Subsisten algunas dudas de si vale la pena salir al paso de una imputación basada en un video que los responsables de la denuncia no han visto y que ellos mismos tienen antecedentes de extorsiones y calumnias. Pero en esta ocasión, la audacia ha ido más allá de lo habitual al pretender enlodar la vida personal del jefe del Estado. La aparente irresponsabilidad periodística tiene una evidente intención política: frenar el ascenso incesante de la aprobación de la gestión del presidente Ricardo Martinelli en las encuestas y salpicar al paso la ventaja arrolladora de José Domingo Arias sobre los otros candidatos presidenciales.
La desesperada maniobra política delata con nitidez a los autores de la despreciable conjura. La programada sucesión de calumnias –el helicóptero forrado en terciopelo, la reunión con Lavítola en Roma, el viaje al Vaticano y el encuentro con el papa Francisco –ha causado resultados inversos en la opinión pública. Sin embargo, nada parece detenerlos en su odio visceral contra el Gobierno. Continuarán escarbando en el estiércol criollo y en las cloacas italianas probablemente hasta el tres de mayo. Y será vano desmentirlos porque no publican rectificaciones, que incrementan los residuos del descrédito.
El Código de Ética del Colegio de Periodistas y los manuales periodísticos preconizan que se deben confirmar a fondo las noticias que puedan afectar la imagen de personas e instituciones, porque no hacerlo destruye la credibilidad informativa del medio difusor.
El Código Penal sanciona a quien ofenda la dignidad, honra o decoro de una persona y al que publique o reproduzca, por cualquier medio, las ofensas al honor inferido por otro. Pero si se demandara judicialmente a un medio de comunicación social por estas descaradas violaciones de las leyes se organizaría de inmediato una estridente gritería de protestas, coreada por los apéndices de transparencia, dignidad ciudadana y resentidos de todo pelaje.
Los ofensores se transformarían en víctimas lacrimógenas de atropellos imaginarios cuando merecen demandas por daños y perjuicios por la contumacia de sus calumnias. El juego es tan conocido que no vale perder el tiempo llevando a los calumniadores ante los tribunales; en verdad, el tribunal de la opinión pública ya conoce los vericuetos sórdidos de informar a base de las murmuraciones engendradas en los bajos fondos de una conocida mafia de extorsionadores y chantajistas de una ralea comparable a la de su mentor Al Capone. Existen abundantes pruebas para situar en la categoría correspondiente a los autores intelectuales de la campaña infame y a sus rentados ejecutores.
El ejercicio de la profesión se mide por la capacidad de verificar la veracidad y la solvencia moral de la fuente. Pero cuando premeditadamente se prescinde de la valoración de la fuente no hay duda de que el informante y el informador pertenecen a la misma calaña. El documento del pacto ético no sirve ahora ni como cartucho por obra y gracia de sus propios suscriptores. Quisieron poner en la pira a quienes dudaron de su eficacia por la desconfianza ante los miembros del circo. Ante las evidencias públicas de la violación impune del pacto, queda al desnudo que el pacto poco tuvo de ético y mucho de contubernio político.
