POLÍTICA: Correlación de fuerzas en la AN, un arma de doble filo

El panorama político no descarta nuevas alianzas de los partidos políticos dentro de la Asamblea. Alianzas que desfavorecerían al oficialismo. De darse posibles denuncias contra el presidente de la República, el análisis de estas quedaría en manos de una aplanadora de oposición.

Irma Rodríguez Reyes (irodriguez@epasa.com)

• Apelan a un juicio transparente

 Infografía - 71 Cantidad de diputados de la Asamblea Nacional

Potestad

• 160 Artículo de la Constitución que establece la función judicial de la “Asamblea Nacional”.

• 147 Este artículo reconoce el término “Asamblea Nacional” como Órgano de 71 diputados.

El proceso que desencadenó en la suspensión del cargo, y la aplicación de medidas cautelares como arresto domiciliario e impedimento de salida del país contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, ha dejado la duda razonable sobre el poder que puede tener una subcomisión de garantías conformada por tres diputados, para destituir al presidente de la República o al resto de los magistrados.

El proceso de juzgamiento para un magistrado de la Corte, es el mismo que debe aplicarse en caso que se presenten demandas en las actuaciones del presidente y el vicepresidente de la República ante la Asamblea Nacional, tal como lo establece el Código Procesal Penal en el título de procesos especiales, desde el artículo 467 al 480.

Y es en la Comisión de Credenciales donde se gestó este procedimiento de acuerdo con el artículo 468 del Código Procesal Penal, que ordena la organización de una Subcomisión de Garantías, en caso de que se admitan las demandas y que a la vez se contradice con la propia Constitución Política que establece en el artículo 160 que es una función judicial del pleno de la Asamblea conocer esas acusaciones.

En el caso del magistrado Moncada Luna el contexto político es, el pacto de gobernabilidad entre los partidos Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Con este acuerdo, 38 de 60 diputados que están acreditados en la Asamblea se convierten en una fuerza mayoritaria para avalar decisiones descritas en el acuerdo hecho días antes de comenzar el nuevo periodo constitucional.

De estos 38 diputados, apenas 12 son miembros del Partido Panameñista, uno del Partido Popular que se alió al partido oficialista durante la campaña política y 25 del PRD.

Pero, qué ocurriría, si los partidos de oposición Cambio Democrático (CD) y PRD se alían.

En la Asamblea actual de 60 diputados, si esto llegase a ocurrir se lograría un quórum mayoritario de 45 diputados entre ambas bancadas.

Esto sin tomar en cuenta que aún restan por definirse 11 curules que están impugnadas y que se debaten entre candidatos del PRD, CD y el panameñismo.

Después de la explicación que dio Sidney Sittón, el abogado defensor del magistrado Moncada Luna, sobre una puerta de riesgo que se abre en contra del máximo cargo de elección popular, el debate comienza a girar en torno a su hipótesis.

“Diputados convertidos en jueces de garantías pueden suspender al presidente de la República de sus funciones. El mismo procedimiento mañana no se va a poder decir que es un absurdo, porque la sociedad entera así lo ha avalado”, expresó Sittón.

Y a pesar de que el presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, es del pensar que no se debe temer si se actúa bajo la ley, otros juristas y analistas sí creen que en el futuro pueda levantarse un panorama con esas condiciones.

Entre estos, el analista Mario Rognoni expresó: “yo creo que aquí se sentó un precedente que sabemos dónde comienza, pero no sabemos dónde termina”.

Rognoni no tiene dudas de que dependiendo de la acusación que se haga, si hay causa que lo justifique, el PRD “claro que puede hacer lo necesario para que también pague todo aquel que tenga causa comprobable”.

Aunque Rognoni pone en duda que la aceptación de nuevas demandas contra altos cargos se den únicamente por situaciones políticas, el exprocurador Rogelio Cruz observa que la Asamblea se está imponiendo como órgano controlador.

El abogado asegura que la Asamblea Nacional está haciendo sentir su “músculo” para nombrar al contralor de la República, a un procurador y “eventualmente hasta para controlar al presidente de la República”.

El analista Edwin Cabrera reconoció en una entrevista que hizo al defensor de Moncada Luna, que es un tema al cual debe prestarse atención y el país debe evaluar si le conviene tener una norma que “con tanta facilidad” pueda entrar a un proceso a un presidente, magistrado o vicepresidente.

“No sé si eso le conviene al país, creo que sentó el precedente”, replicó Sittón.

Corazón del proceso

La fuerza endeble del Partido Panameñista incluso se evidencia en la propia Comisión de Credenciales, primer eslabón donde se gestionó la admisión de la demanda contra Moncada Luna.

En esta comisión el Panameñista cuenta con dos diputados. El presidente de la comisión Luis Barría y su vicepresidenta Katleen Levy.

