jueves, 7 de agosto de 2014

Reforma electoral puede traer efectos a largo plazo

Desde una mayor demora por resolver los procesos de impugnación hasta el pago de salarios caídos a candidatos no proclamados, pueden ser los resultados a corto y largo plazo por la posible aprobación del proyecto de ley 8, que modifica el Código Electoral. 
Estos son los efectos que han identificado el exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Guillermo Márquez Amado y el abogado Ernesto Cedeño.
Márquez Amado identifica un riesgo en el sentido que el proyecto, tal como está redactado en la actualidad, prohíbe a los candidatos impugnados correr en una segunda elección. Esto, de acuerdo con el jurista, se distancia de los requisitos establecidos en el artículo 153 de la Constitución Política. “Aquí se estaría estableciendo un nuevo requisito que es el de no haber sido impugnado ni vencido en un proceso ante el Tribunal Electoral”, explicó.
El exmagistrado advirtió que en el caso que el presidente de la República decida devolver el proyecto de ley, lo único que se logra es atrasar los procesos de nulidad que hasta hoy ya presentan un retraso para ser resueltos.
Por su parte, el abogado Cedeño asegura que si el proyecto se aprueba, es casi seguro que los candidatos afectados interpongan un recurso de inconstitucionalidad.
En este caso, según Cedeño, solo hay dos escenarios posibles. El primero que la Corte Suprema de Justicia no admita el recurso y no haya ningún efecto, y el segundo es que la Corte admita el recurso y declare la inconstitucionalidad.
Este segundo escenario provocaría, de acuerdo con el abogado, que la Corte ordene la restitución de los derechos de los candidatos afectados, que pueden ser que ocupen sus respectivas curules, si se emite el fallo antes de que culmine el periodo constitucional, o que se ordene el pago de los salarios caídos, si la decisión sobre la inconstitucionalidad ocurre después de terminado el periodo para el cual fueron electos.
Sin consenso
Y aunque la propuesta de modificar el Código Electoral cuando no ha culminado el proceso electoral aparenta tener el consenso entre las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Panameñista, el diputado oficialista Miguel Salas expresó su oposición al proyecto de reformas.
Salas escribió en su red social Twitter: “No veo procedente ley de reformas electorales, tiene indicios de inconstitucionalidad. No debe ser retroactiva”, y añadió en otro mensaje: “Reforma debe ser clara, llamar a elecciones nuevamente en donde todos los que participaron tengan oportunidad nuevamente”.
El diputado José Muñoz, del partido Cambio Democrático, dijo que su bancada permanecerá alerta ante la “pretensión de cambiar las reglas del juego”. Agregó que este colectivo fue criticado por los cambios al Código antes de las elecciones, y aseguró que no se puede comparar con querer cambiar las reglas después del juego cuando se conocieron los ganadores de las elecciones. “Como el PRD no sacó la cantidad de diputados que pensaba, ahora quiere cambiar las reglas del juego; yo creo que todos los panameños nos vamos a oponer”, indicó.
Este proyecto de ley será sometido al segundo día de consultas en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, donde se espera la presencia del fiscal electoral y representantes de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

miércoles, 6 de agosto de 2014

Varela admite que viajó a Bahamas de vacaciones

El presidente Juan Carlos Varela aceptó ayer que viajó a Bahamas el fin de semana pasado en carácter de vacaciones por tres días, a pesar de solo tener un mes en el cargo.


