Con el salvamento de voto de dos magistrados y la aprobación de los restantes siete que conforman el pleno de la Corte se declaró el cierre del proceso seguido a Torrijos.
El exmandatario fue vinculado en este caso varios años después de que el Ministerio Público iniciara la investigación en 2002.
Esto se produjo cuando el expresidente Ernesto Pérez Balladares aseguró que en una conversación con el exlegislador Manuel De la Hoz, este le confesó que Torrijos le ordenó el 28 de diciembre de 2001 buscar un dinero del Cemis.
En la declaración rendida por Pérez Balladares, este aseguró que De la Hoz dijo que Torrijos había recibido, de parte del Consorcio San Lorenzo, fuertes sumas de dinero que debía repartir entre miembros de la bancada del Partido Revolucionario Democrático, tras la aprobación del contrato del Cemis.
Durante la instrucción sumarial, se utilizó la declaración de dos testigos protegidos, registrados bajos los nombres de Gabriel y Uriel, quienes aseguraron que Torrijos recibió una importante suma de dinero por parte del Consorcio San Lorenzo, y que en una ocasión se había coordinado con De la Hoz para buscar $200 mil en efectivo para llevar a la Asamblea Legislativa.
¿QUÉ ERA EL CEMIS?
El Cemis, creado mediante la Ley 123 de 29 de diciembre de 2001, era un proyecto promovido por el grupo San Lorenzo, que tenía previsto invertir unos 400 millones de dólares para desarrollar un proyecto multimodal en la provincia de Colón.
Durante la administración de la expresidenta Mireya Moscoso se suscribió el Contrato-Ley 3 de 15 de enero de 2002, que aprobaba su ejecución.
Sin embargo, el 16 de enero de 2002, el entonces legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Carlos Afú confesó haber recibido dinero, junto a otros colegas y copartidarios, para aprobar el citado contrato para la construcción del Cemis.
En ese momento, Afú admitió haber recibido, al igual que otros legisladores del PRD, la suma de 6 mil dólares a cambio de la aprobación del contrato.
Durante la conferencia Afú desmintió acusaciones de su colega Mateo Castillero, quien lo acusaba de haber recibido un millón de dólares para dar su voto favorable para la ratificación de los magistrados Winston Spadafora y Alberto Cigarruista, el 9 de enero de 2002.
Luego se produjeron unas declaraciones de la entonces legisladora Balbina Herrera, quien ratificaba la existencia de una serie de pagos para aprobar la designación de Cigarruista y Spadafora a la CSJ.
El 17 de enero de 2002 el Ministerio Público decidió abrir una investigación de oficio por las declaraciones de Afú y Balbina Herrera.
Así, se ordena las indagatorias de los diputados Afú y Castillero y se toma declaración jurada a Balbina Herrera.
El 4 de febrero de 2002 el Ministerio Público aplica un impedimento de salida del país a Martin Rodín y Stephen Jones, quienes figuran entre los principales accionistas del Consorcio San Lorenzo.
El 31 de diciembre de 2002, el entonces procurador Sossa envía la vista fiscal sobre el caso Cemis a la CSJ, en ella solicitaba juicio para Carlos Afú y los ejecutivos del Cemis, Martin Rodín y Stephen Jones.
El 17 de septiembre 2003 la CSJ decide cerrar el caso Cemis y el supuesto pago para la ratificación de los magistrados Spadafora y Cigarruista.
En diciembre de 2009 se reabre el caso, tras una petición de la exprocuradora Ana Matilde Gómez.
El 20 de agosto de 2010 se ordena la indagatoria de Torrijos, luego de que el expresidente Ernesto Pérez Balladares y el exministro Roosevelt Thayer entregaran una grabación en la que supuestamente el exdiputado Manuel De la Hoz acepta que el exmandatario le ordenó ir a Colón a buscar el dinero del Cemis, para entregarlo a los legisladores.
La defensa de Torrijos alega que la vinculación hecha a su cliente carece de sentido y que la imputación se produjo 10 años después de que el Ministerio Público iniciara la investigación.
James Bernard aseguró que a pesar de no conocer en detalle el fallo, el archivo es un triunfo de la justicia, ya que en un principio nunca fue mencionado por ninguna de las partes.
Bernard aclaró que la decisión de la CSJ no cierra definitivamente el caso Cemis y que será necesario conocer el contenido de la decisión para saber el destino del proceso.
En el Juzgado Cuarto Penal se encuentra el expediente seguido a los miembros del Consorcio San Lorenzo Martin Rodín, Stephen Jones y el exlegislador Mateo Castillero. En este proceso se han presentado recursos para lograr la nulidad del proceso. El último fue rechazado por el Segundo Tribunal.
LA VISTA FISCAL DE ABEL ZAMORANO
Abel Zamorano, quien actuó como magistrado fiscal tras la separación de Alejandro Moncada Luna, solicitó el llamamiento a juicio para el expresidente Martín Torrijos y un sobreseimiento definitivo para el diputado Carlos Afú.
En la vista fiscal expedida el 10 de julio de 2012, Zamorano pidió llamar a juicio a Torrijos por el delito de corrupción de funcionarios y que se le aplicara una medida cautelar de impedimento de salida del país. En el escrito Zamorano plantea que Torrijos procuró un beneficio personal ilícito y negoció la entrega de dinero a los legisladores de la Asamblea Legislativa por la realización de un acto propio de sus funciones y ocasionó un efecto nocivo para la institucionalidad democrática, la economía nacional y el imperio de la ley. También, que el dinero debía ser donado a una institución benéfica del país.
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