POLÍTICA: Jované asegura ser perseguido por el Gobierno de Varela

El economista y excandidato presidencial independiente, Juan Jované, afirmó que es perseguido por emitir críticas a los planes del actual gobierno.

El economista y excandidato presidencial independiente, Juan Jované, afirmó que es perseguido por emitir críticas a los planes del actual gobierno.

Ayer, lunes, Jované se presentó al Tribunal Electoral (TE) para conocer de una denuncia en su contra, interpuesta ante la Fiscalía Primera Electoral del Segundo Distrito Judicial por supuesta comisión del delito contra el sufragio en la recolección de firmas para su candidatura, en Ocú, Herrera.

El TE analiza el levantamiento del fuero electoral de Jované, a solicitud del fiscal electoral Eduardo Peñaloza. “Esto viene del partido panameñista”, aseveró el economista.

Jované señaló en Telemetro que esto se da porque critica el control de precios y viola la ley del economista, al tener un ministro y dos viceministros sin título.

“Se violó la Constitución. Cuando están en la oposición dicen, se viola la Constitución, pero cuando llegan al gobierno, violan la Constitución”, recalcó.

“Para mí esto no es otra cosa que decirme no sigas hablando, pero yo seguiré hablando”, aseguró.

El economista manifestó que no le interesa mucho el fuero electoral. “Para mí es una señal que se me está mandando y para mí es el Gobierno”.

Gobierno de Varela continúa otorgando contratos directos

En los primeros cinco días del mes de agosto la actual administración de gobierno ha aprobado dos nuevas contrataciones directas del Tribunal Electoral

En los primeros cinco días del mes de agosto la actual administración de gobierno ha aprobado dos nuevas contrataciones directas del Tribunal Electoral por un monto total de 10 mil 112 dólares.

Los contratos directos, que se suman a los 12 actos excepcionales que se realizaron para el Tribunal Electoral en julio que sumaron 1 millón 136 mil 793 dólares, se realizaron en concepto del diseño eléctrico del museo de la democracia en la nueva sede del Tribunal y la instalación de dos unidades de aire.

En el sitio web de Panamá Compra se observa que en los primeros 36 días del gobierno de Juan Carlos Varela se han aprobado 33 contratos directos, casi uno por día, lo que supera en total los 2 millones de dólares.

“Este es un gobierno que criticó esas prácticas y ahora lo está haciendo, hay una especie de falta de ética. Además, 31 contrataciones por mes, una por día, es un exceso”, comentó el economista y excandidato a la presidencia Juan Jované.

“Las contrataciones directas no benefician al Estado, ya que no existe competencia entre las empresas y al no existir este fenómeno, el Estado pierde la posibilidad de encontrar un precio más bajo”, aclaró Jované.

El economista panameño Carlos Gómez coincidió con Jované y expresó que “las contrataciones directas son buenas, siempre y cuando sean competitivas en términos de costos y efectivas en términos de resultados, siendo estas más comunes y bien utilizadas en temas necesarios o urgentes”.

“En casos anteriores ha pasado que las contrataciones directas llegaban a ofrecer los servicios a allegados del gobierno”, agregó.

Este caso se puede observar en uno de los contratos directos más expuestos a crítica, concedido por el nuevo administrador general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Joseph Fidanque III, quien admitió haber contratado a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración STI porque pertenece a un amigo.

STI fue contratada por 80 mil dólares mensuales durante seis meses -un total de 480,000 dólares-, para que realice el servicio de recolección y transporte de la basura internacional que generan los vuelos en el principal aeropuerto capitalino, la cual está siendo trasladada hasta Colón.

Carlos Gasnell Acuña, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, señaló que es necesario regular mejor las contrataciones directas, ya que todos los gobiernos han abusado de ellas.

“Estas contrataciones son controversiales porque muchas veces se utilizan para devolver favores políticos como donaciones recibidas en campaña o para favorecer a allegados y copartidarios”, señaló Gasnell, sumándose al criterio de los economistas.

El Idaan, el Tribunal Electoral, Tocumen S.A., Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Ahorros, la Asamblea Nacional, la Universidad de las Américas y la Empresa de Generación Eléctrica son las instituciones públicas que han realizado este tipo de actos.

