Mulino lanza reto al Gabinete de Varela

El contrato en el que se contempla la compra de equipos de seguridad a Italia para Panamá, que ha sido cuestionado por el actual gobierno, fue negociado por el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino

• Radares: "Contrato lo negoció el MEF de Alberto Vallarino y De La Guardia"

Datos

• Función
• Los radares fueron instalados para combatir el narcotráfico.

• Contrato
• Los principales negociadores del contrato fueron Alberto Vallarino y Dulcidio De La Guardia.

• Gobierno
• El actual gobierno duda de efectividad de radares.

• Sustentación
• Mulino asegura que él no estuvo presente.

EPASA - El contrato en el que se contempla la compra de equipos de seguridad a Italia para Panamá, que ha sido cuestionado por el actual gobierno, fue negociado por el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, y el actual ministro de esa cartera, Dulcidio De La Guardia, denunció el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino.

Cuando a mí me enviaron el contrato, yo le hice dos pequeñas observaciones como abogado de experiencia en estos temas, y la contraparte del Citibank fue representada por una firma de abogados de gran prestigio en Panamá que llevó adelante la representación de Citibank de Londres como cabeza de un crédito sindicado donde participan creo que cuatro bancos más de aquella localidad; por lo tanto, ese contrato no se ha cambiado y se ha cumplido al pie de la letra, tanto en la ejecución como en los pagos, expresó Mulino.

Afirmó que él no estuvo en esa negociación y que el actual ministro De La Guardia está en la mejor condición para explicarle al Consejo de Gabinete que ese es el contrato que negoció y que él (Mulino) firmó por autorización del Gabinete.

Mulino dijo que está dispuesto a asistir al Consejo de Gabinete el próximo martes para responder todo lo que quieran, en vivo.

“Que me den cortesía de sala el martes en gabinete. Allí diferenciamos niños de los hombres. ¡En vivo!”, tuiteó el extitular de Seguridad Pública.

En otro tuit indicó: “¿Quieren transparencia? Qué me den cortesía de sala el martes en gabinete. Allí diferenciamos niños de los hombres. ¡En vivo!”.

Expresó que, ante ese panorama, no hay motivo para revocar ese contrato para ganar aplausos politiqueros so pretexto de algo que no tiene nada que ver de ninguna manera.

El extitular de Seguridad, al ser cuestionado sobre supuestas coimas, indicó que desea que sea el ministro De La Guardia quien le diga si en el contrato hay alguna cláusula que plantea que hay que pagar comisión a alguien que no sea por los servicios entregados al país.

Yo juré y prometí no hablar más de este tema, porque no manejo la información 24/7 que manejaba antes, pero hice la excepción porque creo que el país debe ilustrarse más allá del bochinche de todos los días, añadió.

Sobre el tema, el exsecretario de Comunicación de la Presidencia Luis Eduardo Camacho publicó a través de las redes sociales que desea saber quién financia la campaña contra la instalación de radares que refuerzan el combate al crimen.

En uno de sus tuits indicó: ¿Quién financia la campaña contra la instalación de radares que refuerzan combate al narcotráfico?.

El presidente Juan Carlos Varela ha puesto en duda la efectividad de los radares.

Gobierno tiene casa para cometer torturas: Alejandro Pérez

EPASA - La denuncia presentada por el abogado Alejandro Pérez, por la supuesta detención ilegal de un sargento de la Policía, se sustenta sobre informes relacionados a la existencia de una casa para cometer torturas. 

La información que maneja Pérez y que fue el motivo de la denuncia que interpuso ante el Ministerio Público, destaca que esta casa pertenece al Servicio de Protección Institucional (SPI), la cual se encuentra ubicada en Amador. Aseguró Pérez que esta casa es operada por funcionarios de confianza del Consejo de Seguridad, quienes son los que ejecutan las acciones contra oficiales que trabajaron estrechamente con funcionarios del gobierno anterior. 

Los informes que manejan quienes denunciaron este hecho destacan que entre las torturas sicológicas de las que han sido objeto las unidades, es que si no respaldan las falsas acusaciones se les podría dar de baja y afectar sus jubilaciones.

