lunes, 4 de agosto de 2014

31 contrataciones directas en un mes de la administración Varela

El rechazo y los cuestionamientos contra las contrataciones públicas fue una de las banderas con las que Juan Carlos Varela encabezó su campaña presidencial.



Cuarentena emitió en un día el 
permiso para llevar basura a Colón
  • El contrato directo otorgado a STI tuvo objeciones dentro de la Dirección Nacional de Cuarentena, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Un grupo de técnicos se opuso a que la basura internacional del aeropuerto de Tocumen fuera llevada hasta Colón por los riesgos. Ello generó el despido del director de la entidad, César Maure. A pesar de esto, la Dirección de Cuarentena Agropecuaria aprobó en un solo día el permiso solicitado por el gerente de Tocumen, Joseph Fidanque III, para que este procediera a adjudicar el contrato directo a STI, empresa de uno de sus allegados o conocidos. El permiso para llevar basura a Colón fue otorgado por seis meses.
El rechazo y los cuestionamientos contra las contrataciones públicas fue una de las banderas con las que Juan Carlos Varela encabezó su campaña presidencial. Pero en sus primeros días de gobierno ha quedado en evidencia que solo fue una propuesta electorera que no ha podido cumplir.
En el sitio web de Panamá Compra se observa que en los primeros 35 días del gobierno de Varela se han aprobado 31 contratos directos, casi uno por día, lo que supera los 2 millones de dólares
El Idaan, el Tribunal Electoral, Tocumen S.A., Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Ahorros, la Asamblea Nacional, la Universidad de las Américas y la Empresa de Generación Eléctrica son las instituciones públicas que han realizado compras o adjudicado contratos de forma directa.
Uno de los contratos directos más expuestos a crítica ha sido el concedido por el nuevo el administrador general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Joseph Fidanque III, quien contrató a la empresa Servicios Tecnológicos de Incineración STI para que realice el servicio de recolección y transporte de la basura internacional que generan los vuelos en el principal aeropuerto capitalino, la cual está siendo trasladada hasta Colón.
Esta contratación directa se adjudicó por un monto de 80,000 dólares al mes durante seis meses, es decir, un total de 480,000 dólares. Fidanque admitió que fue él quien llamó a “un conocido” para ofrecerle el contrato. “Hagamos patria”, dijo Fidanque a su amigo Juan David Morgan, dueño de STI.
Pobladores de la provincia de Colón se han manifestado en contra del traslado de esta basura, ya que corren el riesgo de que se pueda introducir una enfermedad, plaga o virus a través de ella. Las autoridades viajarán hoy a Colón a atender las denuncias de los colonenses.
Otra de las instituciones a las que la mayoría de las compras directas le fueron aprobadas ha sido el Tribunal Electoral, con 12 contrataciones realizadas en los últimos 35 días, de las cuales la más relevante es la compra a 3M Panamá de material fotográfico por un monto de 829,250 dólares.
Asimismo, esta institución ha realizado compras como la de tres micrófonos inalámbricos por 4,558 dólares y la contratación directa de los servicios de mantenimiento de planta por 226,713 dólares.
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) también es de las entidades a las cuales se les han aprobado diversas contrataciones, como el alquiler de equipos pesados por 36,487 dólares y 78,859 dólares por el mismo servicio en una segunda oportunidad.
Carlos Gasnell Acuña, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, señaló que es necesario regular mejor las contrataciones directas, ya que todos los gobiernos han abusado de ellas.
“Estas contrataciones tienen que tener su justificación en una causal, y si no hay justificación real, la Contraloría incluso podría objetarlas, lo cual ha ocurrido muy rara vez en la práctica. Son controversiales porque muchas veces se utilizan para devolver favores políticos como donaciones recibidas en campaña o para favorecer allegados y copartidarios”, señaló Gasnell.
Fernando Aramburú Porras, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, quien en el gobierno pasado lideró una campaña en contra de los contratos directos, hoy guarda silencio.
El economista David Saied, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), tampoco quiso hacer comentarios al respecto.
Saied alegó que actualmente labora para una empresa privada y que debía consultar a los propietarios sobre “su posición al respecto de emitir comentarios sobre este tipo de temas”.