Varela utiliza "jet" de Stanley Motta para su viaje de vacaciones

"Jet de Motta" al servicio de Varela

 Infografía - Recorrido de la aeronave N915AM

• 45 millones de dólares es el valor promedio del ‘jet’ privado, propiedad de la familia Motta.

Datos

• 30 días después de estar en el cargo, el presidente Juan Carlos Varela se ausenta por una viaje personal.

• 3 días fue el tiempo de ausencia.

Juan Carlos Varela no solo tomó tres días de vacaciones en su primer mes como presidente de la República, sino que lo hizo viajando al exterior en el avión privado de su principal donante de campaña, Stanley Motta.

Se trata de uno de los hombres más ricos del país, quien posee importantes inversiones y concesiones con el Estado, una conexión que es cuestionada por representar un conflicto de intereses.

Fuentes cercanas al Palacio de las Garzas ofrecieron detalles de la ausencia del mandatario, que la Secretaría de Comunicación del Estado obvió en su comunicado oficial.

Trascendió que Varela se ausentó por tres días para tomar un viaje personal junto a su esposa, Lorena Castillo, a las Bahamas, a 1,802 kilómetros de distancia de Panamá.

El mandatario viajó en el “jet” ejecutivo Gulfstream modelo G450 con matrícula N915AM valorado en $45 millones, con capacidad para 22 pasajeros y propiedad de Motta.

Se trata del “jet” ejecutivo de motores Rolls-Royce, de mayor valor en la plaza local.

A la fecha, aún quedan muchas interrogantes del viaje de Varela en el avión del también dueño mayoritario de TVN.

El pasado 31 de julio, la Secretaría de Comunicación del Estado solo se limitó a informar que Varela viajaría fuera del país junto a la primera dama por motivos personales. También señaló que la pareja presidencial estaría de vuelta el domingo pasado, sin dar a conocer mayores detalles.

Panamá América envió un cuestionario a Castalia Pascual, vocera de la Presidencia, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Entre las preguntas que se solicitaron a Pascual están: ¿Por qué no se informó que el presidente viajaría en un avión privado de un empresario que tiene negocios con el Estado? ¿Considera usted que hay conflicto de intereses en utilizar el avión de un empresario con negocios con el Estado? ¿En calidad de qué se pidió prestado el avión y quién hizo dicha gestión? ¿Su estadía (la de Varela) en una isla del Caribe también fue pagada por el nombrado empresario?

El abogado Ernesto Cedeño señaló que el departamento de Relaciones Públicas del Estado no cumplió su misión de informarle al país sobre el viaje del presidente y los motivos del mismo.

“Creo que se deben dar los detalles del viaje y los resultados del mismo, en fortalecimiento del principio de transparencia, que debe caracterizar a cada gobierno, incluyendo este que es insipiente. Del informe que se le suministre al país ponderaríamos concluir si puede haber o no conflicto de intereses”, afirmó Cedeño.

El destino del viaje de vacaciones de Varela no es desconocido. Es precisamente en Bahamas, donde Varela mantiene anclado su yate llamado Centuria y que adquirió en 2011 por 2.5 millones de dólares al fabricante estadounidense Bertram.

Se trata de una embarcación de 67 pies (20.40 metros) de eslora y casco de fibra de vidrio, registrado en Islas Vírgenes Británicas.

El primer pago de esta embarcación lo realizó el 14 de marzo de 2011, Michelle Lasso, mientras estaba siendo seguida por el FBI y otras autoridades estadounidenses como parte de una red de apuestas ilegales que operaba en ese país.

Lasso pagó 175,000 dólares con el cheque número f011730055101, de una de sus cuentas bancarias en el Bank of America NA NY, para separar el yate de Varela.

Precisamente, varias de las cuentas secuestradas a Lasso, por su vínculo al lavado de dinero, eran del Bank of America.

