sábado, 25 de octubre de 2014

ILEGALIDAD: Tribunal Electoral no cuenta con fórmula para impedir el doble voto

Frente a la posibilidad de que se aplique el doble voto en los circuitos plurinominales, magistrados del TE no cuentan con una fórmula para impedirlo. Esta situación fue repudiada por juristas y las partes afectadas que califican de inconstitucional la acción e impedir que un candidato pueda correr.



Los fallos emitidos por el Tribunal Electoral (TE) en los casos de impugnaciones para los circuitos plurinominales no solo sentarían un precedente nefasto para el país, al permitir el doble voto, sino que también serían ilegales a todas luces por estar en contra de lo que reza la Constitución Política.

Tras conocerse el fallo del circuito 4-1 (David), varios juristas han planteado la necesidad de que el TE esclarezca lo antes posible cómo se aplicarían nuevas elecciones sin que los electores voten por dos candidatos, es decir, incurran en el doble voto, ya que la autoridad electoral entregó la credencial al diputado Samir Gozaine, quien corrió por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Ayer, el magistrado del TE Eduardo Valdés Escoffery hizo la salvedad de que los fallos emitidos en los circuitos plurinominales podrían reconsiderarse, pues aún se analiza si los candidatos del PRD participarán o no.
Esto, luego de que en el circuito se anularon las elecciones, y posteriormente se debe decidir quiénes participarán.
“O van todos o se excluye al PRD, porque ya recibió una credencial”, declaró Valdés Escoffery a los medios, en relación al caso del circuito 4-1, donde fue impugnado el candidato electo Miguel Fanovich, del Molirena.
Escoffery opinó que enfrenta una situación sin precedentes, y sobre la marcha tomarán las decisiones que servirán de base para que en las reformas electorales pueda esclarecerse la norma electoral.
No obstante, el abogado Ernesto Cedeño advirtió que sería inconstitucional impedir que el otro candidato del PRD en el 4-1 Denis Arce participe de nuevas elecciones.
“Por qué le vas a impedir al PRD que pueda participar; ¡porque ahora te diste cuenta de que se puede llevar todo el pastel!”.
Si el circuito es plurinominal, corren dos del PRD y uno se lo ganó, entonces cómo le vas a prohibir al otro que corra si estás anulando la elección. Están en su derecho correr, por que el problema lo creó el TE dando credenciales a un diputados”, subrayó el abogado.
En tanto, el representante legal de Florentino Ábrego, candidato panameñista del circuito 4-1, Javier Ordinola, quien impugnó las elecciones, coincidió con Cedeño en señalar que la posibilidad para volver a correr es para todos los candidatos que compitieron el 4 de mayo.
“No puede haber ningún impedimento para alguno, la única forma en que no corran es porque renuncie a su postulación, pero la papeleta del 4 de mayo se repite solo sacando a Gozaine porque ya el Tribunal ordenó entregar su credencial”, afirmó Ordinola.
Detalló que “todos los candidatos participarían en la elección para escoger las dos curules que faltan, y lo que tiene que reglamentar el TE sería cómo va a asignar esas curules”.
Por su parte, Sidney Sittón, abogado defensor de varios candidatos impugnados de Cambio Democrático (CD), manifestó que en el circuito 4-1 no se pedirá reconsideración.
El magistrado del Tribunal Electoral Heriberto Araúz explicó que su voto razonado en los circuitos plurinominales se debió a que existieron irregularidades, cercano a las elecciones, durante y después del sufragio que pudo afectar el proceso y la honradez del sufragio.
“Lo importante es que la comunidad tenga claro que cuando los jueces y magistrados analizamos los casos, cada uno tiene que mirarlo en particular, ver las pruebas presentadas y la magnitud y gravedad del daño”, manifestó.
El magistrado explicó que la diferencia entre el voto razonado y el salvamento de voto (conforme ha votado en cada fallo) sería que en el primero tiene razones distintas para llegar a la misma conclusión y en el último no estaría de acuerdo con la parte emotiva ni resolutiva.
Mientras, el secretario general de CD, Rómulo Roux, cuestionó que el Tribunal Electoral haya desconocido la voluntad de los electores, y que los fallos sean meramente políticos. “Es parte de un plan de la alianza TE-Panameñista”, dijo.
En cinco de los diez procesos de impugnación contra diputados que resultaron electos por CD, los magistrados del TE han favorecido a los impugnantes en detrimento de los impugnados.
El diputado electo en el circuito 4-1, por el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Miguel Fanovich, señaló que este fallo no tendría ninguna base legal, pues de las 14 causales de las que se le acusa, no se logró demostrar nada.
“Hemos visto con suma preocupación que todos los impugnados vayan a elección, porque Valdés Escoffery y Pinilla han dicho que usaron los recursos del Estado bajo el argumento de que no deben ser usados por los diputados, cuando siempre ha sido así, y ahora sería un pase de factura”, sostuvo.
“Es un fallo histórico que tendrá repercusiones, quizás aquí no. Eso es inconstitucional, es un delito, yo no sé lo que va a hacer el Tribunal con esto del doble voto. Pareciera que es un Tribunal amañado donde la consigna es ir en contra de dos partidos”, dijo.
Fanovich, quien busca la reelección, advirtió al magistrado Pinilla que no piense que son “las santas palomas”, ya que en este periodo se ha comprobado que ha viajado como seis veces con sus mujeres, hijo y parientes, fuera del nepotismo que tiene en el TE y se debe denunciar.
Ayer, el exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Vallarino, dio a conocer que su cliente en la impugnación del 7-2 por parte de CD, Mariela Vega, ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, prestar atención a las decisiones del TE sobre la anulación de elecciones.
Vallarino estuvo en compañía de la candidata electa durante su viaje a Washington para hacer que se reconsidere el fallo del TE que anuló la proclamación de la candidata.
Manifestó, además, que la CIDH estaría evaluando “la adopción de medidas cautelares”, en relación a la nulidad de las elecciones en el circuito 7-2, y para ello “la OEA enviará una misión poselectoral a Panamá”.
El Tribunal Electoral ordenó la repetición parcial de elecciones en 15 mesas en el circuito 7-2, el cual corresponde a los distritos de Los Santos, Macaracas y Tonosí.
En este circuito, el impugnante fue el exdiputado Olivares Frías, del PRD, quien en la audiencia denunció que Mariela Vega utilizó recursos del Estado, mas no se presentaron pruebas de que haya sido así.