"Varela en oposición decia que se violaba la constitución, ahora es gobierno y la Viola": Jovanè

"Yo voy a seguir en esa tarea", expresó el economista y profesor, Juan Jované refiriéndose a los cuestionamientos que plantea sobre las medidas que ha tomado el actual gobierno, liderado por su presidente, Juan Carlos Varela.
Y es que las declaraciones del excandidato presidencial independiente se dan ante una denuncia en su contra por supuestas anomalías durante la recolección de firmas para legalizar su candidatura presidencial.

Detrás de esta denuncia Jované culpa al actual gobierno porque él (Jované) ha tenido una posición crítica ante las decisiones del mandatario, Juan Carlos Varela.

"El gobierno de Varela y los mismos de siempre, han decidido reprimirnos por nuestra posición crítica, mediante la  invención de un proceso legal en nuestra contra, basándose en una denuncia por posible delito electoral presentada por el diputado Miguel Ríos, del partido Panameñista , y muy curiosamente ha procedido que se nos levante el fuero electoral", detalla Jované en su blog personal.

Según el catedrático "no le interesa mucho" el fuero electoral, pero considera que esta denuncia es una señal porque ha cuestionado el control de precios y asegura se ha violado la ley del economista porque tenemos un ministro y dos viceministros que no tienen título de economía, además, las medidas anunciadas al sector agro las considera como "una política agropecuaria fallida".

"Cuando se está en la oposición dicen que se viola la Constitución, cuando llegan al gobierno la violan; ahí es donde está el problema", expresó en Telemetro Reporta.

PELIGRO: Gobierno de Varela en vía de abrir el tapón de Darién

La interconexión con Colombia incluye abrir el tapón de Darién

En Panamá, las autoridades guardan silencio sobre el proyecto de interconexión eléctrica con Colombia, calculado en 450 millones de dólares. La razón es que se estaría autorizando la apertura del tapón de Darién a través de la instalación de una línea de transmisión eléctrica que conectará a ambos país.
El proyecto data de 2001, pero ninguno de los gobiernos anteriores se atrevió a poner en riesgo la barrera natural que separa a Panamá con Colombia. Para el país suramericano, se trata de un plan de negocios para poder vender energía a Panamá y Centroamérica.
El pasado 25 de julio, los presidentes Juan Manuel Santos y Juan Carlos Varela acordaron reactivar el proyecto que se busca esté operando en 2018.
Hasta ese punto se dio información en Panamá. Pero en Colombia ya está todo definido: programa de financiamiento, estudios ambientales, participación de cada país y lo más sensitivo, el recorrido de la línea de transmisión por el tapón de Darién.
El consorcio Interconexión Colombia Panamá (ICP) brindó detalles del proyecto. Se trata de la construcción de una línea de transmisión de 400 megavatios y 600 kilómetros de recorrido, 340 kilómetros en Colombia, 260 en Panamá. “Línea que partirá desde la subestación de Cerromatoso (Córdoba) hasta la subestación de Panamá II, en la provincia panameña de Darién”.
El consorcio ICP lo integran Interconexión Eléctrica (ISA) en la parte colombiana y la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) de Panamá, que aportarán el 50% del valor del proyecto cada uno.
De acuerdo con algunos informes, la inversión prevista será de aproximadamente 450 millones de dólares y el potencial de exportación de energía desde Colombia hacia Panamá se calcula que puede alcanzar 250 millones de dólares al año.
ndrés Villegas, gerente de ICP, detalló que el valor final de la inversión será resultado de los estudios de diseño en ejecución, que la cifra (450 millones) se ha estimado hasta ahora de manera preliminar.
Agregó que como resultado del modelo económico se encuentra una financiación cercana al 60% del valor del proyecto, lo cual implica que los aportes de capital de los accionistas (ISA y Etesa) serían inferiores a $100 millones (cada uno), lo que deberán desembolsar en un periodo de 3 años.
Destacó que en Panamá se ha considerado que el corredor a través de la comarca Emberá-Wounaan y cerca de Metetí se alinee con la carretera Panamericana hasta llegar a la ciudad de Panamá.
En el caso de Colombia, el experto señaló que el corredor ambiental propuesto rodea el golfo de Urabá y cruza la frontera a través del municipio de Acandí, sin intervenir el Parque Nacional Natural Los Katios (Colombia) ni el Parque Nacional Darién (Panamá).
En Colombia, el estudio actualizado de Diagnóstico Ambiental de Alternativas –DAA– se encuentra en evaluación por parte de la Anla, y será esta autoridad la que apruebe el corredor ambiental sobre el cual es posible desarrollar el proyecto. Mientras, en Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) se encarga de la viabilidad.
Pero los ambientalistas panameños han empezado a ponerse de acuerdo. Isaías Ramos, técnico del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, señaló que la construcción de la línea de transmisión por vía terrestre implica tácitamente la apertura del tapón del Darién.
“Cuando se construye una línea de interconexión, se tiene que dejar un espacio de servidumbre, cuando esa servidumbre se deje se va hacer básicamente un sistema de carretera que va a pasar de Colombia a Panamá. Lo preocupante de esto es saber si Panamá está en la capacidad de hacer el manejo social que corresponde y el asunto de la seguridad”, señaló Ramos.
Indicó que un proyecto como este requiere de que se construyan campamentos, genera un movimiento de personas y a la vez requiere intervenir y talar árboles en un área sensitiva. Ramos afirmó que la interconexión vía acuática reducía los conflictos sociales que traería el pasar por las comarcas y la tala que implica la instalación de las torres de interconexión.