Datos
  • 1,802 kilómetros fue el viaje de recorrido desde Panamá hasta Las Bahamas.
  • 3 días duró el viaje de vacaciones en el primer mes de mandato.
  • 2.4 millones de dólares es el valor del yate que el presidente Varela tiene en Las Bahamas.
El presidente Juan Carlos Varela aceptó ayer que viajó a Bahamas el fin de semana pasado en carácter de vacaciones por tres días, a pesar de solo tener un mes en el cargo.
Lo que sí negó Varela es haber viajado junto a laprimera dama, Lorena Castillo, en el avión privado de Stanley Motta, su principal donante de campaña y quien posee importantes concesiones con el Estado.
“Fue un viaje con mi esposa un fin de semana. Es totalmente falso, viajé en una aerolínea panameña muy bien atendido por pilotos panameños y hermosas azafatas panameñas, una de Santiago y una de David.
Sobre el viaje, la compañía aérea “Copa Airlines confirmó que el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, viajó en vuelo comercial ida y vuelta a Las Bahamas”.
Tres fuentes de Panamá América afirmaron que Varela había salido del país en el avión privado deMotta, un Gulfstream G450 con matrícula N915AM.
Incluso las fuentes señalaron que el avión se mantuvo hasta el pasado lunes en el hangar presidencial del aeropuerto de Albrook.
El pasado jueves, la secretaría de Comunicaciones del Estado informó del viaje de vacaciones del presidente Varela, pero no dio más detalles.
Fueron las fuentes de Panamá América las que confirmaron que había partido para Bahamas donde el presidente tiene anclado su yate de placer El Centuria comprado en 2011 en 2.4 millones de dólares.
Se trata del mismo yate que fue separado con un primer pago de 175,000 dólares hecho por Michelle Lasso en marzo de 2014. Para esa fecha, Lasso era objeto de una investigación del FBI que terminó con la desarticulación de una red de apuestas ilegales en Estados Unidos.
Incluso Lasso fue condenada por una corte estadounidense, luego de haberse declarado culpable y revelar datos de la operación ilegal.
En Panamá, el tema de las vacaciones de Varela a menos de un mes en el cargo de presidente generó reacciones. El abogado Ernesto Cedeño consideró que “se deben dar los detalles del viaje y los resultados del mismo, en fortalecimiento del principio de transparencia, que debe caracterizar cada gobierno, incluyendo este”.

Reforma electoral es Inconstitucional


El exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado aseguró que este proyecto de ley podría tener vicios de inconstitucionalidad porque se limita la posibilidad de elección a los candidatos que ocuparon una tercera o cuarta posición según los resultados de las elecciones pasadas.

La Asamblea Nacional debe considerar una fórmula que no limite el derecho de un ciudadano a ser elegido para un cargo de elección popular, sostuvo el exmagistrado.

¿Y qué pasa si el candidato que ocupó el segundo lugar también utilizó recursos del Estado?, preguntó Marquez Amado.

Mientras que Roberto Troncoso, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, manifestó que los magistrados del TE nunca esperaron “una avalancha” de impugnaciones después de las elecciones. Por ello considera que “el traje les quedó grande” y no van a poder resolver a tiempo las curules aún por asignar en el Legislativo.

Actualmente la Asamblea Nacional legisla con 57 diputados tras las impugnaciones a diferentes diputados proclamados como ganadores en sus juntas circuitales. En ese caso hay un total de 10 diputados de CD cuya elección se objetó por la supuesta utilización de recursos del Estado en campañas electorales.

Troncoso advirtió que tampoco “se pueden alterar las reglas del juego a mitad del partido” y mucho menos se puede denominar esa ley como de interés social.

Adelantó que hoy la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) sostendrá una reunión con los magistrados del TE sobre el contenido del proyecto de ley.

Por su parte, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño apuntó que si se comprueba un delito penal electoral la regla es sancionarlo, pero debe haber más argumentos para saber por qué no harán elecciones en las circunscripciones electorales donde se haya comprobado que se usaron recursos estatales en las campañas políticas.

MALIANTERIA ELECTORAL: TE avala polémica reforma electoral

El diputado de CD José Muñoz expresó que los magistrados no se deben prestar para cambiar los resultados de los comicios de mayo pasado.

Prensa  - Sectores de la sociedad civil y de la oposición política cuestionaron el proyecto de ley que busca reformar el Código Electoral para resolver los casos de impugnaciones, el cual recibió ayer el aval de los magistrados del Tribunal Electoral (TE).

