lunes, 24 de septiembre de 2012

CEMIS: Magistrado pide anular recurso a favor de Torrijos

Defensa de Torrijos ha presentado 14 recursos

Magistrado pide anular recurso a favor de Torrijos

El expresidente ha presentado un nuevo recurso en el que solicita desetimar todo lo actuado desde 2010. El fiscal del caso advierte que el pedido es improcedente
 
PANAMÁ - El equipo legal del ex presidente Martín Torrijos presentó un incidente de controversia en el polémico caso CEMIS.

El recurso fue presentado el 20 de agosto y argumenta que en 2010, cuando se reabrió el caso, a cargo del magistrado Alejandro Moncada Luna como fiscal, se instruyó un nuevo expediente en lugar de tomar como punto de partida el que ya había adelantado José Antonio Sossa como procurador en 2002.

Hoy el fiscal del caso es Abel Zamorano y recomendó al magistrado sustanciador, Efrén Tello, que ‘rechaze por improcedente’, el incidente de controversia y ratifique la solicitud de impedir la salida del país sin autorización al expresidente Torrijos.

La defensa de To
rrijos no descartó que en el proceso se presenten nuevos recursos como estrategia legal.
El escándalo por el caso Cemis que estalló a finales del año 2001 continúa complicándose. Hasta el momento según el magistrado-Fiscal, la defensa de Torrijos ha presentado 14 recursos

Tras once años, el proceso judicial que se le sigue al expresidente de la República, Martín Torrijos y otros políticos por su vinculación al Caso Cemis, se sigue complicando.

Y es que a principios de este mes el magistrado Fiscal, Abel Zamorano, recomendó ‘no admitir’ y que se ‘rechaze por improcedente’ un Incidente de Controversia presentado el mes pasado, por James Bernard, quien forma parte de la defensa de Torrijos.

En dicho recurso, el abogado solicitó que se declare la nulidad de las actuaciones de la Corte desde el 29 de julio de 2010, cuando ordenó la reapertura del proceso y el magistrado Alejandro Moncada Luna fue designado como fiscal del caso y posteriormente dio inicio a la investigación.

En la documentación presentada, Bernard detalla que cuando se ordenó la reapertura del caso, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ‘debió valorar o calificar las consideraciones legales que recomendó el entonces procurador General de La Nación, José Antonio Sossa Rodríguez, mediante vista fiscal N° 155 del 31 de diciembre de 2002’, en la que solicitó al pleno de la CSJ el llamamiento a juicio de Carlos Afú, Stephen Meter Jones, y Joseph Martin Rodin y un sobreseimiento provisional a favor de Mateo Castillero.

Contrario a este procedimiento, el jurista sustenta que el Magistrado Fiscal en lugar de tomar en cuenta las consideraciones legales establecidas en la vista fiscal anteriormente enunciada, continuó con la instrucción del expediente, siendo ello contrario a las normas legales vigentes.

LA RESPUESTA DE ZAMORANO 

En respuesta a esta petición, el Magistrado Fiscal, Abel Augusto Zamorano, recomendó el rechazo de este incidente, argumentando que ‘no le asiste razón jurídica’ al abogado defensor cuando sostiene que el pleno vulneró normas del debido proceso al no resolver la vista fiscal 155 del 31 de diciembre de 2002. En su lugar, replica que todo se hizo en apego a las normas procesales que rigen los juicios penales ante la Corte.

Dice que la documentación fue remitida al pleno de la Corte en el estado en que se hallaba por parte de la Procuraduría General de la Nación con la finalidad de que este órgano del Estado realizara la función de investigar y juzgar al diputado Carlos Afú Decerega, tal como lo prescribe la Constitución Política.

Siendo así Zamorano resalta que el Fiscal Comisionado consideró que existían elementos de prueba suficiente para investigar a otra persona vinculada que, al igual que al señor Afú Decerega, gozaba de la prerrogativa procesal de ser juzgado ante el pleno en su condición de diputado.

Precisamente sobre este último planteamiento se aclara que el expresidente de la República, Martín Torrijos, está siendo investigado ‘exclusivamente’ por el pleno de la Corte en su condición de diputado del Parlacen.

También se hace especial hincapié en que la defensa de Torrijos que públicamente —ha agraviado la personalidad del Fiscal con publicaciones y entrevistas en los medios—’es testigo inexcusable’ de que la investigación se realizó con estricto apego a la Ley y respetando el derecho de la defensa.

RECOMENDACIONES FINALES 

Además el magistrado Zamorano alega que el imputado —Torrijos— nunca estuvo en situación de indefensión más que la ocasionada por su propia renuencia de acudir al Despacho y ahora Tribunal de la causa, lo que traduce como ‘un perjuicio irreversible’ para el propio Torrijos.

Zamorano concluye que ‘con este decimocuarto incidente’, queda claro que la defensa de Torrijos quiere valerse de mecanismos procesales de defensa para procurar a toda costa algún vicio de nulidad que lleve al pleno a ‘no resolver’ el fondo de la causa y que su cliente no comparezca a los estrados del Tribunal a cumplir con su obligación de imputado.

Más allá de esto, el magistrado sustanciador también

pide que se matengan las medidas cautelares contra Torrijos ya que su renuncia al Parlacen aún no ha sido confirmada, por lo que no habría causal de nulidad, ni violación al proceso.

‘VIENEN MÁS RECURSOS’ 

Frente a los hechos, el abogado Carlos Carrillo, quien también forma parte de la defensa de Torrijos, no descartó la posibilidad de que ‘presenten más recursos de incidencia’.

Al igual que su colega, Carrillo se pregunta: ¿cómo se hizo una investigación sin reconocer que había una vista fiscal emitida por el Ministerio Público? —eso recalca— ‘ a nuestro juicio es ilegal’.

Por ahora, el panorama judicial de Martín Torrijos se torna bastante complejo, mientras que la defensa del expresidente insiste en que ‘el problema del Caso Cemis es un tema con un matiz político-jurídico que está afectando la justicia panameña’.

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