Se trata de uno de los mayores escándalos del país. En 1981, la Caja de Seguro Social (CSS) decidió aprobar el denominado Programa Colectivo de Viviendas. Un total de 38 empresas fueron beneficiadas con el megaproyecto para la construcción de 10 mil viviendas en varios puntos del país.
En resumen, según la investigación que hizo el entonces fiscal de la causa, Carlos Cuestas, el caso resultó en una “megamalversación” de fondos públicos. Resulta que la investigación probó hechos irregulares, por decir lo menos. Por ejemplo:
- No había contratos entre la CSS y los promotores, para justificar los adelantos en efectivo y bonos;
- Las fianzas de cumplimiento de los contratos con la CSS –por un monto de 91.4 millones de dólares con 38 promotores– no fueron formalizadas;
- El Ministerio de Vivienda nunca aprobó los polígonos que debían hipotecarse;
- Los polígonos a hipotecarse no fueron delimitados, por lo que no se podía conocer el espacio exacto de las casas en estos ni las condiciones de la tierra;
- Algunos de los proyectos se estaban ejecutando en polígonos que no eran propiedad de los promotores;
- Otros proyectos se ejecutaron sobre fincas hipotecadas a terceros;
- Las compañías de seguros expidieron fianzas de cumplimiento sobre contratos inexistentes.
Además, se contrataron dos pólizas de seguro, una por 214 millones de dólares, por el riesgo de vida y otra por 171 millones de dólares para dar cobertura en caso de incendio de las 10 mil viviendas... no construidas.
Por la contratación de estas pólizas hubo quienes se cobraron comisiones. Según relata Cuestas en su libro Memorias de un fiscal, el escándalo de la Caja de Seguro Social, tres cheques de más de 150 mil dólares fueron girados a favor del Partido Revolucionario Democrático (PRD) para pagar comisiones por la contratación de estas pólizas. Es decir, al parecer, en aquel entonces el PRD también era corredor de seguros.
Por este “megaescándalo” fueron condenadas varias personas en primera instancia, entre ellos Abraham Saied, entonces director de la CSS; y los miembros de la Comisión Evaluadora del Programa Colectivo de Vivienda: el doctor Ricardo Fábrega Sánchez; el licenciado Martín Burgos Velarde y el ingeniero Wallace Ferguson.
En el caso de Fábrega Sánchez y Martín Burgos, se descubrió que eran beneficiarios directos del Programa Colectivo de Vivienda, lo cual explicaría muchas cosas.
El fallo del entonces juez segundo de circuito, Rogelio Saltarín, se dictó a mediados de mayo de 1983. Sin embargo, fue apelado y el caso pasó al Segundo Tribunal Superior de Justicia donde se le perdió el rastro. En total, la CSS perdió más de 100 millones de dólares en esta trágica aventura, cuyas consecuencias son ahora más evidentes que nunca.
fuente Prensa.com
Solo uno de los cientos de escandalosos robos y desfalcos con los que prácticamente acabaron con el país. Buenísimo que le recuerden a la gente cómo fue que acabaron con el país.
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