EDITORIAL: PRD en Subasta

Después de una sequía de cinco años por la derrota de Balbina Herrera, la debacle de Juan Carlos Navarro podía desembocar en cinco años fuera de la burocracia gubernamental. Pero diez años fuera de la papa es demasiado para los vampiros políticos habituados a succionar la sangre de los gobiernos. Por estas y otras razones, Navarro se ha precipitado a organizar la venta de patio del PRD. Antes de que las propuestas de Juan Carlos Varela lleguen a la Asamblea, el PRD está armando la subasta de los votos que necesita el panameñismo por la indigencia de curules propias. Traicionando la voluntad de los electores que balancearon el poder del Ejecutivo y el Legislativo, el PRD no quiere ser parte de la oposición, sino vasallo del oficialismo.

Como están acostumbrados a vender sacando provecho, el precio de la transacción podrían ser ministerios, embajadas, puestos en la administración pública, sin descartar recompensas privadas. La opinión pública conocerá en algún momento las condiciones del arreglo que ahora se mantiene en la semioscuridad de los entretelones mercantiles. Cuando se haga la luz sobre las transacciones se conocerán los detalles del acto más espectacular de transfuguismo colectivo del PRD.

En realidad, la alianza de último minuto con los cogotudos de Nueva República demostró que el frustrado candidato siempre está dispuesto a vender algo al diablo. Antes de las elecciones, no titubeó en aceptar este acuerdo contra natura celebrado impúdicamente entre los antagonistas históricos del civilismo clásico y el PRD, su implacable perseguidor.

El recuento de los votos muestra un trasvase de votos de miembros y simpatizantes del PRD que negaron respaldo por el arreglo firmado con los dinosaurios. Una nueva componenda para metamorfosear a los diputados perredistas de opositores a oficialistas podría estar llevando al máximo nivel del desprestigio al partido de centro-izquierda, ubicándolo probablemente en las orillas de la extinción.

Los devotos de Omar Torrijos están preguntándose ¿dónde quedó la ideología social demócrata? ¿es lícito subastar las ideas del partido en cuyas siglas está la revolución y la democracia –Partido Revolucionario Democrático– con una asociación donde tienen primacía los fabricantes de licores?; ¿se puede seguir tolerando a dirigentes que nos han llevado a la postración política?; ¿debemos acatar el mandato popular de ser diputados de la oposición o ser dóciles subordinados del partido que tiene el mango de la sartén?

De pacto en pacto, el PRD irá despeñándose en el abismo abierto en las entrañas de la maquinaria si no llega a reaccionar a tiempo. Si los militantes no apoyan al partido extorrijista, menos lo harán los miembros de otros partidos y los independientes que ya rechazaron el engaño político protagonizado por el candidato Gerardo Solís, que restó y no sumó algún voto.

La inocultable vocación al error de Juan Carlos Navarro no tiene límites. Las reservas de la vieja guardia sobre su candidatura han quedado demostradas. Como dijo Carlos Marx, las comedias políticas iniciales se transforman en tragedias definitivas.

Partidos ideológicamente opuestos como el panameñismo y el perredismo podrían llegar a ciertos consensos que la necesidad de gobernabilidad pueda justificar en materia de leyes que signifiquen temas de Estado. Otro asunto es firmar cheques en blanco para avalar políticamente a un gobierno sin señales claras de rumbo.

EDITORIAL: Bilis Electoral

El presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, cayó en contumacia al usar una ceremonia institucional como tribuna de sus opiniones políticas personales. Cuando se esperaba que hiciera un recuento técnico de la organización nacional de las elecciones generales, lanzó ataques tóxicos contra el gobierno saliente, sugiriendo investigaciones y auditorías sobre gastos gubernamentales que escapan totalmente de la esfera del Tribunal Electoral (TE). Sus invectivas fueron coreadas obviamente por una parte del público panameñista, pero creó la incomodidad del cuerpo diplomático que esperaba un informe de tipo electoral y no el torrente de bilis que evacuó en Atlapa.

Se dice por allí que fue la forma distorsionada de responder a las dudas creadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá al no aparecer en sus registros académicos y tener una idoneidad que perteneció a un difunto. Cualquiera fuera la causa de su rabieta retórica es evidente que Pinilla debe esperar que concluya su tortuoso lapso de magistrado para lanzar sus mamotretos en un local del PRD, el partido que le dio el puesto con votos ordenados por la alta directiva.

