Alfonzo Zamora | Periodista
La suspensión de las elecciones de El Bebedero de Tonosí, donde la maestra del pueblo, Nidia Cureña obtuvo una amplia victoria de 3 a 1, es la confirmación de que muchos de los fallos del Tribunal Electoral son dictado “de todas maneras”, como ha señalado el jurista Carlos Richard Araúz.
Si recordamos la anulación de las elecciones en el Darién en que la candidata Haydée Milanés de Lay recibió un pase de factura política de parte de alguien que todos conocemos.
El protagonismo de estos casos es el presidente del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, un extraño personaje que en su trayectoria por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) ocupó los cargos de ministro de Vivienda, director general del Fondo de Inversión Social (FIS), además de fiscal electoral y otros, sin que haya tenido una verdadera militancia en el colectivo.
Después del fallo de El Bebedero los abogados se preguntan por qué no se procesó a quienes fueron señalados como los autores de la compra de votos y en vez de eso se anularon los resultados.
Los conocedores indican que el fallo más que suspender las elecciones de la maestra Nidia Cureña lo que se quería dejar el precedente de un posible utilización de los bienes del Estado para justificar la anulación futura del escrutinio popular del 2014.
El magistrado ha realizado varias veces declaraciones desafortunadas que violan la institucionalidad y la separación de poderes. Él habla de fraudes y suspensiones electorales, como los constantes ataques a la Asamblea Nacional como ejemplo, al señalar que es un centro “mezquino, egoísta, de autoservicio, con una fórmula utilizada por los diputados que se han cambiado de partido tan solo por seguir un cálculo político.
Solís ha quedado al descubierto y deja sembradas dudas sobre su actitud e intereses, porque defiende cualquier situación menos la constitución y refleja una imparcialidad electoral.
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