ElPais.Cr: Las órdenes de compra ficticias del candidato presidencial Navarro como Alcalde

Redacción, 22 oct (elpais.cr) - En la gestión de Juan Carlos Navarro, actual candidato presidencial del PRD, cuando estuvo al frente de la Alcaldía del Municipio de Panamá, pudo detectarse la elaboración de 51 requisiciones y órdenes de compra supuestamente fraudulentas, por un total de $229,708.05, realizadas bajo instrucciones suyas por funcionarios de la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario (Diamaud).

En la operación participaron funcionarios del Departamento de Compras, de los Servicios Administrativos, el Jefe de Almacén, el Jefe de Fiscalización y altos responsables de la Contraloría General de la República, bajo la gestión del titular de esa institución, Alvin Weeden.

Eso se sumó a  que en los detalles del préstamo por $9 millones otorgado por la banca privada local a Navarro para adquirir equipo de recolección de basura y modernizar las oficinas de la entidad responsable de esas operaciones, se detectaron maniobras irregulares de carácter administrativo, operativo y financiero, para hacer desaparecer $6.2 millones.

Mientras que en la compra del edificio El Hatillo,  la modificación y los trabajos de  adecuación y remodelación de las nuevas oficinas que albergarían la Alcaldía Municipal de Panamá, se encontraron irregularidades de todo tipo, con afectaciones al fisco por $5 millones.

La investigación llevada a cabo, entre septiembre del 2000 y septiembre del 2004, por la empresa M&C Antifraud Consulting Corp., (y cuyos documentos fueron entregados a Elpais.cr por seguidores del candidato presidencial panameñista Juan Carlos Varela), realizó una revisión analítica de los cheques pagados, los registros contables, los formularios de órdenes de compra, la gestión de cobro, el libro de registro diario de compras y el endoso de cheques de la cuenta 06-99-0055-0.

Las órdenes de compra fueron confeccionadas a nombre de las empresas Forsa S.A., Toyo Colour Center  S.A., y Chapistería y Pinturas Automotriz, en la oficina No. 34 del segundo piso del edificio Comosa, en el centro bancario de la ciudad de Panamá.

Para borrar huellas de corrupción

Navarro alquiló la oficina del edificio Comosa con el fin de que las operaciones fraudulentas se realizaran fuera de las estructuras de la Alcaldía del Municipio de Panamá, y así tratar de borrar las huellas dejadas por sus actos de corrupción.

La investigación se inició con base en información y evidencias suministradas por la exfuncionaria Delsa Powell, quien participó en el proceso de confección de las órdenes de compra fraudulentas, con el objetivo de favorecer a las cuatro empresas arriba señaladas y pertenecientes al comerciante Omar Bikhú.

Las órdenes de compra originales fueron extraviadas del Departamento de Archivos de la Dimaud, pero Navarro no contaba con que habían sido fotocopiadas por Powell, quien admitió que participó en la  confección de los documentos ficticios.

Las órdenes de compra se elaboraron en una oficina ajena a la Alcaldía del Municipio de Panamá, donde los funcionarios podían actuar con plena libertad. Consistían principalmente en supuestos repuestos para los camiones  dañados que eran parte del equipo de recolección de basura de la comuna capitalina panameña.

Powell aseguró a investigadores de la firma  M&C Antifraud Consulting Corp., que todas las órdenes de compra las recibió de manos de Virgilio Crespo, quien buscaba dinero del Estado para favorecer su campaña política para reelegirse como representante de corregimiento. A lo largo de toda la investigación Crespo aparece asociado al comerciante Bikhú. Ambos son señalados como culpables del delito de corrupción de funcionarios públicos.

Existe la evidencia documentaria mediante la cual Navarro remite una nota escrita, por su puño y letra, en la que pide que se analicen cuentas por pagar a Crespo y que el asunto se resuelva en los próximos 60 días.

El proceso comenzaba con la solicitud de compra por parte del Jefe de Mantenimiento de la Dimaud, quien lo remitía luego al Jefe de la Unidad Ejecutora, y a la Dirección de Servicios Administrativos. Los jefes de los Departamentos de Presupuesto, Compras y Tesorería realizaban los ajustes necesarios, tomando los criterios de niveles de existencia del almacén, la liquidez presupuestaria y financiera.

Esa operación era coordinada por Powell, quien en el proceso final enviaba las órdenes de compra al Jefe de Control Fiscal, quien daba el visto bueno con la anuencia de altos funcionarios de la Contraloría General de la República, dirigida por Alvin Weeden.