POLÍTICA: El toro por las astas

De hecho es imposible que los políticos respondan cada acusación, cada pulla cotidiana, cada insensatez, desaguada por los medios. Ante la proliferación de ataques sin fundamentación, el partido Cambio Democrático (CD) ha decidido organizar una estrategia de respuesta jurídica para contrarrestarlos. El exministro de seguridad José Raúl Mulino ha puesto en jaque al Gobierno, solicitando que se le conceda cortesía de sala en las reuniones del Gabinete ministerial para aclarar la responsabilidad de Alberto Vallarino y Dulcidio de la Guardia en los contratos de los radares. Así, frente al presidente Juan Carlos Varela y los ministros, Mulino pondrá las cosas en su sitio con documentos en la mano.

Las aclaraciones de Mulino desmentirán al presidente Varela que presenta aspectos técnicos del funcionamiento de los radares como una presunta prueba de corrupción, cuando él conoció al detalle el asunto y no dijo nada en lo que ahora agiganta. La embestida de Mulino es el principio de la estrategia orgánica de CD para contrarrestar las invectivas desatinadas del gobierno panameñista que fue parte del régimen presidido por Ricardo Martinelli.

Vallarino y de la Guardia fueron ministros de economía de Martinelli. Ambos tienen el deber moral de explicarle al país y no estar lanzando anatemas que se voltean contra ellos mismos. Deben explicaciones también por las tierras de Juan Hombrón y otros temas que permanecen aún en la penumbra de conflictos de intereses.

La Contraloría desbarató las especulaciones lanzadas por medios oficialistas sobre la renuncia de la titular del cargo, Gioconda de Bianchini, mediante un comunicado público. Cumpliendo su rol constitucional, ha ordenado auditorías sobre presuntas irregularidades en fondos públicos, por expresa solicitud de la Procuraduría.

Se demerita con fundamento constitucional el carnaval de auditorías privadas anunciado por el Ministerio de Economía, el Tribunal Electoral y dependencias controladas por el gobierno panameñista para anular fraudulentamente la elección de diputados de CD.

Está en marcha una maniobra política para quitarle diputados a CD para elevar el exiguo número de diputados panameñistas. Para conseguir este objetivo espúreo, el consorcio panameñista con el PRD ha engendrado un mamotreto para que se les entreguen credenciales a sus candidatos en forma atropellada.

Las estrechas diferencias numéricas de los votos de los diputados elegidos y sus rivales demuestran la torpeza sectaria del proyecto de ley con aspiraciones de retroactividad.

El país está paralizado por la pérdida de tiempo de las represalias políticas gubernamentales. Hay inversiones privadas suspendidas por las ambigüedades de las medidas económicas. El control de precios se cae a pedazos. Se posterga la instrumentación de las nuevas tarifas de energía eléctrica. Se nombran funcionarios al margen de la ley.

Hay ministros que perdieron la nacionalidad panameña y escabullen las preguntas de los periodistas. Agricultores y ganaderos rechazan los precios dictados por burócratas inexperimentados. Los consumidores se sienten frustrados por el engaño de las promesas de rebaja de precios. No hay decisiones sobre el transporte público. Nada se resuelve.

"Tratan de ubicar curules a personas que no se las ganaron", HD Fernando Carrillo

Fernando Carrillo, diputado de Cambio Democrático dijo que la alianza de gobernabilidad entre el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Partido Panameñista, les ha dado "varias sorpresas".

Castillo se refirió a la modificación del Código Electoral, la cual a su juicio es inoportuno ya que se trata de ubicar curules a personas que no se las ganaron, pues si se demuestra que un candidato impugnado cometió la falta, se le adjudicará al segundo candidato y no permitiendo la costumbre de ir a nuevas elecciones para que el pueblo decida.

"Hacen falta 14 diputados a los cuales no se les ha asignado su curul, 10 son de CD", sostuvo Carrillo. También hablo de la posibilidad de la derogación de algunas leyes de la pasada administración, como por ejemplo la Ley de escoltas.

31 contrataciones directas en un mes de la administración Varela

El rechazo y los cuestionamientos contra las contrataciones públicas fue una de las banderas con las que Juan Carlos Varela encabezó su campaña presidencial.

