APEDE rechaza la política económica de intervención estatal

• Apede insiste en que control de precios no es sostenible

• Acodeco buscará "justicia" en cobro de estacionamientos

La Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas Nacionales de la APEDE, indicó que es preocupante el panorama que se está viviendo en el país, situación que les parece estar encaminada hacia una política económica de mayor intervención estatal. 

 

Para los analistas de Apede, "adicional a los más de 1,200 millones de dólares en subsidios estimados para el presente año, estos se han elevado por los nuevos aprobados en los últimos meses, sin los necesarios estudios que determinen sus objetivos y beneficios para poder evaluar la correspondiente eficacia y sostenibilidad".

 

Indicaron que han observado que el "control de precios" ha demostrado ser infortunado en los países en donde se ha aplicado, tanto para los inversionistas como para la población, y que ahora se ha instaurado una nueva tendencia, que es la indexación de los precios.

 

Apede rechaza la nueva política establecida por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), donde ha considerado que los colegios privados abusan en el cobro de la matrícula y que cada año esta se aumenta sin control alguno, tema que para los analistas apedianos es otra intromisión del Estado en la empresa privada.

 

Otras de sus preocupaciones, es el impulso de legislaciones que pretenden prohibir o establecer los precios para el uso de los estacionamientos en los centros comerciales y terrenos de propiedad privada.

 

"La impresión que la política económica del Estado está siendo orientada hacia un mayor control y regulación de la iniciativa privada, y una marcada tendencia a los subsidios como solución a los problemas sociales, lo cual, en opinión de este gremio, afectará el ambiente de negocio en Panamá y la situación fiscal estatal", detalla el comunicado. 

 

Advierten que tanto la política de regulación de precios como la intromisión del Gobierno en las decisiones de la empresa privada, han tenido malas experiencias históricas en otros países. Situación muy parecida que también se refleja en Panamá, que a mediano y largo plazo acarreará resultados negativos a la economía y la situación financiera del Estado.

Hay persecución política contra Campos de Pesé: Kiener

• Campos de Pesé reitera que no es responsable de contaminación
• Aconsejan regular agroquímicos y monitorear cuencas

A Úrsula Kiener "nadie le quita" que las investigaciones que realizan las autoridades a la destiladora, Campos de Pesé en la provincia de Los Santos, son persecución política.

Y es que la empresa, única que producía el etanol en el país, tuvo que cerrar por órdenes del gobierno nacional tras una contaminación con el herbicida atrazina en el río La Villa en Los Santos, sin embargo, Kiener explicó que otras empresas hacen los mismo que ésta.

"Se ha hecho una persecución política, porque nadie me quita que eso es político a Campos de Pesé, cuando muchas otras empresas del área hacen lo mismo", expresó Kiener.

La presidenta de la Comisión Agropecuaria de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) detalló que la vinaza se vierte todos los años.

Insisten en regulación

Por ello, Kiener aboga por el proyecto de ley presentado como una iniciativa por el Colegio de Ingenieros Agrónomos (Cinap), que contempla un regente agropecuario, es decir, un extensionista, personas que visitan las fincas que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) o privadamente: ingenieros agrónomos, quienes serían responsables de regular el uso de agroquímicos.

"El agroquímico no va solamente donde tu lo aplicas, hay otros que corren al río", manifestó.

La contaminación con atrazina en el río La Villa generó que las autoridades ordenaran el análisis de 3 mil 600 fuentes de agua a nivel nacional para comprobar la calidad del vital líquido que beben los panameños.

‘¿Para qué somos 25 diputados contra 13, si nosotros quedamos por fuera?’: Benicio Robinson

EL PRD QUIERE MÁS

‘No es fácil ver comer a tu vecino y tú no poder comer. En este caso, vemos a los panameñistas gozando del gobierno y nosotros simplemente apoyándolos en su gestión’, asegura el presidente del PRD, Benicio Robinson.

Según el diputado de Bocas del Toro, el Pacto por la Gobernabilidad es desigual y los desfavorece. Robinson considera injusto que se le dé tan poca relevancia al hecho de que la bancada PRD es mayoritaria en la Asamblea y que duplica a la panameñista y que estos ni siquiera los tomen en cuenta en las decisiones políticas.

‘¿Para qué somos 25 diputados contra 13, si nosotros quedamos por fuera?’, cuestiona el vicepresidente de la Asamblea.