El Jefe de Compras de la Dimaud permitió que 51 órdenes de compra originales y sin uso, que estaban bajo su custodia, fueran enviadas a personas que operaban en oficinas ajenas de esa institución.

El Libro de Bienes Nacionales de la Administración señala que las personas que tengan a su cargo la administración de bienes nacionales serán responsables por su valor monetario en caso de pérdida o daños causados por negligencia o uso indebido de tales bienes, aun cuando estos no hayan estado bajo el cuidado inmediato de la persona responsable al producirse la pérdida o daño.

De esta responsabilidad no se eximirán aun cuando aleguen haber actuado por orden superior al disponer de los bienes por cuyo manejo son directamente responsables, pero el empleado superior que haya ordenado la disposición será solidariamente responsable de la perdida que la Nación hubiera sufrido a causa de esa orden.

Reparar camiones desechados

La mayoría de las órdenes de compra tienen que ver con la reparación de camiones de recolección de basura que estaban descartados y no era posible que ofrecieran ningún tipo de servicio. En algunos casos se solicitaba que se hicieran reparaciones mecánicas hasta en cuatro ocasiones a camiones recolectores que hace tiempo estaban convertidos en chatarra. Uno de esos camiones fue objeto de supuestas reparaciones hasta por $71,213.28.

Lo mismo ocurría con el suministro de combustible. Existen documentos que comprueban que se giraron órdenes de compra fraudulentas para entregar combustible a vehículos de la empresa Taller Fosa S.A., de Bhikú, hasta por la suma de $46,066.51.

En otro caso, resultó inexplicable que el vehículo que tenía asignado Navarro cuando fungió como Alcalde del Municipio de Panamá fuera enviado a tres talleres al mismo tiempo para supuestas reparaciones por la suma de $24,615.00.

Otras órdenes de compra ficticias se refieren a la adquisición de pistolas y lámparas para horno de pintura, para lo cual Navarro firmó un cheque por $8,237.25.

Existen numerosas órdenes de compra para adquirir válvulas, engranajes de ejes centrales, cilindros, bombas de aceite, para reparar motores que camiones que estaban fuera de circulación, y que en conjunta sumas más de $70,000.00.

A lo largo de la investigación se demuestra que las órdenes de compra autorizadas por Navarro, que tienen numeración consecutiva a pesar de no guardar relación cronológica con las fechas en que fueron emitidas, eran para favorecer la campaña política de Crespo, a través de las empresas de Bhikú.

La investigación también demostró que los documento originales fueron extraídos del Departamento de Compra de la Dimaud y procesados, posteriormente, fuera de las instalaciones del Municipio de Panamá, sin contemplar los controles internos, con el consecuente daño patrimonial al Estado.

ElPaisCR: Cuestionado candidato Navarro por $5 millones en compra de edificio de la Alcaldía

San José, 17 oct (elpais.cr) - En una investigación de  la empresa M&C Antifraud Consulting Corp. sobre la gestión del Alcalde del Municipio de Panamá, Juan Carlos Navarro, entregada por seguidores del candidato presidencial Juan Carlos Varela aelpais.cr, se comprobaron casos de malversación de fondos, y evidencias de irregularidades en el manejo financiero del ahora candidato presidencial del opositor partido PRD. Navarro fue alcalde de la ciudad de Panamá por 10 años.

Primero se documentó la desaparición de $6.2 millones de un préstamo de $9 millones, negociado en el 2006 con la banca privada panameña  para la adquisición de una flota de camiones para la recolección de la basura, alquiler de equipo para la misma actividad y la construcción de nuevas instalaciones de la oficina encargada del aseo capitalino.

Toda esa trama, según pudo comprobarse por la investigación efectuada, estuvo rodeada de maniobras irregulares de carácter administrativo, operativo y financiero originadas con la finalidad de generar sobrantes del contrato, hasta por la suma de $6.2, que luego se desviaron hacia cuentas dudosas y no pudo darse explicaciones acerca de en qué y cómo se diluyeron finalmente. No existe evidencia del uso de esos fondos, que fueron manejados de manera corrupta por Navarro.

 En otro caso de corrupción, la firma investigadora detectó actos de corrupción en las cuentas por pagar del contrato para la compra y luego remodelación del equipamiento de las nuevas oficinas operativas y administrativas del Municipio de Panamá. En toda esa operación hubo acciones fraudulentas por encima de los $5,000,000.00.

Para tal efecto el Municipio de Panamá suscribió un contrato con la empresa Consorcio PG Hatillo, responsable de la remodelación y equipamiento, en cuyo proceso de cuentas por pagar se registraron irregularidades operativas y financieras.

