Redacción, 22 oct (elpais.cr) - En la gestión de Juan Carlos Navarro, actual candidato presidencial del PRD, cuando estuvo al frente de la Alcaldía del Municipio de Panamá, pudo detectarse la elaboración de 51 requisiciones y órdenes de compra supuestamente fraudulentas, por un total de $229,708.05, realizadas bajo instrucciones suyas por funcionarios de la Dirección Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario (Diamaud).
En la operación participaron funcionarios del Departamento de Compras, de los Servicios Administrativos, el Jefe de Almacén, el Jefe de Fiscalización y altos responsables de la Contraloría General de la República, bajo la gestión del titular de esa institución, Alvin Weeden.
Eso se sumó a que en los detalles del préstamo por $9 millones otorgado por la banca privada local a Navarro para adquirir equipo de recolección de basura y modernizar las oficinas de la entidad responsable de esas operaciones, se detectaron maniobras irregulares de carácter administrativo, operativo y financiero, para hacer desaparecer $6.2 millones.
Mientras que en la compra del edificio El Hatillo, la modificación y los trabajos de adecuación y remodelación de las nuevas oficinas que albergarían la Alcaldía Municipal de Panamá, se encontraron irregularidades de todo tipo, con afectaciones al fisco por $5 millones.
La investigación llevada a cabo, entre septiembre del 2000 y septiembre del 2004, por la empresa M&C Antifraud Consulting Corp., (y cuyos documentos fueron entregados a Elpais.cr por seguidores del candidato presidencial panameñista Juan Carlos Varela), realizó una revisión analítica de los cheques pagados, los registros contables, los formularios de órdenes de compra, la gestión de cobro, el libro de registro diario de compras y el endoso de cheques de la cuenta 06-99-0055-0.
Las órdenes de compra fueron confeccionadas a nombre de las empresas Forsa S.A., Toyo Colour Center S.A., y Chapistería y Pinturas Automotriz, en la oficina No. 34 del segundo piso del edificio Comosa, en el centro bancario de la ciudad de Panamá.
Para borrar huellas de corrupción
Navarro alquiló la oficina del edificio Comosa con el fin de que las operaciones fraudulentas se realizaran fuera de las estructuras de la Alcaldía del Municipio de Panamá, y así tratar de borrar las huellas dejadas por sus actos de corrupción.
La investigación se inició con base en información y evidencias suministradas por la exfuncionaria Delsa Powell, quien participó en el proceso de confección de las órdenes de compra fraudulentas, con el objetivo de favorecer a las cuatro empresas arriba señaladas y pertenecientes al comerciante Omar Bikhú.
Las órdenes de compra originales fueron extraviadas del Departamento de Archivos de la Dimaud, pero Navarro no contaba con que habían sido fotocopiadas por Powell, quien admitió que participó en la confección de los documentos ficticios.
Las órdenes de compra se elaboraron en una oficina ajena a la Alcaldía del Municipio de Panamá, donde los funcionarios podían actuar con plena libertad. Consistían principalmente en supuestos repuestos para los camiones dañados que eran parte del equipo de recolección de basura de la comuna capitalina panameña.
Powell aseguró a investigadores de la firma M&C Antifraud Consulting Corp., que todas las órdenes de compra las recibió de manos de Virgilio Crespo, quien buscaba dinero del Estado para favorecer su campaña política para reelegirse como representante de corregimiento. A lo largo de toda la investigación Crespo aparece asociado al comerciante Bikhú. Ambos son señalados como culpables del delito de corrupción de funcionarios públicos.
Existe la evidencia documentaria mediante la cual Navarro remite una nota escrita, por su puño y letra, en la que pide que se analicen cuentas por pagar a Crespo y que el asunto se resuelva en los próximos 60 días.
El proceso comenzaba con la solicitud de compra por parte del Jefe de Mantenimiento de la Dimaud, quien lo remitía luego al Jefe de la Unidad Ejecutora, y a la Dirección de Servicios Administrativos. Los jefes de los Departamentos de Presupuesto, Compras y Tesorería realizaban los ajustes necesarios, tomando los criterios de niveles de existencia del almacén, la liquidez presupuestaria y financiera.
Esa operación era coordinada por Powell, quien en el proceso final enviaba las órdenes de compra al Jefe de Control Fiscal, quien daba el visto bueno con la anuencia de altos funcionarios de la Contraloría General de la República, dirigida por Alvin Weeden.
El Jefe de Compras de la Dimaud permitió que 51 órdenes de compra originales y sin uso, que estaban bajo su custodia, fueran enviadas a personas que operaban en oficinas ajenas de esa institución.
El Libro de Bienes Nacionales de la Administración señala que las personas que tengan a su cargo la administración de bienes nacionales serán responsables por su valor monetario en caso de pérdida o daños causados por negligencia o uso indebido de tales bienes, aun cuando estos no hayan estado bajo el cuidado inmediato de la persona responsable al producirse la pérdida o daño.
De esta responsabilidad no se eximirán aun cuando aleguen haber actuado por orden superior al disponer de los bienes por cuyo manejo son directamente responsables, pero el empleado superior que haya ordenado la disposición será solidariamente responsable de la perdida que la Nación hubiera sufrido a causa de esa orden.
Reparar camiones desechados
La mayoría de las órdenes de compra tienen que ver con la reparación de camiones de recolección de basura que estaban descartados y no era posible que ofrecieran ningún tipo de servicio. En algunos casos se solicitaba que se hicieran reparaciones mecánicas hasta en cuatro ocasiones a camiones recolectores que hace tiempo estaban convertidos en chatarra. Uno de esos camiones fue objeto de supuestas reparaciones hasta por $71,213.28.
Lo mismo ocurría con el suministro de combustible. Existen documentos que comprueban que se giraron órdenes de compra fraudulentas para entregar combustible a vehículos de la empresa Taller Fosa S.A., de Bhikú, hasta por la suma de $46,066.51.
En otro caso, resultó inexplicable que el vehículo que tenía asignado Navarro cuando fungió como Alcalde del Municipio de Panamá fuera enviado a tres talleres al mismo tiempo para supuestas reparaciones por la suma de $24,615.00.
Otras órdenes de compra ficticias se refieren a la adquisición de pistolas y lámparas para horno de pintura, para lo cual Navarro firmó un cheque por $8,237.25.
Existen numerosas órdenes de compra para adquirir válvulas, engranajes de ejes centrales, cilindros, bombas de aceite, para reparar motores que camiones que estaban fuera de circulación, y que en conjunta sumas más de $70,000.00.
A lo largo de la investigación se demuestra que las órdenes de compra autorizadas por Navarro, que tienen numeración consecutiva a pesar de no guardar relación cronológica con las fechas en que fueron emitidas, eran para favorecer la campaña política de Crespo, a través de las empresas de Bhikú.
La investigación también demostró que los documento originales fueron extraídos del Departamento de Compra de la Dimaud y procesados, posteriormente, fuera de las instalaciones del Municipio de Panamá, sin contemplar los controles internos, con el consecuente daño patrimonial al Estado.
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