PRDs-Panameñistas jinetes del apocalipsis inconstitucional


Las costuras del tejido de acuerdos entre el panameñismo y el perredismo muestran los hilos de la ilegalidad sectaria. Los diputados panameñistas y perredistas persiguen la adición de otra reforma al proyecto de Pedro Miguel González, diputado del PRD, a los efectos de que el Tribunal Electoral entregue credenciales a los candidatos de sus bancadas, sin la realización de nuevas elecciones.
Las evidencias legislativas apuntan a la construcción de una mayoría parlamentaria oficialista sobre la base de disminuir el número de curules de Cambio Democrático (CD). Una ley de reforma electoral de nombre propio para favorecer a la desmedrada minoría panameñista. Agravando el contenido inconstitucional de la triquiñuela oficialista, los autores pretenden que se la califique como ley de orden público para que tenga efectos retroactivos. Para decirlo en buen panameño, quieren cambiar de caballo a la mitad del vado del río.
A estos jinetes del apocalipsis inconstitucional se los va a llevar la fuerte corriente del río del rechazo popular, porque agravian la voluntad democrática de los electores de balancear con sus votos al Ejecutivo y al Legislativo, con una sensata y real separación de los poderes públicos.
Como la estrategia de las impugnaciones no les va a dar los resultados que se proponen, recurren a leyes de privilegio a sus postulantes partidistas. Tienen pavor que en nuevas elecciones los electores de los circuitos ratifiquen a los diputados impugnados de CD.
Ya advirtieron que no tienen pruebas convincentes de las presuntas irregularidades denunciadas debido a que si hubo favoritismos indebidos, también deben comprender las investigaciones a los candidatos del PRD y del partido panameñista. Ambos recibieron fondos cuantiosos para efectuar obras públicas que, supuestamente, solo corrompieron a los candidatos de CD, pero no a ellos, porque tienen certificados de buena conducta. Así funciona el pacto de la gobernabilidad, para repartir prebendas y sinecuras a sus correligionarios, hermanos, parientes, y socios de donaciones.
Siguiendo las normas del debido proceso administrativo, la Procuraduría solicitó a la Contraloría realizar auditorías a todos los fondos, bienes, valores que se otorgaron a las juntas comunales, municipios, alcaldías durante los periodos de 2004 a 2009 y de 2009 a 2014 para que obren como pruebas en las investigaciones que de oficio han iniciado las fiscalías anticorrupción.
La Contraloría expresa en un comunicado que de inmediato giró instrucciones para efectuar las auditorías como finalidad prioritaria. Se desenvolverá por los procedimientos constitucionales establecidos para poder aportar pruebas fehacientes en los casos de impugnaciones a diputados.
La exministra Alma Cortez dio a conocer la formación de un frente de apoyo y defensa de CD a los candidatos a diputaciones, alcaldías, representantes de juntas comunales impugnados, así como a ministerios, organismos autónomos y dependencias públicas en general, blanco de acusaciones sin pruebas ventiladas en los medios oficialistas. Hay una carrera entre las autoridades para batir el récord de acusaciones contra CD. Estos fiscales políticos deben mirar el ombligo de los nombramientos reñidos con las leyes para no seguir hundiendo al Gobierno por los fiascos y fracasos en el primer mes de ejercicio.