Robinson no va con rodeos y apunta a dos casos particulares que su partido evalúa en estos momentos: el nombramiento del contralor y la ratificación de Estivenson Girón como director de la Caja de Seguro Social (CSS).

‘La ratificación del director de la CSS es uno de los temas en los cuales el partido tiene algunas inquietudes. La Caja no es del gobierno, es de todos los panameños’, acota el perredista.

PACTO ‘ROVA’

Al ser cuestionado sobre un posible acuerdo con el presidente, Juan Carlos Varela, al cual se le ha bautizado como el Pacto ‘RoVa’, por las sílabas iniciales de sus apellidos, el presidente del PRD solo ríe y dice: ‘Si uno hace bien, hablan; y si uno hace mal, también hablan negativamente’.

El rumor del supuesto acuerdo entre Robinson y Varela surge luego de la visita del presidente a la provincia de Bocas del Toro, en la cual estuvo presente el perredista y también el presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama.

Tras la caminata, en su cuenta de Twitter Robinson anunció que trabajaría junto al Gobierno Nacional en un plan de mejoras de viviendas y carreteras, ampliación de la planta potabilizadora de la provincia, entre otros proyectos que entregó al mandatario.

Aunque se comenta que el ‘Pacto Rova’ era para respaldar en la Asamblea a Federico Humbert Arias como contralor, la diputada Zulay Rodríguez comenta que ‘si los panameñistas llevan su propio candidato a contralor no significa que nos vamos a pelear. Eso no va a hacer que se rompa el Pacto’, indicó.

CD ya redactó demanda contra Estado Panameño

El abogado Sidney Sittón adelantó que la próxima semana llevarán sus demandas

Ante los indicios de fallos adversos, los apoderados legales del opositor partido Cambio Democrático (CD) ya redactaron una demanda que será presentada, la próxima semana, ante organismos internacionales de derechos humanos.

Así lo confirmó el abogado del equipo legal del colectivo y representante legal de varios impugnados, Sidney Sittón, en medio de la quinta audiencia que celebró el Tribunal Electoral (TE) contra candidatos a diputados por CD.

‘Durante la próxima semana presentaremos una demanda contra el Estado panameño... y ya hay un texto’, adelantó Sittón durante sus alegatos para defender a Miguel Fanovich.

Mario Miller, diputado de CD, reafirmó las palabras del abogado. Aseguró que ‘los magistrados no pueden estar por encima de la ley. No son dioses’ y deben cumplir con la Constitución. Agregó que no hay sustentación en las impugnaciones.

José Félix González, de la Fiscalía Electoral, aseguró que la primera causal de las impugnaciones no fue probada y que se acogerá al criterio de los magistrados, pero consideró que hay respaldo legal a las instituciones llamadas a dar ayuda social, en muchos casos gestionadas por los diputados. ‘La mayoría de los diputados utilizaron estas partidas’, dijo. 

Sittón reprochó que el Tribunal Electoral (TE) haya entregado las credenciales de los diputados Samir Gozaine, Rubén de León y Néstor Guardia.

Consideró que esto responde a un plan que mantiene el presidente Juan Carlos Varela con el PRD para nombrar al contralor.

“En la vida no hay casualidades, entre el Gobierno y el PRD ya tienen un contralor, eso tiene nombre y apellido. ¡Por qué quieren entregarle las credenciales a un líder del PRD! Aquí estuvo el presidente de ese partido en la entrega de credenciales”, apuntó.

Denuncia de compra de votos empaña elección de dirigencia del PRD

Denuncias sobre la compra de votos en las elecciones para completar cuatro cargos dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático surgen dentro del colectivo apenas un día después del evento.

Ayer, la diputada Zulay Rodríguez aseguró durante una entrevista en la emisora KW Continente que un copartidario se acercó para comentarle que le ofrecieron dinero.

Rodríguez dijo que se hicieron pagos a determinadas personas para favorecer la votación.

Según la diputada, quien no reveló nombres, su copartidario le informó que primero le habían ofrecido $500 y que finalmente le otorgaron $6,000.

A parte de Rodríguez, el expresidente del PRD y exministro de Estado Francisco Sánchez Cárdenas aseguró que en las elecciones del domingo corrió mucho dinero y no se dio un mensaje para reestructurar el partido, sino un mensaje para la participación del PRD en las próximas elecciones generales de 2019.

