El exdirectivo de la empresa Svemark y socio de Valter Lavitola, Mauro Velocci, no dudó en utilizar esta semana varios medios de comunicación para descargar su ira contra las autoridades panameñas, que no le aceptaron su propuesta de construir al menos cuatro cárceles modulares por un alto precio: 176 millones de dólares.
La Prensa, Radio Panamá y Telemetro parecen haberse convertido en su refugio y centro de batalla.
En estos tres medios, Velocci ha encontrado espacios sin límites y micrófonos abiertos, a pesar de haber sido el personaje principal de una historia oscura de conspiración entre italianos, planes de extorsión, falsificación, droga y prostitución.
Sin embargo, cuando la justicia le pidió a Velocci ratificar sus acusaciones, siempre se negó. Ante la Procuraduría de Panamá, en 2012 se negó a presentarse a contestar un cuestionario dentro del proceso de investigación por la supuesta comisión del delito contra la administración pública y en el que se mencionaban varias autoridades locales.
El 11 de mayo de 2012, la Procuraduría solicitó a Italia una asistencia judicial para que se le realizara un cuestionario a Velocci, la cual fue recibida en noviembre de 2012. Pero Velocci decidió acogerse a su facultad de no contestar al cuestionario de la Procuraduría panameña.
Es decir, ante las autoridades Velocci afirma que no tiene nada que decir sobre supuestos pagos en Panamá, pero ante los medios locales asume otra actitud.
Entre el martes y jueves de esta semana, Velocci protagonizó varias entrevistas en Radio Panamá y el diario La Prensa para tratar de insinuar que su propuesta no fue aceptada porque no se pagaron coimas.
En tanto ayer viernes en Telemetro, se leyeron una serie documentos que envió Velocci.
Esto sin reconocer que fue el autor de una grabación alterada con el hijo del presidente Ricardo Martinelli Linares y Lavitola sobre el tema de las cárceles. Velocci hizo nuevas declaraciones a estos medios contradiciéndose en gran parte de su historia.
En Radio Panamá, el pasado 8 de octubre, Velocci sostuvo que Lavitola lo envió a que hablara con el hijo del presidente porque su familia necesitaba comprar un helicóptero y que aprovechara para tratar también el tema de las cárceles.
Velocci, en esa entrevista, dijo que él “no puede” hablar de coimas y mucho menos que él pagó coimas en la negociación del proyecto de las cárceles modulares. “Yo no hice pago, eso es lo que se habla de los fiscales de Italia. Yo no tengo nada que pueda adjuntar a la investigación. Yo soy testigo. Yo no sé nada del asunto de esta investigación. El rol mío es ser testigo de lo que hizo Lavitola. Solo los jueces pueden decir si fue coima”, indicó Velocci.
El pasado jueves, Velocci, calificado como una persona adicta a la cocaína y otros vicios, volvió a dar declaraciones a La Prensa y dijo aceptar el reto del presidente Ricardo Martinelli de someterse a la prueba del detector de mentiras.
El mandatario indicó el pasado jueves que la grabación que se ha dado a conocer era parte de un plan de extorsión en su contra por parte de Velocci y Lavitola.
Cabe destacar que las diligencias de la Procuraduría panameña también se enfocaron en conocer en detalle el expediente de Lavitola, pero las autoridades italiana solo respondieron la información de la formulación de imputación y la aplicación de medidas cautelares a Lavitola.
El 25 de marzo de 2013, la Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó al Órgano Judicial en auto sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal.
“Esta petición de la fiscalía se fundamentó en que no se comprobó que ninguna de las personas señaladas en la investigación haya entregado o prometido u ofrecido a algún funcionario público panameño algún donativo, promesa o dinero; con el fin de otorgar el contrato para el diseño, construcción y equipamiento de cuatro ciudades carcelarias”, explicó el pasado miércoles la Procuraduría. Señaló que además Velocci, quien podría brindar mayores detalles sobre las presuntas conductas objeto de investigación, se acogió a la facultad que le otorga la ley italiana de no contestar el cuestionario que remitió el Ministerio Público.