• Se habla de una casa que es utilizada como un centro de tortura y pertenece a uno de los estamentos de seguridad, que después del 1 de julio han llevado a varios y esto me recuerda la época oscura de los militares. Alejandro Pérez - Abogado y exviceministro de Gobierno

Ministerio Público pide a la Policía esclarecer denuncia

El Ministerio Público inició las investigaciones ante la denuncia presentada por el supuesto arresto ilegal en contra del sargento de la Policía Nacional Ismael Pitty.

En menos de 24 horas de haberse interpuesto la denuncia, el despacho de la procuradora general de la nación, Ana Belfon, giró un oficio al director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, para conocer sobre el paradero del sargento, señalado en la denuncia como la persona que hace días fue aparentemente detenida por funcionarios del Consejo de Seguridad.

Reformas electorales hechas a la medida del oficialismo

Magistrado del Tribunal Electoral considera delicado realizar cambios al código, una vez transcurridos los comicios. Asistirán a las consultas.

Si las modificaciones al Código Electoral que impulsan los diputados de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático y el partido Panameñista se llegan a aprobar son 13 los diputados de estos partidos que quedan beneficiados y sería en total una aplanadora de 47 diputados de ambas bancadas que firmaron el llamado “Pacto de gobernabilidad”.

De acuerdo con las propuestas de modificaciones que presentaron los diputados el pasado miércoles en la Comisión de Gobierno, en los casos de circuitos uninominales y plurinominales, donde se compruebe causal a un candidato impugnado, inmediatamente los más votados que le siguen y los que ya habían sido proclamados se hacen acreedores a sus credenciales para ocupar las actuales curules que permanecen vacías dentro de la Asamblea Nacional.

Por ejemplo, si en el circuito 2-1, donde se eligen dos diputados, se halla causal contra el candidato de Cambio Democrático Omar Castillo, según la propuesta de ley se debe acreditar a Jorge Iván Arrocha del Partido Panameñista (tercero más votado de este circuito), además de Néstor Guardia del PRD, quien fue proclamado en las elecciones, pero no obtuvo su credencial, debido a que por la ley actual, como candidato del circuito plurinominal donde se da la impugnación, también debe esperar hasta que se resuelva.

Otro caso es el del circuito uninominal 4-6, en el que si se encuentra causal contra la candidata Ana Giselle Rosas, se le otorgaría la credencial automáticamente a Jorge Alberto Rosas por ser el segundo candidato con mayor cantidad de votos en dicho circuito.

Así se repite el beneficio en los circuitos 2-4, 4-1, 4-5, 6-1, 7-1, 7-2, 9-1 y 9-2 y de estos solo en el 4-1, un solo candidato de Cambio Democrático, Rogelio Baruco, lograría mantener su curul. (Ver gráfica).

Ayer, este colectivo político emitió sus conceptos sobre este proyecto de ley y rechazó la iniciativa.

“La propuesta de ley para beneficiar solo a algunos diputados postulados por el PRD viola las reglas de adjudicación de curules y la representación proporcional en los circuitos electorales plurinominales en caso de que sea necesario realizar nuevas elecciones”.

La posible modificación al Código Electoral no solo ha levantado alerta en el ahora partido de oposición, sino a nivel de la sociedad civil y el Tribunal Electoral. Ayer, el magistrado vocal Heriberto Araúz dijo que el próximo lunes, los magistrados se reunirán para analizar las propuestas presentadas para modificar el Código Electoral.

A su parecer, se trata de un tema delicado que hay que estudiar ampliamente. “Las elecciones ya se realizaron y es delicado introducir reformas”, aseguró.

En tanto, Roberto Troncoso, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, expresó que aunque los diputados cuentan con la potestad de hacer cambios a las leyes, levanta suspicacia que se haga en este caso sin plantearlo ante los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, organismo de consulta del Tribunal Electoral encargado de revisar este asunto de forma integral.