sábado, 2 de agosto de 2014

Mulino lanza reto al Gabinete de Varela

El contrato en el que se contempla la compra de equipos de seguridad a Italia para Panamá, que ha sido cuestionado por el actual gobierno, fue negociado por el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino

Datos
  • Función
  • Los radares fueron instalados para combatir el narcotráfico.
  • Contrato
  • Los principales negociadores del contrato fueron Alberto Vallarino y Dulcidio De La Guardia.
  • Gobierno
  • El actual gobierno duda de efectividad de radares.
  • Sustentación
  • Mulino asegura que él no estuvo presente.
EPASA - El contrato en el que se contempla la compra de equipos de seguridad a Italia para Panamá, que ha sido cuestionado por el actual gobierno, fue negociado por el entonces ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, y el actual ministro de esa cartera, Dulcidio De La Guardia, denunció el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino.
Cuando a mí me enviaron el contrato, yo le hice dos pequeñas observaciones como abogado de experiencia en estos temas, y la contraparte del Citibank fue representada por una firma de abogados de gran prestigio en Panamá que llevó adelante la representación de Citibank de Londres como cabeza de un crédito sindicado donde participan creo que cuatro bancos más de aquella localidad; por lo tanto, ese contrato no se ha cambiado y se ha cumplido al pie de la letra, tanto en la ejecución como en los pagos, expresó Mulino.
Afirmó que él no estuvo en esa negociación y que el actual ministro De La Guardia está en la mejor condición para explicarle al Consejo de Gabinete que ese es el contrato que negoció y que él (Mulino) firmó por autorización del Gabinete.
Mulino dijo que está dispuesto a asistir al Consejo de Gabinete el próximo martes para responder todo lo que quieran, en vivo.
“Que me den cortesía de sala el martes en gabinete. Allí diferenciamos niños de los hombres. ¡En vivo!”, tuiteó el extitular de Seguridad Pública.
En otro tuit indicó: “¿Quieren transparencia? Qué me den cortesía de sala el martes en gabinete. Allí diferenciamos niños de los hombres. ¡En vivo!”.
Expresó que, ante ese panorama, no hay motivo para revocar ese contrato para ganar aplausos politiqueros so pretexto de algo que no tiene nada que ver de ninguna manera.
El extitular de Seguridad, al ser cuestionado sobre supuestas coimas, indicó que desea que sea el ministro De La Guardia quien le diga si en el contrato hay alguna cláusula que plantea que hay que pagar comisión a alguien que no sea por los servicios entregados al país.
Yo juré y prometí no hablar más de este tema, porque no manejo la información 24/7 que manejaba antes, pero hice la excepción porque creo que el país debe ilustrarse más allá del bochinche de todos los días, añadió.
Sobre el tema, el exsecretario de Comunicación de la Presidencia Luis Eduardo Camacho publicó a través de las redes sociales que desea saber quién financia la campaña contra la instalación de radares que refuerzan el combate al crimen.
En uno de sus tuits indicó: ¿Quién financia la campaña contra la instalación de radares que refuerzan combate al narcotráfico?.
El presidente Juan Carlos Varela ha puesto en duda la efectividad de los radares.

Gobierno tiene casa para cometer torturas: Alejandro Pérez


EPASA - La denuncia presentada por el abogado Alejandro Pérez, por la supuesta detención ilegal de un sargento de la Policía, se sustenta sobre informes relacionados a la existencia de una casa para cometer torturas. 

La información que maneja Pérez y que fue el motivo de la denuncia que interpuso ante el Ministerio Público, destaca que esta casa pertenece al Servicio de Protección Institucional (SPI), la cual se encuentra ubicada en Amador. Aseguró Pérez que esta casa es operada por funcionarios de confianza del Consejo de Seguridad, quienes son los que ejecutan las acciones contra oficiales que trabajaron estrechamente con funcionarios del gobierno anterior. 

