Tras una evaluación de los cuatro acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe-Buglé y Campesino, se determinó que el Gobierno Nacional ha cumplido en un 98% con lo pactado.
Los ministros de Estado, Roberto Henríquez (Presidencia) y Jorge Ricardo Fábrega (Gobierno), en conferencia de prensa, destacaron que el Gobierno Nacional, a través de sus diferentes instituciones, ha invertido un aproximado de más de un millón 500 mil dólares en construcción de viviendas, atención médica, ayuda social y enseres, además de otros apoyos en becas y nombramientos a familiares de los afectados.
Acuerdo de Changuinola 11 de julio de 2010
El Gobierno Nacional acogió el pedido de suspender los efectos de la denominada Ley 30 de 2010 que había generado disconformidad en algunos sectores de la población.
Tras aceptar las recomendaciones, el Gobierno Nacional convoca a un Diálogo Nacional en el que las voces de todos los componentes de la sociedad acordaron dividir en seis iniciativas la referida Ley 30, cuyo documento consensuado fue entregado al Consejo de Gabinete para
su correspondiente aprobación.
El Gobierno Nacional aprobó seis leyes en las que se dividió la denominada Ley 30 de 2010, blanco de una revisión de los miembros de la mesa del diálogo convocada por la actual administración, tras los hechos acaecidos en Changuinola en julio de 2010.
Bajo la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social, se instaló en Changuinola la Oficina Permanente de Diálogo Social OPDS. Esta oficina concentra toda la atención gubernamental destinada a los afectados en Changuinola.
En los años 2010, 2011 y 2012, el Gobierno Nacional destinó a través del Programa de Ayuda Nacional un poco más de 832 mil balboas en apoyo económico no reembolsable por razones humanitarias a cerca de 363 personas.
Entre Julio y Agosto de 2010, alrededor de 73 personas fueran atendidas inmediatamente por el Gobierno Nacional y se le proporcionó estufas, camas, bolsas de comida, aparatos celulares, neveras, colchones, juegos de sábanas, juguetes, bicicletas, zapatillas, cobertura de traslado de Changuinola-Panamá y viceversa; hospedaje, alimentación y viáticos de transporte en la ciudad.
A través de la Secretaría Nacional de Energía, adscrita al Ministerio de la Presidencia, el Gobierno Nacional logró ajustar el precio del tanque de gas de 25 libras. Antes el precio del gas de 25 libras estaba en 8 dólares, ahora el costo del cilindro de gas de 25 libras es de 5 balboas con 95 centésimos.
Acuerdo de San Félix, 27 de febrero de 2011
A solicitud de los grupos indígenas, se instaló una comisión conformada por representantes del Gobierno y de las organizaciones indígenas y campesinas.
Se promulgó la ley 11 de 26 de marzo de 2011, que establece un régimen especial para la protección de los recursos hídricos y ambientales en la Comarca Ngäbe-Buglé, tal y como fue establecido en la negociación.
Se llevó a cabo el diálogo en San Félix sobre la Ley 8 que trata sobre el código minero.
Sobre la solicitud de liberación de detenidos se informó a los negociadores que no hay detenidos.
Se dio apoyo a la familia de Abraham Montezuma, fallecido en un accidente vehicular, y a las personas afectadas en las protestas. Se nombró a la señora Mélida Montezuma en el Plantel del Centro Educativo Boca Ullama y se le otorgó becas a sus dos hijos, a través del Ifarhu; con el Programa de Ayuda Social se le construyó la vivienda.
Tal y como fue solicitado se sumó a la Iglesia Católica como garante en la mesa diálogo.
Se cumplió el proceso de repliegue de los manifestantes y la apertura de la vía panamericana.
Acuerdo de San Lorenzo 1, 7 de febrero de 2012
Se dio atención urgente a los afectados y se brinda apoyo a la familia de Jerónimo Rodríguez Tugrí, nombrando a su madre Elena Tugrí en el ministerio de Gobierno y se firmaron los documentos para la adquisición de beca para sus dos hijos. Actualmente está en su etapa final la construcción de la vivienda con el apoyo del PAN.
Se restableció el sistema de comunicación de la telefonía móvil.
Se ordenó el retiró a los miembros de Control de Multitudes y se ordenó el cese de sobrevuelos del helicópteros.
Se mantuvo a la iglesia Católica como garante y mediador así como la participación de observadores de la Iglesia Evangélica, de la relatora de la ONU y del rector de la Universidad de Panamá.
Se llevó a cabo un proceso de diálogo con la cacica Silvia Carrera, su equipo de trabajo y las coordinadoras de los indígenas Ngäbe¬-Buglé y campesinos.
La Asamblea Nacional reconsideró el artículo 5 del proyecto de Ley 415 y su tratamiento con urgencia notoria.
Los organismos de derechos humanos investigaron los hechos ocurridos en las protestas, como fue pedido.
Fueron divulgados y explicados los acuerdos al pueblo panameño y medios de comunicación.
Se designó una comisión de médicos indígenas para atención y seguimiento de los heridos y afectados.
Acuerdos en Naciones Unidas el 15 de marzo de 2012.
En cuanto al proyecto de Barro Blanco se realizó una revisión técnica del estudio de impacto ambiental y verificación de campo entre los representantes del Gobierno, los grupos indígenas, la iglesia Católica y la empresa que regenta el proyecto.
Comisión especial para el tema de Barro Blanco entregó un informe de verificación de campo del Estudio de Impacto Ambiental. Se espera el resultado del peritaje independiente.
Se crea una comisión para verificar las denuncias de traspaso ilegal de tierras dentro de las comunidades indígenas.
Se conformó una Mesa Nacional para la elaboración, estudio y diseño de un Plan de Desarrollo Integral para los pueblos originarios en la República de Panamá.
Se firmó el convenio entre Naciones Unidas y Mingob que viabiliza la ejecución del programa consensuado con los técnicos de los Congresos indígenas de Panamá, por un monto de un millón de dólares por parte de Panamá y 398 mil 533 por las Naciones Unidas.