“El lugar idóneo es el Tribunal Electoral para discutirlo previamente y entregar unas recomendaciones y hacer los cambios que haya que hacer. Si se están resolviendo las impugnaciones, cuál es el problema”, manifestó Troncoso.

El también abogado Ernesto Cedeño advirtió que es inconstitucional aplicar la retroactividad en este proyecto de ley, porque no es de interés público.

Descaro

Descaro

El oficialismo, encabezado por el panameñismo y el PRD, intentan meter en la Asamblea cambios al Código Electoral para allanarle el camino a sus candidatos a diputados que perdieron en las elecciones de mayo.

 

Democracia

Lejos del eslogan de transparencia y democracia, estos partidos políticos apuestan a conquistar el poder a través del juegavivo. Juegan con la voluntad del pueblo y actúan al margen de la Constitución. 

 

Silencio

A pesar de que esas reformas son un atentado a la democracia del país, todavía el Tribunal Electoral no se pronuncia en rechazo a las mismas. Se les olvida que el soberano siempre será el pueblo y no los partidos.

Escasean los alimentos que tienen el control de precios

En los principales supermercados del país ya se empiezan a sentir los efectos del Decreto Ejecutivo N.° 165 que establece el control de precio de 22 productos de la canasta básica.

En los principales supermercados del país ya se empiezan a sentir los efectos del Decreto Ejecutivo N.° 165 que establece el control de precio de 22 productos de la canasta básica.

Escasez de algunos productos en las estanterías y el incremento en los precios de los artículos de uso personal son la nueva carga de los consumidores, quienes se sienten traicionados por no beneficiarse de los precios regulados.

Un ejemplo claro es el de la consumidora Patricia Moreno, quien hace las compras de sus alimentos quincenalmente, pero la diferencia es que esta vez no encontró ninguna de las carnes que están dentro de la lista de los precios congelados, por lo que decidió pedir otras de mayor costo.

Para Moreno, lo más difícil es que ahora los artículos de uso personal, “también se han encarecido”, confirmó.

Panamá América realizó un recorrido por diferentes supermercados de la capital y encontró desabastecimiento de carnes, pan molde, vegetales y verduras como el tomate perita.

Este medio encontró que en su mayoría, los locales tienen el espacio vacío reservado para los productos del control de precio debido al desabastecimiento de los mismos.

Según expertos consultados, esto se debe a que evitan ofrecerlos para no perder en sus ganancias, tal es el caso específico de los minisúper.

El economista Raúl Bethancourt manifestó a este diario que la medida del control de precios no está llegando a las amplias mayorías y que lo único que crea es una gran confusión sobre quién se ve favorecido al final del camino.

Explicó que la medida es un freno para el desarrollo porque no hay un incentivo para el productor.

“Cómo se quiere que se incremente la producción si están vendiendo casi al mismo costo de producción y nadie trabaja gratis”, destacó.

Por su parte, el secretario de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta, afirmó que los desabastecimientos son provocados para vender los artículos más caros, y son los clientes los únicos perjudicados, porque no les queda otra salida.

Pérdidas

Antonio Guerra, quien tiene 21 años de vender en el Mercado de Abastos, opinó que con la llegada del control de precios las ventas se han paralizado.

“Ya no nos compran la cantidad de antes porque no les está generando ganancias, ni a ellos ni a nosotros, los chinitos compran poca mercancía solo para cumplir con la medida”, aseveró.

Según Guerra, esto ha dejado como resultado la caída de sus ingresos hasta en un 40%, un gran hueco que les dificulta cumplir con sus principales gastos.

“En los 21 años que he trabajado aquí, es la primera vez que veo esta escasez en la cebolla. A nosotros nos llega la mercancía cara y por complacer al cliente con la regulación no le estamos ganando nada”, afirmó.

Otros de los que ya no aguanta la medida es José Peña, quien es comerciante hace 5 años del Mercado de Abastos. Comentó que desde que empezó el control de precios han bajado mucho las ventas, aparte de que no hay productos como legumbres y verduras.