La propuesta modifica los artículos 342 y 347 del Código Electoral, mediante los cuales se sanciona con la no celebración de nuevas elecciones en los procesos que el TE encuentre viciados, tras el análisis de las respectivas impugnaciones, por lo que las credenciales se entregarán a los candidatos cuya suma de votos sea la siguiente al eliminado de la contienda.

“Al boxeador que usa golpes bajos le quitan la pelea. En un partido de fútbol, al jugador que comete infracciones se le prohíbe seguir jugando”, advirtió el magistrado presidente del TE, Erasmo Pinilla, al justificar las reformas. “Esto es legal”, afirmó.

En tanto, Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, expresó que no se pueden alterar las reglas del juego a mitad del partido.

Mientras que Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del TE, advirtió los posibles vicios de inconstitucionalidad de la propuesta, porque limita el derecho de participar en una contienda a los candidatos.

Por su parte, la exmagistrada de la Corte Esmeralda de Troitiño indicó que se deben de dar más argumentos de por qué no se convocarían comicios en los circuitos donde se compruebe delito electoral.

DAÑO A CAMBIO DEMOCRÁTICO
José Muñoz, diputado de Cambio Democrático (CD), afirmó que sus candidatos se afectan con la pretendida modificación de la Ley Electoral.

“Cuando nosotros hicimos las reformas electorales, fueron antes de las elecciones. Estas son después: ya se sabe quién ganó y quién perdió. Como partido nos vamos a oponer. Es como que un gran empresario llega a hacer una inversión con un panorama claro y no se pueden cambiar las reglas del juego a la mitad”, dijo Muñoz.

“Cuando introdujimos las reformas electorales invitamos a los magistrados, y no quisieron venir. Hicimos la ley, pero mucho antes de la elección. Hacer una reforma para cambiar los resultados. (...) No creo que los magistrados deban prestarse para eso”, expresó el diputado de CD.

El exembajador de la Organización de los Estados Americanos Arturo Vallarino también acudió a la sesión como representante de CD.

“En un torneo deportivo, uno va sabiendo cuáles son las reglas. No se puede en mitad de un juego aplicar unas nuevas reglas. Para estas elecciones había unas reglas. Se está violando la institucionalidad”, manifestó. “Nosotros vamos a defender la institucionalidad para que se mantengan las reglas del juego”, dijo.

En tanto, el diputado Luis Eduardo Quirós, del Panameñista, dijo que la posición de su partido “es escuchar con atención la postura de todos los que vienen aquí para que se nutra el proyecto y cuente con el aval de los magistrados, la sociedad civil y los partidos políticos”.

Cambio de discurso del TE aumenta rechazo a reformas electorales

Como un exabrupto jurídico y un cambio que representa “una imprudencia” de parte de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) calificaron diversos sectores de la sociedad y políticos





