San José, 17 oct (elpais.cr) - En una investigación de la empresa M&C Antifraud Consulting Corp. sobre la gestión del Alcalde del Municipio de Panamá, Juan Carlos Navarro, entregada por seguidores del candidato presidencial Juan Carlos Varela aelpais.cr, se comprobaron casos de malversación de fondos, y evidencias de irregularidades en el manejo financiero del ahora candidato presidencial del opositor partido PRD. Navarro fue alcalde de la ciudad de Panamá por 10 años.
Primero se documentó la desaparición de $6.2 millones de un préstamo de $9 millones, negociado en el 2006 con la banca privada panameña para la adquisición de una flota de camiones para la recolección de la basura, alquiler de equipo para la misma actividad y la construcción de nuevas instalaciones de la oficina encargada del aseo capitalino.
Toda esa trama, según pudo comprobarse por la investigación efectuada, estuvo rodeada de maniobras irregulares de carácter administrativo, operativo y financiero originadas con la finalidad de generar sobrantes del contrato, hasta por la suma de $6.2, que luego se desviaron hacia cuentas dudosas y no pudo darse explicaciones acerca de en qué y cómo se diluyeron finalmente. No existe evidencia del uso de esos fondos, que fueron manejados de manera corrupta por Navarro.
En otro caso de corrupción, la firma investigadora detectó actos de corrupción en las cuentas por pagar del contrato para la compra y luego remodelación del equipamiento de las nuevas oficinas operativas y administrativas del Municipio de Panamá. En toda esa operación hubo acciones fraudulentas por encima de los $5,000,000.00.
Para tal efecto el Municipio de Panamá suscribió un contrato con la empresa Consorcio PG Hatillo, responsable de la remodelación y equipamiento, en cuyo proceso de cuentas por pagar se registraron irregularidades operativas y financieras.
Esas irregularidades constituyeron un fraude contra el Tesoro Nacional de Panamá. Así lo evidenció el informe del libro auxiliar de las cuentas por pagar con énfasis en la empresa Consorcio PG Hatillo y el informe del movimiento de desembolso de un préstamo con la banca privada panameña por $16,000,000.00, otorgado en diciembre del 2008. Pero Navarro ya había solicitado desembolsos a favor del Consocio PH Hatillo por el total de esa suma, 18 meses antes, en abril del 2007.
Además hay evidencia de que hubo sobrecostos en la adquisición de un edificio en pésimas condiciones, que por largo tiempo no había tenido comprador y que a lo largo de la transacción se mostraron operaciones fraudulentas. Se estimó que hubo por lo menos $4,000,000.00 por encima del costo real.
En el préstamo de $16,000,000.00, se destinaron $5,458,682.06 para la remodelación del equipamiento de las nuevas oficinas operativas y administrativas del Municipio de Panamá.
El primer hallazgo fue una cuenta por pagar con saldo a favor errado por la suma de $519,874.66. Se trató de una operación dudosa realizada por el Departamento de Contabilidad del Municipio de Panamá, que favorecía notablemente al proveedor Consorcio PH Hatillo con la aplicación del asiento de ajuste.
La misma investigación permitió establecer que un saldo por la suma de $519,874.56, también a favor del Consorcio PH Hatillo, era ficticio.
Nuevo edificio de la Alcaldía de Panamá
Los antecedentes del nuevo edificio del Municipio de Panamá se remontan a 1996, bajo la administración de la alcaldesa Mayín Correa. Ese año, Correa logró la donación de un globo de terreno de la Nación valorado en $3 millones, y se acordó que con la venta de un terreno de la alcaldía se obtendrían $2.3 millones como capital semilla para iniciar el proyecto.
Su costo se estimó en $15 millones, en tanto que la Alcaldía adelantó $680 mil para la confección de los planos. Si un embargo, la férrea oposición hecha por el Consejo Municipal de la Alcaldía de Panamá, en manos de copartidarios de Navarro, dio al traste con el proyecto que nunca logró el aval financiero edilicio.
El jaque mate de un proyecto que le hubiera dado a la Alcaldía de Panamá un sello de dignidad ante los ciudadanos de la capital panameña y los visitantes extranjeros, se lo dio Navarro cuando en septiembre de 1999 asumió el cargo, y anunció que no se embarcaría en un millonario proyecto palaciego.