"OEA enviará Misión post-electoral a Panamá por decisiones del TE": Vallarino

A través de su cuenta de twitter el exembajador panameño ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Vallarino, anunció,  este viernes 24 de octubre,  que  junto a su cliente la dirigente de Cambio Democrático (CD), Mariela Vega: "hemos solicitado [ante la OEA] en Washington prestar atención a las  decisiones del TE sobre la anulación de elecciones".  
Vallarino viajó junto a Mariela Vega a la OEA para exponer el fallo del TE que anuló  la proclamación de la dirigente política,  como diputada del circuito 7-2.
En otro tuit manifestó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA se encuentra considerando "la adopción de medidas cautelares",  con motivo de la  anulación  de las  elecciones en el circuito 7-2, por lo que "la OEA enviará Misión  Post Electoral a Panamá".  
El pasado 16 de octubre, el TE ordenó la repetición parcial de elecciones en 15 mesas en el circuito 7-2 que comprende  Los Santos, Macaracas y Tonosí.

Según el TE en circuitos plurinominales electores votarán dos veces

 CD alega que habrá ciudadanos que votarán dos veces


La metodología para realizar las elecciones en los circuitos plurinominales aún no se define y el escenario es tan complicado que ni siquiera los magistrados del Tribunal Electoral lo tienen claro. 

Son los magistrados quienes deben definir quiénes pueden votar y cuáles colectivos pueden correr para buscar una de las dos curules que restan en el circuito 4-1 que ya tiene un fallo en firme y el 9-1 y 2-1, en el caso de que se anulen también las elecciones en estos dos últimos circuitos.