Esas irregularidades constituyeron un fraude contra el Tesoro Nacional de Panamá. Así lo evidenció el informe del libro auxiliar de las cuentas por pagar con énfasis en la empresa Consorcio PG Hatillo y el informe del movimiento de desembolso de un préstamo con la banca privada panameña por $16,000,000.00, otorgado en diciembre del 2008. Pero Navarro ya había solicitado desembolsos a favor del Consocio PH Hatillo por el total de esa suma, 18 meses antes,  en abril del 2007.

Además hay evidencia de que hubo sobrecostos en la adquisición de un edificio en pésimas condiciones, que por largo tiempo no había tenido comprador y que a lo largo de la transacción se mostraron operaciones fraudulentas. Se estimó que hubo por lo menos $4,000,000.00 por encima del costo real.

En el préstamo de $16,000,000.00, se destinaron $5,458,682.06 para la remodelación del equipamiento de las nuevas oficinas operativas y administrativas del Municipio de Panamá.

El primer hallazgo fue una cuenta por pagar con saldo a favor errado por la suma de $519,874.66. Se trató de una operación dudosa  realizada por el Departamento de Contabilidad del Municipio de Panamá, que favorecía notablemente al proveedor Consorcio PH Hatillo con la aplicación del asiento de ajuste.

La misma investigación permitió establecer que un saldo por la suma de $519,874.56, también a favor del Consorcio PH Hatillo, era ficticio.

Nuevo edificio de la Alcaldía de Panamá

Los antecedentes del nuevo edificio del Municipio de Panamá se remontan a 1996, bajo la administración de la alcaldesa Mayín Correa. Ese año, Correa logró la donación de un globo de terreno de la Nación valorado en $3 millones, y se acordó que con la venta  de un terreno de la alcaldía se obtendrían $2.3 millones como capital semilla para iniciar el proyecto.

Su costo se estimó en $15 millones, en tanto que la Alcaldía adelantó $680 mil para la confección de los planos. Si un embargo, la férrea oposición hecha por el Consejo Municipal de la Alcaldía de Panamá, en manos de copartidarios de Navarro, dio al traste con el proyecto que nunca logró el aval financiero edilicio.

El jaque mate de un proyecto que le hubiera dado a la Alcaldía de Panamá un sello de dignidad ante los ciudadanos de la capital panameña y los visitantes extranjeros, se lo dio Navarro cuando en septiembre de 1999 asumió el cargo, y anunció que no se embarcaría en un millonario proyecto palaciego.

Así se perdieron los $680 mil adelantados  para la confección de los planos del nuevo edificio. Pero, además, Navarro fue autorizado para negociar con la Compañía Internacional de Seguros, S.A. propiedad del Edificio El Hatillo, un contrato de arrendamiento por la simbólica suma de $1 mensual.

Al tomar posesión de la Alcaldía de Panamá, Navarro se comprometió en gestionar la mudanza de las oficinas municipales al Edificio Hatillo porque consideraba indigno el viejo local que albergaba la antigua sede de la comuna capitalina.

No obstante, una vez en el poder, mudó sus oficinas a la Casa de la Municipalidad, un edificio histórico en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, y dejó abandonados a los funcionarios del Gobierno Local en una trampa de muerte, sujeta a explosiones eléctricas, aguas negras y excrementos de ratas y palomas.

Contrato directo para un solo proponente

Por componendas con Navarro, el Consejo Municipal de la Alcaldía de Panamá, controlado por sus copartidarios, aprobó en septiembre del 2001, la solicitud a la Contraloría General de la República (CGR) del refrendo del contrato para la compra directa del edificio El Hatillo, tras considerar que era el adecuado y cumplía con los requisitos para desarrollar una labor a satisfacción de los usuarios y contribuyentes.

La contratación del Consorcio Ph Hatillo tomó fuerza cuando las dos licitaciones convocadas para contratar una nueva sede administrativa fueron declaradas desiertas por presentarse en ambas un solo proponente: el Consorcio PH Hatillo.

Navarro logró que se le exceptuara del requisito de selección del contratista con el citado consorcio para arrendar ese edificio, según la modalidad llave en mano. Según esa modalidad, la Compañía Internacional de Seguros, S.A., otorgaría al Municipio de Panamá el alquiler de todo el edificio El Hatillo para ocuparlo directamente.

Además el contrato incluía el 100% del financiamiento para la adquisición total del edificio, su diseño, remodelación y adecuación sobre la base del concepto de distribución de espacios, previa evaluación de las necesidades físicas de la Alcaldía, Tesorería y la Dirección de Ingeniería Municipal.

