Magistrados del TE pueden alterar elección del contralor

El magistrado Eduardo Valdés Escoffery confirmó que el martes entregará las credenciales a los diputados electos Néstor Guardia (circuito 2-1) y Rubén De León (circuito 9-1) y posiblemente a Samir Gozaine (4-1).

Los tres diputados perredistas fueron excluidos del proceso de impugnaciones en un fallo que varió anteriores decisiones del propio Tribunal, que establecía que cuando en circuitos plurinominales se impugna toda la elección, se incluye a la totalidad de los diputados proclamados.

Sin embargo, el abogado Sidney Sittón se mostró sorprendido que Valdés Escoffery anuncie la entrega de credenciales a Gozaine, cuando el martes es que se realiza la audiencia del 4-1 y en la propia Secretaría del Tribunal Electoral no hay un fallo al respecto para entregarle las credenciales al perredista.

Una fuente del PRD reveló que los magistrados Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés con esa entrega de credenciales buscan alterar la correlación interna de fuerzas en el PRD, para influir en la elección del próximo contralor. El actual presidente del colectivo Benicio Robinson controla 12 de los 22 votos de la bancada y si Gozaine, De León y Guardia se van con la otra facción, se alterarían los planes de la dirigencia del perredista para imponer al nuevo jefe de las finanzas públicas y en cambio saldría una figura impulsada por el grupo de “dinosaurios” y de los exmandatarios Martín Torrijos y Ernesto Pérez Balladares.

Reforma electoral puede traer efectos a largo plazo

Desde una mayor demora por resolver los procesos de impugnación hasta el pago de salarios caídos a candidatos no proclamados, pueden ser los resultados a corto y largo plazo por la posible aprobación del proyecto de ley 8, que modifica el Código Electoral. 

Estos son los efectos que han identificado el exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Guillermo Márquez Amado y el abogado Ernesto Cedeño.

Márquez Amado identifica un riesgo en el sentido que el proyecto, tal como está redactado en la actualidad, prohíbe a los candidatos impugnados correr en una segunda elección. Esto, de acuerdo con el jurista, se distancia de los requisitos establecidos en el artículo 153 de la Constitución Política. “Aquí se estaría estableciendo un nuevo requisito que es el de no haber sido impugnado ni vencido en un proceso ante el Tribunal Electoral”, explicó.

El exmagistrado advirtió que en el caso que el presidente de la República decida devolver el proyecto de ley, lo único que se logra es atrasar los procesos de nulidad que hasta hoy ya presentan un retraso para ser resueltos.

Por su parte, el abogado Cedeño asegura que si el proyecto se aprueba, es casi seguro que los candidatos afectados interpongan un recurso de inconstitucionalidad.

En este caso, según Cedeño, solo hay dos escenarios posibles. El primero que la Corte Suprema de Justicia no admita el recurso y no haya ningún efecto, y el segundo es que la Corte admita el recurso y declare la inconstitucionalidad.

Este segundo escenario provocaría, de acuerdo con el abogado, que la Corte ordene la restitución de los derechos de los candidatos afectados, que pueden ser que ocupen sus respectivas curules, si se emite el fallo antes de que culmine el periodo constitucional, o que se ordene el pago de los salarios caídos, si la decisión sobre la inconstitucionalidad ocurre después de terminado el periodo para el cual fueron electos.

Sin consenso

Y aunque la propuesta de modificar el Código Electoral cuando no ha culminado el proceso electoral aparenta tener el consenso entre las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Panameñista, el diputado oficialista Miguel Salas expresó su oposición al proyecto de reformas.

Salas escribió en su red social Twitter: “No veo procedente ley de reformas electorales, tiene indicios de inconstitucionalidad. No debe ser retroactiva”, y añadió en otro mensaje: “Reforma debe ser clara, llamar a elecciones nuevamente en donde todos los que participaron tengan oportunidad nuevamente”.

El diputado José Muñoz, del partido Cambio Democrático, dijo que su bancada permanecerá alerta ante la “pretensión de cambiar las reglas del juego”. Agregó que este colectivo fue criticado por los cambios al Código antes de las elecciones, y aseguró que no se puede comparar con querer cambiar las reglas después del juego cuando se conocieron los ganadores de las elecciones. “Como el PRD no sacó la cantidad de diputados que pensaba, ahora quiere cambiar las reglas del juego; yo creo que todos los panameños nos vamos a oponer”, indicó.

Este proyecto de ley será sometido al segundo día de consultas en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, donde se espera la presencia del fiscal electoral y representantes de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

Reforma electoral es Inconstitucional

El exmagistrado del TE Guillermo Márquez Amado aseguró que este proyecto de ley podría tener vicios de inconstitucionalidad porque se limita la posibilidad de elección a los candidatos que ocuparon una tercera o cuarta posición según los resultados de las elecciones pasadas.

La Asamblea Nacional debe considerar una fórmula que no limite el derecho de un ciudadano a ser elegido para un cargo de elección popular, sostuvo el exmagistrado.

¿Y qué pasa si el candidato que ocupó el segundo lugar también utilizó recursos del Estado?, preguntó Marquez Amado.

Mientras que Roberto Troncoso, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, manifestó que los magistrados del TE nunca esperaron “una avalancha” de impugnaciones después de las elecciones. Por ello considera que “el traje les quedó grande” y no van a poder resolver a tiempo las curules aún por asignar en el Legislativo.

Actualmente la Asamblea Nacional legisla con 57 diputados tras las impugnaciones a diferentes diputados proclamados como ganadores en sus juntas circuitales. En ese caso hay un total de 10 diputados de CD cuya elección se objetó por la supuesta utilización de recursos del Estado en campañas electorales.

Troncoso advirtió que tampoco “se pueden alterar las reglas del juego a mitad del partido” y mucho menos se puede denominar esa ley como de interés social.

Adelantó que hoy la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) sostendrá una reunión con los magistrados del TE sobre el contenido del proyecto de ley.

Por su parte, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño apuntó que si se comprueba un delito penal electoral la regla es sancionarlo, pero debe haber más argumentos para saber por qué no harán elecciones en las circunscripciones electorales donde se haya comprobado que se usaron recursos estatales en las campañas políticas.