El diputado Samir Gozaine logró el triunfo y se incorporó a la Asamblea Nacional, aunque estaba en el circuito 4-1, impugnado por Florentino Ábrego, candidato panameñista.
El secretario general del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, ha reiterado que al realizarse nuevas elecciones en los circuitos plurinomimales, los electores tendrán la oportunidad de votar dos veces. En las últimas Reformas Electorales, se eliminó el voto plancha, recordó.
Los magistrados del TE convocaron en el último fallo, hecho público el pasado jueves, a nuevas elecciones parciales en todo el circuito 4-1 para elegir dos diputados. Según el Padrón Electoral, 108,727 están habilitados para volver a votar.

viernes, 24 de octubre de 2014

Fallos del Tribunal Electoral sigue agenda de Varela: Alma Cortés


El Tribunal Electoral está siguiendo una agenda trazada por el presidente Juan  Carlos Varela, denunció la exministra de Trabajo y subsecretaria general de Cambio Democrático (CD), Alma Cortés.

La dirigente de CD, manifestó que en el caso de los fallos  de las impugnaciones, el Tribunal ha de mostrado  que no hay imparcialidad, sino parcialidad. "Están haciendo un trabajo al presidente de la República Juan Carlos Varela, quien mantiene las manos dentro del Tribunal Electoral", expresó.

La abogada indicó, que los fallos del TE contra diputados del CD, es con el  fin de que no haya mayoría de esta bancada en la Asamblea Nacional.

Cortés,  informó  que se presentará un recurso de reconsideración, para agotar los recursos legales, aunque se sepa cual será el resultado. "No podemos mantener la justicia electoral secuestrada a manos de quienes están parcializados",  agregó.

Mientras que Rómulo Roux, dijo que el Tribunal   ha desconocido la voluntad de los electores, y los  fallos  han sido meramente políticos. "Es parte de  parte  un plan de alianza TE-panameñismo", destacó.

En cinco de los diez procesos de impugnación contra diputados que resultaron electos por CD, los magistrados del Tribunal han favorecido a los impugnantes en detrimento de los impugnados.

Nuevo Cacique afirma que Silvia Carrera "se doblegó ante el gobierno de Varela"

Según Sánchez explicó que Silvia Carrera se extralimitó en sus funciones y sostuvo conversaciones con otras organizaciones.

Silvia Carrera. Archivo La Estrella


El presidente del Congreso Ngäbe Buglé, Edilberto Sánchez indicó en la edición matutina de Telemetro Reporta que el congreso de dicha agrupación está conformado por 280 delegados que son electos en cada una de las regiones de la comarca.

Según Sánchez explicó que Silvia Carrera fue la máxima autoridad administrativa tradicional y que fue elegida mediante el voto popular y después ratificada por el congreso.
El Presidente afirmó que Carrera se extralimitó en las funciones y que además estaba sosteniendo conversaciones con organizaciones que no tienen nada que ver con la comarca y además la destitución de Silvia Carrera no tiene intereses políticos.

El representante de la comarca indicó que para ser elegido como Cacique no se puede estar inscritos en ningún partido político.
Por su parte. Genaro Smith, el nuevo Cacique electo por el congreso, manifestó que él fue suplente de Carrera y que además ella se doblegó ante el gobierno.

Fallos de Pinilla y Scoffery favorecen al PRD: Fanovich

Fallos del TE favorecen a impugnados; denuncian falta de imparcialidad



A la fecha, el Tribunal Electoral (TE) ha favorecido a todos los candidatos que presentaron denuncias de impugnación en las pasadas elecciones, incluso después de que no se lograra comprobar las causales de cada caso, denunciaron las partes afectadas.
 
El diputado  electo en el circuito  4-1, por el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Miguel Fanovich, señaló que este fallo no tendría ninguna base legal, pues de las 14 causales de las que se le acusa,  no se demostró nada.
 
