Es un tema que se viene tratando en el país desde hace más de ocho años, pero a la fecha no se ha logrado consensuar una ley que rija la actividad, como ya ocurre en otros países.
En abril de 2010, el presidente Ricardo Martinelli vetó el proyecto de ley que estipulaba normas de trazabilidad, por considerar que algunos artículos reñían contra las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Y luego se presentó un nuevo proyecto, que se encuentra en primer debate en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional de Diputados, pero el viceministro del MIDA, Gerardino Batista, dijo que se solicitará que el mismo sea sacado para presentar un nuevo proyecto consensuado con todos los actores de la actividad agrícola.
“Se trata de una exigencia internacional y todos los mercados están solicitando y exigiendo” su cumplimiento, advirtió Batista.
Técnicos del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) de Uruguay han estado apoyando a Panamá en la elaboración de este marco legal.
“Estamos trabajando con la Asamblea de Diputados para sacar el proyecto que no estaba consensuado y presentar el nuevo documento, que no sólo incluirá la parte pecuaria, sino que también estamos incluyendo la parte agrícola”, destacó el funcionario.
El objetivo de las autoridades es que en un término de un mes se pueda presentar a consideración de la Asamblea de Diputados el nuevo proyecto, para que sea aprobado antes de que finalice el presente año.
Además, las autoridades esperan que esta ley sea respaldada por los diputados de oposición y de gobierno.
El presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Tito Rodríguez, se comprometió a impulsar la aprobación de este proyecto, tomando en cuenta que facilitará el acceso de los productores panameños a los mercados internacionales.
Para la Asociación Nacional de Ganaderos de Panamá (Anagan), las cosas aún no están del todo claras, porque quedan aún elementos que se deben definir antes de que el proyecto vuelva a ser presentado.
El secretario ejecutivo de la Anagan, Euclídes Díaz, dijo que “hay una serie de cosas que no nos satisfacen, porque significan costos para nosotros”.
Díaz se refiere a la obligación de certificar el transporte y de solicitar la autorización para definir el dispositivo electrónico con que se van a identificar los animales.
De acuerdo con el dirigente de los ganadores, se había acordado que sería una norma general, pero ahora, además de la norma, hay que solicitar la certificación, lo que representa gastos adicionales, y no se define quién va a pagar esto.
Y aunque precisó que todavía hay mucha tela que cortar y que aún no se ha alcanzado un consenso, considera que en un mes se puede lograr el mismo para que el proyecto sea presentado a la Asamblea, como pretenden las autoridades.
La trazabilidad tomó un mayor protagonismo luego del ataque terrorista del pasado 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Estados Unidos implementó en junio de 2002 la Ley 12, también conocida como Acta Contra el Bioterrorismo.
El objetivo es promover la seguridad de la cadena de suministro, con registros que se puedan verificar en caso de que se existan sospechas asociadas a la manipulación internacional de algún alimento.
Normas similares están siendo adoptadas en la Unión Europea, dentro del denominado Libro Blanco Sobre Seguridad Alimentaria, para prevenir amenazas a la salud pública, como ocurrió con el caso de las vacas locas.
La trazabilidad permite seguir los productos a lo largo de todos los eslabones de la cadena de suministro, hasta su llegada a los puntos de ventas.
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