Cuarentena emitió en un día el 

permiso para llevar basura a Colón

• El contrato directo otorgado a STI tuvo objeciones dentro de la Dirección Nacional de Cuarentena, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Un grupo de técnicos se opuso a que la basura internacional del aeropuerto de Tocumen fuera llevada hasta Colón por los riesgos. Ello generó el despido del director de la entidad, César Maure. A pesar de esto, la Dirección de Cuarentena Agropecuaria aprobó en un solo día el permiso solicitado por el gerente de Tocumen, Joseph Fidanque III, para que este procediera a adjudicar el contrato directo a STI, empresa de uno de sus allegados o conocidos. El permiso para llevar basura a Colón fue otorgado por seis meses.

El rechazo y los cuestionamientos contra las contrataciones públicas fue una de las banderas con las que Juan Carlos Varela encabezó su campaña presidencial. Pero en sus primeros días de gobierno ha quedado en evidencia que solo fue una propuesta electorera que no ha podido cumplir.

En el sitio web de Panamá Compra se observa que en los primeros 35 días del gobierno de Varela se han aprobado 31 contratos directos, casi uno por día, lo que supera los 2 millones de dólares

El Idaan, el Tribunal Electoral, Tocumen S.A., Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Ahorros, la Asamblea Nacional, la Universidad de las Américas y la Empresa de Generación Eléctrica son las instituciones públicas que han realizado compras o adjudicado contratos de forma directa.

Uno de los contratos directos más expuestos a crítica ha sido el concedido por el nuevo el administrador general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Joseph Fidanque III, quien contrató a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración STI para que realice el servicio de recolección y transporte de la basura internacional que generan los vuelos en el principal aeropuerto capitalino, la cual está siendo trasladada hasta Colón.

Esta contratación directa se adjudicó por un monto de 80,000 dólares al mes durante seis meses, es decir, un total de 480,000 dólares. Fidanque admitió que fue él quien llamó a “un conocido” para ofrecerle el contrato. “Hagamos patria”, dijo Fidanque a su amigo Juan David Morgan, dueño de STI.

Pobladores de la provincia de Colón se han manifestado en contra del traslado de esta basura, ya que corren el riesgo de que se pueda introducir una enfermedad, plaga o virus a través de ella. Las autoridades viajarán hoy a Colón a atender las denuncias de los colonenses.

Otra de las instituciones a las que la mayoría de las compras directas le fueron aprobadas ha sido el Tribunal Electoral, con 12 contrataciones realizadas en los últimos 35 días, de las cuales la más relevante es la compra a 3M Panamá de material fotográfico por un monto de 829,250 dólares.

Asimismo, esta institución ha realizado compras como la de tres micrófonos inalámbricos por 4,558 dólares y la contratación directa de los servicios de mantenimiento de planta por 226,713 dólares.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) también es de las entidades a las cuales se les han aprobado diversas contrataciones, como el alquiler de equipos pesados por 36,487 dólares y 78,859 dólares por el mismo servicio en una segunda oportunidad.

Carlos Gasnell Acuña, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, señaló que es necesario regular mejor las contrataciones directas, ya que todos los gobiernos han abusado de ellas.

“Estas contrataciones tienen que tener su justificación en una causal, y si no hay justificación real, la Contraloría incluso podría objetarlas, lo cual ha ocurrido muy rara vez en la práctica. Son controversiales porque muchas veces se utilizan para devolver favores políticos como donaciones recibidas en campaña o para favorecer allegados y copartidarios”, señaló Gasnell.

Fernando Aramburú Porras, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, quien en el gobierno pasado lideró una campaña en contra de los contratos directos, hoy guarda silencio.

El economista David Saied, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), tampoco quiso hacer comentarios al respecto.

Saied alegó que actualmente labora para una empresa privada y que debía consultar a los propietarios sobre “su posición al respecto de emitir comentarios sobre este tipo de temas”.

"Varela en oposición decia que se violaba la constitución, ahora es gobierno y la Viola": Jovanè

"Yo voy a seguir en esa tarea", expresó el economista y profesor, Juan Jované refiriéndose a los cuestionamientos que plantea sobre las medidas que ha tomado el actual gobierno, liderado por su presidente, Juan Carlos Varela.
Y es que las declaraciones del excandidato presidencial independiente se dan ante una denuncia en su contra por supuestas anomalías durante la recolección de firmas para legalizar su candidatura presidencial.

