Credibilidad del Tribunal Electoral ha caído: Alma Cortés

En medio de los disturbios generados por la discusión de un proyecto de ley que modifica el Código Electoral, la ministra Alma Cortés considera que “son buenas reformas y oportunas porque necesitamos la transparencia, ir adecuando nuestra legislación a los tiempos modernos”.   

Igualmente arremetió contra el magistrado del Tribunal Electoral, Gerardo Solís. Dijo Cortés: “Si él lo que quiere que las reformas lleven su nombre Gerardo Solís, se le pone pues, Él cree que iba a dejar un legado".
La ministra Cortés dijo que desde las elecciones de 2009, Cambio Democrático entregó una serie de reflexiones para que el Tribunal Electoral legislara sobre las fallas de las elecciones pasadas, sin embargo  

Ministra Cortés dice que incidentes en la Asamblea son censurables

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral e integrante del partido Cambio Democrático, Alma Cortés, expresó esta tarde que se sentía triste al ver la forma en que están agitando los miembros de la oposición las turbas con el fin de atentar contra la seguridad y funcionamiento de un órgano del Estado [Asamblea Nacional].   

Cortés expresó que esa situación era deleznable y censurable.

También la ministra destacó que escuchó las palabras del magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, en donde decía que esa situación era normal y natural.

“Señores, Dios mío, en que sociedad estamos viviendo, cuando él [Solís] debe ser el primero en llamar a la calma, a la tranquilidad”, dijo en Telemetro Reporta.

Cortés ofreció estas declaraciones al ser consulta sobre cual era su opinión de las situaciones que se presentaron esta tarde en la Asamblea Nacional, en donde se suspendió la sesión en donde se discutían las reformas electorales debido a una protesta.

La ministra indicó que al escuchar que Solís se sumó a estas situaciones y las calificara de naturales se vive la decaída del Tribunal Electoral, que se mantenía con índices de credibilidad.

Cortés recordó que en el país se vive en un estado de derecho y que cuando no se está de acuerdo con la actuación de la Asamblea Nacional hay mecanismos civilizados a los que se puede recurrir.