consumo de alcohol y drogas.
La violencia en el lugar se fue recrudeciendo en los últimos meses, debido a que una célula de Bagdad fue desplazando a los otros grupos: MOM (Matar o Morir) y Toca y Muere, entre otros, que habían llegado al lugar procedentes de Curundú y Calidonia.
Estas diferencias fueron motivando enfrentamientos armados en plena vía pública, lo que ha afectado a los ciudadanos decentes que residen en estos lugares, relató Soraya.
En enero de 2013, una señora que viajaba en un autobús quedó atrapada en una balacera entre pandilleros de ese lugar; fue impactada con un disparo en la cabeza y murió.
Plan cuadrante
La violencia se calmó durante un tiempo porque la policía decidió montar un retén policial permanente como parte de una estrategia de seguridad en el lugar.
No obstante, hace tres semanas, los encargados de la seguridad del país cambiaron de estrategia y sustituyeron los retenes policiales y los operativos por un sistema denominado plan cuadrante.
Este plan consiste en reemplazar a la policía represiva con presencia en las calles por una policía que permanezca en los cuarteles armando estrategias de prevención y de inteligencia.
El subcomisionado Gregorio Alvarado, subjefe de la Zona de Policía de Panamá Oeste, asegura que mantienen el orden público en el área. No obstante, reconoció que la lucha por el control de la venta de drogas en el área es lo que ha motivado los conflictos de las últimas semanas.
Alvarado dijo que la policía logró retornar la calma en San Antonio con la captura de los pandilleros involucrados en el asesinato de una familia entera el sábado pasado y que eran quienes estaban sembrando el terror en el lugar.