PANAMA AMERICA - Las irregularidades y anomalías, identificadas por un informe de auditoría hecho en las distintas dependencias del Estado sobre millonarios proyectos adjudicados durante la administración del expresidente Martín Torrijos, no solo se circunscribieron al Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Incumplimiento en los tiempos establecidos en el contrato y de especificación aparecen como las principales causas de violación a la ley de contrataciones públicas durante el periodo 2004 -2009.
En la lista de instituciones aparecen el Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno y Justicia y el programa de Desarrollo Comunitario (Prodec).
El informe destaca que en el Minsa, bajo la administración del entonces ministro Camilo Alleyne, se firmaron contrataciones directas en las que destaca una por 6.5 millones de dólares entre el Minsa y la Coordinadora Nacional de Salud (Consalud).
Sobresale en esta contratación que Alleyne aparecía como presidente y representante legal de Conades, y en acuerdo con el también director de la Caja de Seguro Social (CSS), René Luciani, convinieron celebrar el contrato con excepción de acto público y autorización de contratación directa emitida por el Consejo de Gabinete, según consta en la Resolución de Gabinete N.° 31 del 21 de abril de 2006.
El documento de auditoría concluyó que se trató de un beneficio a una empresa privada que funcionó con fondos del Estado. Sobre el tema, el exministro de Salud evitó ofrecer declaraciones.
En el desaparecido Ministerio de Gobierno y Justicia, el contrato N.° 10-208 entre el Estado y la empresa Hellitech Suppor Services LLP resaltó en el informe.
El 5 de agosto de 2008, la empresa recibió la orden de proceder para la recuperación de cinco helicópteros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) - AN-120, AN-21, AN-123, AN-125 y AN-134 - a un costo de 10.8 millones de dólares a ejecutar en un periodo de dos años (720 días).
El contrato sufrió un aumento de cinco millones de dólares por “supuestos” sobrecostos en los trabajos. Sin embargo, las naves no se entregaron a satisfacción en el tiempo indicado.
La irregularidad se inicia ocho meses después de haberse ejecutado la orden de proceder y sin que existiera resolución de suspensión del contrato, el cronograma de entrega de las naves estaba suspendido.
El entonces director del Senan, Rigoberto Gordon, dejó plasmado en la nota N.° 366- Senan-DG del 19 de junio de 2009, que en reuniones con directivos de la empresa, “se presentó un informe de sobrecostos que se habían generado por el orden de 780,000 dólares y que los sistemas de cabinas EFIS Marca SAGEM, propuestos por Hellitech para la modernización de las cabinas de vuelo, presentaban algunos problemas de especificaciones, por lo que recomendaba que se optara por la marca KRATOS, que aunque son de mayor costo, la calidad era superior”, sostiene el documento.
También detalla que Gordon mencionó que el avance global del proyecto solo alcanzaba el 23%, según reportes de los técnicos panameños que viajaron a Canadá donde se realizaban los trabajos. “Allí notaron un lento avance de la obra versus el pago efectuado”.
Pese a la advertencia, la documentación de auditoría destaca que Hellitech facturó y cobró con base en la solicitud planteada de reemplazo de la marca de las cabinas al sistema Kratos a través de la adenda 1 al contrato 10-208.
Pero dicha contratación sufrió una segunda violación cometida por la empresa con el aval de las autoridades. La empresa informó que “tenemos problemas con Kratos, y nos ofrecen instalarnos pantallas marca Universal, de las cuales desconocemos su precio global”.
A raíz de la notificación, la empresa -sin consentimiento del Estado- procedió a adquirir la pantalla marca Universal Lies 2011 y la instaló en el helicóptero AN-120, sin contar con la adenda correspondiente que le autorizara dicho cambio de pantalla.
El exministro de Gobierno y Justicia Daniel Delgado Diamante tiene su versión con total conocimiento de los hechos.
“Yo salí en 2008 del Ministerio. Había un programa preparado por el antiguo Servicio Aéreo Nacional (SAN) de rehabilitación de helicópteros a realizar en Canadá y de Aviones en España. Esta institución devino con el Servicio Marítimo Nacional (SMN) en el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) al final de 2008.
Creo que ese proceso quedó pendiente al terminar el Gobierno en 2009 y me imagino que tanto las reparaciones o recuperaciones de las mencionadas aeronaves como los pagos, también tendrían que haberse efectuado al cumplimiento de dichas reparaciones, en los plazos de tiempo convenidos”, respondió Delgado Diamante.
En las contrataciones del Estado y las empresas favorecidas resaltaba la pasividad de los funcionarios responsables de que se ejecutaran las obras en el tiempo pactado. No obstante, los desembolsos se desarrollaron sin dificultad y sin que se entregaran con las especificaciones convenidas solicitadas en el contrato.
Obras del PRODEC incumplieron normas de calidad
La mala calidad de las infraestructuras, ubicación de las obras y falta de mante- nimiento son algunas de las características que sobresalen en la serie de obras que desarrolló la administración de Martín Torrijos a través del Programa de Desarrollo Comunitario (Prodec), que son dineros provenientes de las ganancias de la Autoridad del Canal de Panamá.
Para los dirigentes comunitarios donde se desarrollan los proyectos, la institución parece no ser la mejor alternativa para invertir el dinero del Canal en obras sociales. Y a pesar de que la reglamentación del Prodec ha sido modificada varias veces con el fin de mejorar su eficiencia, la entidad no ha logrado los niveles de aceptación y confianza en la transparencia.
Anomalías que se quedaron sin investigación
A través de la Resolución N.° 168 de 10 de septiembre de 2008, el Consejo de Gabinete resolvió exceptuar al Ministerio de la Presidencia del procedimiento de licitación pública por un monto de 6.5 millones de dólares con la Empresa Importadora - Exportadora de Objetos Electro - Energéticos (Anergoimport) para la compra de 3 millones de lámparas fluorescentes compactas”. Del proyecto denominado “Operación bombillo”, solo se completó la primera fase y se visitaron más de 246,750 hogares.
A las personas que instalaron los bombillos les adeudaron a cada una un mes de salario, este hecho provocó que los trabajadores cerraran en varias ocasiones los dos paños de la vía Ricardo J. Alfaro por violación al contrato laboral.