"Hemos visto con suma preocupación de que todos los impugnados vayan a elección porque Valdés Escoffery y Pinilla han dicho que el uso de los recursos del Estado bajo el argumento de que no debn ser usados por los diputados, cuando siempre ha sido así, y ahora sería un pase de factura".
 
"Es un fallo histórico que tendrá repercusiones, quizás aquí no. Eso es inconstitucional, es un delito, yo no sé lo que va a hacer el Tribunal con esto del doble voto. Pareciera que es un Tribunal amañado donde la consigna es ir en contra de dos partido", concluyó.
 
Fanovish, quien busca la reeleccion, agregó: “Pinilla que no piense que son las santas palomas, en este periodo hemos comprobado que han viajado como seis veces con sus mujeres, hijo y parientes, fuera del nepotismo que está en el TE y debe denunciarse por el pueblo panameño”, manifestó.

jueves, 23 de octubre de 2014

POLITICA: PRD Presenta denuncia y piden expulsión de Ovidio Díaz

La denuncia señala a Díaz, en diversas caminatas, eventos, giras y diversas actividades en comunidades santeñas con los candidatos de la alianza “El Pueblo Primero” que impulsaba la candidatura de Juan Carlos Varela, para la presidencia de la República.


Presentan denuncia y piden expulsión de Ovidio Díaz

La situación se complica para el candidato a diputado por el circuito 7-1, Ovidio Díaz, luego que dos dirigentes y miembros de su propio partido, presentaran ante la Fiscalía del PRD, una denuncia en su contra por la "flagrante violación" de los estatutos de ese colectivo.
Se trata de la denuncia presenta ayer ante el fiscal del partido, Víctor De Gracia, por el representante perredista del corregimiento de Río  Hondo, en Guararé, Héctor Vargas y el dirigente político del PRD en Las Tablas, provincia de Los Santos, Melquiades Cárdenas.
Vargas y Cárdenas, piden la "expulsión inmediata" de las filas del PRD de Ovidio Díaz, así como su "investigación, juzgamiento y sanción" por parte del Tribunal Nacional de Disciplina, por presuntamente violentar  e infringir el artículo No. 83 del estatuto interno del PRD.
La denuncia contra Díaz, anexa pruebas y evidencias que lo señalan como el candidato del PRD que en su "desmedida ambición" de ser diputado a cualquier costo, “traicionó y no apoyó”  pidiendo el voto a la oferta electoral del colectivo debido a los pactos y acuerdos suscritos con adversarios.
Acusan a Díaz, de haber sostenido reuniones preelectorales con el entonces presidente del MOLIRENA, Sergio González Ruiz y otros, para "conspirar" contra la candidatura para la Alcaldía de Las Tablas, contra los aspirantes del PRD, Ángel Barrios y Noe  Herrera, así como de la candidata Estelvina Quintero.
Señalan que el acuerdo entre González Ruíz y Ovidio Díaz,  iba destinado al apoyo de su candidatura como diputado del PRD en el 7-1, a cambio del "respaldo de los perredistas"  a la campaña de la candidata a la Alcaldía por el MOLIRENA, Kenia Zambrano de Jaén.
También acusan a Díaz de sostener conversaciones secretas con los dirigentes del Panameñismo y el Partido Popular, en Los Santos, Omar Arrocha y Nelson Cedeño, para acordar el "apoyo mutuo" entre sus candidaturas para las elecciones del  pasado 4 de mayo.
La denuncia señala a Díaz, en diversas caminatas, eventos, giras y diversas actividades en comunidades santeñas  con los candidatos de la alianza “El Pueblo Primero” que impulsaba la candidatura de Juan Carlos Varela, para la presidencia de la República. 
De igual forma, acusan a Díaz de apoyar la candidatura por el panameñismo en El Muñoz, de Erika González y en Las  Tablas, de Aida Batista, en detrimento de los candidatos del PRD y del propio candidato a la presidencia Juan Carlos Navarro.
Lo señalan también de haber presentado denuncias ante el Tribunal Electoral, por manejo irregular de fondos  y  que hicieron un "daño irreparable" al propio PRD y a los representantes del  Bayano, Peña Blanca, Las Tablas Abajo, Río Hondo, Sesteadero, El Pedregoso, La Miel y Santo Domingo.
Culminadas las elecciones Díaz, recibió una amonestación del Presidente Provincial del PRD en Los Santos, porque convocó a una conferencia de prensa donde invitó a una serie de dirigentes y políticos de la alianza “El Pueblo Primero”, lo que fue percibido como una alianza con los adversarios del colectivo.