“A nosotros no nos ayuda mucho el control de precios porque se nos está afectando, el Gobierno tiene que ayudarnos, porque si no hay producción nacional, les tocará traer de afuera”, dijo en tono molesto.

En tanto, Anastacio Melgar, con más de 18 años de vender en el Mercado de Abastos, sigue esperando la fórmula para bajar el costo de producción que se encuentra por las nubes. “¿Con qué nos van a ayudar?, que me digan dónde y cuándo”, señaló.

Gobierno familiar

Resulta inevitable que los hermanos Varela estén en la cumbre del poder. Pero el nepotismo es antipático, además de ilegal e insoportable. ¿No hay en Panamá otras personas capacitadas para desempeñar cargos públicos que los hermanos, primos, sobrinos nombrados por el gobierno panameñista? ¿O es que no hay suficiente número de talentos políticos en el régimen?

Regida por las sinrazones de Las Garzas, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ratificó la designación de Jindriska Barakat, hermana de Jorge Barakat, a cargo de administrador de la Autoridad Marítima, como subdirectora de la Dirección General de Contrataciones Públicas. En la misma línea nepótica se encuentran los hermanos Mora, Ramón, nombrado asesor presidencial con rango de ministro consejero, y Alfredo de Jesús, director general de Aeronáutica Civil. Son botones de muestra del desprecio gubernamental por las leyes.

También se detectan los nombramientos de ministros y directores que tienen doble nacionalidad, como el titular de la cartera de Obras Públicas, Ramón Arosemena, y la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, que desempeñó cargos públicos de gobiernos extranjeros. Es larga y notoria la relación de personas nombradas con cédula PE y otras por no carecer del reglamentario nivel académico. En la comisión de credenciales se oyeron voces de discrepancia por los conflictos de intereses de los hermanos Barakat, sin embargo, se llevaron a cabo las ratificaciones anómalas.

La Constitución establece que “los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, credo, religión o creencia y militancia política. Su nombramiento o remoción no será potestad absoluta y discrecionalidad de ninguna autoridad, salvo lo que dispone esta Constitución”. Asimismo, fija que no habrá fueros y privilegios, mientras que el Dr. José Dolores Moscote, fundador y primer decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, opinó que los funcionarios están al servicio de la nación y no de un partido o bando político.

Por lo que se ha examinado de los nombramientos de funcionarios, no todos se rigen por los principios del sistema de méritos, sino por privilegios de origen partidista y el absolutismo de la discrecionalidad presidencial que escarnecen normas constitucionales y reglas contempladas en el Derecho Administrativo de Panamá.

Se construye un gobierno de familiares, de elementos ligados por lazos de consanguinidad o de afinidad política, para premiar con dinero de los contribuyentes a una casta de cuadros partidarios sin experiencia administrativa. Al mismo tiempo se hace tabla rasa de los derechos de los servidores públicos para poder ejecutar destituciones masivas en contra de nombramientos anteriores, ascensos, traslados, plazos de ejercicios de cargos pautados debidamente por la Constitución.

El presidente Juan Carlos Varela se ha sentido impelido a exhortar en forma pública a los ministros a que se pongan las pilas y trabajen para atender múltiples problemas de toda índole. Hay un cúmulo de decisiones que no se adoptan y también de decisiones improvisadas por la retórica de las promesas de campaña. Es lamentable que la Comisión de Credenciales ratifique el nepotismo. La ausencia de controles revela la pobreza de la oposición legislativa.

Nombramiento del ministro del MOP viola la Constitución

El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, tiene nacionalidad estadounidense, según confirmó ayer la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas (MOP)

• Nombramientos son ratificados a pesar de cuestionamientos
• Varela se contradice con ‘gobierno paralelo’

• 13 años tiene el ministro de estar a cargo de una compañía en EE.UU.

Datos

• Administradora de Ampyme
• Ada Romero, salvadoreña, defendió el cargo en que por derecho sanguíneo no tiene suspendidos los derechos ciudadanos. Su orgullo salvadoreño la mantiene con la identidad PE.