Mientras que el PR cuenta con tres votos, el de los diputados Zulay Rodríguez, Elías Castillo y Leandro Ávila. Hoy suscritos del pacto de gobernabilidad.

Mientras que el partido Cambio Democrático tiene la misma cantidad, a Marylín Vallarino, Héctor Valdés Carrasquilla y Mario Miller. Aparte de la representación independiente de la diputada Ana Matilde Gómez.

A través de su acuerdo político, el Partido Panameñista lograría mientras tenga vigencia dicho acuerdo, un total de cinco votos de nueve votos dentro de esta comisión.

Y en la eventualidad que el partido oficialista no cuente más con el acuerdo, pudiera tener hasta seis votos de nueve en contra para tomar decisiones dentro de esta comisión.

El pacto de gobernabilidad entre ambas bancadas, desde sus inicios, ha provocado diferencias. Incluso en momentos en que se pretende definir el nombramiento del contralor y los procuradores de la nación y la administración.

Operación de diablos rojos indigna a usuarios

El desorden que impera en el transporte público con la operación de los buses piratas y el retorno de los diablos rojos tiene a los usuarios indignados

Cecilia Pérez, representante de los usuarios de Las Mañanitas, calificó como una ‘burla’ la presencia de buses diablos rojos en las calles, pues asegura que estos fueron pagados con el ‘dinero del pueblo’ y aún no han salido del sistema.

La molestia de Pérez, del Movimiento 23 de Octubre, radica en que desde hace seis semanas, en su comunidad y en Pedregal, ha observado mucho diablos rojos brindando el servicio de transporte colectivo.

La dirigente está enojada y tiene razón de estarlo. El presidente Juan Carlos Varela, este lunes, aseguró que al menos 150 buses diablos rojos que entraron al país a finales del 2013, a solicitud de supuestas empresas, están en las calles.

Reclamaciones

‘Se les pagó por tratar mal a los usuarios y siguen en las calles y a las víctimas del transporte público no les han dado nada. Mínimo fue un perro a los que mataron’, expresó. Pérez se refiere a las 18 personas que murieron calcinadas en la tragedia de La Cresta, ocurrida el 23 de octubre de 2006 y, hasta la fecha, sus familiares no han sido indemnizados.

En esta tragedia, que mañana cumple ocho años, murieron 13 mujeres y cinco hombres, de los cuales dos eran niños, al encenderse el bus 8B-06 de la ruta Mano de Piedra - Corredor Norte.

Censo, causa del lío

Para Pérez, al igual que para Esperanza Mena, también representante de los usuarios, el censo que realizó la Autoridad de Transporte Terrestre (ATTT) a inicio de agosto, para contar los piratas, es la causa del desorden y del poder que hoy tienen estos transportistas.

‘Este censo abrió las puertas a la proliferación de los diablos rojos y piratas’, expresó Pérez, quien considera que hay más transporte ilegal que metrobuses.

En este censo se registraron 846 buses piratas, pero esta cifra podría ser mayor, pues la ATTT aún verifica su cantidad, informó David Ramírez, vocero de esta entidad.

Piden un alto

Ante el escenario que existe en el transporte, Luis Torres, representante de los usuarios en San Miguelito, solicitó al Gobierno sacar de circulación a los diablos rojos, que llenaron de luto a decenas de hogares panameños. ‘Que los saquen, pues ya se les pagó’, dijo Torres.

Ramírez informó que la ATTT tiene una supervisión permanente para sacar a los transportistas ilegales.

Pelean su espacio

Mientras, los usuarios se molestan por el empoderamiento silencioso de los piratas, sus operadores pelean por su espacio y ganancia.

Un claro ejemplo es lo que se vive en Torrijos Carter, donde operan 60 busitos por el corredor Norte y 30 buses de Mano de Piedra y Torrijos Carter -San Miguelito. Los transportistas de este sector manifiestan que han tenido que defender su área ante otros piratas que se han introduciendo en sus rutas.

Humbert fungió como uno de los principales donantes de campaña de Varela

El bajo perfil político que han mantenido algunos directivos de La Prensa ha permitido que sean considerados para ocupar altos cargos públicos. Desde su nacimiento, dueños de La Prensa han guardado relación con gobiernos y ganado nombramientos, aseguran los críticos del medio

Jason Morales (jason.morales@epasa.com)

Datos

• Acusación: Luego de publicaciones en las que se acusaba al economista Juan Jované de beneficiarse con el pago de una publicidad en la Caja de Seguro Social (CSS) durante su administración, el catedrático aseguró que “’La Prensa’ nunca pudo comprobar la investigación en su contra”.

• Publicación: En una publicación de su Junta Directiva se llegó a afirmar que “’La Prensa’ ya no engaña a nadie y el pueblo percibe que sus intenciones tienen un trasfondo que no pasa del enriquecimiento a costillas del Estado”.

