Figuras acaudaladas y personalidades políticas del patio evitan actualizar el avalúo de sus propiedades para evitar el pago justo de tributos. El Artículo 769 del Código Fiscal ordena a través del MEF la actualización de los avalúos para fijar el justo valor de la propiedad y de los impuestos.
La Hacienda San Isidro, propiedad del candidato presidencial Juan Carlos Vareala se dedica a la comercialización del licor en Pesé. Su valor castatral no responde a los valores comerciales actualizados.
PANAMA AMERICA - La desactualización del valor catastral en propiedades, que en muchos casos se ignora para no hacer el reporte de mejoras a los bienes inmuebles y así evadir el pago justo de impuestos, se ha convertido en el mejor aliado de grandes personalidades y figuras políticas.
Son propiedades y bienes que, según la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), no reflejan el valor catastral actualizado equivalente al precio de mercado. En la mayoría de los casos, las propiedades son de alto costo por su ubicación y uso comercial, pero en el Registro Público aparecen muy por debajo del valor de mercado, con precios de hasta de 0.03 centésimos el metro cuadrado.
En la lista de importantes figuras políticas aparecen los candidatos presidenciales, Juan Carlos Varela y Gerardo Solís, así como el exdiputado perredista Pedro Miguel González, entre otros, cuyas propiedades, según los reportes del Registro Público, llevan más de 13 años que no actualizan el valor de sus propiedades.
La práctica, a la mayoría, les permite tributar en base al valor inicial de la propiedad, es decir a precio de hace más de 15 años, sin que las mejoras aparezcan actualizadas en la base de datos de la ANATI ni del Registro Público.
La Familia Varela, por ejemplo, tiene inscrita en el Registro Público 26 fincas en Pesé Cabecera, equivalentes a 671 hectáreas, cuyo costo, según el reporte catastral, es de 1,640,984 dólares. Sin embargo de las 27 fincas, 21 aparecen bajo la razón social de Reforestadora San Isidro S.A a un precio global de 1,456,300 dólares. El registro catastral está reportado, según la finca, en precios que van desde un dólar con 35 centésimos, el más alto y el de menor costo en 0.03 centésimos el metro cuadrado.
Los montos, según fuentes de la ANATI, no responden a los precios del mercado por dos razones: las propiedades se registraron para uso residencial y no se han hecho las actualizaciones de las mejoras que en el caso de los Varela hace trece años no avalúan las tierras donde funciona la Hacienda San Isidro. De actualizarse el costo comercial por metro cuadrado se aumentaría el valor comercial y el tributo se ajustaría al valor real de las propiedades.
Otras siete propiedades de la familia Varela corren con la misma suerte. La finca 116 de 17 hectáreas a nombre de Varela Hermanos aparece con un valor de 9,000 dólares para un costo comercial de 0.05 centésimos el metro cuadrado, según se reporta en la última actualización que hicieron los propietarios del lote en octubre de 2001.
Caso parecido de la desactualización de propiedades valorados en millones de dólares, con el que eluden el pago correspondiente del bien inmueble, como lo establece el Código Fiscal, está la finca 132 en la cabecera del distrito de Pesé. Allí, el precio que se fijó a 122 hectáreas en 40,000 dólares, a razón de 0.03 centésimos el metro cuadrado.
La práctica de fijar precios irrisorio en los reportes de las propiedades por parte de los Varela también se extendió hasta Penonomé Cabecera, en donde Luis Antonio Varela registró un terreno de 44,157 metros cuadrados a un ridículo costo comercial de 150 dólares. Para este caso también se estableció, según informes de la ANATI, a 0.03 centésimos el metro cuadrado.
Otro globo de terreno de la Hacienda San Isidro, que es de 706,471 metros cuadrados, está valorado en 247, 300 dólares, a razón de 0.35 centésimos el metro cuadrado.
Pero la familia Varela no es la única que utiliza esta práctica, con la que han pagado menos tributos al fisco nacional. El aspirante presidencial por la vía independiente, Gerardo Solís, también aparece en la lista. Según la actualización de datos que aparece en el Registro Público de la finca 19953, propiedad de Solís y que está ubicada en la cabecera del distrito de San Carlos, un globo de terreno de una hectárea, solo está valorado en 400 dólares.
El valor no responde al precio comercial considerando que el terreno está a pocos metros del área de las playas.
La lesión es mayor si se mira que el valor catastral del terreno no se actualizó en 2005 cuando se fijaron los linderos y medidas de la finca. El terreno fue inscrito en el Registro Público el 31 de enero de 1947.
Otro de los casos con evidente irregularidad es la del dirigente perredista Pedro Miguel González.
El líder opositor mantiene siete registros catastrales en igual cantidad de fincas ubicadas en Santa Fe de Veraguas. Según el reporte de ANATI, la superficie es de 430,167.07 metros cuadrados divididas en siete fincas y solo tienen un valor comercial de 339 dólares.
La constante en todos los casos es no declarar el valor real de la propiedad ante el Registro Público, y por consiguiente existe fuga de impuesto, según se establece en el Código Fiscal.
De las propiedades reportadas por el exdiputado perredista González - que no registran mejoras- está una de 27,014.97 metros cuadrados a un valor catastral reportado de 18 dólares. La propiedad más grande de 173,2737.48 metros cuadrados aparece inscrita en el Registro Público a un accesible costo total de 108 dólares.