Detrás de esta denuncia Jované culpa al actual gobierno porque él (Jované) ha tenido una posición crítica ante las decisiones del mandatario, Juan Carlos Varela.

"El gobierno de Varela y los mismos de siempre, han decidido reprimirnos por nuestra posición crítica, mediante la  invención de un proceso legal en nuestra contra, basándose en una denuncia por posible delito electoral presentada por el diputado Miguel Ríos, del partido Panameñista , y muy curiosamente ha procedido que se nos levante el fuero electoral", detalla Jované en su blog personal.

Según el catedrático "no le interesa mucho" el fuero electoral, pero considera que esta denuncia es una señal porque ha cuestionado el control de precios y asegura se ha violado la ley del economista porque tenemos un ministro y dos viceministros que no tienen título de economía, además, las medidas anunciadas al sector agro las considera como "una política agropecuaria fallida".

"Cuando se está en la oposición dicen que se viola la Constitución, cuando llegan al gobierno la violan; ahí es donde está el problema", expresó en Telemetro Reporta.

PELIGRO: Gobierno de Varela en vía de abrir el tapón de Darién

La interconexión con Colombia incluye abrir el tapón de Darién

En Panamá, las autoridades guardan silencio sobre el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, calculado en 450 millones de dólares. La razón es que se estaría autorizando la apertura del tapón de Darién a través de la instalación de una línea de transmisión eléctrica que conectará a ambos país.

El proyecto data de 2001, pero ninguno de los gobiernos anteriores se atrevió a poner en riesgo la barrera natural que separa a Panamá con Colombia. Para el país suramericano, se trata de un plan de negocios para poder vender energía a Panamá y Centroamérica.

El pasado 25 de julio, los presidentes Juan Manuel Santos y Juan Carlos Varela acordaron reactivar el proyecto que se busca esté operando en 2018.

Hasta ese punto se dio información en Panamá. Pero en Colombia ya está todo definido: programa de financiamiento, estudios ambientales, participación de cada país y lo más sensitivo, el recorrido de la línea de transmisión por el tapón de Darién.

El consorcio Interconexión Colombia Panamá (ICP) brindó detalles del proyecto. Se trata de la construcción de una línea de transmisión de 400 megavatios y 600 kilómetros de recorrido, 340 kilómetros en Colombia, 260 en Panamá. “Línea que partirá desde la subestación de Cerromatoso (Córdoba) hasta la subestación de Panamá II, en la provincia panameña de Darién”.

El consorcio ICP lo integran Interconexión Eléctrica (ISA) en la parte colombiana y la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) de Panamá, que aportarán el 50% del valor del proyecto cada uno.

De acuerdo con algunos informes, la inversión prevista será de aproximadamente 450 millones de dólares y el potencial de exportación de energía desde Colombia hacia Panamá se calcula que puede alcanzar 250 millones de dólares al año.

ndrés Villegas, gerente de ICP, detalló que el valor final de la inversión será resultado de los estudios de diseño en ejecución, que la cifra (450 millones) se ha estimado hasta ahora de manera preliminar.

Agregó que como resultado del modelo económico se encuentra una financiación cercana al 60% del valor del proyecto, lo cual implica que los aportes de capital de los accionistas (ISA y Etesa) serían inferiores a $100 millones (cada uno), lo que deberán desembolsar en un periodo de 3 años.

Destacó que en Panamá se ha considerado que el corredor a través de la comarca Emberá-Wounaan y cerca de Metetí se alinee con la carretera Panamericana hasta llegar a la ciudad de Panamá.

En el caso de Colombia, el experto señaló que el corredor ambiental propuesto rodea el golfo de Urabá y cruza la frontera a través del municipio de Acandí, sin intervenir el Parque Nacional Natural Los Katios (Colombia) ni el Parque Nacional Darién (Panamá).

En Colombia, el estudio actualizado de Diagnóstico Ambiental de Alternativas –DAA– se encuentra en evaluación por parte de la Anla, y será esta autoridad la que apruebe el corredor ambiental sobre el cual es posible desarrollar el proyecto. Mientras, en Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) se encarga de la viabilidad.