• Nombramientos: Al menos dos nombramientos de alto perfil se han dado a exdirectivos en esta administración; en este caso, Mercedes de Corró como embajadora de Panamá en España y el expresidente de la Corporación La Prensa, Fernando Berguido, en Italia.

La vinculación de directivos de La Prensa en los distintos partidos políticos ha sido una de las estrategias utilizadas para “ocupar cargos relevantes durante los periodos gubernamentales”, opinaron críticos del medio.

En las pasadas elecciones el empresario Federico Humbert fungió como uno de los principales donantes de campaña del presidente Juan Carlos Varela, condición que fue confirmada por quien fuera su jefe de campaña, el diputado Adolfo “Beby” Valderrama.

Luego pudo conocerse que Humbert sería el candidato a contralor general de la República por parte del Partido Panameñista, que deberá escogerse antes del 31 de diciembre.

Este no sería el primer caso de directivos de La Prensa que con afiliación política buscan conseguir o adquieren un puesto público de alto mando.

En un principio La Prensa estuvo conformada por empresarios con afines políticos, entre estos Ricardo Arias Calderón, de la Democracia Cristiana; a pesar de que entre sus principios se establece que “por la formación de su capital y la formación de sus cuerpos directivos, ningún sector político partidista tiene peso exagerado”.

Igualmente, desde su nacimiento en La Prensa se aplica que ningún miembro de la Junta Directiva puede desempeñar cargos públicos, salvo los docentes; aunque no les impide mantener un bajo perfil en la participación política.

Tal es el caso del propio fundador de ese diario, Roberto “Bobby” Eisenmann, quien se las arregló para asesorar a la expresidenta Mireya Moscoso y mantener injerencia en el medio.

Según el economista Juan Jované, siempre han habido directivos de La Prensa que obviamente han sido miembros de los partidos políticos y han seguido siendo funcionarios. “Eso está a la vista, ni siquiera niegan que han sido y siguen siendo miembros de partidos políticos”.

Jované plantea que esta condición afecta su independencia y quien se define así no debe tener participación política ni formar parte de los gobiernos.

“Usted no se imagina a los directivos del New York Times perteneciendo a ningún gobierno, o del Washington Post. Los grandes medios no tienen funcionarios públicos”, explicó el economista.

Según Jované, “en Panamá lo que pasa es que cuando se está en oposición son críticos, pero al llegar a los gobiernos se les olvida la ética. Tienen una ética para oposición y otra para gobierno, no es correcto; la independencia es para cualquier momento. No hacerlo es inmoral ”.

Al igual que Jované, otros expertos aseguran que no puede negarse que cualquier directivo de los medios de comunicación tiene una ideología política o sea progresista, pero siempre debe procurar tener independencia.

Varela culpa a la anterior administración de la proliferación de diablos rojos

Varela culpa a la anterior administración de la proliferación de diablos rojos en la capital y San Miguelito

El Gobierno del presidente Juan Carlos Varela se limpia las manos y culpa a la anterior administración del desorden que hay en el transporte público que ha originado la proliferación de buses diablos rojos en las calles.

Ayer, Varela responsabilizó al Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli de la circulación de estos buses.

Según el mandatario, la pasada administración abrió ‘una válvula’ para importar buses para iglesias, escuelas y empresas, pero al final se usaron para el transporte público.

Varela, quien ayer inauguró del programa ‘Techos de Esperanza’ en Burunga, de Arriaján, aseguró que este caso —importación de buses— se está investigando.

Tras las acusaciones del mandatario, el exdirector de la ATTT, Roberto Moreno, manifestó que echarle la culpa a la anterior administración de la evidente proliferación de diablos rojos es una irresponsabilidad y ‘una excusa barata’.

‘La responsabilidad de que hallan 200 buses diablos rojos en las calles ejerciendo la piratería la tienen ellos, ya tienen más de tres meses en el poder’, cuestionó Moreno.


‘En vez de estar viendo lo que hicimos o no, deben ponerse a trabajar para evitar una desgracia’, resaltó el exdirector, luego de señalar que es inaceptable que comunidades como Pedregal y Las Mañanitas operen diablos rojos, pues estas rutas fueron compensadas hace tres años.

Economía: Prevén un aumento del 6% y 12% en costo de viviendas

Kemy Loo Pinzón - La Estrella 
kloo@laestrella.com.pa

Todo parece indicar que los precios de las soluciones habitacionales van a encarecerse aún más. Se estima que aumentarán entre un 6% y un 12% para los próximos meses, como consecuencia de la subida en los precios de los principales materiales de construcción y los retrasos en los permisos de construcción, indican expertos del sector.

