Insistió en que la propuesta va encaminada a hacer justicia social ante un clamor de los funcionarios y acabar con el mercantilismo político porque cada cinco años con el cambio de gobierno, quedan en la zozobra de si van o no a hacer despedidos y a inscribirse en el partido gobernante.
Aseguró que una vez se apruebe la norma, el Tribunal Electoral, a través de la Contraloría General, tendrá la obligación, el deber, de desafiliar a todos los funcionarios públicos, independientemente del partido político en que estén.
“Hoy en día hay miles del PRD en la plaza laboral del Estado, de Cambio Democrático, del Molirena, hay bastantes panameñistas para tirar para el aire”, aseguró Gálvez.
Gálvez admitió que CD habría nombrado a 40 mil allegados, pero en la planilla del Estado hay 110 mil de los otros partidos.
La propuesta incluye indemnizar a los servidores públicos que sean despedidos, tal como contempla el Código de Trabajo en el sector privado.
Gálvez rechazó que con esta iniciativa pretendan endeudar al Gobierno próximo, al señalar que se en las instituciones cuando vayan a proponer sus presupuestos, deben tener una caja menuda para indemnizar a los funcionarios que destituyan.
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