Cuando Navarro anunció que estaba negociando con la CGR el refrendo del contrato para proceder a la mudanza, muchos funcionarios escucharon sus palabras con escepticismo.

Sin embargo, dos años después del acuerdo municipal para la compra del edificio El Hatillo, todo indicaba que la CGR no estaba convencida de las ventajas del precio, aparte de que la situación económica municipal estaba en crisis.

La única que creía en el proyecto de Navarro era la Compañía Internacional de Seguros, S.A. que en forma excepcional, por su interés en vender un edificio en malas condiciones al que por muchos años no le había encontrado comprador, cedió gratuitamente varios locales en el primer piso para que se alojaran por un año la Tesorería Municipal y la Dirección de Sistemas de Información. Solo se les pidió pagar $1 mensual en forma simbólica.

Para hacer más dramática la situación, altos funcionarios de la Alcaldía de Panamá comenzaron a presionar por la mudanza completa de las oficinas municipales porque la antigua sede estaba causando riesgos al personal y a los usuarios por las aguas negras y las explosiones eléctricas que en un solo mes causaron la pérdida de 23 horas de atención a los contribuyentes.

En ese contexto, Navarro optó por un préstamo por $25,000,000.00 con la banca privada local para cubrir los gastos de compra del edificio El Hatillo, más el contrato de la modalidad de llave en mano consistente en la remodelación y equipamiento, así como la adquisición de una flota de camiones para el fortalecimiento de las operaciones de la Dirección de Aseo Urbano y Domiciliario (Dimaud). El préstamo fue suscrito a comienzos del 2006.

Una compra que refleja daños y perjuicios

Cuatro años después de la compra, cuando la firma M&C realizó sus investigaciones, el edificio El Hatillo presentaba las evidencias de un daño físico en la mayoría de sus oficinas. En la  Dirección Administrativa Financiera se percibían paredes agrietadas, el sarro se acumulaba debajo de los archivadores metálicos y había riesgo de desastre por  el peligro que presentaban los cables eléctricos que se mezclaban con el agua.

Durante la estación lluviosa, el agua entraba a las instalaciones provocando malestar de los funcionarios que trabajaban en condiciones infrahumanas en las oficinas de la nueva sede del Municipio de Panamá. Se comprobó, en forma adicional, la filtración de aguas residuales desde las afueras de la institución.

El deterioro de las instalaciones eléctricas demandaba una urgente revisión, ante el daño causado por las constantes filtraciones durante las inundaciones. Todo eso ocasionaba deterioro a los archivos de Contabilidad y al equipo de Informática.

El descaramiento masivo de las paredes, que además de darle mal aspecto a las oficinas, estaban provocando daños a la salud de los funcionarios obligados a laborar en medio de la humedad y cemento que caía a los costados de las oficinas en los diferentes departamentos.

La mayoría de los ascensores estaban dañados, lo que significaba una incomodidad para los usuarios que debían soportar largas colar para acceder a los distintos pisos. Además se dieron múltiples casos en que los usuarios se quedaron varados en los ascensores, con los consecuentes atrasos innecesarios, y crisis nerviosa.

Las personas con discapacidad y adultos mayores tenían que hacer grandes esfuerzos para usar las escaleras.   La empresa Thyssen Krupp Elevadores S.A., dejó de dar mantenimiento y asistencia técnica al equipo.

En el proyecto de suministro, construcción, modificación e instalación de trabajos para la adecuación y remodelación de las nuevas oficinas de la Alcaldía Municipal de Panamá, se encontraron irregularidades de todo tipo.

Existía muy poca diferencia de tiempo entre la orden de proceder y la fecha e aceptación que aparecía en el acta de la entrega final. El contratista tenía un tiempo de 45 días para concluir los trabajos a partir de la orden de proceder. Sin embargo, por la investigación realizada y sustentada en el resumen de progresos de los trabajos, se encontró que los trabajos fueron concluidos en su totalidad en solo dos días.

Irregularidades en el cobro de impuestos

Desde el 2006, se comenzó a notar irregularidades en el cobro de los tributos de la Alcaldía de Panamá. Ese año, Navarro giró instrucciones para que se saneara todo lo referente a la recaudación de impuestos y se llevara un registro detallado en un libro auxiliar para controlar las diferencias diarias. Esa tarea la realizó, a lo largo de tres meses,  la Dirección de Sistemas de Información y la Oficina de Auditoría Interna.

El primer indicio se tiene en junio de ese año al comparar la cuenta de orden con el libro auxiliar para comprobar las diferencias diarios.  En diciembre del 2008, la diferencia era de $2,719,423,31. Hacia julio del 2009, esa diferencia ascendía a $4,599,893.