En los primeros nueve meses del año, el cemento gris, el hormigón premezclado, la arena, la piedra N°4 y la arcilla N°4 aumentaron 6.4%, 5.8%, 5.5% y 3.5%, respectivamente, según datos de la Contraloría General de la República. (Ver tabla)

El precio de las viviendas podría aumentar, según el tipo. Por ejemplo, si son viviendas de interés social, pueden subir entre un 6% y 8%, mientras que en las edificaciones más caras sería de un 10% y 12%, en cuanto a materiales, explica Gabriel Diez, exministro de Vivienda y miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

Diez agregó que los cálculos de estos costos se estarían haciendo en los últimos meses del presente año para aplicarlos a partir del 2015.

‘Lamentablemente, así como suben los materiales de construcción, así mismo tenemos que hacer porcentajes de subidas de casas, todo es proporcional, porque los precios no bajan y si bajan un poco, no bajan como han seguido subiendo’, manifestó Elisa Suárez, directora general del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda).

‘Además de que hay una lentitud en los trámites y permisos de construcción, convirtiéndolos en otro factor que también podría incidir en el aumento del costo de las viviendas’, indicó la representante del Convivienda.

Diez también coincide con Suárez en que los trámites están muy lentos y señaló que necesitan que se aligeren para construir al inicio de la estación seca.

‘La historia nos había dicho que en todos los años electorales, los primeros seis meses eran más lentos, pero en el segundo semestre había un repunte que hacía que todo regresara a su ritmo normal. Este año no hemos visto la misma celeridad en la recuperación del movimiento de la construcción que se ha mantenido, esta estamos desacelerándonos’, dijo Suárez.

Los últimos datos publicados por la Contraloría General indican que entre mayo y junio, en los distritos de Panamá y San Miguelito se registró una baja de 26.7% en el área total construida, con relación al mismo periodo del año 2013. Y aunque se muestra un incremento del 14.8% en el área construida en viviendas individuales y de 434.7% en la de administración pública.

‘Los promotores de Convivienda esperábamos un crecimiento de 18% para este año, sacando las construcciones de megaobras, pero de acuerdo con la planificación preliminar, no llegaremos a esta cifra’, señaló la empresaria.

Lo que se está haciendo y tratando de conseguir es la revisión de normas constructivas (serie de mínimos indispensables para construir), para que se permita hacer algunos cambios en esas normas antiguas, para que se permita utilizar materiales modernos, de bajos costos, para mantener los precios que el mercado puede consumir, añadió.

Las empresas afiliadas a Convivienda construyen el 70% de las unidades habitacionales que se edifican en el país y sumaron 7,627 viviendas durante el 2013, generando ventas por el orden de los 815.5 millones de dólares.

POLÍTICA: Diario ‘La Prensa’ consigue puestos públicos bajo intimidación

Exdirectivos del diario como Mercedes de Corró, embajadora de Panamá en España, y Fernando Berguido, en Italia, son producto de la persecución. Roberto Eisenmann actuó como asesor del gobierno de Mireya Moscoso y César Tribaldos fue director del Ipat en la gestión de Pérez Balladares.

Redacción (nacion.pa@epasa.com)

• Directivos se disputan control de ‘La Prensa’ y ganan protagonismo

• 4 de agosto de 1980 empezó a operar el diario La Prensa.

Destacados

• 1,500 es el promedio de accionistas de la Corporación La Prensa.

• 1 por ciento de las acciones es el máximo que puede poseer un afiliado en ese diario, incluyendo a los empleados.

El denominado “Diario Libre de Panamá”, La Prensa, ha participado de forma indirecta en cada uno de los gobiernos desde que se creó la llamada era democrática -después de 1990-, a través de sus directivos, que en el afán de obtener importantes puestos públicos, lanzan persecuciones contra partidos, ministros y presidentes.

Corporación La Prensa se rige por una junta directiva, que en un principio tenía como ideal “ser pequeña, decidida, trabajadora, dispuesta al riesgo personal y de variadas corrientes políticas”. No obstante, las presiones de sus directivos hacia los gobiernos de turno contradicen su legado, al crear favores que más tarde terminan por retribuirse.

Desde el gobierno del expresidente Ernesto Pérez Balladares, directivos de La Prensa han ocupado importantes puestos en cada administración; tal es el caso de Ricardo Alberto Arias y César Tribaldos, este último quien terminó por perseguir al exmandatario.

Arias fue canciller, mientras que Tribaldos fue administrador del Instituto Panameño de Turismo (Ipat).

En una denuncia, el abogado Rogelio Cruz argumentó que varios medios de comunicación elaboraron un informe contra el expresidente Pérez Balladares con base en las publicaciones del diario La Prensa. “Este informe se hizo con base en publicaciones del diario La Prensa”, criticó el abogado años atrás.