La frase

• El apetito voraz de la política, el juegavivo y el querer favorecer a los amiguitos de campaña hacen de este un tema para el entretenimiento popular. Roberto Troncoso - Abogado

Constitución Política de la República de Panamá

• Artículo 13: La nacionalidad panameña de origen o adquirida por el nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa o tácita de ella suspenderá la ciudadanía. La nacionalidad panameña derivada o adquirida por la naturalización se perderá por la misma causa....

• Artículo 132: Los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción se reservan a los ciudadanos panameños.

Ley 49 de 1984, que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional

• Artículo 53: Gobierno. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales tiene como funciones estudiar, proponer proyectos de ley y emitir concepto sobre los siguientes temas: migración y naturalización.

Ley 17 del Registro Civil

• Artículo 107: Cuando la Dirección Nacional del Registro Civil compruebe que un nacional panameño ha adquirido otra nacionalidad o ha entrado al servicio de un Estado enemigo, procederá, mediante resolución motivada, a ordenar la suspensión de los derechos ciudadanos o a cancelar la nacionalidad, según corresponda, en la partida de nacimiento de la persona de que se trata.

El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, tiene nacionalidad estadounidense, según confirmó ayer la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El estatus migratorio de Arosemena lo convierte en un panameño con doble nacionalidad y con impedimento para ejercer cargo público con mando y jurisdicción, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de Panamá.

Tiene las dos nacionalidades, pero eso no le impide ejercer su función como ministro, confirmó Enrique Arosemena, director de Relaciones Públicas del MOP.

Los argumentos legales serían enviados a la redacción Panamá América, pero hasta el cierre de esta nota periodística no hubo respuesta.

No obstante, el cargo que ostenta Arosemena desde el 1 de julio caería en lo ilegal si se aplica el artículo 13 de la Constitución, que se refiere a la nacionalidad de origen o adquirida, cuyo derecho ciudadano se suspende de forma expresa o tácita al adquirir una nacionalidad distinta a la panameña.

Sobre los efectos de la suspensión del derecho ciudadano, la Carta Magna recoge en su artículo 132 que los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción se reservan a los ciudadanos panameños.

Arosemena dejó su residencia en Estados Unidos temporalmente para unirse al equipo de gobierno de Juan Carlos Varela.

Otra vía legal que cobija una posible violación a la Constitución por parte de Arosemena se estampó en la Ley 17 que rige el Registro Civil. En su artículo 107 se declara que cuando la Dirección Nacional del Registro Civil compruebe que un nacional panameño ha adquirido otra nacionalidad o ha entrado al servicio de un Estado enemigo, procederá, mediante resolución motivada, a ordenar la suspensión de los derechos ciudadanos o a cancelar la nacionalidad, según corresponda....

Suspendidos los derechos de forma tácita, que es el caso del titular del MOP, el artículo 161 de la Constitución agrega que corresponde a la Asamblea Nacional devolverle los derechos ciudadanos.

Hasta ayer no había un registro en la Secretaría General de ese Órgano del Estado con una petición formal del trámite que le garantice a Arosemena el derecho ciudadano como panameño de ejercer funciones públicas.

El acápite 10 del artículo en mención destaca que son funciones administrativas de la Asamblea Nacional... rehabilitar a los que hayan perdido derechos inherentes a la ciudadanía.

Un antecedente a esta petición está en la Resolución 2 del 3 de julio de 2009, que le rehabilitó los derechos de la ciudadanía para ejercer el cargo como alcalde a Bosco Vallarino, quien fue acusado por su doble nacionalidad. La Corte Suprema de Justicia terminó aboliendo el alcance de la resolución y Bosco renunció al cargo.

Acusan a seguridad del Estado de secuestrar a sargento

Pérez denunció que el sargento no ha sido puesto a ordenes de ninguna autoridad y está sometido a un intenso interrogatorio

El sargento de la Policía Nacional, Ismael Pitty es víctima de los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y asociación ilícita para delinquir por parte de los organismos de la seguridad del Estado que lo interrogan desde el lunes en una instalación en Amador.