  • 12 procesos de impugnación mantienen sin credencial catorce curules dentro de la Asamblea Nacional.
Reacciones
  • Defensa
  • El Partido Cambio Democrático mantiene su rechazo ante la inminente discusión de las reformas al Código Electoral. Ayer reafirmó su queja de que el proyecto busca el beneficio para los candidatos del Partido Revolucionario Democrático y el Panameñista.
  • Protesta
  • En el distrito de San Félix, en la provincia de Chiriquí, un grupo de simpatizantes de la diputada proclamada impugnada Ana Giselle Rosas, protestaron de manera pacífica para mostrar su rechazo al proyecto de ley que cambiaría la forma de otorgar las curules tras los procesos de nulidad.
  • Proceso
  • El Tribunal Electoral había planificado el llamado a la reunión de los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales para el mes de septiembre y en principio del periodo constitucional solicitó que la Asamblea aprobara el paquete de reformas que la Comisión aprobó en el año 2011. Sin embargo, en medio del proceso electoral cambió su opinión sobre el proceso de reformas.
Como un exabrupto jurídico y un cambio que representa “una imprudencia” de parte de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) calificaron diversos sectores de la sociedad y políticos, el aval que estos funcionarios le dieron al proyecto de ley que pretende modificar elCódigo Electoral que establece un mecanismo para favorecer a diputados del PRD y el Partido Panameñista.
En ese sentido, el abogado Ernesto Cedeñoasegura que este apoyo puede considerarse como “una imprudencia” de parte del Tribunal, porque se apresura a la discusión de las reformas.
“Siento que ellos debieron haber dicho, a mí me agrada el proyecto, pero creo que es extemporáneo porque pudiera interpretarse que es para favorecer a unos candidatos, esa debió ser la posición, respeto su criterio, pero creo que es imprudente”,indicó.
Con Cedeño coincide el abogado Raúl González, miembro del Foro Ciudadano de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, quien plantea que apoyar el cambio a las reglas, resta confianza y transparencia.
“Me parece que no es prudente que el TE en estos momentos opine a favor de esa reforma del Código Electoral. Llevar a cabo reformas paralelas, al margen de la sociedad civil, no es saludable para la democracia” expresó González.
Mientras que Elia López de Tulipano,representante del Foro de Mujeres Políticas,explicó que las reglas que existen son conocidas y así fue que los candidatos aceptaron el reto de participar.
“Estas medidas en que se impugnaba a todos los que forman parte de un circuito plurinominal, todos debieron haberla conocido”, dijo la dirigente.
Mientras que el exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado advirtió los posibles vicios de inconstitucionalidad de la propuesta, porque limita el derecho de participar en una contienda a los candidatos.
Por su parte, la exmagistrada de la Corte Esmeralda de Troitiño indicó que se deben de dar más argumentos de por qué no se convocarían comicios en los circuitos donde se compruebe delito electoral.
La propuesta es considerada por Cambio Democrático (CD) como un traje hecho a la medida, para favorecer a dos partidos políticos que cogobiernan y busca evitar que se celebren nuevas elecciones y anular la participación de los candidatos impugnados y se proclamen los candidatos de sus partidos de a dedo, con la anuencia del Tribunal Electoral, ignorando la voluntad popular.
“Esta propuesta no puede cambiar las reglas ya establecidas para los comicios del 4 de mayo de 2014, ya que atenta contra la institucionalidad que tanto ha proclamado el presidente de la República, Juan Carlos Varela”, indica un comunicado de CD.
El colectivo opositor señala: “La propuesta constituye un exabrupto jurídico”.
Agrega que en lugar de avalar esta antidemocrática propuesta, “los magistrados del Tribunal deben enfocarse en dar mayor celeridad y que se resuelvan, prontamente, los casos de impugnación de que han sido objeto nuestros candidatos a representantes, alcaldes y diputados del Partido Cambio Democrático”.
Aparte del comunicado de CD, representantes de este colectivo, el cual sería el mayor afectado con la iniciativa, no se convencen del vacío jurídico que plantean algunos diputados y el propio TE. Para Arturo Vallarino, miembro del equipo legal de ese partido, estas reformas tienen un solo sentido, que es evitar las elecciones para otorgar las 14 curules a candidatos de los partidos Panameñista y PRD, quienes previo al inicio del periodo constitucional firmaron un “pacto de gobernabilidad”.
“Aquí el Tribunal Electoral llamó a un torneo bajo determinada norma y entonces ahora, ya la norma no sirve”, expresó Vallarino y agregó: “realmente me ha sorprendido que los magistrados dijeran que esto ayuda a resolver un vacío legal. Creo que no hay ningún vacío, las reglas del juego se conocen y se han aplicado en todas las elecciones anteriores”.
Otros miembros de este colectivo político que reaccionaron son el exministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega, quien sostiene que el escenario para discutir estas reformas es una Asamblea Constituyente, tal y como se comprometió el presidente Juan Carlos Varela durante la campaña política.
A su vez, el secretario general del CD, Rómulo Roux, cuestionó la posición que ha tomado el Tribunal Electoral en medio de la solución que se busca para sendos procesos de nulidad presentados después de las elecciones generales. “Comentarios sin fundamento y parcializados del magistrado Pinilla. Parece parte de la alianza PRD-Panameñista”, comentó en su cuenta de Twitter.
Pero en medio del debate, el diputado Leandro Ávila, de la bancada del PRD, que propuso este proyecto, dijo que no existe un trasfondo y que lo único que se intenta es resolver el problema de las impugnaciones. “El Tribunal no tiene el instrumento para resolver las impugnaciones y la Asamblea a través de consulta va a intentar resolverlas”.