Así se perdieron los $680 mil adelantados para la confección de los planos del nuevo edificio. Pero, además, Navarro fue autorizado para negociar con la Compañía Internacional de Seguros, S.A. propiedad del Edificio El Hatillo, un contrato de arrendamiento por la simbólica suma de $1 mensual.
Al tomar posesión de la Alcaldía de Panamá, Navarro se comprometió en gestionar la mudanza de las oficinas municipales al Edificio Hatillo porque consideraba indigno el viejo local que albergaba la antigua sede de la comuna capitalina.
No obstante, una vez en el poder, mudó sus oficinas a la Casa de la Municipalidad, un edificio histórico en el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, y dejó abandonados a los funcionarios del Gobierno Local en una trampa de muerte, sujeta a explosiones eléctricas, aguas negras y excrementos de ratas y palomas.
Contrato directo para un solo proponente
Por componendas con Navarro, el Consejo Municipal de la Alcaldía de Panamá, controlado por sus copartidarios, aprobó en septiembre del 2001, la solicitud a la Contraloría General de la República (CGR) del refrendo del contrato para la compra directa del edificio El Hatillo, tras considerar que era el adecuado y cumplía con los requisitos para desarrollar una labor a satisfacción de los usuarios y contribuyentes.
La contratación del Consorcio Ph Hatillo tomó fuerza cuando las dos licitaciones convocadas para contratar una nueva sede administrativa fueron declaradas desiertas por presentarse en ambas un solo proponente: el Consorcio PH Hatillo.
Navarro logró que se le exceptuara del requisito de selección del contratista con el citado consorcio para arrendar ese edificio, según la modalidad llave en mano. Según esa modalidad, la Compañía Internacional de Seguros, S.A., otorgaría al Municipio de Panamá el alquiler de todo el edificio El Hatillo para ocuparlo directamente.
Además el contrato incluía el 100% del financiamiento para la adquisición total del edificio, su diseño, remodelación y adecuación sobre la base del concepto de distribución de espacios, previa evaluación de las necesidades físicas de la Alcaldía, Tesorería y la Dirección de Ingeniería Municipal.
Cuando Navarro anunció que estaba negociando con la CGR el refrendo del contrato para proceder a la mudanza, muchos funcionarios escucharon sus palabras con escepticismo.
Sin embargo, dos años después del acuerdo municipal para la compra del edificio El Hatillo, todo indicaba que la CGR no estaba convencida de las ventajas del precio, aparte de que la situación económica municipal estaba en crisis.
La única que creía en el proyecto de Navarro era la Compañía Internacional de Seguros, S.A. que en forma excepcional, por su interés en vender un edificio en malas condiciones al que por muchos años no le había encontrado comprador, cedió gratuitamente varios locales en el primer piso para que se alojaran por un año la Tesorería Municipal y la Dirección de Sistemas de Información. Solo se les pidió pagar $1 mensual en forma simbólica.
Para hacer más dramática la situación, altos funcionarios de la Alcaldía de Panamá comenzaron a presionar por la mudanza completa de las oficinas municipales porque la antigua sede estaba causando riesgos al personal y a los usuarios por las aguas negras y las explosiones eléctricas que en un solo mes causaron la pérdida de 23 horas de atención a los contribuyentes.
En ese contexto, Navarro optó por un préstamo por $25,000,000.00 con la banca privada local para cubrir los gastos de compra del edificio El Hatillo, más el contrato de la modalidad de llave en mano consistente en la remodelación y equipamiento, así como la adquisición de una flota de camiones para el fortalecimiento de las operaciones de la Dirección de Aseo Urbano y Domiciliario (Dimaud). El préstamo fue suscrito a comienzos del 2006.
Una compra que refleja daños y perjuicios
Cuatro años después de la compra, cuando la firma M&C realizó sus investigaciones, el edificio El Hatillo presentaba las evidencias de un daño físico en la mayoría de sus oficinas. En la Dirección Administrativa Financiera se percibían paredes agrietadas, el sarro se acumulaba debajo de los archivadores metálicos y había riesgo de desastre por el peligro que presentaban los cables eléctricos que se mezclaban con el agua.