Convocatoria a sesiones extraordinarias para elegir el contralor sería ilegal

La elección del contralor general de la República en sesiones extraordinarias sería bajo el mandato del Ejecutivo.



Datos
  • Sesiones: El artículo 183 de la Constitución plantea las atribuciones que ejerce por sí solo el presidente de la República: adopta las medidas necesarias para que la Asamblea Nacional se reúna y el día señalado en que deba ser convocada a sesiones extraordinarias.
  • Tiempo: El periodo ordinario de la Asamblea vence el 31 de octubre.
La convocatoria a sesiones extraordinarias anunciada ayer por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, va en contra de la Constitución y el principio de independencia que tiene la Asamblea Nacional para designar al próximo contralor general de la República.
Uno de los primeros en plantear esto fue el jefe de la bancada de Cambio Democrático (CD), Fernando Carrillo, quien cuestionó que legalmente se incurriría en un elemento innecesario.
“La elección del contralor es exclusivo de la Asamblea, donde el Ejecutivo no puede intervenir. El llamado a sesiones extraordinarias lo está haciendo el presidente; entonces, no es lógico que el Ejecutivo convoque para atender un tema que es de estricta competencia del Órgano Legislativo”.
El artículo 161 de la Constitución señala las funciones administrativas de la Asamblea Nacional, entre ellas la elección del contralor.
El defensor de los derechos humanos y dirigente empresarial Roberto Troncoso sostuvo que la ley y la Constitución señalan que las sesiones extraordinarias son únicamente para aprobación de proyectos que proponga el Ejecutivo.
“Salvo que el artículo le permita al presidente proponer cualquier cosa, es solo para proyectos que no pudieron tramitarse”, enfatizó.
Ayer, el mandatario señaló que “faltan temas por tratarse, y quedan menos de seis días para que culmine este periodo”.

"Varela le da beneficios a la Cacica Silvia Carrera": Liborio Miranda

'Si el gobierno no acepta la destitución de Silvia Carrera tendremos que irnos a otro nivel' Liborio Miranda


Liborio Miranda miembro del Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé, aseguró que desde hace tiempo había insatisfacción por parte de la comarca con la actuación de Silvia Carrera.
"Sería irresponsable de mi parte no aceptarlo. El hijo nunca cargo una bandera del Partido Panameñista dentro de la comarca, por lo que si hay una intención del gobierno de callar a Silvia y a sus hijos ya no gozan de una credibilidad", manifestó en el noticiero matutino de NexTV.
Indicó que la escogencia de las autoridades tradicionales es algo propio del pueblo ngäbe buglé y el cacique es administrativo y representa al pueblo, por lo que tiene que velar y rendirle al pueblo.

'Silvia Carrera no goza de aceptación en el pueblo de Ngäbe-Buglé'.

Directiva de congreso tiene potestad de separar a cacica

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La separación de Silvia Carrera por extralimitación de funciones no sería la única acusación que reciba la dirigente indígena por parte de la Junta Directiva del Congreso General Ngäbe-Buglé, sino también por abuso de recursos y supuestos sobornos.
En un comunicado, la junta directiva decidió separar en forma inmediata a Carrera de su cargo y argumentó que hubo abuso del poder que le fue otorgado.
La medida también guarda relación con los favores del Gobierno a Carrera, como la designación de su hijo como embajador en Bolivia.




miércoles, 22 de octubre de 2014

POLÍTICA: Correlación de fuerzas en la AN, un arma de doble filo

El panorama político no descarta nuevas alianzas de los partidos políticos dentro de la Asamblea. Alianzas que desfavorecerían al oficialismo. De darse posibles denuncias contra el presidente de la República, el análisis de estas quedaría en manos de una aplanadora de oposición.