Presidente de APEDE evita hablar de contrataciones directas


El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Fernando Aramburú Porras, evitó cuestionar los contratos directos otorgados en el gobierno de Juan Carlos Varela. Pero en la administración pasada tenía una posición radical contra este mecanismo de contratación. 
En uno de sus comunicados en Apede, Aramburú aconsejó que las inversiones públicas se lleven a cabo sobre la base de la transparencia, por parte del Gobierno y del sector privado, sin preferencias, siempre con probidad, calidad al menor costo posible y alejadas de señalamientos de corrupción. 
“A consideración de la Apede, todas las contrataciones públicas y adendas a contratos, muchas de las cuales llegan a cifras millonarias, tienen que enmarcarse en lo establecido por la Ley de Contrataciones Públicas de 2006 y sus diferentes reformas”, indicó. 
Dijo que ello era con el propósito que haya una verdadera participación mayoritaria e incluyente de todos los sectores de la población interesados en hacer negocios con el Gobierno y del resto de la sociedad que recibirá los beneficios de esas obras. 
“Esta organización considera de suma importancia tomar en cuenta que el mecanismo de licitación pública incentiva la participación de muchas empresas y que podría generar ahorros importantes para el Estado”, dijo Aramburú.

martes, 5 de agosto de 2014

OPINIÓN: Sinvergüenzura electoral

Lo medular de las reformas al Código Electoral, iniciativa presentada por las bancadas aliadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Panameñista, es que cuando se impugnen los resultados electorales, se entreguen las credenciales, sin necesidad de nuevos comicios, al candidato que llegó de segundo lugar, y sobre los cuales no existe ninguna denuncia o sospecha de incurrir en alguna falta o delito.
Esta propuesta no nace de la Comisión de Reformas Electorales, que debe reunirse después de cada comicio, sino de los propios diputados; sin embargo, no hace falta un análisis exhaustivo para darse cuenta de que tal iniciativa tiene un trasfondo sectario y electorero, ya que busca favorecer los intereses del propio PRD y panameñismo.
Tal iniciativa, en medio del proceso electoral, que por ley aún está abierto, es una soberana inmoralidad y sinvergüenzura hecha para favorecer a los perredistas y panameñistas.
No se pueden cambiar las reglas del juego, cuando el torneo aun no concluye, no se puede jugar con las cartas marcadas, ya que el partido tendría un ganador predeterminado. La ciudadanía debe de estar alerta a este burdo intento de golpe a la institucionalidad democrática, de manos de quienes son los primeros llamados a defenderla.

Nueva denuncia por caso de policía desaparecido

Una denuncia por violación a los derechos humanos fue interpuesta por el abogado Alejandro Pérez ante la Defensoría del Pueblo, por el caso del sargento de la Policía Nacional Ismael Pitty


