El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley en el que se crea la Autoridad Nacional de Ingresos con sus siglas ANIP, y que deroga el deroga el Decreto de Gabinete No. 109 de 7 de mayo de 1970 que creó la Dirección General de Ingresos.
La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, quien fue asistido en su exposición por Luis Cucalón, actual director nacional de Ingresos.
De acuerdo con la propuesta, la ANIP será una institución autónoma del Estado, con competencia nacional, personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, funcional y financiera, y estará integrada y revestida de todas las funciones, potestades y prerrogativas otorgadas por Ley a la antigua Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.
La nueva Autoridad tendrá a su cargo la administración, reconocimiento, recaudación, liquidación, cobranza, devolución, investigación y fiscalización de tributos, y, de la misma manera, estará encargada de aplicar sanciones, ejecutar cobros por vía coactiva, emitir resoluciones de recursos y la expedición de actos administrativos necesarios en caso de infracción a las leyes fiscales así como cualquier otra actividad relacionada con el cumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas con respecto a los impuestos, las tasas, las contribuciones y las rentas de carácter interno comprendidas dentro de la dirección activa del Tesoro Nacional, no asignadas por la ley a otras instituciones del Estado.
Contará con un Administrador Nacional de Ingresos Públicos, que será nombrado por un período de 7 años contados a partir de su toma de posesión. Deberá ser panameño por nacimiento con un mínimo de 35 años de edad; no estar inscrito en ningún partido político y poseer un título universitario, con idoneidad comprobada y experiencia profesional de 10 años en alguna de las siguientes ramas: Finanzas, Economía, Derecho, Contabilidad o Administración de Empresas.
En su disertación, el director de Ingresos, Cucalón dijo que la propuesta en mención busca otorgar la independencia necesaria, siguiendo claros preceptos sustentados en estándares internacionales, que a la postre le otorgarán a la República de Panamá, una imagen de mayor objetividad, transparencia y eficacia en el desarrollo de las actividades vinculadas al tema de recaudación de impuestos. Ello, añadió, derivará en la posibilidad de poder cumplir con todos los objetivos de la administración central del gobierno que consiste en que el resultado del cobro de los impuestos revierta en beneficio de los ciudadanos.