Potestad
  • 160 Artículo de la Constitución que establece la función judicial de la “Asamblea Nacional”.
  • 147 Este artículo reconoce el término “Asamblea Nacional” como Órgano de 71 diputados.
El proceso que desencadenó en la suspensión del cargo, y la aplicación de medidas cautelares como arresto domiciliario e impedimento de salida del país contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, ha dejado la duda razonable sobre el poder que puede tener una subcomisión de garantías conformada por tres diputados, para destituir al presidente de la República o al resto de los magistrados.
El proceso de juzgamiento para un magistrado de la Corte, es el mismo que debe aplicarse en caso que se presenten demandas en las actuaciones del presidente y el vicepresidente de la República ante la Asamblea Nacional, tal como lo establece el Código Procesal Penal en el título de procesos especiales, desde el artículo 467 al 480.
Y es en la Comisión de Credenciales donde se gestó este procedimiento de acuerdo con el artículo 468 del Código Procesal Penal, que ordena la organización de una Subcomisión de Garantías, en caso de que se admitan las demandas y que a la vez se contradice con la propia Constitución Política que establece en el artículo 160 que es una función judicial del pleno de la Asamblea conocer esas acusaciones.
En el caso del magistrado Moncada Luna el contexto político es, el pacto de gobernabilidad entre los partidos Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Con este acuerdo, 38 de 60 diputados que están acreditados en la Asamblea se convierten en una fuerza mayoritaria para avalar decisiones descritas en el acuerdo hecho días antes de comenzar el nuevo periodo constitucional.
De estos 38 diputados, apenas 12 son miembros del Partido Panameñista, uno del Partido Popular que se alió al partido oficialista durante la campaña política y 25 del PRD.
Pero, qué ocurriría, si los partidos de oposición Cambio Democrático (CD) y PRD se alían.
En la Asamblea actual de 60 diputados, si esto llegase a ocurrir se lograría un quórum mayoritario de 45 diputados entre ambas bancadas.
Esto sin tomar en cuenta que aún restan por definirse 11 curules que están impugnadas y que se debaten entre candidatos del PRD, CD y el panameñismo.
Después de la explicación que dio Sidney Sittón, el abogado defensor del magistrado Moncada Luna, sobre una puerta de riesgo que se abre en contra del máximo cargo de elección popular, el debate comienza a girar en torno a su hipótesis.
“Diputados convertidos en jueces de garantías pueden suspender al presidente de la República de sus funciones. El mismo procedimiento mañana no se va a poder decir que es un absurdo, porque la sociedad entera así lo ha avalado”, expresó Sittón.
Y a pesar de que el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, es del pensar que no se debe temer si se actúa bajo la ley, otros juristas y analistas sí creen que en el futuro pueda levantarse un panorama con esas condiciones.
Entre estos, el analista Mario Rognoni expresó: “yo creo que aquí se sentó un precedente que sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde termina”.
Rognoni no tiene dudas de que dependiendo de la acusación que se haga, si hay causa que lo justifique, el PRD “claro que puede hacer lo necesario para que también pague todo aquel que tenga causa comprobable”.
Aunque Rognoni pone en duda que la aceptación de nuevas demandas contra altos cargos se den únicamente por situaciones políticas, el exprocurador Rogelio Cruz observa que la Asamblea se está imponiendo como órgano controlador.
El abogado asegura que la Asamblea Nacional está haciendo sentir su “músculo” para nombrar al contralor de la República, a un procurador y “eventualmente hasta para controlar al presidente de la República”.
El analista Edwin Cabrera reconoció en una entrevista que hizo al defensor de Moncada Luna, que es un tema al cual debe prestarse atención y el país debe evaluar si le conviene tener una norma que “con tanta facilidad” pueda entrar a un proceso a un presidente, magistrado o vicepresidente.
“No sé si eso le conviene al país, creo que sentó el precedente”, replicó Sittón.
Corazón del proceso
La fuerza endeble del Partido Panameñista incluso se evidencia en la propia Comisión de Credenciales, primer eslabón donde se gestionó la admisión de la demanda contra Moncada Luna.
En esta comisión el Panameñista cuenta con dos diputados. El presidente de la comisión Luis Barría y su vicepresidenta Katleen Levy.
Mientras que el PR cuenta con tres votos, el de los diputados Zulay Rodríguez, Elías Castillo y Leandro Ávila. Hoy suscritos del pacto de gobernabilidad.
Mientras que el partido Cambio Democrático tiene la misma cantidad, a Marylín Vallarino, Héctor Valdés Carrasquilla y Mario Miller. Aparte de la representación independiente de la diputada Ana Matilde Gómez.
A través de su acuerdo político, el Partido Panameñista lograría mientras tenga vigencia dicho acuerdo, un total de cinco votos de nueve votos dentro de esta comisión.
Y en la eventualidad que el partido oficialista no cuente más con el acuerdo, pudiera tener hasta seis votos de nueve en contra para tomar decisiones dentro de esta comisión.
El pacto de gobernabilidad entre ambas bancadas, desde sus inicios, ha provocado diferencias. Incluso en momentos en que se pretende definir el nombramiento del contralor y los procuradores de la nación y la administración.