Otra irregularidad es el exceso en la reserva para provisión de cuentas de cobro dudoso, ajuste sin la debida documentación sustentadora y autorización de las personas competentes.

En el análisis a la cuenta de provisión de cuentas de cobro dudoso, se observó que los saldos de la cuenta presentaban variaciones significativas, sin una explicación justificada ni documentada. El monto de $11,666,031.46, se repite en forma idéntica en el 2002 y el 2003.

Los ajustes realizados en años anteriores se efectuaron sin que se tuviera una documentación que lo sustentara, ni la autorización de los funcionarios competentes. Los investigaciones comentaron que el saldo de cuentas por cobrar en diciembre del  2000, un año después de la llegada de Navarro a la Alcaldía de Panamá, era de $2,398,883.33, mientras que en el 2001, esa cifra ascendía a $9,306,600.34.

Pero en el 2006, esa cifra bajó en forma drástica a $822,800.36, lo que deja sospechas de arreglos dudosos y con signos de corrupción entre Navarro y  poderosos contribuyentes. Además, demuestra que las cifras emitidas por los estados financieros tampoco eran reales.

Eso se contrastó con el caso del manejo de las cuentas y morosidades en los servicios funerarios. El Municipio de  Panamá administraba en el 2011, un total de 13 cementerios entre los cuales había algunos con 60 años de antigüedad.

En ese rubro no se mostró ninguna reducción, pues ese año el total de cuentas por cobrar ascendía a $285,702.00 y la tasa de mantenimiento presentaba una morosidad de $367,759.00.

En conclusión el negocio de Navarro en materia de impuestos no estaba con los difuntos, sino con los vivos.

ELPaisCR: Desaparecieron $6.2 millones durante gestión de candidato presidencial como Alcalde

Algunos cheques de la operación. Carlos Salazar // Documentos oficiales sobre investigación a ex Alcalde Navarro, de la Ciudad de Panamá. Carlos Salazar.

Redacción, 13 oct (Elpais.cr) - La suerte del candidato opositor panameño, Juan Carlos Navarro, parece tan oscura como su cuestionado pasado. No solo enfrenta una abierta rebelión dentro de su partido, el PRD, creado hace más de 30 años por los militares, sino que corre peligro de que esa revuelta convoque a un nuevo congreso para descabezarlo, y buscar así otra figura que reúna las condiciones para enfrentar con mejor perspectiva al candidato del oficialismo, que marca primero en todas las encuestas.

Consciente de su complicado perfil, Navarro ha coqueteado en estos días con Juan Carlos Varela, el otro candidato opositor, líder del Partido Panameñista, y marginado del poder como vicepresidente de la República. Pese a haber sido componente clave de la alianza que dio el triunfo al actual presidente Ricardo Martinelli, Varela se distanció del gobernante porque creyó tener, en algún momento, el respaldo de Estados Unidos.

Desde la llegada al país en mayo del año anterior, el embajador estadounidense, Jonathan Farrar, ha dibujado una nueva y estrecha  relación de Washington con Panamá y Martinelli, y Varela se ha quedado con el respaldo de sectores de su partido, algunos simpatizantes del PRD, de la democracia cristiana y de los comunistas panameños.

Después de atacar a Varela a lo largo de los meses, Navarro está haciendo esfuerzos desesperados por acercarse al panameñista hablando de “madurez, sosiego y tranquilidad” para sentarse como “dirigentes de oposición a consultar, sin ninguna condición para hacer alianzas con todos los grupos político, menos con las fuerzas del gobierno”.

Varela, ha rechazado esos coqueteos bajo el criterio de que Navarro es un claro exponente de la corrupción que rechazan los panameños.

“No vamos a hacer alianza con personas que lo que buscan es hacer negocios desde el poder para seguir desviando los fondos que pertenecen al pueblo panameño”, ha dicho Varela.

Conoce, por expedientes que recopiló uno de sus principales aliados en la Alcaldía de Panamá, el cuestionado pasado de Navarro quien estuvo al frente de la comuna capitalina por 10 años.

La estela de corrupción que dejó fue una de las encomiendas que Varela le pidió desenterrar a su copartidario el Alcalde Bosco Vallarino, antes de que renunciara al cargo hace dos años.

Esa investigación fue enviada por simpatizantes de Varela a elpais.cr, que la ofrece en tres partes a los lectores interesados en conocer los vericuetos de la turbia actuación de Navarro, en el periodo en que fue Alcalde de la Ciudad de Panamá.

