Cuando se divulgó la operación de compra de terrenos en Juan Hombrón que involucraba a familiares de un Ministro de Estado, se armó un escándalo mayúsculo. La presión obligó al gobierno a expropiar las 30 hectáreas que un grupo de pescadores habían vendido en cerca de $4 millones esas tierras.
Ese caso es un detalle en comparación con el caso que involucra a miles de hectáreas de terrenos en Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro y el archipiélago de Las Perlas, que fueron vendidas por guayaba durante la anterior administración.
Con una telaraña de sociedades anónimas, la Reforma Agraria traspasó 311 hectáreas sólo en las islas San Miguel, así como Punta Laurel y Cayo de Agua, en Bocas del Toro. La de San Miguel involucra una extensión de 126 hectáreas y apenas se pagaron al Estado $702.
En apenas 26 de las 88 sociedades que forman la telaraña de sociedades anónimas, se traspasaron 1,558 hectáreas.
Ahora el escándalo involucra a 245 hectáreas en seis fincas en las áreas productivas de Caisán, que fueron declaradas lotes baldíos propiedad del Estado y adjudicados por la Reforma Agraria en 5 y 6 dólares la hectárea.
Lo sospechoso de todo, es que los voceros de la oposición que antes recorrían las televisoras para denunciar y denunciar lo de Juan Hombrón, hoy guarden silencio cómplice antes una operación que en apenas las 26 de las 88 fincas investigadas, es 52 veces mayor que del caso de la citada área playera Coclesana.
Así mismo, los gremios y organizaciones que reclamaban investigar lo de Juan Hombrón hoy están ciegos, sordos y mudos ante un escándalo mayúsculo. ¿Será acaso que se denuncia dependiendo a qué bando político pertenezcan los mencionados?
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