Los informes que manejan quienes denunciaron este hecho destacan que entre las torturas sicológicas de las que han sido objeto las unidades, es que si no respaldan las falsas acusaciones se les podría dar de baja y afectar sus jubilaciones.

  • Se habla de una casa que es utilizada como un centro de tortura y pertenece a uno de los estamentos de seguridad, que después del 1 de julio han llevado a varios y esto me recuerda la época oscura de los militares. Alejandro Pérez - Abogado y exviceministro de Gobierno
Ministerio Público pide a la Policía esclarecer denuncia

El Ministerio Público inició las investigaciones ante la denuncia presentada por el supuesto arresto ilegal en contra del sargento de la Policía Nacional Ismael Pitty.
En menos de 24 horas de haberse interpuesto la denuncia, el despacho de la procuradora general de la nación, Ana Belfon, giró un oficio al director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, para conocer sobre el paradero del sargento, señalado en la denuncia como la persona que hace días fue aparentemente detenida por funcionarios del Consejo de Seguridad.

Reformas electorales hechas a la medida del oficialismo

Magistrado del Tribunal Electoral considera delicado realizar cambios al código, una vez transcurridos los comicios. Asistirán a las consultas.

Si las modificaciones al Código Electoral que impulsan los diputados de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático y el partido Panameñista se llegan a aprobar son 13 los diputados de estos partidos que quedan beneficiados y sería en total una aplanadora de 47 diputados de ambas bancadas que firmaron el llamado “Pacto de gobernabilidad”.
De acuerdo con las propuestas de modificaciones que presentaron los diputados el pasado miércoles en la Comisión de Gobierno, en los casos de circuitos uninominales y plurinominales, donde se compruebe causal a un candidato impugnado, inmediatamente los más votados que le siguen y los que ya habían sido proclamados se hacen acreedores a sus credenciales para ocupar las actuales curules que permanecen vacías dentro de la Asamblea Nacional.
Por ejemplo, si en el circuito 2-1, donde se eligen dos diputados, se halla causal contra el candidato de Cambio Democrático Omar Castillo, según la propuesta de ley se debe acreditar a Jorge Iván Arrocha del Partido Panameñista (tercero más votado de este circuito), además de Néstor Guardia del PRD, quien fue proclamado en las elecciones, pero no obtuvo su credencial, debido a que por la ley actual, como candidato del circuito plurinominal donde se da la impugnación, también debe esperar hasta que se resuelva.
Otro caso es el del circuito uninominal 4-6, en el que si se encuentra causal contra la candidata Ana Giselle Rosas, se le otorgaría la credencial automáticamente a Jorge Alberto Rosas por ser el segundo candidato con mayor cantidad de votos en dicho circuito.
Así se repite el beneficio en los circuitos 2-4, 4-1, 4-5, 6-1, 7-1, 7-2, 9-1 y 9-2 y de estos solo en el 4-1, un solo candidato de Cambio Democrático, Rogelio Baruco, lograría mantener su curul. (Ver gráfica).
Ayer, este colectivo político emitió sus conceptos sobre este proyecto de ley y rechazó la iniciativa.
“La propuesta de ley para beneficiar solo a algunos diputados postulados por el PRD viola las reglas de adjudicación de curules y la representación proporcional en los circuitos electorales plurinominales en caso de que sea necesario realizar nuevas elecciones”.
La posible modificación al Código Electoral no solo ha levantado alerta en el ahora partido de oposición, sino a nivel de la sociedad civil y el Tribunal Electoral. Ayer, el magistrado vocal Heriberto Araúz dijo que el próximo lunes, los magistrados se reunirán para analizar las propuestas presentadas para modificar el Código Electoral.
A su parecer, se trata de un tema delicado que hay que estudiar ampliamente. “Las elecciones ya se realizaron y es delicado introducir reformas”, aseguró.
En tanto, Roberto Troncoso, miembro del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, expresó que aunque los diputados cuentan con la potestad de hacer cambios a las leyes, levanta suspicacia que se haga en este caso sin plantearlo ante los miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, organismo de consulta del Tribunal Electoral encargado de revisar este asunto de forma integral.
“El lugar idóneo es el Tribunal Electoral para discutirlo previamente y entregar unas recomendaciones y hacer los cambios que haya que hacer. Si se están resolviendo las impugnaciones, cuál es el problema”, manifestó Troncoso.
El también abogado Ernesto Cedeño advirtió que es inconstitucional aplicar la retroactividad en este proyecto de ley, porque no es de interés público.