Proceso
  • Defensoría: En una semana se debe establecer si existen méritos para iniciar una investigación de parte de la Defensoría del Pueblo.
  • Derecho: La denuncia se fundamenta en los acuerdos internacionales sobre la defensa de la vida y las libertades de los panameños.
Una denuncia por violación a los derechos humanos fue interpuesta por el abogado Alejandro Pérez ante la Defensoría del Pueblo, por el caso del sargento de la Policía Nacional Ismael Pitty.
A juicio de Pérez, desde el 28 de abril el sargento de la Policía Nacional no aparece, y el director de la institución, Omar Pinzón, había mencionado que se encuentra en buen estado de salud, y que está en su puesto de trabajo.
Según Pérez, desde el viernes el sargento Pitty debía presentarse al Ministerio Público a desmentir que está detenido ilegalmente, sin embargo, en estos momentos no ha comparecido.
Pérez dijo que de no aparecer el sargento Pitty, se preparan cinco recursos de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia contra los derechos humanos fue recibida por la defensora del pueblo, Lilia Herrera, y está en trámite.

POLÍTICA: Jované asegura ser perseguido por el Gobierno de Varela

El economista y excandidato presidencial independiente, Juan Jované, afirmó que es perseguido por emitir críticas a los planes del actual gobierno.


El economista y excandidato presidencial independiente, Juan Jované, afirmó que es perseguido por emitir críticas a los planes del actual gobierno.
Ayer, lunes, Jované se presentó al Tribunal Electoral (TE) para conocer de una denuncia en su contra, interpuesta ante la Fiscalía Primera Electoral del Segundo Distrito Judicial por supuesta comisión del delito contra el sufragio en la recolección de firmas para su candidatura, en Ocú, Herrera.
El TE analiza el levantamiento del fuero electoral de Jované, a solicitud del fiscal electoral Eduardo Peñaloza. “Esto viene del partido panameñista”, aseveró el economista.
Jované señaló en Telemetro que esto se da porque critica el control de precios y viola la ley del economista, al tener un ministro y dos viceministros sin título.
“Se violó la Constitución. Cuando están en la oposición dicen, se viola la Constitución, pero cuando llegan al gobierno, violan la Constitución”, recalcó.
“Para mí esto no es otra cosa que decirme no sigas hablando, pero yo seguiré hablando”, aseguró.
El economista manifestó que no le interesa mucho el fuero electoral. “Para mí es una señal que se me está mandando y para mí es el Gobierno”.

Gobierno de Varela continúa otorgando contratos directos

En los primeros cinco días del mes de agosto la actual administración de gobierno ha aprobado dos nuevas contrataciones directas del Tribunal Electoral


En los primeros cinco días del mes de agosto la actual administración de gobierno ha aprobado dos nuevas contrataciones directas del Tribunal Electoral por un monto total de 10 mil 112 dólares.
Los contratos directos, que se suman a los 12 actos excepcionales que se realizaron para el Tribunal Electoral en julio que sumaron 1 millón 136 mil 793 dólares, se realizaron en concepto del diseño eléctrico del museo de la democracia en la nueva sede del Tribunal y la instalación de dos unidades de aire.
En el sitio web de Panamá Compra se observa que en los primeros 36 días del gobierno de Juan Carlos Varela se han aprobado 33 contratos directos, casi uno por día, lo que supera en total los 2 millones de dólares.
“Este es un gobierno que criticó esas prácticas y ahora lo está haciendo, hay una especie de falta de ética. Además, 31 contrataciones por mes, una por día, es un exceso”, comentó el economista y excandidato a la presidencia Juan Jované.
“Las contrataciones directas no benefician al Estado, ya que no existe competencia entre las empresas y al no existir este fenómeno, el Estado pierde la posibilidad de encontrar un precio más bajo”, aclaró Jované.
El economista panameño Carlos Gómez coincidió con Jované y expresó que “las contrataciones directas son buenas, siempre y cuando sean competitivas en términos de costos y efectivas en términos de resultados, siendo estas más comunes y bien utilizadas en temas necesarios o urgentes”.
“En casos anteriores ha pasado que las contrataciones directas llegaban a ofrecer los servicios a allegados del gobierno”, agregó.
Este caso se puede observar en uno de los contratos directos más expuestos a crítica, concedido por el nuevo administrador general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Joseph Fidanque III, quien admitió haber contratado a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración STI porque pertenece a un amigo.
STI fue contratada por 80 mil dólares mensuales durante seis meses -un total de 480,000 dólares-, para que realice el servicio de recolección y transporte de la basura internacional que generan los vuelos en el principal aeropuerto capitalino, la cual está siendo trasladada hasta Colón.
Carlos Gasnell Acuña, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, señaló que es necesario regular mejor las contrataciones directas, ya que todos los gobiernos han abusado de ellas.
“Estas contrataciones son controversiales porque muchas veces se utilizan para devolver favores políticos como donaciones recibidas en campaña o para favorecer a allegados y copartidarios”, señaló Gasnell, sumándose al criterio de los economistas.
El Idaan, el Tribunal Electoral, Tocumen S.A., Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Ahorros, la Asamblea Nacional, la Universidad de las Américas y la Empresa de Generación Eléctrica son las instituciones públicas que han realizado este tipo de actos.


