25 | 05 | 2012
La decisión de la Dirección General de Ingresos fue notificada ayer a las 2:45 p.m. a Javier Said Acuña. En total fueron 35 fincas las que se secuestraron al presidente fundador del diario La Prensa.
La Dirección General de Ingresos (DGI) ordenó ayer el secuestro de 35 propiedades de Desarrollo Golf Coronado S.A., cuyo representante legal es el presidente vitalicio de [B]La Prensa[/B], Ithiel Roberto Eisenmann.El secuestro es parte del proceso que abrió la DGI a Desarrollo Golf Coronado S.A. por supuesta evasión fiscal.
Según la DGI, la empresa incurrió en deficiencias en sus declaraciones de impuestos sobre la renta en los periodos 2008, 2009 y 2010, que suman 2 millones 83 mil 590 dólares.
Además, por el periodo de 2011 se le exigió el pago de 992 mil 765 dólares como parte del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS).
La medida se adoptó, según la Resolución 201-5831 de 22 de mayo de 2012, para evitar que el contribuyente “trasponga, enajene, oculte, empeore, grave o disipe, secuestre o embargue o ejerza cualquier otra medida restrictiva sobre los bienes”.
Las medidas cautelares -según la resolución- que se ejecutaron quedarán sin efecto “cuando el contribuyente cumpla con su obligación, garantice el cumplimiento de estas o haya sido absuelto de los cargos de defraudación fiscal”.
La resolución, que lleva la firma del director de la DGI, Luis Cucalón, advirtió que se podrán ordenar nuevas medidas cautelares si se evidencia la existencia de un posible crédito tributario distinto al que motivó la medida original.
La medida que se decretó se ejecutará sin interrumpir las labores del establecimiento o hacienda, según detalló el documento que se publicó ayer en la [B]Gaceta Oficial.[/B]
En total fueron 35 fincas las que se secuestraron, cuyo valor en conjunto alcanzan los 3 millones 74 mil 580 dólares.
La decisión de la DGI se tomó basada en el artículo 17 del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970 que le da la facultad a esa entidad para ordenar, “junto con la notificación o ejecutoria de comunicación o la resolución que contenga requerimiento de pago de un tributo, el aseguramiento, secuestro u otras medidas cautelares sobre todos o cualesquiera bienes del contribuyente cuando exista riesgo por la percepción del crédito respectivo o para garantizar el cobro de la obligación tributaria”.
La medida fue notificada ayer a las 2:45 p.m. a Javier Said Acuña de Rivera, Bolívar y Castañeda.
Reacción.
Tras la decisión de la DGI, Eisenmann señaló que se trata de un "abuso de autoridad" porque la DGI ya no tiene ese caso.
Manifestó que este caso está en apelación en el Tribunal Tributario, a raíz de que el director de la DGI había perdido jurisdicción sobre el caso violando todos los procedimientos.
Eisenmann dijo que pese a la acción aplicada por la DGI, debido al tamaño de la empresa, las operaciones no se verán afectadas.
“Se les seguirá prestando el servicio a los más de 5 mil clientes”, indicó el empresario.
"Esta es una empresa que tiene 71 años y que tiene activos muy superiores a las resoluciones de impuestos, de tal manera que no justifica en lo absoluto semejante acto", señaló a [B]TVN Noticias.[/B]
El empresario consideró que la decisión tomada en su contra es violatoria de todos los principios, de la Constitución y de las leyes. Alegó que es una represalia en su contra por las críticas que le ha hecho al actual Gobierno.