Descaro


Descaro
El oficialismo, encabezado por el panameñismo y el PRD, intentan meter en la Asamblea cambios al Código Electoral para allanarle el camino a sus candidatos a diputados que perdieron en las elecciones de mayo.
 
Democracia
Lejos del eslogan de transparencia y democracia, estos partidos políticos apuestan a conquistar el poder a través del juegavivo. Juegan con la voluntad del pueblo y actúan al margen de la Constitución. 
 
Silencio
A pesar de que esas reformas son un atentado a la democracia del país, todavía el Tribunal Electoral no se pronuncia en rechazo a las mismas. Se les olvida que el soberano siempre será el pueblo y no los partidos.

viernes, 1 de agosto de 2014

Escasean los alimentos que tienen el control de precios

En los principales supermercados del país ya se empiezan a sentir los efectos del Decreto Ejecutivo N.° 165 que establece el control de precio de 22 productos de la canasta básica.

En los principales supermercados del país ya se empiezan a sentir los efectos del Decreto Ejecutivo N.° 165 que establece el control de precio de 22 productos de la canasta básica.
Escasez de algunos productos en las estanterías y el incremento en los precios de los artículos de uso personal son la nueva carga de los consumidores, quienes se sienten traicionados por no beneficiarse de los precios regulados.
Un ejemplo claro es el de la consumidora Patricia Moreno, quien hace las compras de sus alimentos quincenalmente, pero la diferencia es que esta vez no encontró ninguna de las carnes que están dentro de la lista de los precios congelados, por lo que decidió pedir otras de mayor costo.
Para Moreno, lo más difícil es que ahora los artículos de uso personal, “también se han encarecido”, confirmó.
Panamá América realizó un recorrido por diferentes supermercados de la capital y encontró desabastecimiento de carnes, pan molde, vegetales y verduras como el tomate perita.
Este medio encontró que en su mayoría, los locales tienen el espacio vacío reservado para los productos del control de precio debido al desabastecimiento de los mismos.
Según expertos consultados, esto se debe a que evitan ofrecerlos para no perder en sus ganancias, tal es el caso específico de los minisúper.
El economista Raúl Bethancourt manifestó a este diario que la medida del control de precios no está llegando a las amplias mayorías y que lo único que crea es una gran confusión sobre quién se ve favorecido al final del camino.
Explicó que la medida es un freno para el desarrollo porque no hay un incentivo para el productor.
“Cómo se quiere que se incremente la producción si están vendiendo casi al mismo costo de producción y nadie trabaja gratis”, destacó.
Por su parte, el secretario de la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), Pedro Acosta, afirmó que los desabastecimientos son provocados para vender los artículos más caros, y son los clientes los únicos perjudicados, porque no les queda otra salida.
Pérdidas
Antonio Guerra, quien tiene 21 años de vender en el Mercado de Abastos, opinó que con la llegada del control de precios las ventas se han paralizado.
“Ya no nos compran la cantidad de antes porque no les está generando ganancias, ni a ellos ni a nosotros, los chinitos compran poca mercancía solo para cumplir con la medida”, aseveró.
Según Guerra, esto ha dejado como resultado la caída de sus ingresos hasta en un 40%, un gran hueco que les dificulta cumplir con sus principales gastos.
“En los 21 años que he trabajado aquí, es la primera vez que veo esta escasez en la cebolla. A nosotros nos llega la mercancía cara y por complacer al cliente con la regulación no le estamos ganando nada”, afirmó.
Otros de los que ya no aguanta la medida es José Peña, quien es comerciante hace 5 años del Mercado de Abastos. Comentó que desde que empezó el control de precios han bajado mucho las ventas, aparte de que no hay productos como legumbres y verduras.
“A nosotros no nos ayuda mucho el control de precios porque se nos está afectando, el Gobierno tiene que ayudarnos, porque si no hay producción nacional, les tocará traer de afuera”, dijo en tono molesto.
En tanto, Anastacio Melgar, con más de 18 años de vender en el Mercado de Abastos, sigue esperando la fórmula para bajar el costo de producción que se encuentra por las nubes. “¿Con qué nos van a ayudar?, que me digan dónde y cuándo”, señaló.