Este seudomártir de la democracia se autocalificó como guardián de la hostilidad contra Cambio Democrático en una estrategia personal carente de sutileza para que el nuevo gobierno lo nombre por 10 años en el TE. Agraviaría la institucionalidad democrática la perpetuación de un funcionario que volvió a demostrar públicamente que no tiene pudor para exhibir sus simpatías y diferencias políticas en un organismo en que debe primar la garantía de una imparcialidad partidaria absoluta.

Las reformas constitucionales canalizadas a través de una asamblea constituyente paralela deberían restringir a 10 años el ejercicio de los magistrados y prohibir la reelección, fuente de nepotismo y de injerencias políticas. El relevo de magistrados del TE constituye una decisión de urgencia notoria, lo mismo que la auditoría a las decisiones de la Sala de Acuerdos, para verificar si es cierto que tres funcionarios se sienten reyezuelos para adoptar medidas contrarias al Código Laboral y al Administrativo en nombramientos y despidos.

Ningún funcionario puede ponerse por encima de las leyes y presentarse como indispensable en asuntos electorales, ya que el Código Electoral, aprobado por legisladores y no por el TE, es el organismo legal que cuenta con la maquinaria para blindar, hasta donde es humanamente posible, las elecciones contra defraudaciones en oposición a la voluntad popular.

Es ocasión propicia para advertirles a las autoridades correspondientes que la opinión pública está siguiendo atentamente la marejada de impugnaciones organizada para pretender arrebatarle las curules y la representación de corregimientos a los legítimos ganadores del torneo electoral.

Resultaría intolerable que se intente conquistar la mayoría en la Asamblea Nacional de Diputados no con votos, sino con impugnaciones presuntamente amañadas o a través de componendas con el partido favorito del magistrado de marras.

La dialéctica electoral se pronunció por el equilibrio de los poderes públicos como un imperativo orientado a la concertación del Ejecutivo y el Legislativo. Tal es la expresión fundamental de la libre determinación de los votantes.

EDITORIAL: Blindando la canasta

PANAMA AMERICA - El subsidio a los productos de mayor consumo popular –arroz, aceite, espagueti, tuna, lentejas– constituye la medida más realista y beneficiosa adoptada por el Gobierno para estabilizar la canasta básica y bloquear los efectos de la inflación.

Solo una persona de la amplia experiencia comercial y de vocación social como el presidente Ricardo Martinelli podía concebir una estrategia para entregarle a los trabajadores el salario mínimo más alto de la historia panameña y, a la vez, levantar una muralla de subsidios a los productos alimenticios fundamentales de la canasta básica y así evitar que la incesante escalada de precios minimizara el reajuste salarial. Es un disparo directo al corazón del proceso inflacionario. Si a estos subsidios agregamos las jumboferias, la cadena de frío y los programas destinados a fortalecer el sector agropecuario, se llega a la conclusión de que se ha producido un paso sin precedentes al elevar la protección social de la capacidad adquisitiva de los sectores populares.

Los subsidios a la canasta básica beneficiarán particularmente a los panameños que enfrentaban las consecuencias del aumento constante de precios causado por la red de intermediarios que especula con los precios más la inflación importada de insumos producidos en el extranjero.

La gasolina y el diésel varían de precios por los vaivenes del mercado internacional. Maquinaria agrícola, fertilizantes, plaguicidas, semillas, provienen de países igualmente azotados por la inflación. Los controles de precios incuban mercados paralelos de oferta y demanda clandestina que amenazan la economía libre, fracasando en todas partes como lo demuestra la experiencia mundial.

Los regímenes totalitarios y los políticos perezosos consideran que el control de precios es una panacea social; sin embargo, los resultados revelan que es un remedio peor que la enfermedad. En cambio, el subsidio estatal recicla los recursos aportados por los contribuyentes en su propio beneficio y es una herramienta eficaz para resolver las distorsiones del mercado.

El Estado juega un importante papel regulador comprando stocks y cosechas a precios satisfactorios para los productores y a la vez cubre las diferencias de la venta a los consumidores. La tasa de crecimiento de la economía panameña lleva el liderazgo de la región, fomentando el crecimiento de la producción de bienes y servicios por el aumento de la capacidad adquisitiva de los consumidores. Pero el incremento de la demanda y la caída de la oferta puede causar el aumento de los precios si el Gobierno no actúa con imaginación para cerrar las brechas.

La administración Martinelli ha seleccionado los productos de consumo masivo de la canasta básica, otorgándoles subsidios para frenar la erosión de los aumentos salariales.