Camiones para recolección de la basura

La Alcaldía de Panamá suscribió en el 2006 un préstamo con la banca privada local por $9 millones para la adquisición de una flota de camiones para las operaciones de recolección de la basura por parte de la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario (Dimaud).

Con ese monto se financiaría la construcción de una tina de relleno sanitario por $2,068,000.00, se cancelaría un préstamo para la compra de camiones de recolección de basura por $2,800,000.00, se construirían nuevas instalaciones para las operaciones de la Dimaud por $1,200,000.00 y se pagaría $2,931,200.00 en concepto de alquiler de equipo recolector de basura.

Pero todo estuvo rodeado de maniobras irregulares de carácter administrativo, operativo y financiero originadas con la finalidad de generar sobrante en cada uno de los cuatro aspectos del contrato, del que se desviaron $6,247,380.72. No existe evidencia del uso de esos fondos, que fueron manejados de manera corrupta por Navarro.

De acuerdo con la investigación realizada a finales del 2011 por la empresa M&C Antifraud Consulting Corp, los términos de la adjudicación de la obra para la construcción de la tina sanitaria, no se ciñó a las reglas objetivas, justas, claras y completas de conformidad a la ley de contrataciones públicas. En la práctica, se desestimó la experiencia de las otras empresas que presentaron propuestas, para favorecer al consorcio panameño Termotécnica Petroimpetrol S. A, pese a que las otras ofertas eran más ventajosas en términos técnicos y de precio.

Además la obtención del préstamo con la banca privada local fue una abierta violación a lo dispuesto por la Contraloría General de la República de Panamá (CGR), que establecía que los trabajos del relleno sanitario debían pagarse en 24 letras de $86,200.00 cada una, producto del cobro de la tasa de aseo. El contrato había sido devuelto sin refrendo por la CGR el 5 de abril del 2004, y Navarro lo reenvió 10 días después, para ser rechazado nuevamente mediante nota del 12 de mayo de ese año. Navarro insistió en el refrendo el 7 de junio.

Además, hay evidencias de que la Dimaud estaba amortizando la deuda del contrato antes de que la Alcaldía obtuviera el préstamo de la banca privada local. Cuando el banco hizo el primer desembolso el 31 de mayo del 2007 fue por la suma de $1,206,000.00, quedando una diferencia de $862,000.00, sin que el Departamento de Contabilidad de la Alcaldía de Panamá pudiera establecer en qué se emplearon esos fondos sobrantes. Ese total, fue depositado en una cuenta corriente municipal, contraviniendo las normas que rigen esos procedimientos en las instituciones del Estado.

Esas normas panameñas, establecen que para abrir una cuenta de fondos rotativos, debe solicitarse autorización de la CGR, dar a conocer el monto e informar sobre la necesidad de contar con ese recurso, y el nombre de los funcionarios asignados para administrarlo. Para su autorización debe contar con el visto bueno de los auditores de la CGR y la posterior autorización del propio Contralor General de la República.

De acuerdo con la investigación, Navarro abrió la cuenta corriente por encima del rechazo del Contralor General de la República y no cumplió con los controles establecidos en el manual de procedimiento para la apertura de dichas cuentas. El Contralor Dany Kuzniecky, no refrendó la apertura de la cuenta corriente, pero en su defecto lo hizo el copartidario de Navarro y asesor del Kuzniecky, Francisco Rodríguez, efímero expresidente de la dictadura de Manuel Noriega.

La transacción tiene otro signo de opacidad. La Dimaud pidió al Banco Nacional de Panamá, que remitiera las transferencias al Credicorp Bank a favor del consorcio Proimpetrol S. A. Las transferencias se harían los 11 de cada mes, a partir de marzo del 2007, directamente a Proimpetrol, hasta completar a la suma de $1,465,400.00. Un incumplimiento adicional del contrato, establecía que el contratista presentaría una cuenta de cobro a la terminación de los trabajos por el valor total de la obra de $2,068,800.00.

Fórmulas para desviar dinero

La pregunta que queda en el ambiente es donde fue a parar el excedente de $862,000.00 producto de la cancelación del contrato de construcción de la tina en la cuarta fase del proyecto del vertedero de basura de Cerro Patacón.

Una relación de los pagos demostró que la cancelación íntegra del contrato fue por $2,068,800.00. 3). Además de la cancelación total del referido contrato, se detectaron dos pagos a nombre de la Corporación Proinpetrol Internacional, sin evidencia de que realizaran trabajo alguno.