Las aseveraciones del jurista van más allá, al reclamar que “todo se trataba de una patraña judicial montada para perjudicar políticamente a Pérez Balladares, al ordenar su indagatoria y detención para complacer intereses de varios sectores”, entre estos, el de directivos al frente de dicho diario.

Posteriormente, César Tribaldos, cuñado del fundador de La Prensa, Roberto “Boby” Eisenmann, fue impulsado por Eisenmann para que ocupara la dirección del entonces Ipat durante el gobierno de Pérez Balladares.

Esto, a pesar de que La Prensa fue crítico del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al adversarlo durante la dictadura militar.

En el gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso, Roberto “Boby” Eisenmann fue asesor de la mandataria. La Prensa también consiguió el nombramiento de Alvin Weeden en la Contraloría General del República y de Tribaldos como miembro de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social CSS.

La designación de Tribaldos en la CSS se produjo luego de convertirse en enemigo directo del director de ese entonces, el economista Juan Jované, quien se opuso a la privatización de la entidad.

Tribaldos promueve la salida de Jované de la CSS mediante una nota publicada en La Prensa con un supuesto pago de un contrato de publicidad de un mes, con un valor de servicios de seis meses.

Por otra parte, la expresidenta Moscoso debió designar a Adán Arnulfo Arjona, quien fuera representante legal del diario, como magistrado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Luego, en el gobierno del presidente Martín Torrijos, Federico Humbert pasó de ser el presidente de la Junta Directiva de La Prensa a ocupar el cargo de embajador de Panamá en Washington DC. Incluso, en esa administración fue nombrado Jerónimo Mejía, también abogado del medio, como magistrado de la Corte.

En el gobierno pasado, el expresidente Ricardo Martinelli disputó varios puestos de alto mando con directivos de La Prensa, entre esto el propio fundador del diario, Eisenmann. Entre esos, la designación del director de la Policía.

Tras decidirse por Gustavo Pérez como director, Martinelli respondió en ese entonces a Eisenmann que “si quiere el puesto, yo se lo doy, pero que acepte”.

Pese a este cúmulo de antecedentes, La Prensa no ha renunciado a la vieja práctica de obtener grandes puestos, pues en los tres meses de administración de Juan Carlos Varela, han conseguido el nombramiento de Mercedes de Corró como embajadora de Panamá en España y recientemente el de Fernando Berguido en Italia e impulsan a Federico Humbert como contralor de la República.

Los directivos de La Prensa no puedan tener más de 5,000 dólares en acciones, sin embargo, ello no ha impedido que los dueños del medio logren beneficios en puestos públicos.

El exviceministro de Gobierno Alejandro Pérez señala que todo es producto de la catadura de quienes son los dueños de medios, y como terminan siendo testaferros de los gobiernos.

Movimiento de directivos y exdirectivos de ‘La Prensa’ intentó imponer el nuevo presidente de la República

En las elecciones pasadas, el Movimiento Nueva República, integrado también por directivos y exdirectivos de La Prensa, intentó imponer un solo candidato para presidente de la República por parte de la oposición, tratando de que los candidatos Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Juan Carlos Varela se pusieran de acuerdo para que hicieran alianza.

El acuerdo contemplaba 12 puntos, que incluían una convocatoria para realizar una asamblea constituyente.

A su vez, auspiciar el nombramiento de un contralor general de la República y un procurador general de la nación, así como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según su propia propuesta de independencia, para la cual establecieron una serie de requisitos.

Incluso, realizar auditorías forenses a todas las instituciones que se consideraran como megaobras de la pasada administración, y la utilización de recursos del Estado para cumplir la instrucción.

No obstante, el ahora presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, no accedió a la propuesta, a finales de diciembre, cuando podían concretarse alianzas.

Esto despertó el temor de sus dirigentes, quienes se resignaron y decidieron optar por una nueva campaña que llamaba a los electores a efectuar su “voto seguro” por presidente, con el que Navarro sería el candidato de la oposición que mejor se situaba en las encuestas.

El regreso silencioso de los diablos rojos

Mientras el Gobierno y la empresa Mi Bus definen el rumbo que tomará el contrato del sistema de transporte público Metrobús

Emilia Zeballos - El Siglo
ezeballos@elsiglo.com

Mientras el Gobierno y la empresa Mi Bus definen el rumbo que tomará el contrato del sistema de transporte público Metrobús, los diablos rojos poco a poco se apoderan de las calles.

Este transporte, que causó luto y dolor en cientos de hogares panameños, ha reaparecido, pero ahora bajo la sombra de la ilegalidad.

Al menos esto es lo que ha comprobado El Siglo durante varios días de seguimiento en campo.

El paro de los operadores del Metrobús el pasado lunes y martes, en reclamo a una indemnización si Mi Bus cede el servicio al Gobierno, dejó en evidencia que los diablos rojos siguen más vivos que nunca.