En esta misma línea, el exprecandidato a la alcaldía de Panamá Roberto Velásquez escribió en la red social Twitter que “dicen que algunos miembros del CEN-PRD compraron sus puestos. Ahora queda unificar el partido, terminar el clientelismo y retomar el torrijismo”.

¿El pacto ‘RoVa’ aseguró a Humbert en la Contraloría?

El entendimiento entre el diputado  y el mandatario, levantan sospechas sobre si, a cambio de obras,  Robinson apoyará a Humbert 

Ya lo dijo la diputada independiente Ana Matilde Gómez: ‘En la Asamblea todos son pactos’. Al parecer, el presidente, Juan Carlos Varela, también lo tiene claro y, por eso, da la impresión de que ha decidido tender puentes con el perredista Benicio Robinson, vicepresidente de la Asamblea Nacional, para que se aclare el panorama sobre quién será el reemplazo de Gioconda Torres de Bianchini y el candidato del oficialismo, Federico Humbert, tenga el respaldo necesario para quedarse con el puesto.

Al menos, así interpretan algunos la reciente gira del mandatario por Bocas del Toro, donde Robinson es diputado, y en la que Varela prometió toda una serie de mejoras para la caribeña provincia.

‘Ese encuentro se conoce ya como el ‘Pacto de Bocas’, el ‘Pacto RoVa’ (Robinson-Varela). Fue para que el diputado ayude al presidente con la candidatura de Humbert’, comenta el abogado Miguel Antonio Bernal.

Francisco Sánchez Cárdenas, dirigente perredista, no se sorprende de la posible negociación, ya que ‘el Ejecutivo no tiene los votos en la Asamblea para lograr los nombramientos del contralor y del procurados’.

Sin embargo, hay algo que no tiene del todo tranquila a Marylin Vallarino: ‘Lo que me preocupa es que, en vez de gobernabilidad, lo que hay, más que todo en el PRD, es que ellos están pensando ‘qué hay para mí’. Solo hay que ver cómo Benicio Robinson está negociando para su beneficio personal’.

Ante este panorama, Sánchez Cárdenas solo opina que ‘si se negocia solo para repartir los poderes y dé prebendas, las cosas estarían muy mal para el país’.

Benicio Robinson estuvo en la Asamblea pasada, ¿no cree que una de las condiciones que le puso a Varela para apoyar a Federico Humbert Arias es que éste no investigue al PAN ni las partidas circuitales?

Más subsidios en supuesta época de austeridad

Los criterios para subsidios han sido contradictorios al inicio de la administración Varela. Mientras, por un lado se habla de recortes a subsidios (como el de la electricidad) con el argumento de la “falta de fondos”, por otro lado, se oficializan compensaciones polémicas, como la de los molineros, secuela de la implementación del Control de Precio, que ha afectado a los arroceros.

Según el propio ministro de Desarrollo Agropecuario, Jorge Arango, en el rubro del arroz el Estado podría desembolsar, de aquí a diciembre, $20 millones.

Previo a esto, el Gobierno ya había anunciado dos emblemáticos aumentos de subsidios estatales: el de la Beca Universal y el del programa $100 a los 70, que pasó a ser $120 a los 65.

Solo en este último aporte para personas en situación de pobreza y sin jubilación, el Estado tendrá que pagar $170 millones.

Y el aumento de la Beca Universal (de $30 para estudiantes de primaria, $40 para premedia y $50 para los de media) costará a las arcas del Estado $201 millones.

Y en la recién concluida Expo Hábitat, el presidente Juan Carlos Varela anunció que aumentará de $5,000 a $10,000 el subsidio que otorga el Estado para las viviendas de bajo costo.

Y ya toma fuerza un proyecto de ley que crearía un subsidio de $480 para embarazadas que no gozan de los beneficios del programa de maternidad de la Caja de Seguro Social.

La pregunta es: ¿Y qué dice el Gobierno del subsidio para menores en riesgo social?

Gobierno no cubre gastos de menores en riesgo social

• Aldeas Infantiles SOS solicita al Gobierno un subsidio de $1 millón

• 53 albergues en el país se ocupan de 1,147 menores en riesgo social.

Ayuda estatal, a la orden del día

• Los nuevos subsidios anunciados por el Gobierno no han tomado en consideración a los menores huérfanos o en riesgo social.

La señal de socorro más utilizada internacionalmente es SOS. Curiosamente, aunque esta aparece en el nombre oficial de la organización internacional Aldeas Infantiles (que ofrece familias a niños en riesgo social), ahora es el propio capítulo panameño de esta ONG el que envía la petición de ayuda... solicitud que por el momento parece caer en oídos sordos.