Estos cheques, son del 26 de junio del 2009 por la suma de $125,911.47, y del 1 de septiembre del 2008, por el monto de $129,394.81. Pese a que la empresa investigadora, revisó en forma detallada los nuevos trabajos, dentro de la modalidad de ampliación del vertedero de basura, solo se encontraron antecedentes de las empresas Progevisa, Construcciones y Excavaciones, Sucasa S.A. y Transcomer. También existe registro de que Navarro fue autorizado a firmar un contrato con le empresa Urbaser-Plotosa. Pero en ningún expediente existen evidencias que comprueben que la Corporación Proinpetrol Internacional S.A. realizara obras en Cerro Patacón.

Para cancelar un préstamo comprometido para adquirir equipo rodante de recolección de desechos sólidos, Navarro obtuvo un préstamo por $2,800,000.00 del Banco Continental, que antes de fusionarse pertenecía al Grupo Motta y de donde surgió la exProcuradora General de la Nación, Ana Gómez, destituida por la Corte Suprema de Justicia de Panamá por abuso de autoridad.

En esa operación también se descubrieron irregularidad, pues ese monto fue empleado para pagar al Grupo Tiesa S.A., parte de los dos contratos por el suministro de vehículos que ya habían sido liquidados en la Dirección General de Aduanas de Panamá por un total de $9,000,000.00. El total de esos contratos ya estaba siendo amortizado a través de partidas presupuestarias comprometidas.

La investigación de la firma M&C detectó que entre el periodo del 2006 al 2008 se realizaron operaciones dudosas entre Navarro y el Grupo Tiesa S.A. La operación se originaba desde la Dimaud, con la confección de los cheques afectando sus fondos desde la cuenta corriente de operaciones 06-99-0055-0. No solo se benefició al proveedor con la cancelación de los contratos, sino con los desembolsos de los pagos.

La primera maniobra operativa se inició con la confección de un cheque por parte de la Dimaud a la orden de Depósito de Garantía. El Municipio de Panamá recibía los pagos y ordenaba realizar las transferencias locales a través del Banco Nacional de Panamá al Banco Continental, con destino a un plazo fijo del Grupo Tiesa S.A. y, posteriormente, el mismo Banco Continental realizaba otra transferencia de fondo interna para aplicar al préstamo del Grupo Tiesa S.A. Se realizaron 28 transferencias por la suma de $75,805.91 cada una con la finalidad de culminar el monto de $2,122,690.48.

La segunda maniobra operativa, fue la emisión de 38 cheques de la Dimaud contra la cuenta corriente 06-99-0055-0 del Fondo de Operaciones, que luego fueron anulados y omitidos del libro mayor auxiliar de cuentas por pagar, entre estos un cheque por $99,344.98 depositado el 2 de noviembre del 2007 en el Citi Bank y enviado posteriormente a la Cámara de Compensación cinco días después. El monto de esos 38 cheques llegó a totalizar la suma de $565,5525.39 depositados en diferentes bancos y no contabilizados por la Dimaud.

Cabe destacar que entre el préstamo de $2,800,000.00 para adquirir nuevo equipo rodante de recolección de basura y el préstamo de $9,000,000.00, no existía relación, pues se trataba de operaciones realizadas con más de años de diferencia. En la operación, además, se logró detectar una diferencia de $1,253,380.79. Navarro no pudo establecer el destino de esos fondos ni en qué fueron empleados.

Otra operación, con visos de fraudulenta, fue la que apareció en el registro cuyo reporte iniciaba con un saldo cero y luego se reinició con el monto de $3,108,042.47, sin reflejar siete pagos de $75,805.91, cuyo monto acumulado era por el valor de $530,641.37, lo que arroja un total de $3,638,683.84, cuyo destino también quedó envuelto en el misterio.

Tampoco aparecen reflejados, en reporte de cuentas por pagar de la Dimaud, tres cheques por $100,000 cada uno, que luego fueron transferidos a la cuenta de Depósito de Garantía del Municipio de Panamá.

En síntesis, en estas operaciones puede notarse que los pagos eran depositados en un plazo fijo, donde ganaban intereses, y posteriormente se aplicaban al préstamo del Grupo Tiesa S.A.

No era necesario realizar un préstamo de $2,800,000.00 para cancelar contratos que venían amortizándose con sus partidas presupuestarias debidamente aprobadas y comprometidas.

Tampoco existen documentos que existía una cesión de crédito. Se observa a simple vista que Navarro, como representante del Estado panameño desde su puesto de Alcalde de la Ciudad de Panamá, le canceló un préstamo a una empresa privada, con el producto de un préstamo por $9,000,000.00. Además quedó en evidencia que existieron pagos de cheques a nombre del Grupo Tiesa S.A., que fueron reversados de la cuenta por pagar y entregados a la empresa, y que existe registro de nueve diferentes pagos que fueron realizados a través de la banca privada panameña por la suma de $565,525.39.