El Gobierno ha elegido los subsidios a la canasta básica, aplicando una fórmula sencilla para estimular la producción agropecuaria y proteger a los consumidores del ácido disolvente de la inflación. Sin las cuadrillas burocráticas que engendra el control de precios; sin lesionar la economía libre, construimos el camino de una economía para las mayorías.

EDITORIAL: Ética política

Hay quienes creen que la simple firma de pactos sobre cuñas publicitarias transforma los partidos y políticos en portaestandartes de una ética sin límites. Algo semejante a una repentina conversión pentecostal que los transforma en apóstoles de una nueva era electoral. No les importa el pasado de procesos judiciales por dinero negro, ni el turbio historial de malversaciones y nepotismo rentado. Pero los panameños ya los conoce por sus obras y no por ‘spots’ propagandísticos y no caerán en las trampas de un mecanismo mañoso y estreñido, concebido para que los sobrevivientes del parque jurásico de la política se disfracen de monopolistas de verdades, encubridoras de los mensajes de una desacreditada mitomanía electoral.

La ética es un compromiso moral, testimoniado por una hoja de vida puntualizada por los hechos públicos y privados de cada cual a través del tiempo. Quienes han hecho de la política una profesión lucrativa, sufragada por los contribuyentes cada 4 años; quienes se empeñan en regresar al poder para que la administración estatal sea la sucursal de la burocracia emplanillada por los partidos; quienes, a última hora, pretenden que un pacto dudosamente ético podría tener el efecto disolvente de un detergente que borre las manchas del “Pele police” político; deben tener presente que los votantes no son amnésicos y tienen suficiente claridad para distinguir a los malos políticos maquillados como buenos.

Podrán llamar guerra sucia al destape de sus antecedentes de sordidez política. Podrán refugiarse en la privacidad de su récord policivo. Llamarán calumnia a la verdad, injuria al esclarecimiento de sus rejuegos oscuros, insulto al recuento transparente de pormenores del patio limoso de su trayectoria.

Se comprobará entonces que llaman pacto ético a una burda componenda para impedir que los votantes conozcan quién es quién. Los que propusieron la firma del pacto ético, con indudable buena voluntad en beneficio de la concordia nacional, comprenderán, tarde o temprano, que un pacto de esa naturaleza no debe constreñirse a la vigencia temporal de las elecciones, sino que debiera constituirse y extenderse como un acuerdo permanente e imperecedero de defensa de la honestidad de la administración pública.

Los deshonestos, defraudadores de los intereses nacionales, tienen que aportar pruebas concretas que han cambiado, que no repetirán las tropelías que los enriquecieron en el pasado, a manera de un certificado de compromiso moral, para que los panameños juzguen si aceptan o rechazan el arrepentimiento, y los perdonan o no los redimen por sus malas prácticas.

Pero el infierno está empedrado con buenas intenciones. El pueblo olfatea las mentiras de los dinosaurios que se visten de cachorros, y de los cómplices de la dictadura y la gerontocracia, ahora ungidos como intransigentes defensores de la Constitución. El pueblo ya no come cuentos. El pueblo no se asusta con historias de la tulivieja política. Reclama hechos y desestima promesas. Comprende que el llamado pacto ético es una artimaña de los políticos históricos para que no se sepa la verdad de las promesas incumplidas y para que se esconda la realidad del pasado vergonzante.

EDITORIAL: El Poder económico detrás de las protestas

Pareciera que en el país hay personas y grupos interesados en promover la inestabilidad. Los llamados a paro y cierre de calles están a flor de piel y los promotores de estas acciones de protesta son conocidos ampliamente por los ciudadanos. 

Los temas que sirven como excusa para convocar a estas protestas siempre han estado presentes, ni siquiera fueron generados por el actual gobierno. Sin embargo, los intereses políticos sobre estos provocadores pesan más que el interés común. Cada cierre de calle o huelga tiene un efecto negativo sobre la comunidad.

Los autores intelectuales de estos movimientos no son necesariamente gente humilde que vive en condiciones de pobreza, por el contrario, tienen dinero y recursos.

Actúan sin ninguna clase de vergüenza y solo piensan en sus riquezas. Utilizan hábilmente los conceptos de donaciones y se aprovechan de ello para luego pedir favores. Eso también es atentar contra la democracia.

No importa quién esté al frente del país, siempre van a presionar y a manejarse de manera irregular. Ninguno de estos personajes piensa en el interés colectivo porque al terminar el día regresan a su mundo particular.

