El Gobierno Nacional puso fin a 24 largos años de espera del pago del XIII mes –que se dejaron de cancelar en 1989, 1990 y 1991- a unos 175 mil servidores y ex funcionarios públicos, luego que el presidente Ricardo Martinelli entregará los primeros cheques a través de la emisión de Certificados de Pago Negociables del Décimo Tercer Mes (CERDEM), acto donde resaltó que esta administración honra a sus trabajadores haciéndoles justicia pagando una deuda moral que los pasados gobierno no asumieron.
“No tienen que agradecerme, esto es de justicia que el gobierno pague lo que debe, algo que para los otros gobiernos fue más fácil no dar la cara y no quisieron pagarles, porque estaba el dinero”, afirmó el presidente Martinelli, luego del discurso de agradecimiento ofrecido por Diana Coronado, la funcionaria de más antigüedad; ella aseguró que “nunca pensó que esta deuda se haría realidad”, pero que esta administración “se ha encargado de las deudas del pasado que otro dejó”.
Con este anuncio, el presidente Martinelli cumple un compromiso más, quien en su administración –igualmente- ha hecho justicia a otros panameños que durante pasadas administraciones reclamaron sus derechos, como son los funcionarios despedidos por la Ley 25, los ex empleados del ferrocarril, los ex trabajadores portuarios, los ex obreros de las bananeras en Puerto Armuelles, incluso los familiares de víctimas y afectados de la tragedia de envenenamiento masivo con dietilenglicol, todos son casos de pasados gobiernos que no quisieron enfrentarlos y que ahora se les hizo justicia.
“Quiero mandar un mensaje a los empleados públicos estamos haciendo cosas para su beneficio que nadie antes se atrevió hacerlo, porque los candidatos anteriores solo prometían cosas en busca de votos, pero lo que yo prometo lo cumplo”, reiteró el gobernante al enumerar por lo menos tres leyes –unas aprobadas otras aún en la Asamblea- que aumentan el décimo calculado a este sector a unos 550 balboas como tope, otra que otorga estabilidad laboral igualitario como en la empresa privada, y la ya aprobada ley que reconoce y garantiza el pago de prestaciones laborales al funcionario al ser destituido injustificadamente.
“Reitero, hay quienes no quieren reconocer los cambios en el país, pero vivo cada día contra esa cantidad de envidiosos que no aceptan que ustedes están recibiendo más beneficios… Por ese tipo de personas y los gobiernos que no les hicieron justicia, nuevamente les pido disculpas”, sustentó.
El pago de este documento fue autorizado y reglamentado a través del Decreto Ejecutivo No. 1055 del 7 de octubre de 2013, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 1081-A, de 24 de octubre de 2013, estimándose en unos 86 millones de balboas el monto a cancelar por parte del Gobierno Nacional a todos los funcionarios y ex servidores públicos que tienen derecho a este cobro.
Los certificados correspondientes a diciembre de 1989, serán pagaderos el 15 de octubre de 2015; en tanto que los de 1990 y 1991, el 15 de octubre de 2016. Estos certificados serán libres de gravámenes de cualquier naturaleza, y tampoco serán embargables.
“Fueron cuatro administraciones, 24 años después que se les hace justicia”, enfatizó Fran De Lima, a su turno, donde recomendó a los beneficiados a hacer un buen uso de éstos y de invertirlos que le saquen provecho.
Se ha contemplado que en el caso de los funcionarios públicos que a la fecha hayan fallecido, sus familiares podrán reclamar el CERDEM, previa comprobación de parentesco ante un juez, el cual deberá emitir la certificación al pariente que tenga derecho al reclamo.
Los servidores públicos que no aparezcan en los listados podrán presentar el reclamo ante la respectiva institución en que laboran o laboraron. En caso tal, que a la fecha, la entidad estatal en que el servidor público laboraba haya dejado de funcionar o exista bajo otro nombre, podrán acudir a la nueva entidad estatal que haya asumido o continúe con el correspondiente servicio público.
En el evento en que se desconozca la entidad ante la cual se pueda acudir a presentar la reclamación, se podrá solicitar ante el Departamento de Cuentas Individuales de la Caja de Seguro Social (CSS), el registro impreso de las cuotas pagadas, a fin de que el funcionario sea considerado para comprobar que laboraba en la respectiva entidad, así como para determinar los décimos tercer mes dejados de percibir durante los años 1989, 1990 y 1991.
Una vez haya obtenido el registro antes mencionado, el interesado formalizará su solicitud ante la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la que anexará este registro, para el respectivo trámite de emisión del CERDEM ante la Contraloría General de la República. Emitido el CERDEM, éste podrá ser retirado en la Oficina Institucional de Recursos Humanos del MEF, ubicado en Vía España y calle 52 E, edificio Ogawa, 2do. Piso.
Los CERDEM podrán ser utilizados como garantía de cualquier obligación, transacción bancaria y fianzas contractuales que se tengan con el Estado, como una garantía judicial. También podrán ser convertidos en efectivo mediante su venta a personas naturales o jurídicas, o en cualquiera de los siguientes agentes: comercio local e instituciones gubernamentales de carácter financiero que incluyen a la CSS, Caja de Ahorros, Banco Hipotecario Nacional y Banco Nacional de Panamá, entre otras.
Igualmente, serán de utilidad para el pago de cuentas de la cartera morosa que en algunos casos hasta el 31 de diciembre de 2012, pudieran tener los funcionarios o ex empleados públicos con el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Seguro Agropecuario, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Autoridad de Aseo Urbano, Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos.