En áreas como Las Mañanitas y Pedregal, los diablos rojos prestan el servicio en las rutas troncales vía España y Tumba Muerto. Todos los buses tienen el logo de Sicotrac.

El secretario de esta prestataria, Tomasito López, en declaraciones que diera en el mes de agosto admitió que bajo el paraguas de Sicotrac hay 89 diablos rojos brindando el servicio.

Este transporte debió salir del sistema el pasado 15 de marzo del 2011 con la entrada total de los metrobuses, pero la realidad es otra.

Un claro ejemplo de esta situación fueron las 58 sanciones que agentes de la Dirección de Operaciones del Tránsito (DOT) pusieron a conductores de diablos rojos por dedicarse a la piratería en agosto.

Nadie los detiene

A pesar de que el asesor de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), David Ramírez, ha reiterado que no van a permitir más diablos rojos en las calles, los transportistas hacen caso omiso a esta advertencia.

Ramírez indicó que los únicos buses que pueden brindar el servicio, tras la modernización del sistema, son los que están afiliados a la Cooperativa San Cristóbal de Chepo, pues estos no fueron indemnizados.

Además, señaló que el año pasado y al inicio del 2014 entraron cerca de 150 diablos rojos al país, a pesar de que el Decreto Ejecutivo 208 del 19 de abril de 2011 lo prohibe. Se presume que este ingreso sea la causa del aumento de estos buses en las calles de la ciudad capital y San Miguelito.

Alvaro Uribe repudia inclusión de Panamá en lista ‘gris’

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez reiteró el rechazo a la decisión del Gobierno colombiano de declarar a Panamá como paraíso fiscal. 

“Cuando uno lee el Decreto de qué es un paraíso fiscal, encuentra que declarar a Panamá paraíso fiscal es ofender a una democracia amiga”, dijo.

Expresó que en lugar de apoyar y defender dictaduras como la de Nicolás Maduro, el Gobierno colombiano debe encontrar vías para no deteriorar las relaciones con Panamá.

“El Gobierno ofende en lugar de buscar un acuerdo u opciones para un acuerdo, ofende a la hermana democracia de Panamá señalándola como paraíso fiscal. Por eso uno quisiera como colombiano frente a la hermana democracia amiga de Panamá, que haya una recomposición inmediata”, expresó Uribe Vélez.

INSEGURIDAD: Jubilados extranjeros revelan ola de asaltos

Muchos ciudadanos extranjeros que escogieron a Panamá como sitio de retiro, se sienten desilusionados ante la ola de violencia.

La Prensa- Aterrados afirman sentirse comerciantes y ciudadanos extranjeros residentes en Coclé y Panamá Oeste debido a la alta incidencia de asaltos a mano armada, en donde los delincuentes no se conforman con robar a las personas, sino que además las golpean, lo que ha obligado a más de 60 familias a abandonar Panamá. 

Esta situación, que afecta principalmente a extranjeros residentes en ambas provincias, se ha convertido en un problema que, a su juicio, no recibe respuesta de las autoridades, por lo que en reunión decidieron unirse para no verse también obligados a dejar sus propiedades.

Carlos Sanad, vocero de los afectados y miembros de la agrupación Panamá Help-line (HL), explicó que la reunión celebrada el miércoles en El Valle no es la primera que realizan comerciantes, extranjeros y residentes, debido a la creciente ola de violencia e ineficiente investigación y falta de información de las autoridades a las víctimas.

“Estamos trabajando en la recolección de evidencia y de información para colaborar con las autoridades y coadyuvar en el proceso investigativo que adelantan en despachos y fiscalías de Panamá Oeste”, señaló.
Aseguran que en El Valle de Antón en menos de dos meses han atacado de forma violenta a tres extranjeros vecinos de Gorgona, uno en agosto, donde un jubilado de 65 años resultó con cinco costillas fracturadas, debió ser hospitalizado ocho días y a la fecha no hay capturas.

INSEGURIDAD: Delincuentes intentan asaltar a exministro Escalona frente a la casa de expresidenta Moscoso

Delincuentes a bordo de una moto intentaron asaltar al exministro de gobierno Arnulfo Escalona, para quitarle su reloj, cuando éste estaba a punto de ingresar en la residencia de la expresidenta de la República, Mireya Moscoso en el área de Carraquilla. 

 

Ante el intento de robo unidades Servicio de Protección Institucional (SPI), a cargo de la seguridad de la expresidenta, se enfrentaron a tiro con los delincuentes. Según reportes extraoficiales, fueron más de 30 detonaciones. 

 

Una joven, que se presume estaba con el asaltantes, y él, resultaron heridos al igual que una unidad del SPI. 

 

El agente de SPI fue trasladado al hospital San Fernando y se encuentra fuera de peligro. La mujer fue trasladada al hospital de Río Abajo, mientras que el tercer herido murió en el Hospital Santo Tomás producto de los impactos de bala.

