El todo o nada callejón sin salida: Juan Manuel Castulovich
Al insistir los magistrados del Tribunal Electoral que las únicas reformas que debían aprobarse eran las que ellos bendijeran, se les escapó entender las aspiraciones de la mayoría de la ciudadanía. En varios escritos y opiniones expresadas públicamente y al participar en las consultas realizadas por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, previas al primer debate del proyecto de Ley 508, he señalado que la posición “todo o nada” adoptada por los triunviratos electorales, y quienes les apoyaron es, aparte de un error táctico, política y jurídicamente insostenible. Y empeñarse en mantenerla es forzar, por empecinamiento, un callejón sin salida.
El proyecto original, presentado por el Tribunal Electoral nunca fue la suma de perfección que nos quisieron vender. Allí se incluyó la creación de un “mini-senado”, con los denominados “diputados nacionales”, elegidos por listas cerradas, que reservaban los dos primeros lugares y, en consecuencia, el acceso automático a las dos primeras curules a los candidatos a presidentes y vicepresidentes. Los electos (un binomio, por obligación), serían reemplazados por los que ocuparan los puestos tres y cuatro de la respectiva lista; y a los binomios perdedores, también se les garantizaba, como premio de consolación, dos curules de “diputados nacionales”.
También incluía el proyecto original copiar el sistema español de postular los candidatos a diputados por “listas cerradas”, que garantizan la elección de los ubicados en los primeros lugares. Ese sistema es cuestionado por antidemocrático. Pero en España, con partidos políticos institucionales, los primeros lugares en las listas premian años de militancia, trayectoria y lealtad partidaria. Ese, como es evidente, no es el caso de Panamá.
Pero el mayor contrasentido del “todo o nada” es que sus promotores contradicen su alegada vocación democrática. Si hubieran prosperado no habría, como reclama la ciudadanía, candidatos independientes a la presidencia para las próximas elecciones. Panamá necesita que se rompa el monopolio de los partidos tradicionales, y nuevas alternativas políticas. Mantener las actuales reglas electorales es perpetuar el control del sistema electoral por los partidos tradicionales. El país reclama, además, que se acabe con la adjudicación de curules a candidatos sin votos, por el artilugio del voto multiplicado y el nefasto sistema de residuos.
Una norma incluida en el proyecto 508 pretendía responder a otro anhelo ciudadano: que dejemos de vivir en una permanente campaña electoral, pero quienes la objetaron no lo han entendido. Pero esa propuesta ha sido retirada y, por tanto, dejó de ser motivo para adversar el proyecto. Pero como todo pecado conlleva su penitencia, cosecharán lo que siguen sembrando.
Tampoco cabe oponerse al proyecto 508, porque no incluyera normas sobre transparencia en la financiación de las campañas. Por qué los partidos de oposición, apoyados por algunos representantes de la denominada sociedad civil, consideran que la falta de tales normas es suficiente para descalificar todo el proyecto, es difícil de entender. Por otra parte, el remedio es fácil. Los partidos y los candidatos que reclaman transparencia absoluta en el financiamiento de las campañas, tienen la oportunidad dorada de ganar reconocimiento general, comprometiéndose ya, y públicamente, sin que una norma legal los obligue, a divulgar de dónde han salido y saldrán, aparte del subsidio oficial, los fondos para sus campañas. Como la mejor predica es el ejemplo, aparte de elevarse ante la ciudadanía, forzarían a todos los otros candidatos a imitarlos, porque así se lo exigiríamos los votantes.
El proyecto original, presentado por el Tribunal Electoral nunca fue la suma de perfección que nos quisieron vender. Allí se incluyó la creación de un “mini-senado”, con los denominados “diputados nacionales”, elegidos por listas cerradas, que reservaban los dos primeros lugares y, en consecuencia, el acceso automático a las dos primeras curules a los candidatos a presidentes y vicepresidentes. Los electos (un binomio, por obligación), serían reemplazados por los que ocuparan los puestos tres y cuatro de la respectiva lista; y a los binomios perdedores, también se les garantizaba, como premio de consolación, dos curules de “diputados nacionales”.
También incluía el proyecto original copiar el sistema español de postular los candidatos a diputados por “listas cerradas”, que garantizan la elección de los ubicados en los primeros lugares. Ese sistema es cuestionado por antidemocrático. Pero en España, con partidos políticos institucionales, los primeros lugares en las listas premian años de militancia, trayectoria y lealtad partidaria. Ese, como es evidente, no es el caso de Panamá.
Pero el mayor contrasentido del “todo o nada” es que sus promotores contradicen su alegada vocación democrática. Si hubieran prosperado no habría, como reclama la ciudadanía, candidatos independientes a la presidencia para las próximas elecciones. Panamá necesita que se rompa el monopolio de los partidos tradicionales, y nuevas alternativas políticas. Mantener las actuales reglas electorales es perpetuar el control del sistema electoral por los partidos tradicionales. El país reclama, además, que se acabe con la adjudicación de curules a candidatos sin votos, por el artilugio del voto multiplicado y el nefasto sistema de residuos.
Una norma incluida en el proyecto 508 pretendía responder a otro anhelo ciudadano: que dejemos de vivir en una permanente campaña electoral, pero quienes la objetaron no lo han entendido. Pero esa propuesta ha sido retirada y, por tanto, dejó de ser motivo para adversar el proyecto. Pero como todo pecado conlleva su penitencia, cosecharán lo que siguen sembrando.
Tampoco cabe oponerse al proyecto 508, porque no incluyera normas sobre transparencia en la financiación de las campañas. Por qué los partidos de oposición, apoyados por algunos representantes de la denominada sociedad civil, consideran que la falta de tales normas es suficiente para descalificar todo el proyecto, es difícil de entender. Por otra parte, el remedio es fácil. Los partidos y los candidatos que reclaman transparencia absoluta en el financiamiento de las campañas, tienen la oportunidad dorada de ganar reconocimiento general, comprometiéndose ya, y públicamente, sin que una norma legal los obligue, a divulgar de dónde han salido y saldrán, aparte del subsidio oficial, los fondos para sus campañas. Como la mejor predica es el ejemplo, aparte de elevarse ante la ciudadanía, forzarían a todos los otros candidatos a imitarlos, porque así se lo exigiríamos los votantes.
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