Varela utiliza "jet" de Stanley Motta para su viaje de vacaciones

"Jet de Motta" al servicio de Varela



  • 45 millones de dólares es el valor promedio del ‘jet’ privado, propiedad de la familia Motta.
Datos
  • 30 días después de estar en el cargo, el presidente Juan Carlos Varela se ausenta por una viaje personal.
  • 3 días fue el tiempo de ausencia.
Juan Carlos Varela no solo tomó tres días de vacaciones en su primer mes como presidente de la República, sino que lo hizo viajando al exterior en el avión privado de su principal donante de campaña, Stanley Motta.
Se trata de uno de los hombres más ricos del país, quien posee importantes inversiones y concesiones con el Estado, una conexión que es cuestionada por representar un conflicto de intereses.
Fuentes cercanas al Palacio de las Garzas ofrecieron detalles de la ausencia del mandatario, que la Secretaría de Comunicación del Estado obvió en su comunicado oficial.
Trascendió que Varela se ausentó por tres días para tomar un viaje personal junto a su esposa, Lorena Castillo, a las Bahamas, a 1,802 kilómetros de distancia de Panamá.
El mandatario viajó en el “jet” ejecutivo Gulfstream modelo G450 con matrícula N915AM valorado en $45 millones, con capacidad para 22 pasajeros y propiedad de Motta.
Se trata del “jet” ejecutivo de motores Rolls-Royce, de mayor valor en la plaza local.
A la fecha, aún quedan muchas interrogantes del viaje de Varela en el avión del también dueño mayoritario de TVN.
El pasado 31 de julio, la Secretaría de Comunicación del Estado solo se limitó a informar que Varela viajaría fuera del país junto a la primera dama por motivos personales. También señaló que la pareja presidencial estaría de vuelta el domingo pasado, sin dar a conocer mayores detalles.
Panamá América envió un cuestionario a Castalia Pascual, vocera de la Presidencia, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Entre las preguntas que se solicitaron a Pascual están: ¿Por qué no se informó que el presidente viajaría en un avión privado de un empresario que tiene negocios con el Estado? ¿Considera usted que hay conflicto de intereses en utilizar el avión de un empresario con negocios con el Estado? ¿En calidad de qué se pidió prestado el avión y quién hizo dicha gestión? ¿Su estadía (la de Varela) en una isla del Caribe también fue pagada por el nombrado empresario?
El abogado Ernesto Cedeño señaló que el departamento de Relaciones Públicas del Estado no cumplió su misión de informarle al país sobre el viaje del presidente y los motivos del mismo.
“Creo que se deben dar los detalles del viaje y los resultados del mismo, en fortalecimiento del principio de transparencia, que debe caracterizar a cada gobierno, incluyendo este que es insipiente. Del informe que se le suministre al país ponderaríamos concluir si puede haber o no conflicto de intereses”, afirmó Cedeño.
El destino del viaje de vacaciones de Varela no es desconocido. Es precisamente en Bahamas, donde Varela mantiene anclado su yate llamado Centuria y que adquirió en 2011 por 2.5 millones de dólares al fabricante estadounidense Bertram.
Se trata de una embarcación de 67 pies (20.40 metros) de eslora y casco de fibra de vidrio, registrado en Islas Vírgenes Británicas.
El primer pago de esta embarcación lo realizó el 14 de marzo de 2011, Michelle Lasso, mientras estaba siendo seguida por el FBI y otras autoridades estadounidenses como parte de una red de apuestas ilegales que operaba en ese país.
Lasso pagó 175,000 dólares con el cheque número f011730055101, de una de sus cuentas bancarias en el Bank of America NA NY, para separar el yate de Varela.
Precisamente, varias de las cuentas secuestradas a Lasso, por su vínculo al lavado de dinero, eran del Bank of America.