  La denuncia la interpuso ayer ante la Procuraduría de la Nación, el abogado Alejandro Pérez, quien dijo que teme por la vida de Pitty y pidió procesar y condenar a los responsables a sufrir la pena máxima de prisión.

   Pérez denunció que el sargento no ha sido puesto a ordenes de ninguna autoridad y está sometido a un intenso interrogatorio.

En tanto, Luis Eduardo Camacho tuitió que ha "recibido información que miembros de estamentos de seguridad están siendo torturados psicologicamente para que respalden falsas denuncias"

Cambio Democrático denuncia ley juega vivo de oficialistas PRD-Panameñistas

Ley "juega vivo" hecha a la medida para favorecer a candidatos de la alianza PRD-Panameñista

La alianza PRD – Panameñista ya empieza a atentar contra la constitución por razones meramente políticas

El partido Cambio Democrático rechaza categóricamente el proyecto de modificaciones al Código Electoral, presentado por el diputado PRD Pedro Miguel González, que se discute en la Asamblea  y que busca adjudicar curules en los circuito plurinominales, donde se ha solicitado nulidad en las elecciones, buscando beneficiar a diputados del PRD  y de su partido aliado panameñista,  desconociendo por completo la voluntad popular de los electores.

Cambiar la Ley electoral para solventar situaciones jurídicas particulares no solamente constituye un procedimiento jurídico inconstitucional e inadmisible, sino también implica legislar  para beneficiar a ciertas personas en contra de los intereses de la colectividad, sobre todo en una material tan delicada como lo son los resultados electorales, donde está en juego la integración del principal Órgano del Estado: la Asamblea Nacional.

Consideramos que no resulta saludable para la democracia que se cambien las reglas del juego  dentro de un proceso electoral que aún no ha concluido, y más aún cuando se pretende aprobar una ley con carácter retroactivo.

Por otra parte la Constitución establece, en su artículo 163, que es prohibido a la Asamblea Nacional, el "expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de esta Constitución". Además, las leyes electorales deben regir hacia el futuro y no en forma retroactiva para afectar un proceso electoral que aún no concluye.

La propuesta de ley para beneficiar sólo a algunos diputados postulados por el PRD, viola las reglas de adjudicación de curules y la representación proporcional en los circuitos electorales plurinominales en caso de que sea necesario realizar nuevas elecciones.

Cambio Democrático es el partido con mayor cantidad de votos en la elección para diputados, y exigimos respeto a la Constitución y a la voluntad popular.

Demandamos que se decidan las impugnaciones de nuestros diez diputados afectados conforme a derecho, respetando las leyes vigentes y la voluntad de cientos de miles de electores que libremente concurrieron a las urnas en la pasada contienda electoral.

De acuerdo al Secretario General de Cambio Democrático, Rómulo Roux: “Es realmente preocupante que los diputados del PRD y sus aliados panameñistas quieran cambiar las reglas del juego en medio proceso electoral; no es más que un juega vivo que busca violar la constitución y la voluntad popular para lograr beneficios meramente políticos. Ya vemos cómo los lobos que han pretendido pasar de ovejas empiezan a perder su disfraz rápidamente”

Pacto de Rebuscabilidad busca favorecer a diputados del PRD y Panameñistas

Nuevas modificaciones fueron presentadas al proyecto de ley que reforma el Código Electoral, impulsado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González

Nuevas modificaciones fueron presentadas al proyecto de ley que reforma el Código Electoral, impulsado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, para lograr acreditar a diputados que todavía se encuentran impugnados, tras las elecciones de mayo.

Ayer, dicho proyecto recibió propuestas de cambios por parte de varios comisionados de las bancadas del PRD y el Panameñista, entre ellos, los diputados Luis Barría y Luis Eduardo Quirós, así como Zulay Rodríguez y el diputado suplente Cristian Caballero, del PRD.

Diputados oficialistas buscan hacer retroactivo el proyecto.