Otro aspecto escandaloso es que la Dimaud dejó de cobrar la multa diaria que debió aplicarse al Grupo Tiesa S.A. por incumplimiento del contrato lo que totalizó $81,003.92, y tampoco aplicó la retención del 50% del pago de ITBM lo que representó $90,967.09, adicional a la suma de $565,525.39 en concepto de cheques no rebajados de su cuenta. Es decir, Navarro benefició en forma adicional al Grupo Tiesa S.A. con $737,496.40.

Otras víctimas de los manejos oscuros de Navarro, durante su paso por la Alcaldía de la capital panameña, fueron las transferencias de organismos internacionales para el medio ambiente, entre las que aparecen $19,985, y, adicionalmente, $9,000 que correspondían a la Universidad de Panamá. En ambos casos, los fondos fueron retirados de la cuenta de Depósitos de Garantía y redepositados en otras cuentas en las que se mezclaron con diferentes operaciones.

Se encontró otro método de operaciones de pago, mediante el cual la Dimaud confeccionada cheques a favor del Grupo Tiesa S.A., los registraban y el mismo día lo anulaban en auxiliar del libro mayor de las cuentas por pagar de esa empresa. Esos cheques eran enviados al Departamento de Cuentas y Pagos y, finalmente, eran entregados al Grupo Tiesa S.A.

Un estimado conservador del monto total de los cheques emitidos y anulados de las cuentas por pagar de la Dimaud al Grupo Tiesa S.A., asciendió a los $565,525.39, puesto que se perdieron documentos de los archivos..

También se encontró que se aplicó un cheque desembolsado por la suma de $1,546,619.21 para el cierre del saldo del libro mayor de la cuenta por pagar, cuando el monto era menor a la cantidad, se forzó el cierre utilizando la cuenta de ingresos, dejando el saldo, según libro, en cero. No existe evidencia del visto bueno de la aprobación del comprobante de diarios para la cancelación del saldo.

Otro misterio es que la suma de $1,200,000.00, destinada a la construcción de las nuevas instalaciones de la Dimaud, no se realizó y se impartió la instrucción de crearle un préstamo a esa institución por la cantidad, que luego se depositó en la cuenta corriente 06-92-0020-6 del Municipio de Panamá.

El cheque por $1,200,000.00, tuvo otro rumbo. El 5 de septiembre del 2008, se giró una orden emitida por la Tesorera Municipal, dirigida a Rafael Reyes, Director General de la Dimaud, indicando que el cheque por $1,200,000.00 había sido remitido para que se depositara en la cuenta de la Tesorería Municipal de Panamá, y se estableciera la reserva del caso a fin de cumplir con los compromisos pendientes. Eso violó el contrato aprobado para construir la nueva sede de la Dimaud. El dinero desapareció y no se hizo la obra.

Pero, además, se solicitó al Consejo Municipal de Panamá un crédito extraordinario y se incluyó nuevamente el monto de $1,200,000.00, que originalmente se había aprobado para la construcción de la nueva sede de la Dimaud.

También se detectó una irregularidad en el uso de $2,931,200.00 para el pago a proveedores del Municipio de Panamá, producto del alquiler de equipo de recolección de basura, compra de repuestos, accesorios y otros. El caso es que en la investigación no existe constancia alguna de los pagos, ni de movimientos de cuentas por pagar a los proveedores de esos servicios. Una nota escrita por el Jefe de Contabilidad de la Dimaud, Juan Anaya, certificó que no pudo establecer que se hubieran realizado los pagos a los proveedores.

Es importante insistir en la compra de los camiones para recolección de basura en el Municipio de Panamá, por la suma de $2,800,000.00. Los camiones comprados en el 2008, eran del 2004 y fueron considerados como “chatarra”, por los funcionarios que realizaron una inspección para evaluar el equipo.

En total eran 31 camiones, pero una serie de irregularidades dan cuenta de que fueron introducidos a Panamá violando la ley (Anexo 9) y a un documento conteniendo el archivo, le fueron borradas con liquido corrector las cifras pagadas.

La investigación de la empresa M&C Antifraud Consulting Corp., mostró con total evidencia que en cada uno de los puntos del contrato para la Dimaud, se crearon remanentes por $6,247,380.72 de los cuales no existen registro de la administración de esos fondos, y que todos esos recursos del Estado panameño fueron usados por Navarro, con la complicidad de media docena de funcionarios municipales, para operaciones irregulares y claramente corruptas.