Durante la estación lluviosa, el agua entraba a las instalaciones provocando malestar de los funcionarios que trabajaban en condiciones infrahumanas en las oficinas de la nueva sede del Municipio de Panamá. Se comprobó, en forma adicional, la filtración de aguas residuales desde las afueras de la institución.
El deterioro de las instalaciones eléctricas demandaba una urgente revisión, ante el daño causado por las constantes filtraciones durante las inundaciones. Todo eso ocasionaba deterioro a los archivos de Contabilidad y al equipo de Informática.
El descaramiento masivo de las paredes, que además de darle mal aspecto a las oficinas, estaban provocando daños a la salud de los funcionarios obligados a laborar en medio de la humedad y cemento que caía a los costados de las oficinas en los diferentes departamentos.
La mayoría de los ascensores estaban dañados, lo que significaba una incomodidad para los usuarios que debían soportar largas colar para acceder a los distintos pisos. Además se dieron múltiples casos en que los usuarios se quedaron varados en los ascensores, con los consecuentes atrasos innecesarios, y crisis nerviosa.
Las personas con discapacidad y adultos mayores tenían que hacer grandes esfuerzos para usar las escaleras. La empresa Thyssen Krupp Elevadores S.A., dejó de dar mantenimiento y asistencia técnica al equipo.
En el proyecto de suministro, construcción, modificación e instalación de trabajos para la adecuación y remodelación de las nuevas oficinas de la Alcaldía Municipal de Panamá, se encontraron irregularidades de todo tipo.
Existía muy poca diferencia de tiempo entre la orden de proceder y la fecha e aceptación que aparecía en el acta de la entrega final. El contratista tenía un tiempo de 45 días para concluir los trabajos a partir de la orden de proceder. Sin embargo, por la investigación realizada y sustentada en el resumen de progresos de los trabajos, se encontró que los trabajos fueron concluidos en su totalidad en solo dos días.
Irregularidades en el cobro de impuestos
Desde el 2006, se comenzó a notar irregularidades en el cobro de los tributos de la Alcaldía de Panamá. Ese año, Navarro giró instrucciones para que se saneara todo lo referente a la recaudación de impuestos y se llevara un registro detallado en un libro auxiliar para controlar las diferencias diarias. Esa tarea la realizó, a lo largo de tres meses, la Dirección de Sistemas de Información y la Oficina de Auditoría Interna.
El primer indicio se tiene en junio de ese año al comparar la cuenta de orden con el libro auxiliar para comprobar las diferencias diarios. En diciembre del 2008, la diferencia era de $2,719,423,31. Hacia julio del 2009, esa diferencia ascendía a $4,599,893.
Otra irregularidad es el exceso en la reserva para provisión de cuentas de cobro dudoso, ajuste sin la debida documentación sustentadora y autorización de las personas competentes.
En el análisis a la cuenta de provisión de cuentas de cobro dudoso, se observó que los saldos de la cuenta presentaban variaciones significativas, sin una explicación justificada ni documentada. El monto de $11,666,031.46, se repite en forma idéntica en el 2002 y el 2003.
Los ajustes realizados en años anteriores se efectuaron sin que se tuviera una documentación que lo sustentara, ni la autorización de los funcionarios competentes. Los investigaciones comentaron que el saldo de cuentas por cobrar en diciembre del 2000, un año después de la llegada de Navarro a la Alcaldía de Panamá, era de $2,398,883.33, mientras que en el 2001, esa cifra ascendía a $9,306,600.34.
Pero en el 2006, esa cifra bajó en forma drástica a $822,800.36, lo que deja sospechas de arreglos dudosos y con signos de corrupción entre Navarro y poderosos contribuyentes. Además, demuestra que las cifras emitidas por los estados financieros tampoco eran reales.
Eso se contrastó con el caso del manejo de las cuentas y morosidades en los servicios funerarios. El Municipio de Panamá administraba en el 2011, un total de 13 cementerios entre los cuales había algunos con 60 años de antigüedad.
En ese rubro no se mostró ninguna reducción, pues ese año el total de cuentas por cobrar ascendía a $285,702.00 y la tasa de mantenimiento presentaba una morosidad de $367,759.00.
En conclusión el negocio de Navarro en materia de impuestos no estaba con los difuntos, sino con los vivos.
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