Estos diputados avalaron ayer, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, que se modifique el artículo 342 del Código Electoral para que en los circuitos plurinominales, la impugnación no se extienda a los demás candidatos contra quienes no se ha presentado querella, sino que estos, a pesar de que uno de sus contrincantes de circuito haya sido impugnado, se les pueda entregar su acreditación sin esperar los resultados del proceso de impugnación.

La propuesta busca que una vez el Tribunal Electoral (TE) admita la impugnación por haberse comprobado una causal, se evite la celebración de nuevas elecciones y se determine la curul, en el caso de los circuitos uninominales, proclamando al segundo candidato más votado y en el caso de los circuitos plurinominales, proclamando a los diputados más votados, según la fórmula actual de repartición de curules en estos circuitos.

Adicional a esto, los diputados proponen que esta medida sea considerada como “ley de orden público” y así tenga retroactividad para implementarla de inmediato y se puedan completar las 71 curules de la Asamblea Nacional con varios de los candidatos de sus respectivos partidos políticos.

Aparte, la propuesta establece que en los casos donde el TE considere que se requiere convocar a elecciones, se otorgaría un subsidio económico proporcional a la elección anterior para candidatos de partidos políticos e independientes.

Inconveniente

Para el abogado Ernesto Cedeño, la propuesta establecida por las bancadas de “gobernabilidad” debe ser considerada como “inconstitucional” e “inconveniente”.

Cedeño aseguró que una ley como esta no puede ser considerada de orden público ni de carácter social, por tanto no amerita que se aplique la retroactividad.

Según Cedeño, las leyes calificadas como de orden público son aquellas que tienen que ver directamente con la seguridad y funcionalidad del Estado y el engranaje gubernamental, por lo que esta no es una de ellas.

“Esto no tiene que ver nada con el orden público, no tiene que ver nada con el Estado ni interés social porque no favorece a la comunidad, es un proyecto que pretende favorecer a unos cuantos diputados que no se les ha dado la credencial”, expresó el abogado.

Para Cedeño, la propuesta también es inconveniente porque considera la entrega de subsidios electorales fuera del periodo de las elecciones generales y esto puede provocar que se recargue un presupuesto previamente aprobado dentro del Tribunal Electoral.

A su parecer, el proyecto también tiene un trasfondo político que se está evitando, como es la derrota de los denunciantes en una segunda contienda electoral.

“Buscan evitar competir y que los puedan vencer como es el caso de Nidia Cureña, además de ser inconstitucional, es inoportuno porque se tiene que legislar y ver las reformas integrales”, afirmó.

La diputada Zulay Rodríguez, una de las proponentes de las modificaciones, dijo que se busca hacer justicia social para los candidatos que no han sido señalados por el uso de fondos públicos en las elecciones y que no solo beneficiaría a candidatos del PRD y Panameñista.

“Inmediatamente los que no fueron impugnados se les darían sus credenciales, no chocaría con las impugnaciones porque el Tribunal Electoral tiene que señalar que la causal fue demostrada y entrarían diputados del PRD, Panameñista y algunos de CD”, expresó.

En la sesión, la única que no avaló la propuesta fue Ana Matilde Gómez, diputada por la libre postulación.

Previo a la presentación de estas modificaciones, Gómez opinó que este debate debe incluir la presencia de los magistrados del Tribunal Electoral para que ilustren si se resuelve o no un vacío con esta propuesta y que la presencia de estos debe ser más que su función, un compromiso democrático.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Pedro Miguel González, dejó abierta la sesión en espera de comentarios de representantes de la sociedad civil y de los magistrados sobre la propuesta presentada ayer por los diputados.

La comisión se declaró en sesión permanente y la próxima reunión se fijó para el lunes 4 de agosto, en la que se espera la presencia de los magistrados.

De los 14 diputados impugnados, tres son del PRD (Rubén De León, Samir Gozaine y Néstor Guardia), 10 pertenecen a las filas de CD y uno al Molirena.