La Asamblea Nacional aprobó el pasado mes de junio, el proyecto de Ley No. 609, que crea los CERDEM, luego que la iniciativa fuera presentada al pleno por el titular del MEF, Frank De Lima, quien sustentó que la histórica deuda que ha mantenido el Estado con los servidores públicos que dejaron de recibir las correspondientes partidas del XIII mes sería honrada por la actual administración del presidente Martinelli, y que este compromiso con los empleados y ex empleados públicos busca preservar los intereses de la mayoría y hacerle justicia a los funcionarios estatales.
El más reciente acto de justicia y solidaridad humana de la actual administración, se llevó a cabo el pasado 28 de noviembre, cuando el Mandatario, en nombre del Estado panameño, pidió perdón a los familiares y afectados por el jarabe envenenado con detilenglicol, durante la entrega del primer pago de la pensión vitalicia, para lo cual destinó un presupuesto de 7 millones de balboas, para que tengan mejor calidad de vida, ya que es algo que –consideró- debió hacerse desde la pasada administración responsable de la tragedia.
Además de lo anterior, la administración Martinelli ha honrado el compromiso de pago 21 millones de balboas a más de 230 trabajadores despedidos por la Ley 25 de 1990 luego que el gobierno de entonces privatizara el antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y el Instituto de Telecomunicaciones (INTEL). En tanto, alrededor de 237 ex trabajadores del ferrocarril recibieron cerca 16 millones de balboas en concepto de pasivos laborales dejados de pagar por el Estado; mientras que más de 2 mil extrabajadores portuarios recibieron el pago de más de 20 millones tras 14 años de espera.
Se ha contemplado que en el caso de los funcionarios públicos que a la fecha hayan fallecido, sus familiares podrán reclamar el CERDEM, previa comprobación de parentesco ante un juez, el cual deberá emitir la certificación al pariente que tenga derecho al reclamo.
Los servidores públicos que no aparezcan en los listados podrán presentar el reclamo ante la respectiva institución en que laboran o laboraron. En caso tal, que a la fecha, la entidad estatal en que el servidor público laboraba haya dejado de funcionar o exista bajo otro nombre, podrán acudir a la nueva entidad estatal que haya asumido o continúe con el correspondiente servicio público.
En el evento en que se desconozca la entidad ante la cual se pueda acudir a presentar la reclamación, se podrá solicitar ante el Departamento de Cuentas Individuales de la Caja de Seguro Social (CSS), el registro impreso de las cuotas pagadas, a fin de que el funcionario sea considerado para comprobar que laboraba en la respectiva entidad, así como para determinar los décimos tercer mes dejados de percibir durante los años 1989, 1990 y 1991.
Una vez haya obtenido el registro antes mencionado, el interesado formalizará su solicitud ante la Oficina Institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la que anexará este registro, para el respectivo trámite de emisión del CERDEM ante la Contraloría General de la República. Emitido el CERDEM, éste podrá ser retirado en la Oficina Institucional de Recursos Humanos del MEF, ubicado en Vía España y calle 52 E, edificio Ogawa, 2do. Piso.
Los CERDEM podrán ser utilizados como garantía de cualquier obligación, transacción bancaria y fianzas contractuales que se tengan con el Estado, como una garantía judicial. También podrán ser convertidos en efectivo mediante su venta a personas naturales o jurídicas, o en cualquiera de los siguientes agentes: comercio local e instituciones gubernamentales de carácter financiero que incluyen a la CSS, Caja de Ahorros, Banco Hipotecario Nacional y Banco Nacional de Panamá, entre otras.
Igualmente, serán de utilidad para el pago de cuentas de la cartera morosa que en algunos casos hasta el 31 de diciembre de 2012, pudieran tener los funcionarios o ex empleados públicos con el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Instituto de Seguro Agropecuario, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Autoridad de Aseo Urbano, Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos.
La Asamblea Nacional aprobó el pasado mes de junio, el proyecto de Ley No. 609, que crea los CERDEM, luego que la iniciativa fuera presentada al pleno por el titular del MEF, Frank De Lima, quien sustentó que la histórica deuda que ha mantenido el Estado con los servidores públicos que dejaron de recibir las correspondientes partidas del XIII mes sería honrada por la actual administración del presidente Martinelli, y que este compromiso con los empleados y ex empleados públicos busca preservar los intereses de la mayoría y hacerle justicia a los funcionarios estatales.
El más reciente acto de justicia y solidaridad humana de la actual administración, se llevó a cabo el pasado 28 de noviembre, cuando el Mandatario, en nombre del Estado panameño, pidió perdón a los familiares y afectados por el jarabe envenenado con detilenglicol, durante la entrega del primer pago de la pensión vitalicia, para lo cual destinó un presupuesto de 7 millones de balboas, para que tengan mejor calidad de vida, ya que es algo que –consideró- debió hacerse desde la pasada administración responsable de la tragedia.
Además de lo anterior, la administración Martinelli ha honrado el compromiso de pago 21 millones de balboas a más de 230 trabajadores despedidos por la Ley 25 de 1990 luego que el gobierno de entonces privatizara el antiguo Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y el Instituto de Telecomunicaciones (INTEL). En tanto, alrededor de 237 ex trabajadores del ferrocarril recibieron cerca 16 millones de balboas en concepto de pasivos laborales dejados de pagar por el Estado; mientras que más de 2 mil extrabajadores portuarios recibieron el pago de más de 20 millones tras 14 años de espera.
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