La estabilidad de los funcionarios en los puestos públicos es un tema que se debate cada cierto tiempo en Panamá, pero sin que hasta la fecha se haya logrado una propuesta que favorezca a miles de hombres y mujeres que no merecen ser víctimas de los vaivenes políticos. La constante ha sido que cada Gobierno ha tratado de impulsar una norma o medida para favorecer a sus copartidarios y allegados, no así lograr que las instituciones se fortalezcan con la experiencia y capacidad de la mayoría de servidores públicos.
La carrera administrativa, que fue creada en 1994, con la intención de darle estabilidad a los buenos funcionarios, con el pasar de los años y de las diferentes administraciones gubernamentales se convirtió en un instrumento para hacer presiones políticas, dejando de un lado el verdadero objetivo.
Hoy día surge una propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, Sergio Gálvez, a fin de que los administrativos de ese órgano del Estado no sean despedidos de forma injustificada. La misma establece que si al final se decide despedir al empleado, se le tendrá que indemnizar, una medida que debería ser aplicada en todo el sector público.
A todo aquel funcionario que se destituya por el simple hecho de pertenecer a un partido político o por no querer militar en determinado colectivo, se le deberían reconocer sus años de servicios, tal y como se da en la empresa privada. A ello se le debe sumar que del total que desembolse el Estado, producto de indemnizaciones, un porcentaje debería salir del ingreso del funcionario de alta jerarquía que concretó el despido sin tomar en cuenta el verdadero desempeño del empleado.
Una vez se sancione y se afecte el ingreso de los ministros, directores y jefes de departamentos, estos pensarían detenidamente y a conciencia al momento de despedir de forma injustificada a un humilde trabajador.
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