POLÍTICA: El toro por las astas


De hecho es imposible que los políticos respondan cada acusación, cada pulla cotidiana, cada insensatez, desaguada por los medios. Ante la proliferación de ataques sin fundamentación, el partido Cambio Democrático (CD) ha decidido organizar una estrategia de respuesta jurídica para contrarrestarlos. El exministro de seguridad José Raúl Mulino ha puesto en jaque al Gobierno, solicitando que se le conceda cortesía de sala en las reuniones del Gabinete ministerial para aclarar la responsabilidad de Alberto Vallarino y Dulcidio de la Guardia en los contratos de los radares. Así, frente al presidente Juan Carlos Varela y los ministros, Mulino pondrá las cosas en su sitio con documentos en la mano.
Las aclaraciones de Mulino desmentirán al presidente Varela que presenta aspectos técnicos del funcionamiento de los radares como una presunta prueba de corrupción, cuando él conoció al detalle el asunto y no dijo nada en lo que ahora agiganta. La embestida de Mulino es el principio de la estrategia orgánica de CD para contrarrestar las invectivas desatinadas del gobierno panameñista que fue parte del régimen presidido por Ricardo Martinelli.
Vallarino y de la Guardia fueron ministros de economía de Martinelli. Ambos tienen el deber moral de explicarle al país y no estar lanzando anatemas que se voltean contra ellos mismos. Deben explicaciones también por las tierras de Juan Hombrón y otros temas que permanecen aún en la penumbra de conflictos de intereses.
La Contraloría desbarató las especulaciones lanzadas por medios oficialistas sobre la renuncia de la titular del cargo, Gioconda de Bianchini, mediante un comunicado público. Cumpliendo su rol constitucional, ha ordenado auditorías sobre presuntas irregularidades en fondos públicos, por expresa solicitud de la Procuraduría.
Se demerita con fundamento constitucional el carnaval de auditorías privadas anunciado por el Ministerio de Economía, el Tribunal Electoral y dependencias controladas por el gobierno panameñista para anular fraudulentamente la elección de diputados de CD.
Está en marcha una maniobra política para quitarle diputados a CD para elevar el exiguo número de diputados panameñistas. Para conseguir este objetivo espúreo, el consorcio panameñista con el PRD ha engendrado un mamotreto para que se les entreguen credenciales a sus candidatos en forma atropellada.
Las estrechas diferencias numéricas de los votos de los diputados elegidos y sus rivales demuestran la torpeza sectaria del proyecto de ley con aspiraciones de retroactividad.
El país está paralizado por la pérdida de tiempo de las represalias políticas gubernamentales. Hay inversiones privadas suspendidas por las ambigüedades de las medidas económicas. El control de precios se cae a pedazos. Se posterga la instrumentación de las nuevas tarifas de energía eléctrica. Se nombran funcionarios al margen de la ley.
Hay ministros que perdieron la nacionalidad panameña y escabullen las preguntas de los periodistas. Agricultores y ganaderos rechazan los precios dictados por burócratas inexperimentados. Los consumidores se sienten frustrados por el engaño de las promesas de rebaja de precios. No hay decisiones sobre el transporte público. Nada se resuelve.