Operación de diablos rojos indigna a usuarios

El desorden que impera en el transporte público con la operación de los buses piratas y el retorno de los diablos rojos tiene a los usuarios indignados
Cecilia Pérez, representante de los usuarios de Las Mañanitas, calificó como una ‘burla’ la presencia de buses diablos rojos en las calles, pues asegura que estos fueron pagados con el ‘dinero del pueblo’ y aún no han salido del sistema.
La molestia de Pérez, del Movimiento 23 de Octubre, radica en que desde hace seis semanas, en su comunidad y en Pedregal, ha observado mucho diablos rojos brindando el servicio de transporte colectivo.
La dirigente está enojada y tiene razón de estarlo. El presidente Juan Carlos Varela, este lunes, aseguró que al menos 150 buses diablos rojos que entraron al país a finales del 2013, a solicitud de supuestas empresas, están en las calles.
Reclamaciones
‘Se les pagó por tratar mal a los usuarios y siguen en las calles y a las víctimas del transporte público no les han dado nada. Mínimo fue un perro a los que mataron’, expresó. Pérez se refiere a las 18 personas que murieron calcinadas en la tragedia de La Cresta, ocurrida el 23 de octubre de 2006 y, hasta la fecha, sus familiares no han sido indemnizados.
En esta tragedia, que mañana cumple ocho años, murieron 13 mujeres y cinco hombres, de los cuales dos eran niños, al encenderse el bus 8B-06 de la ruta Mano de Piedra - Corredor Norte.
Censo, causa del lío
Para Pérez, al igual que para Esperanza Mena, también representante de los usuarios, el censo que realizó la Autoridad de Transporte Terrestre (ATTT) a inicio de agosto, para contar los piratas, es la causa del desorden y del poder que hoy tienen estos transportistas.
‘Este censo abrió las puertas a la proliferación de los diablos rojos y piratas’, expresó Pérez, quien considera que hay más transporte ilegal que metrobuses.
En este censo se registraron 846 buses piratas, pero esta cifra podría ser mayor, pues la ATTT aún verifica su cantidad, informó David Ramírez, vocero de esta entidad.
Piden un alto
Ante el escenario que existe en el transporte, Luis Torres, representante de los usuarios en San Miguelito, solicitó al Gobierno sacar de circulación a los diablos rojos, que llenaron de luto a decenas de hogares panameños. ‘Que los saquen, pues ya se les pagó’, dijo Torres.
Ramírez informó que la ATTT tiene una supervisión permanente para sacar a los transportistas ilegales.
Pelean su espacio
Mientras, los usuarios se molestan por el empoderamiento silencioso de los piratas, sus operadores pelean por su espacio y ganancia.
Un claro ejemplo es lo que se vive en Torrijos Carter, donde operan 60 busitos por el corredor Norte y 30 buses de Mano de Piedra y Torrijos Carter -San Miguelito. Los transportistas de este sector manifiestan que han tenido que defender su área ante otros piratas que se han introduciendo en sus rutas.

