Uno de los terrenos de 139 hectáreas con frente de mar fue otorgada a David Torres Solís por 840 dólares. La persona también está ligada a la adjudicación de otras 126 hectáreas en la isla San Miguel.
La red investigada por el Ministerio Público, por la supuesta inscripción de 88 fincas que pertenecen al Estado, no solo afectó propiedades en islas y la provincia de Veraguas, sino también las costas del corregimiento de Coclé del Norte, en Colón.
Una de las propiedades de las que ya se tiene documentación es la finca N.°26538, que hasta marzo de 2009 era considerada como un lote baldío propiedad del Estado. Se trata de un terreno con frente de mar de 139 hectáreas de extensión.
El 18 de marzo de ese mismo año, la directora nacional de Reforma Agraria, Nadia Moreno, emitió una resolución, respaldada con la firma de la secretaria “ad hoc” Rosa Castro Cumbrera y la jefa del Departamento de Adjudicación de la institución, Delma Juárez, en la que se concedía esta finca a David Fernando Torres Solís por 840 dólares o seis dólares la hectárea.
Sin embargo, Reforma Agraria nunca tuvo jurisdicción sobre las propiedades en costas e islas.
Unos 26 días después (14 de abril de 2009), Moreno, Castro y Juárez firmaron otra resolución en la que se adjudicaba la finca 300989 de 126 hectáreas en la isla San Miguel por 762 dólares, propiedad que quedó en manos de la sociedad Fundación de Interés Privado Rey de David, la cual también está ligada a Torres Solís, primo del diputado Freidi Torres.
Ambas fincas fueron inscritas el 17 de mayo en el Registro Público por Jesús Morales, uno de los dos cabecillas de la supuesta red que logró inscribir las 88 fincas del Estado.
Torres Solís también es delegado del PRD en Herrera y parte del equipo de campaña de Juan Carlos Navarro.
La adjudicación original que hizo Reforma Agraria sobre la finca en isla San Miguel fue hecha a nombre de Jorge Abel Pérez, y luego este traspasó la propiedad a varias sociedades vinculadas con Torres Solís, según consta en la documentación del Registro Público.
Actualmente, Pérez es trabajador de la empresa Transporte Torres S.A. cuyos directivos son los padres de Torres Solís, según confirma su número patronal en la Caja de Seguro Social.
Hasta la fecha, 43 personas están mencionadas en el expediente de este caso, que tiene más de 18 tomos en el Ministerio Público.
Ocho de estas personas enfrentan medidas cautelares, entre ellas José Edir Torres, quien inscribió 58 de las fincas afectadas, y Jesús Morales, quien inscribió otras 19 fincas del Estado.
Entre los mencionados en la investigación se encuentran varios familiares del diputado Freidi Torres, así como la ex-directora de Reforma Agraria, Nadia Moreno, quien ya rindió una primera declaración.
En el pasado, Moreno había sido la asistente personal del diputado Torres en la Asamblea Nacional.
El diputado Torres ha señalado que sus familiares están siendo investigados como afectados y no como posibles miembros de esta red.
“Hay mucha gente que ha sido estafada, y los hermanos míos fueron utilizados en eso. Ellos compraron tierras al igual que mucha gente, y lo que entiendo es que se está investigando es si el trámite fue ilegal o no”, comentó. A la fecha, el Ministerio Público no ha solicitado ninguna marginal sobre las supuestas fincas afectadas para evitar que sigan siendo traspasadas a otras sociedades y dueños.
INSCRIPCIÓN DE TIERRAS DEL ESTADO
- 88 fincas del Estado habrían sido afectadas por una supuesta red que hacía traspasos ilegales.
- 35 sociedades anónimas fueron utilizadas como pantalla para las inscripciones.
- 43 personas están mencionadas en el expediente que lleva el Ministerio Público.