Diputados oficialistas del PRD y Panameñistas modifican ley a su favor

Diputados que no han sido proclamados podrían recibir curules sin ir a elecciones


La propuesta para que a los diputados que se les demuestre causal de delitos en los procesos de impugnación que enfrentan, se les anule la candidatura y se les dé la curul al segundo más votado de ese circuito, es considerada por sectores de la sociedad civil y abogados como inconstitucional, impositivo e inconsulto.

Ayer se esperaba que en la Comisión de Gobierno, se discutiera el proyecto 8 con el que se busca que los diputados que fueron electos en los circuitos plurinominales y que no tienen impugnaciones, puedan recibir sus credenciales y solo se procese a los impugnados.

Sin embargo, a la mitad del debate, los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez y Cristian Caballero (suplente de Leandro Ávila), así como los panameñistas, Luis Barrría y Luis Eduardo Quirós presentaron una propuesta de modificación para reformar el artículo 139 del Código Electoral para que: ‘si se acoge la impugnación por haberse comprobado causal y que esta fuera determinante para el triunfo de los impugnados, no se celebrarían nuevas elecciones, sino que se anularía la participación de los candidatos impugnados y se proclamaría a los más votados, según la circunscripción’.

Para el exmagistrado Guillermo Márquez Amado no es ético ni moral que los diputados quieran ser juez y parte y ahora estén intentando cambiar las reglas del juego a la mitad del partido.

Indicó que el Tribunal Electoral (TE) es el único ente encargado para hacer cambios y lo oportuno es que se cierre todo el proceso electoral del 2014 con las leyes vigentes.

Los diputados propusieron, además, que se le dé categoría al proyecto de ‘orden público’, para que pueda ser retroactivo.

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño indicó que ese proyecto es inconstitucional e inoportuno debido a que ya hay unaComisión de Reformas Electorales que está consensuando un proyecto. ‘Es una aberración y una falta de respeto que los diputados quieran sacar de competencia a otros a través de una ley’.

Tras la inclusión de las modificaciones, la Comisión de Gobierno decretó un receso hasta el lunes en espera de la opinión del TE.

PRD y Panameñistas quieren meter un golazo electoral

No habría nuevos comicios

Diputados panameñistas y perredistas presentaron una nueva reforma al Código Electoral que establece que de comprobarse la causal de impugnación por el Tribunal Electoral (TE) contra los diputados procesados, no se celebrarían nuevas elecciones en esos circuitos electorales y se proclamaría al candidato siguiente más votado.

La propuesta fue presentada ayer en la Comisión Legislativa de Gobierno que discutía el primer debate al proyecto de ley 8 que originalmente se presentó con la intención de que en los circuitos plurinominales se entregara las credenciales a los diputados que no estaban directamente señalados en la denuncia de impugnación.

Según la nueva modificación se establecería en la ley electoral la anulación de la participación del candidato en caso de que el TE demuestre las causales de la impugnación y se proclamaría como ganador de la curul al candidato siguiente más votado, según los resultados de las elecciones del 4 de mayo pasado.

Esta reforma fue presentada por los diputados panameñistas Luis Barría y Luis Eduardo Quirós. También los perredistas Zulay Rodríguez y Cristian Caballero, suplente de Leandro Ávila.

Este cambio al Código Electoral podría beneficiar a los diputados panameñistas: Jorge Iván Arrocha , que ocuparía el lugar de Omar Castillo, Cambio Democrático (CD) en el 2-1. Carlos Santana por Porfirio Ellis (CD) en el 9-1. Jorge Alberto Rosas por Ana Giselle Rosas (CD) en el 4-6 y Omar Cornejo por Noriel Salerno (CD) en el 2-4.

En el PRD se beneficiarían: Athenas Athanasiadis por Manolo Ruiz (CD) en el 4-5. Jaime González por Manuel Cohen (CD) en el 6-1. Denis Arce por Miguel Fanovich (Molirena) en el 4-1. Olivares Frías en lugar de Mariela Vega (CD) en el 7-2. Ovidio Díaz por Carlos Afú (CD) en el 7-1 y Luis Ábrego ocuparía la curul de Héctor Aparicio (CD) en el 9-2.