martes, 21 de octubre de 2014

Humbert fungió como uno de los principales donantes de campaña de Varela

El bajo perfil político que han mantenido algunos directivos de La Prensa ha permitido que sean considerados para ocupar altos cargos públicos. Desde su nacimiento, dueños de La Prensa han guardado relación con gobiernos y ganado nombramientos, aseguran los críticos del medio




Datos
  • AcusaciónLuego de publicaciones en las que se acusaba al economista Juan Jované de beneficiarse con el pago de una publicidad en la Caja de Seguro Social (CSS) durante su administración, el catedrático aseguró que “’La Prensa’ nunca pudo comprobar la investigación en su contra”.
  • PublicaciónEn una publicación de su Junta Directiva se llegó a afirmar que “’La Prensa’ ya no engaña a nadie y el pueblo percibe que sus intenciones tienen un trasfondo que no pasa del enriquecimiento a costillas del Estado”.
  • NombramientosAl menos dos nombramientos de alto perfil se han dado a exdirectivos en esta administración; en este caso, Mercedes de Corró como embajadora de Panamá en España y el expresidente de la Corporación La Prensa, Fernando Berguido, en Italia.
La vinculación de directivos de La Prensa en los distintos partidos políticos ha sido una de las estrategias utilizadas para “ocupar cargos relevantes durante los periodos gubernamentales”, opinaron críticos del medio.
En las pasadas elecciones el empresario Federico Humbert fungió como uno de los principales donantes de campaña del presidente Juan Carlos Varela, condición que fue confirmada por quien fuera su jefe de campaña, el diputado Adolfo “Beby” Valderrama.
Luego pudo conocerse que Humbert sería el candidato a contralor general de la República por parte del Partido Panameñista, que deberá escogerse antes del 31 de diciembre.
Este no sería el primer caso de directivos de La Prensa que con afiliación política buscan conseguir o adquieren un puesto público de alto mando.
En un principio La Prensa estuvo conformada por empresarios con afines políticos, entre estos Ricardo Arias Calderón, de la Democracia Cristiana; a pesar de que entre sus principios se establece que “por la formación de su capital y la formación de sus cuerpos directivos, ningún sector político partidista tiene peso exagerado”.
Igualmente, desde su nacimiento en La Prensa se aplica que ningún miembro de la Junta Directiva puede desempeñar cargos públicos, salvo los docentes; aunque no les impide mantener un bajo perfil en la participación política.
Tal es el caso del propio fundador de ese diario, Roberto “Bobby” Eisenmann, quien se las arregló para asesorar a la expresidenta Mireya Moscoso y mantener injerencia en el medio.
Según el economista Juan Jované, siempre han habido directivos de La Prensa que obviamente han sido miembros de los partidos políticos y han seguido siendo funcionarios. “Eso está a la vista, ni siquiera niegan que han sido y siguen siendo miembros de partidos políticos”.
Jované plantea que esta condición afecta su independencia y quien se define así no debe tener participación política ni formar parte de los gobiernos.
“Usted no se imagina a los directivos del New York Times perteneciendo a ningún gobierno, o del Washington Post. Los grandes medios no tienen funcionarios públicos”, explicó el economista.
Según Jované, “en Panamá lo que pasa es que cuando se está en oposición son críticos, pero al llegar a los gobiernos se les olvida la ética. Tienen una ética para oposición y otra para gobierno, no es correcto; la independencia es para cualquier momento. No hacerlo es inmoral ”.
Al igual que Jované, otros expertos aseguran que no puede negarse que cualquier directivo de los medios de comunicación tiene una ideología política o sea progresista, pero siempre debe procurar tener independencia.