EPASA - El sistema de cuotas imperante en el Tribunal Electoral (TE) en la distribución de empleos permite que un exmagistrado, como el candidato Gerardo Solís, del PRD, prosiga controlando la burocracia que él nombró. Si a esta deformación nepótica sumamos el número de empleados designados a dedo por los demás magistrados, verificaremos la existencia de elementos que empañan la transparencia e imparcialidad del organismo.
En el lapso que se desempeñó como magistrado, cargo al que llegó por influencias políticas, Solís violó el apoliticismo de la institución creada para organizar las elecciones. Formuló declaraciones tendenciosas de notoria naturaleza política, preparando el salto a las lides electorales. Disfrazado de independiente, rápidamente se quitó la máscara para mostrar su conocida entraña perredista. El asunto es que el exministro de Vivienda de Pérez Balladares continúa detentando la cuota de empleados a sus órdenes como candidato.
La pregunta de los ciudadanos es si los enlaces partidistas de Solís y los que se cimentaron en veinte años de ejercicio en qué grado vulneran la imparcialidad obligada por disposición constitucional el rampante nepotismo y controlismo político del TE.
Una auditoría independiente demostraría que se nombran empleados que son familiares por consanguinidad y parentesco por afinidad o por vínculos políticos, al margen de concursos y evaluaciones técnicas. Con el tiempo se ha incubado un estado dentro del estado, al margen de regulaciones legales de orden administrativo.
No se los regula; se archivan las denuncias por el nepotismo de los magistrados. Actúan discrecionalmente, poniéndose de acuerdo para los nombramientos burocráticos.
Se acuerdan despidos por motivos subjetivos, contra los que no forman parte de los clanes burocráticos. La revisión de las actas de la sala de acuerdos revelaría perlas de inconstitucionalidad.
Pequeños reyezuelos de un miniestado cuya planilla cuesta millones al fisco en sueldos, vehículos, combustible, seguridad, y diversas canonjías recicladas por diez y veinte años de altos sueldos, porque campea el reeleccionismo negado a otros por la Carta Política.
La situación de Solís, nombrado como magistrado por Martín Torrijos, lleva a las últimas consecuencias la crisis interna de la institución. Voceros de la sociedad civil desconfían de la cacareada credibilidad de un candidato aupado por conexiones institucionales.
Candidatos presidenciales independientes como el Prof. Juan Jované se vieron forzados a realizar piqueteos por la demora en reconocer que Solís dejó de ser independiente cuando el PRD proclamó su postulación a la vicepresidencia, sorprendiendo a la militancia. Hay miembros del PRD que confiaban en la nominación de Laurentino (Nito) Cortizo y de otros dirigentes cercanos a Navarro. Pero Cortizo no tiene las conexiones electorales de Solís con sus adeptos en el cargo.
En la teoría, las normas del Código Electoral dificultan la realización de trampas y fraudes en la votación y el recuento de las papeletas. Sin embargo, la candidatura de un exmagistrado a la vicepresidencia de la República engendra condiciones que obligarán a dormir con un ojo abierto. Esta circunstancia peculiar debe conducir al análisis objetivo de la autonomía del TE a la luz de los dispositivos del derecho administrativo, reñidos con la discrecionalidad y el nepotismo.
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