Los números en rojo de Aldeas Infantiles SOS Panamá se deben al trastoque del modelo de funcionamiento de esta organización, que se fondea principalmente con donantes privados de países de Europa.

Y la crisis económica en este continente ya provocó la reducción de más de $100 millones, solo para las sedes de Aldeas Infantiles de América Latina. En el caso de Panamá, se ordenó el recorte de $1 millón para el año en curso, medida que se repetirá para 2015.

Pero el recorte de $1 millón supone un golpe nefasto para las finanzas de Aldeas Infantiles SOS Panamá, que requiere de un presupuesto de funcionamiento de $2.3 millones al año.

Estos recortes ya provocaron cierre de sedes de la región, pero en Panamá, Aldeas Infantiles ha hecho malabares financieros, logrando mantener a flote sus cuatro sedes (Panamá, Colón, David y Penonomé).

Del Gobierno solo reciben $71,000 al año, lo cual es insuficiente para cubrir la manutención de 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo.

Sin respuesta

La solicitud concreta es que el Gobierno aumente -y que lo haga por ley- el apoyo que brinda a los albergues.

“Le hemos enviado solicitud de apoyo a la primera dama, que aunque ya nos visitó, seguimos esperando su respuesta. También hemos enviado cartas al ministro Alcibiades Vásquez, del Ministerio de Desarrollo Social, así como a los diputados Adolfo Valderrama, Ana Matilde Gómez y Rosa Canto, pero sin respuesta”, indicó Domingo Barrios, presidente de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS Panamá.

Al respecto, este diario consultó al presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo “Beby” Valderrama, y a la diputada independiente Ana Matilde Gómez y ambos negaron haber visto la solicitud, aunque se mostraron a favor de un mayor apoyo estatal, en la eventualidad de un proyecto que lo plasme.

También se intentó en reiteradas ocasiones obtener la posición sobre esta solicitud de la diputada del PRD Rosa Canto, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, pero no se obtuvo respuesta.

Décima provincia tendrá que esperar para el Metro

METRO LIBRE - La Secretaria del Metro (SMP) aclaró que la llamada Línea 3 del Metro de Panamá, proyectada desde la capital hacia la provincia de Panamá Oeste, requerirá para su construcción, definir primero la mejor alternativa con respecto a la edificación del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. 

Según la SMP, se tendrá que analizar una estrategia más compleja de financiamiento para ambos proyectos.

"El tiempo de ejecución y puesta en marcha de la Línea 3 dependerá del tiempo de ejecución del cuarto puente sobre el Canal, lo cual pudiese tomar hasta seis años", informó la entidad. 

Línea 3 del metro no llegará hasta La Chorrera

La tercera línea será paralela a la vía Interamericana, partiendo desde la estación del metro en Albrook hasta 8 kilómetros antes de llegar a La Chorrera.

La razón de por qué no llegaría hasta ese distrito se la plantearon los miembros de Ancón en la reunión sostenida hace mes y medio. Según contó Spadafora, el argumento es que el distrito de Arraiján tiene más población que el de La Chorrera.

Otro aspecto fue que llegar hasta ese distrito, de un extremo a otro, tomaría casi una hora, lo que, a juicio de los ingenieros que le sustentaron el proyecto, no era factible, porque la razón de un sistema metro es que el tiempo de viaje sea corto.

Azuero ya puede beber agua?

PRENSA - Para sorpresa de miles de residentes de los distritos de Chitré, Los Santos, Las Tablas y Guararé, que se habían resignado a soportar nuevamente la escasez de agua potable, el Ministerio de Salud anunció ayer tarde que levantaba la prohibición de consumo de agua proveniente de las potabilizadoras Roberto Reina, de Chitré, y Rufina Alfaro, de La Villa de Los Santos.

La medida ha sembrado la desconfianza en las autoridades de Salud, por cuanto van dos veces que se emite una alerta de alta contaminación sin darse una explicación del origen.

Un boletín de prensa del Minsa explica que los tres exámenes efectuados en el Laboratorio Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario revelaron que los niveles de atrazina en el agua del río La Villa están por debajo de una parte por billón (1ppb) como lo establece la norma.

Acto seguido, la autoridad de Salud certificó que el agua es apta para el consumo humano y reiteró que se mantendrá un monitoreo permanente de la calidad del agua en la región de Azuero.