Pero los ambientalistas panameños han empezado a ponerse de acuerdo. Isaías Ramos, técnico del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, señaló que la construcción de la línea de transmisión por vía terrestre implica tácitamente la apertura del tapón del Darién.

“Cuando se construye una línea de interconexión, se tiene que dejar un espacio de servidumbre, cuando esa servidumbre se deje se va hacer básicamente un sistema de carretera que va a pasar de Colombia a Panamá. Lo preocupante de esto es saber si Panamá está en la capacidad de hacer el manejo social que corresponde y el asunto de la seguridad”, señaló Ramos.

Indicó que un proyecto como este requiere de que se construyan campamentos, genera un movimiento de personas y a la vez requiere intervenir y talar árboles en un área sensitiva. Ramos afirmó que la interconexión vía acuática reducía los conflictos sociales que traería el pasar por las comarcas y la tala que implica la instalación de las torres de interconexión.

PRDs-Panameñistas jinetes del apocalipsis inconstitucional

Las costuras del tejido de acuerdos entre el panameñismo y el perredismo muestran los hilos de la ilegalidad sectaria. Los diputados panameñistas y perredistas persiguen la adición de otra reforma al proyecto de Pedro Miguel González, diputado del PRD, a los efectos de que el Tribunal Electoral entregue credenciales a los candidatos de sus bancadas, sin la realización de nuevas elecciones.

Las evidencias legislativas apuntan a la construcción de una mayoría parlamentaria oficialista sobre la base de disminuir el número de curules de Cambio Democrático (CD). Una ley de reforma electoral de nombre propio para favorecer a la desmedrada minoría panameñista. Agravando el contenido inconstitucional de la triquiñuela oficialista, los autores pretenden que se la califique como ley de orden público para que tenga efectos retroactivos. Para decirlo en buen panameño, quieren cambiar de caballo a la mitad del vado del río.

A estos jinetes del apocalipsis inconstitucional se los va a llevar la fuerte corriente del río del rechazo popular, porque agravian la voluntad democrática de los electores de balancear con sus votos al Ejecutivo y al Legislativo, con una sensata y real separación de los poderes públicos.

Como la estrategia de las impugnaciones no les va a dar los resultados que se proponen, recurren a leyes de privilegio a sus postulantes partidistas. Tienen pavor que en nuevas elecciones los electores de los circuitos ratifiquen a los diputados impugnados de CD.

Ya advirtieron que no tienen pruebas convincentes de las presuntas irregularidades denunciadas debido a que si hubo favoritismos indebidos, también deben comprender las investigaciones a los candidatos del PRD y del partido panameñista. Ambos recibieron fondos cuantiosos para efectuar obras públicas que, supuestamente, solo corrompieron a los candidatos de CD, pero no a ellos, porque tienen certificados de buena conducta. Así funciona el pacto de la gobernabilidad, para repartir prebendas y sinecuras a sus correligionarios, hermanos, parientes, y socios de donaciones.

Siguiendo las normas del debido proceso administrativo, la Procuraduría solicitó a la Contraloría realizar auditorías a todos los fondos, bienes, valores que se otorgaron a las juntas comunales, municipios, alcaldías durante los periodos de 2004 a 2009 y de 2009 a 2014 para que obren como pruebas en las investigaciones que de oficio han iniciado las fiscalías anticorrupción.

La Contraloría expresa en un comunicado que de inmediato giró instrucciones para efectuar las auditorías como finalidad prioritaria. Se desenvolverá por los procedimientos constitucionales establecidos para poder aportar pruebas fehacientes en los casos de impugnaciones a diputados.

La exministra Alma Cortez dio a conocer la formación de un frente de apoyo y defensa de CD a los candidatos a diputaciones, alcaldías, representantes de juntas comunales impugnados, así como a ministerios, organismos autónomos y dependencias públicas en general, blanco de acusaciones sin pruebas ventiladas en los medios oficialistas. Hay una carrera entre las autoridades para batir el récord de acusaciones contra CD. Estos fiscales políticos deben mirar el ombligo de los nombramientos reñidos con las leyes para no seguir hundiendo al Gobierno por los fiascos y fracasos en el primer mes de ejercicio.