Gobierno familiar


Resulta inevitable que los hermanos Varela estén en la cumbre del poder. Pero el nepotismo es antipático, además de ilegal e insoportable. ¿No hay en Panamá otras personas capacitadas para desempeñar cargos públicos que los hermanos, primos, sobrinos nombrados por el gobierno panameñista? ¿O es que no hay suficiente número de talentos políticos en el régimen?
Regida por las sinrazones de Las Garzas, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional ratificó la designación de Jindriska Barakat, hermana de Jorge Barakat, a cargo de administrador de la Autoridad Marítima, como subdirectora de la Dirección General de Contrataciones Públicas. En la misma línea nepótica se encuentran los hermanos Mora, Ramón, nombrado asesor presidencial con rango de ministro consejero, y Alfredo de Jesús, director general de Aeronáutica Civil. Son botones de muestra del desprecio gubernamental por las leyes.
También se detectan los nombramientos de ministros y directores que tienen doble nacionalidad, como el titular de la cartera de Obras Públicas, Ramón Arosemena, y la viceministra de Gobierno, María Luisa Romero, que desempeñó cargos públicos de gobiernos extranjeros. Es larga y notoria la relación de personas nombradas con cédula PE y otras por no carecer del reglamentario nivel académico. En la comisión de credenciales se oyeron voces de discrepancia por los conflictos de intereses de los hermanos Barakat, sin embargo, se llevaron a cabo las ratificaciones anómalas.
La Constitución establece que “los servidores públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, credo, religión o creencia y militancia política. Su nombramiento o remoción no será potestad absoluta y discrecionalidad de ninguna autoridad, salvo lo que dispone esta Constitución”. Asimismo, fija que no habrá fueros y privilegios, mientras que el Dr. José Dolores Moscote, fundador y primer decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, opinó que los funcionarios están al servicio de la nación y no de un partido o bando político.
Por lo que se ha examinado de los nombramientos de funcionarios, no todos se rigen por los principios del sistema de méritos, sino por privilegios de origen partidista y el absolutismo de la discrecionalidad presidencial que escarnecen normas constitucionales y reglas contempladas en el Derecho Administrativo de Panamá.
Se construye un gobierno de familiares, de elementos ligados por lazos de consanguinidad o de afinidad política, para premiar con dinero de los contribuyentes a una casta de cuadros partidarios sin experiencia administrativa. Al mismo tiempo se hace tabla rasa de los derechos de los servidores públicos para poder ejecutar destituciones masivas en contra de nombramientos anteriores, ascensos, traslados, plazos de ejercicios de cargos pautados debidamente por la Constitución.
El presidente Juan Carlos Varela se ha sentido impelido a exhortar en forma pública a los ministros a que se pongan las pilas y trabajen para atender múltiples problemas de toda índole. Hay un cúmulo de decisiones que no se adoptan y también de decisiones improvisadas por la retórica de las promesas de campaña. Es lamentable que la Comisión de Credenciales ratifique el nepotismo. La ausencia de controles revela la pobreza de la oposición legislativa.

Nombramiento del ministro del MOP viola la Constitución

El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, tiene nacionalidad estadounidense, según confirmó ayer la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas (MOP)