 

El presidente Juan Carlos Varela se trasladó hasta el lugar para verificar la situación, al igual que personalidades de la política, sobre todo del panameñismo.

 

Las utoridades iniciaron una investigación. En tanto, el área se encuentra restringida.

Información confusa pone a Fidanque en la cuerda floja

Desde 2006 hasta 2014, el gerente general de Tocumen S.A. fungió como director de Copa Holding, el principal cliente de la terminal. La Ley 23 de 2003 establece una serie de requisitos al gerente general para evitar el conflicto de intereses en contrataciones y acuerdos.

R. Berrocal/B. Quesada (redacción@epasa.com)

El nombramiento del gerente general de Tocumen S.A., Joseph Fidanque III, podría enfrentar demandas debido a que el mismo podría caer en un posible conflicto de intereses, además de posibles violaciones a la Ley 23 del 29 de enero de 2003, que dicta el marco regulatorio para la administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá.

El artículo 14 de la mencionada ley establece que “los miembros de la junta directiva, el gerente general y el auditor no podrán celebrar contratos o acuerdos, ya sean verbales o escritos, con las sociedades administradoras de aeropuertos y aeródromos, para la prestación de servicios o para el suministro de bienes en beneficio suyo, de sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de alguna sociedad en que aparezcan como accionistas. Cualquier contravención a este artículo será sancionada con la destitución del cargo”.

Ante esta norma, el actual gerente del aeropuerto de Tocumen S.A. estaría en contradicción con el artículo 14 de la Ley 23 de 2003, ya estuvo durante varios años como director de Copa Holding, el principal cliente de la terminal aérea.

Incluso hasta hoy, en la página web de Copa Holding, Fidanque III aparece como directivo de la compañía, cuyo socio mayoritario es Stanley Motta, el mayor donante de la campaña de Juan Carlos Varela. La página web de Copa Holding debe comunicar información oficial y actualizada, a raíz de que las acciones de la aerolínea –el Holding- son públicas.

En ninguna parte de la información oficial que Copa debe mantener pública, aparece la renuncia de Fidanque III. Sin embargo, ayer Fidanque III sostuvo que dejó el cargo de director de Copa Holding para poder asumir como gerente general de Tocumen.

En tanto, Copa Holding comunicó, ante una consulta de este diario, que desde julio pasado Fidanque III no pertenece a su directiva, precisamente cuando entró a ocupar el cargo de gerente general de Tocumen S.A. Sin embargo, no se presentaron papeles que demuestren la renuncia, y se contradice con lo que informa Copa en su página web.

“Yo no soy accionista de la empresa, sin embargo, tengo una pasión muy grande por la aviación, trabajé allí muchos años y por eso me pidieron que estuviera en la directiva de Copa. Estuve allí varios años y yo salí de la directiva obviamente por un conflicto de interés en Tocumen”, dijo Fidanque III.

Incluso no ocultó su parcialidad hacia Copa. “Si Tocumen no cumple con ciertas métricas o su funcionamiento correcto, está frenando enseguida a la aerolínea. Entonces sí hay un amarre en ese sentido. Si no tenemos un lugar para que opere, Copa no va poder crecer. De hecho, creo que el crecimiento de este año de Copa va a ser un poco más bajo simplemente porque no tenemos más capacidad”, alegó Fidanque III a favor de la aerolínea, su anterior lugar de trabajo.

Aparte de la posible contradicción con el artículo 14 –no aclarada con documentos- este no sería el único artículo de la ley que le podría traer problemas al nombramiento de Fidanque III. El artículo 8 de la Ley 23 de 2003 establece que “el gerente general de Tocumen S.A. deberá dedicarse exclusivamente al desempeño de sus funciones, las cuales serán incompatibles con cualquier otro cargo remunerado, sea público o privado, y con el ejercicio de profesiones liberales o el comercio, excepto la enseñanza universitaria en horas no laborales”.

En la página web de Copa Holding, Fidanque III figura como directivo de varias empresas, incluso algunas con cargos ejecutivos. Entre otras empresas, Fidanque Hermanos e Hijos S.A. y Star Contact, Ltd. Además, la página afirma que Fidanque III posee cargos directivos en Multiholding Corporación - Panamá, Fundación Filantrópica Fidanque, Colón Import and Export y Sky Red Technologies.

La alianza informativa Epasa, NexTV y KW Continente buscó la versión del Ministerio de la Presidencia sobre el nombramiento de Fidanque III, pero la entidad no atendió la solicitud.

El diputado oficialista José Luis Varela evadió el tema y solo dijo: “búsquenlo a él, yo no tengo una versión para este tema y menos para Panamá América”.