Mulino lanza reto al Gabinete de Varela

El contrato en el que se contempla la compra de equipos de seguridad a Italia para Panamá, que ha sido cuestionado por el actual gobierno, fue negociado por el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino

• Radares: "Contrato lo negoció el MEF de Alberto Vallarino y De La Guardia"

Datos

• Función
• Los radares fueron instalados para combatir el narcotráfico.

• Contrato
• Los principales negociadores del contrato fueron Alberto Vallarino y Dulcidio De La Guardia.

• Gobierno
• El actual gobierno duda de efectividad de radares.

• Sustentación
• Mulino asegura que él no estuvo presente.

EPASA - El contrato en el que se contempla la compra de equipos de seguridad a Italia para Panamá, que ha sido cuestionado por el actual gobierno, fue negociado por el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, y el actual ministro de esa cartera, Dulcidio De La Guardia, denunció el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino.

Cuando a mí me enviaron el contrato, yo le hice dos pequeñas observaciones como abogado de experiencia en estos temas, y la contraparte del Citibank fue representada por una firma de abogados de gran prestigio en Panamá que llevó adelante la representación de Citibank de Londres como cabeza de un crédito sindicado donde participan creo que cuatro bancos más de aquella localidad; por lo tanto, ese contrato no se ha cambiado y se ha cumplido al pie de la letra, tanto en la ejecución como en los pagos, expresó Mulino.

Afirmó que él no estuvo en esa negociación y que el actual ministro De La Guardia está en la mejor condición para explicarle al Consejo de Gabinete que ese es el contrato que negoció y que él (Mulino) firmó por autorización del Gabinete.

Mulino dijo que está dispuesto a asistir al Consejo de Gabinete el próximo martes para responder todo lo que quieran, en vivo.

“Que me den cortesía de sala el martes en gabinete. Allí diferenciamos niños de los hombres. ¡En vivo!”, tuiteó el extitular de Seguridad Pública.

En otro tuit indicó: “¿Quieren transparencia? Qué me den cortesía de sala el martes en gabinete. Allí diferenciamos niños de los hombres. ¡En vivo!”.

Expresó que, ante ese panorama, no hay motivo para revocar ese contrato para ganar aplausos politiqueros so pretexto de algo que no tiene nada que ver de ninguna manera.

El extitular de Seguridad, al ser cuestionado sobre supuestas coimas, indicó que desea que sea el ministro De La Guardia quien le diga si en el contrato hay alguna cláusula que plantea que hay que pagar comisión a alguien que no sea por los servicios entregados al país.

Yo juré y prometí no hablar más de este tema, porque no manejo la información 24/7 que manejaba antes, pero hice la excepción porque creo que el país debe ilustrarse más allá del bochinche de todos los días, añadió.

Sobre el tema, el exsecretario de Comunicación de la Presidencia Luis Eduardo Camacho publicó a través de las redes sociales que desea saber quién financia la campaña contra la instalación de radares que refuerzan el combate al crimen.

En uno de sus tuits indicó: ¿Quién financia la campaña contra la instalación de radares que refuerzan combate al narcotráfico?.

El presidente Juan Carlos Varela ha puesto en duda la efectividad de los radares.

Gobierno tiene casa para cometer torturas: Alejandro Pérez

EPASA - La denuncia presentada por el abogado Alejandro Pérez, por la supuesta detención ilegal de un sargento de la Policía, se sustenta sobre informes relacionados a la existencia de una casa para cometer torturas. 

La información que maneja Pérez y que fue el motivo de la denuncia que interpuso ante el Ministerio Público, destaca que esta casa pertenece al Servicio de Protección Institucional (SPI), la cual se encuentra ubicada en Amador. Aseguró Pérez que esta casa es operada por funcionarios de confianza del Consejo de Seguridad, quienes son los que ejecutan las acciones contra oficiales que trabajaron estrechamente con funcionarios del gobierno anterior. 

Los informes que manejan quienes denunciaron este hecho destacan que entre las torturas sicológicas de las que han sido objeto las unidades, es que si no respaldan las falsas acusaciones se les podría dar de baja y afectar sus jubilaciones.