Aunque el Minsa adujo que desde la suspensión de consumo de agua tomaron muestras cada 24 horas hasta lograr valores permitidos de atrazina en el agua, no explicó cómo y por qué se reflejó un nivel peligroso del herbicida en la corriente.

CD: Rómulo Roux reclama fallo en derecho

El secretario del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, expuso el deseo de ese colectivo político de que tras las audiencias por demandas de impugnación contra diputados ganadores del CD, el Tribunal Electoral “falle en derecho, con base en las pruebas y que no haya influencia política”.

Es que a las huestes del denominado “Partido de los Locos” les “preocupa que en el pasado algunos magistrados han hecho comentarios parcializados en contra de Cambio Democrático, en contra de nuestros candidatos y a favor de otros partidos políticos”, aseveró Roux.

En cuanto a la expectativa por los fallos de futuras audiencias, Roux declaró que “hay que ver qué pasa en cada caso... Cada caso tiene sus peculiaridades... Como partido, nosotros estamos pendientes de lo que está pasando con nuestros diputados impugnados y lo que más estamos pidiendo y buscando es que se respeten las leyes”.

Concluyó que “cuando vengan los fallos, se tendrán que acatar y nosotros tendremos los recursos legales que nos permita la ley”.

Otra telenovela

La junta directiva de la empresa Impregilo dirigió una nota oficial al expresidente Ricardo Martinelli, en la que manifiesta que no existió ninguna solicitud para la construcción de un hospital público en Veraguas ni condicionamientos para participar en el Grupo Unidos por el Canal. La construcción del hospital existe en la imaginación calenturienta del diario gobiernista que cada cierto tiempo escribe un nuevo capítulo de la telenovela, cuyo personaje principal es Valter Lavitola. La audacia de los guionistas octubristas llega a los extremos de involucrar a la Autoridad del Canal que, por licitación internacional, contrató los servicios de Impregilo como parte del consorcio que construye el tercer juego de esclusas. Por ridícula que sea la imputación, no se sacia la sed de venganza por la cobranza de impuestos.

Una comisión del Colegio Nacional de Abogados de Panamá (CNA) viajó a Italia para recabar información judicial. El informe del CNA detalló que la posible participación en los procesos italianos precluyó en junio, es decir, se ha cerrado el tiempo procesal para poder constituirse como parte civil afectada. Asimismo, detalla el informe, que en el Código de Procedimiento Penal de Italia existe la figura de observador que permite acceso a los documentos del proceso. Esto viene a cuento porque el gobierno de Juan Carlos Varela ha contratado los servicios de un bufete de abogados extranjeros para el caso Finmeccanica por la suma de 323,000 dólares. Estos abogados actuarán solamente como observadores del proceso, esto es que se limitarán a la lectura de documentos. En Panamá hay numerosos abogados internacionalistas que se podría contratar como observadores, sin que el Estado pague una suma tan elevada de honorarios. Esta es la forma como se rompe la contención del gasto público que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Igual procedimiento de pago dispendioso del dinero de los contribuyentes se presenta en la contratación de los auditores por 792,870 dólares para revisar el PAN. En total, más de un millón de dólares, que convierten en una perversa falacia la austeridad del gasto público anunciada por el gobierno.

El Colegio Nacional de Abogados ha criticado el secretismo en la contratación de abogados extranjeros para representarnos en Italia, y ha omitido las opiniones de la institución. Otros abogados cuestionan dicha contratación sin tomar en cuenta que hay colegas panameños que han aprobado los exámenes de barra de los Estados miembros de la Unión Europea. Por su lado, en el caso de la auditoría privada, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Profesionales de Panamá, Luis Chen González, dijo que la contratación es un despilfarro del dinero del Estado y un insulto al personal técnico de la Contraloría, capacitado para atender las auditorías.

Al referirse a los procesos en Italia, en los que el Estado de Panamá no es parte civil, el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal formuló un importante señalamiento. Existen acuerdos de asistencia legal entre países, incluyendo a Italia, que hace que las contrataciones de abogados extranjeros resulten sospechosas y propias de un gobierno despilfarrador.

Las demostraciones de que el gobierno de la familia primero usa la chequera del Estado como si fuera una chequera privada para abultar la planilla con sueldos exorbitantes que disfrutan parientes consanguíneos y allegados políticos ya las conoce la opinión pública, sobre todo los panameños de bajos ingresos.