Pero el jurista y exprocurador Rogelio Cruz indicó que si la ley prohíbe a los gerentes de los aeropuertos ejercer otra actividad económica, menos la docencia universitaria en sus horas libres, el nombramiento de Fidanque III es ilegal, además de que existe un conflicto de intereses.

Cruz explicó que lo que podría hacerse es presentar ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso para que se declare “ilegal” el nombramiento del gerente general de Tocumen S.A.

“Hay dos caminos, se deroga el nombramiento o se presenta un recurso de ilegalidad ante la Sala Tercera . Hay una presunción de inocencia que las actuaciones no se pueden echar para atrás porque la revocatoria del nombramiento tiene efectos hacia el futuro”, explicó. Cruz señaló que no solo es un conflicto de intereses en lo ético y moral, sino que trasciende al campo de la ilegalidad.

Diario La Prensa detrás de la Contraloría General

Rechazan designaciones de directivos del diario La Prensa



Redacción (nacion.pa@epasa.com)

• 2 directivos del diario “La Prensa” renunciaron durante octubre, uno de estos fue nombrado como diplomática.

Continúan las renuncias de 

directivos del diario ‘La Prensa’

• A principios de esta semana, el diario La Prensa publicó la renuncia de otro de sus directivos. Se trata de Fernán Molinos Delaswsky, quien presentó su renuncia al cargo de subdirector del diario. Molinos, quien participó en el equipo editorial del diario entre 1997 y 2000, es la tercera renuncia después de que a principios de octubre María Mercedes de Corró también declinara a ser miembro de la Junta Directiva de Corprensa. De Corró fue nombrada también como embajadora en el Reino de España, país donde el presidente Juan Carlos Varela realizó una gira estatal en la que aprovechó para un viaje personal al inicio de su mandato, y donde se reunió con el rey Felipe.

La designación de Fernando Berguido como embajador en Italia, y de María Mercedes de Corró, en el Reino de España, provocan el rechazo de dirigentes y profesionales.

Ambos son exdirectores del diario La Prensa y se ha dejado en tela de duda la participación que tendrán dentro del Gobierno Nacional.

Además, uno de los candidatos que se considera para contralor, es otro exdirectivo de La Prensa, Federico Humbert, quien está vinculado, además, al Banco General, donde figura como dignatario Stanley Motta.

Ayer el catedrático y excandidato presidencial Juan Jované fustigó estas designaciones y tildó al Gobierno de “elitista”.

Según Jované, al darse a conocer el nombramiento de estas figuras, la administración de Varela revela que no tiene interés en personas cercanas a las ideas de los movimientos sociales y rechaza la preparación de profesionales en la rama de relaciones internacionales.

“Hay muchachos que se están graduando de diplomacia y digamos que tienen experiencia, a esos ni los miran”, lamentó.

El excandidato también reaccionó a las aseveraciones que hizo Fernando Berguido en una carta dirigida al presidente de la República y donde reconoce que su designación va más allá del trabajo diplomático.

Por su parte, la dirigente de Frenadeso, Maribel Gordón, advirtió que esta clase de designaciones profundizan la crisis institucional y representan una política sin ética.

Gordón asegura que el presidente Varela no está haciendo caso a observaciones del pueblo, entre estas el rechazo a la corrupción y a la mala práctica del nepotismo.

“El servicio exterior se maneja como cuota de poder del sector empresarial y los diplomáticos no son considerados para estos cargos”, aseguró Gordón.

Berguido aceptó la designación del gobierno de Varela a pesar de que en su libro “Una vida póstuma” cuestionó cómo Ricardo Alberto Arias logra convertirse nuevamente en directivo de La Prensa en el año 2000, tras finalizar el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, en el que fungió como embajador de Panamá en Washington.

Ante esta acción, asegura Berguido, dentro de La Prensa hubo una batalla visceral por el hecho de que Arias estuviera marcado por el PRD. “Algunos accionistas y lectores mostraron su preocupación por el ingreso a la directiva de alguien que no solo venía de servir en el Gobierno con el que habíamos tenido choques frontales”, detalla.

Berguido también escribió que en ese entonces Federico Humbert, que también pertenecía a la Junta Directiva del rotativo, “había decidido encabezar una agrupación denominada Independientes por Martín”.

A pesar de que siempre ha estado en contra de que miembros de la Junta Directiva de La Prensa participen en activismo político, Berguido cuenta que la mayoría de esa cúpula élite siempre ha dado el voto a Arias y Humbert cada vez que han querido regresar a formar parte de ella, demostrando la gran influencia que manejan dentro de esta.

En su libro, Berguido indicó “sea real o imaginaria, la vinculación de un medio de comunicación con candidatos o partidos es funesta”. El embajador en Italia criticó en su momento a los exdirectivos de La Prensa Ricardo Alberto Arias y Federico Humbert por ocupar cargos públicos.