• Se habla de una casa que es utilizada como un centro de tortura y pertenece a uno de los estamentos de seguridad, que después del 1 de julio han llevado a varios y esto me recuerda la época oscura de los militares. Alejandro Pérez - Abogado y exviceministro de Gobierno

Ministerio Público pide a la Policía esclarecer denuncia

El Ministerio Público inició las investigaciones ante la denuncia presentada por el supuesto arresto ilegal en contra del sargento de la Policía Nacional Ismael Pitty.

En menos de 24 horas de haberse interpuesto la denuncia, el despacho de la procuradora general de la nación, Ana Belfon, giró un oficio al director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, para conocer sobre el paradero del sargento, señalado en la denuncia como la persona que hace días fue aparentemente detenida por funcionarios del Consejo de Seguridad.

Reformas electorales hechas a la medida del oficialismo

Magistrado del Tribunal Electoral considera delicado realizar cambios al código, una vez transcurridos los comicios. Asistirán a las consultas.

Si las modificaciones al Código Electoral que impulsan los diputados de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático y el partido Panameñista se llegan a aprobar son 13 los diputados de estos partidos que quedan beneficiados y sería en total una aplanadora de 47 diputados de ambas bancadas que firmaron el llamado “Pacto de gobernabilidad”.

De acuerdo con las propuestas de modificaciones que presentaron los diputados el pasado miércoles en la Comisión de Gobierno, en los casos de circuitos uninominales y plurinominales, donde se compruebe causal a un candidato impugnado, inmediatamente los más votados que le siguen y los que ya habían sido proclamados se hacen acreedores a sus credenciales para ocupar las actuales curules que permanecen vacías dentro de la Asamblea Nacional.

Por ejemplo, si en el circuito 2-1, donde se eligen dos diputados, se halla causal contra el candidato de Cambio Democrático Omar Castillo, según la propuesta de ley se debe acreditar a Jorge Iván Arrocha del Partido Panameñista (tercero más votado de este circuito), además de Néstor Guardia del PRD, quien fue proclamado en las elecciones, pero no obtuvo su credencial, debido a que por la ley actual, como candidato del circuito plurinominal donde se da la impugnación, también debe esperar hasta que se resuelva.

Otro caso es el del circuito uninominal 4-6, en el que si se encuentra causal contra la candidata Ana Giselle Rosas, se le otorgaría la credencial automáticamente a Jorge Alberto Rosas por ser el segundo candidato con mayor cantidad de votos en dicho circuito.

Así se repite el beneficio en los circuitos 2-4, 4-1, 4-5, 6-1, 7-1, 7-2, 9-1 y 9-2 y de estos solo en el 4-1, un solo candidato de Cambio Democrático, Rogelio Baruco, lograría mantener su curul. (Ver gráfica).

Ayer, este colectivo político emitió sus conceptos sobre este proyecto de ley y rechazó la iniciativa.

“La propuesta de ley para beneficiar solo a algunos diputados postulados por el PRD viola las reglas de adjudicación de curules y la representación proporcional en los circuitos electorales plurinominales en caso de que sea necesario realizar nuevas elecciones”.

La posible modificación al Código Electoral no solo ha levantado alerta en el ahora partido de oposición, sino a nivel de la sociedad civil y el Tribunal Electoral. Ayer, el magistrado vocal Heriberto Araúz dijo que el próximo lunes, los magistrados se reunirán para analizar las propuestas presentadas para modificar el Código Electoral.

A su parecer, se trata de un tema delicado que hay que estudiar ampliamente. “Las elecciones ya se realizaron y es delicado introducir reformas”, aseguró.

En tanto, Roberto Troncoso, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, expresó que aunque los diputados cuentan con la potestad de hacer cambios a las leyes, levanta suspicacia que se haga en este caso sin plantearlo ante los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, organismo de consulta del Tribunal Electoral encargado de revisar este asunto de forma integral.

“El lugar idóneo es el Tribunal Electoral para discutirlo previamente y entregar unas recomendaciones y hacer los cambios que haya que hacer. Si se están resolviendo las impugnaciones, cuál es el problema”, manifestó Troncoso.

El también abogado Ernesto Cedeño advirtió que es inconstitucional aplicar la retroactividad en este proyecto de ley, porque no es de interés público.