  • 13 años tiene el ministro de estar a cargo de una compañía en EE.UU.
Datos
  • Administradora de Ampyme
  • Ada Romero, salvadoreña, defendió el cargo en que por derecho sanguíneo no tiene suspendidos los derechos ciudadanos. Su orgullo salvadoreño la mantiene con la identidad PE.
La frase
  • El apetito voraz de la política, el juegavivo y el querer favorecer a los amiguitos de campaña hacen de este un tema para el entretenimiento popular. Roberto Troncoso - Abogado
Constitución Política de la República de Panamá
  • Artículo 13: La nacionalidad panameña de origen o adquirida por el nacimiento no se pierde, pero la renuncia expresa o tácita de ella suspenderá la ciudadanía. La nacionalidad panameña derivada o adquirida por la naturalización se perderá por la misma causa....
  • Artículo 132: Los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción se reservan a los ciudadanos panameños.
Ley 49 de 1984, que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional
  • Artículo 53: Gobierno. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales tiene como funciones estudiar, proponer proyectos de ley y emitir concepto sobre los siguientes temas: migración y naturalización.
Ley 17 del Registro Civil
  • Artículo 107: Cuando la Dirección Nacional del Registro Civil compruebe que un nacional panameño ha adquirido otra nacionalidad o ha entrado al servicio de un Estado enemigo, procederá, mediante resolución motivada, a ordenar la suspensión de los derechos ciudadanos o a cancelar la nacionalidad, según corresponda, en la partida de nacimiento de la persona de que se trata.
El ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, tiene nacionalidad estadounidense, según confirmó ayer la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El estatus migratorio de Arosemena lo convierte en un panameño con doble nacionalidad y con impedimento para ejercer cargo público con mando y jurisdicción, de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de Panamá.
Tiene las dos nacionalidades, pero eso no le impide ejercer su función como ministro, confirmó Enrique Arosemena, director de Relaciones Públicas del MOP.
Los argumentos legales serían enviados a la redacción Panamá América, pero hasta el cierre de esta nota periodística no hubo respuesta.
No obstante, el cargo que ostenta Arosemena desde el 1 de julio caería en lo ilegal si se aplica el artículo 13 de la Constitución, que se refiere a la nacionalidad de origen o adquirida, cuyo derecho ciudadano se suspende de forma expresa o tácita al adquirir una nacionalidad distinta a la panameña.
Sobre los efectos de la suspensión del derecho ciudadano, la Carta Magna recoge en su artículo 132 que los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción se reservan a los ciudadanos panameños.
Arosemena dejó su residencia en Estados Unidos temporalmente para unirse al equipo de gobierno de Juan Carlos Varela.
Otra vía legal que cobija una posible violación a la Constitución por parte de Arosemena se estampó en la Ley 17 que rige el Registro Civil. En su artículo 107 se declara que cuando la Dirección Nacional del Registro Civil compruebe que un nacional panameño ha adquirido otra nacionalidad o ha entrado al servicio de un Estado enemigo, procederá, mediante resolución motivada, a ordenar la suspensión de los derechos ciudadanos o a cancelar la nacionalidad, según corresponda....
Suspendidos los derechos de forma tácita, que es el caso del titular del MOP, el artículo 161 de la Constitución agrega que corresponde a la Asamblea Nacional devolverle los derechos ciudadanos.
Hasta ayer no había un registro en la Secretaría General de ese Órgano del Estado con una petición formal del trámite que le garantice a Arosemena el derecho ciudadano como panameño de ejercer funciones públicas.
El acápite 10 del artículo en mención destaca que son funciones administrativas de la Asamblea Nacional... rehabilitar a los que hayan perdido derechos inherentes a la ciudadanía.
Un antecedente a esta petición está en la Resolución 2 del 3 de julio de 2009, que le rehabilitó los derechos de la ciudadanía para ejercer el cargo como alcalde a Bosco Vallarino, quien fue acusado por su doble nacionalidad. La Corte Suprema de Justicia terminó aboliendo el alcance de la resolución y Bosco renunció al cargo.

Acusan a seguridad del Estado de secuestrar a sargento

Pérez denunció que el sargento no ha sido puesto a ordenes de ninguna autoridad y está sometido a un intenso interrogatorio



El sargento de la Policía Nacional, Ismael Pitty es víctima de los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y asociación ilícita para delinquir por parte de los organismos de la seguridad del Estado que lo interrogan desde el lunes en una instalación en Amador.

  La denuncia la interpuso ayer ante la Procuraduría de la Nación, el abogado Alejandro Pérez, quien dijo que teme por la vida de Pitty y pidió procesar y condenar a los responsables a sufrir la pena máxima de prisión.

   Pérez denunció que el sargento no ha sido puesto a ordenes de ninguna autoridad y está sometido a un intenso interrogatorio.

En tanto, Luis Eduardo Camacho tuitió que ha "recibido información que miembros de estamentos de seguridad están siendo torturados psicologicamente para que respalden falsas denuncias"