No vale la pena entrar a dar más detalles de sus actuaciones, porque aunque intenten venderse como los ciudadanos ejemplares y bondadosos, no lo son. Nadie que promueva paros, huelgas y manifestaciones, ignorando los diálogos como primera opción, tiene moral para exigir respeto. La manipulación de grupos sociales que piden mejores condiciones de vida para los ciudadanos es deplorable.

Es inexplicable como siguen golpeando con fuerza cualquier proyecto o programa que beneficia a la sociedad. Se olvidan de la realidad de las personas y se concentran en sus bolsillos.

OPINION: La pura verdad

Es una pena que los grupos políticos que buscan el poder utilicen toda clase de tácticas sucias para ganar simpatía entre los panameños. Lo que ocurre en la provincia de Colón es una muestra de lo que son capaces de provocar. 

Los dirigentes políticos de oposición han salido a las calles abiertamente a rechazar una iniciativa que buscar darle más beneficios al país y a la misma provincia de Colón. Sin ningún tipo de pudor llaman a la rebelión a los ciudadanos y sacan de sus bolsillos para fomentar el caos.

Piensan que convirtiendo una provincia en un campo de batalla ganarán próximamente unas elecciones generales y están totalmente equivocados. Le dieron la oportunidad a los delincuentes y los pandilleros de actuar al margen de la ley perjudicando a los residentes de Colón.

Es impresionante como salen a aplaudir o justificar acciones como estas donde se atentó contra la seguridad de cientos de personas inocentes. Algunos sectores que tampoco aceptan al actual gobierno presidido por Ricardo Martinelli, siguieron el juego y no perdieron la oportunidad para respaldar los actos de violencia, olvidándose del fondo del problema.

Cualquiera que se atreva a utilizar esta crisis social para ganar apoyo político es un irresponsable y merece que le caiga enérgicamente todo el peso de la ley. Incitar a la violencia en las calles sin importar las consecuencias y daños es condenable.

Los únicos perdedores de todo esto son los habitantes de la provincia de Colón. Es momento de hacer un alto y reflexionar detenidamente sobre el futuro del país.

Dejen la política barata a un lado y analicen el daño enorme que le están causando a Colón, todo por la ambición de ostentar el poder. Triste y patética realidad.

OPINION: Ayer bueno, hoy malo

En ocasiones, las personas no recuerdan sus acciones pasadas, pero en el presente, las critican sin pensar que en este país no existe memoria.

Británico Quesada (britanico.quesada@epasa.com) / PANAMA AMERICA

En ocasiones, las personas no recuerdan sus acciones pasadas, pero en el presente, las critican sin pensar que en este país no existe memoria.

Desde la venta de un activo estatal hasta la construcción de una carretera y la distribución de bolsas de alimentos, son algunas de estas acciones. Tal es el ejemplo de Fernando Aramburu Porras, quien cuestionó el proyecto de ventas de acciones estatales en las empresas de electricidad y telefonía. 

Por ironías de la vida, este señor fue el arquitecto de la venta o privatización del IRHE en la presidencia de Ernesto Pérez Balladares.

Muchas personas también pierden el norte, y cuando ocupaban cargos públicos, poco hicieron frente a sus carteras y ahora son expertos.

Severino Mejía, exviceministro de Gobierno y antiguo edecán del exdictador Manuel Noriega, ahora plantea estrategias brillantes para combatir la delincuencia actual. Sin embargo, durante su gestión, la ola de criminalidad era inaguantable. Hasta un funcionario de jerarquía del gobierno anterior murió en un intercambio de disparos en la Avenida Cuba.

Las repercusiones de nuestras palabras hoy, mañana nos pueden salpicar. Pedro Miguel González y Balbina Herrera fueron los defensores de la Sala Quinta durante la administración de Pérez Balladares. Recientemente, fueron sus más duros críticos cuando hace poco se intentó instalarla por el gobierno actual.

Hasta el propio magistrado del Tribunal Electoral Gerardo Solís dijo que si no se reformaba el Código Electoral, podría haber “fraude” en las elecciones de 2014.

Pero hoy cambió su discurso y defiende que la actual norma se quede como está.

Es como un tornado interminable de palabras que no cesan, y aluviones de frases que quedan en la cabeza. Lo peor que una persona puede ocultar es su pasado, porque tarde o temprano se descubrirá lo que hizo o lo que dijo, y la historia se encargará de lo demás.