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sábado, 30 de marzo de 2013

CRIMEN DE LA DICTADURA: El rastro de Rita Wald


LA PRENSA - El domingo 27 de marzo de 1977, Rita Wald salió de su casa a eso de las 5:00 de la tarde. Iba a devolver un carro que le había prestado un amigo, el locutor Emilio Gazorla, que trabajaba en la emisora Onda Popular. Rita tenía 17 años, era dirigente estudiantil y había sido amenazada.

A las 6:00 de la tarde, Rita le entregó el carro a su dueño en galerías Obarrio, donde habían quedado en encontrarse. Dos horas y media después telefoneó a una amiga. La amiga cuenta que Rita le dijo que se encontraba en la Zona del Canal en compañía de un amigo al que identificó como Jimmy, el cual se había ofrecido a darles un paseo en su Corvette rojo y negro.

La amiga le contestó que no podía aceptar la invitación porque su mamá no le daba permiso para salir a esa hora. Rita le respondió que bueno, que entonces se verían al día siguiente en la escuela. Fue el último contacto que alguien tuvo con ella.

Rita se había hecho de enemigos. En Chiriquí, de donde era oriunda, había sido dirigente en el colegio Félix Olivares. Ocasionalmente también había trabajado como locutora en Radio Chiriquí.

Trasladada a Panamá, rápidamente logró posicionarse en la dirigencia estudiantil del colegio José Antonio Remón Cantera, donde se oponía al control de la entonces progobiernista Federación de Estudiantes de Panamá (FEP).

Según recoge un informe de la Comisión de la Verdad, a decir de algunas personas que la conocieron, Rita se identificaba “con la lucha contra los grupos comunistas”.

No obstante, hay versiones que aseguran que Rita y su grupo (Sociedad Estudiantil Democrática (SED) negociaban una alianza con el izquierdista y opositor Frente Estudiantil Revolucionario 29 de Noviembre (FER-29)
Eran los tiempos de la negociación de los tratados del Canal, a los que Rita se oponía por considerarlos una justificación de la dictadura militar. Esto le valió amenazas abiertas por parte de dirigentes de la FEP, como Luis Gómez, según refieren testigos a través de los años.

Vehículos Ford LTD de color negro, idénticos a los que en esa época utilizaba la seguridad del Estado, solían estacionarse frente a la escuela. Alguna vez sus ocupantes le profirieron insultos y amenazas.

Según relatan familiares, las amenazas pasaron al teléfono: “Dígale a Rita que nos la va a pagar y la vamos a desaparecer”, decían los mensajes.
El martes 29 de marzo la familia interpuso la denuncia por la desaparición.
La Fiscalía Auxiliar y el G-2 (Inteligencia de la entonces Guardia Nacional) se hicieron cargo de la investigación.

Pero esta partía mal, porque justamente uno de los señalados era el propio jefe de esa dependencia: Manuel Antonio Noriega. Los otros eran Cleto Hernández, jefe de Asuntos Estudiantiles de la Guardia Nacional; Luis Lucho Gómez, de la FEP, y el propio Gazorla, entre otros.

Previsiblemente, dadas las circunstancias, el 23 de enero de 1978 la fiscalía dictó un sobreseimiento provisional en el caso por no contarse con “elementos suficientes que demostraran que se había cometido un ilícito en contra de Rita Wald”.

Luego de la invasión estadounidense en diciembre de 1989, el caso volvió a caminar.

El 17 de abril de 1990 se ordenó la reapertura del sumario, al considerar el Ministerio Público que se habían obviado varias declaraciones importantes.
Entre estas, faltaba la declaración de Emilio Gazorla, la última persona que vio a Rita. Y la de Gómez, a quien varios testigos atribuían amenazas contra la muchacha.

Las autoridades requirieron a Gazorla para que prestara declaración. Pero en vez de ello, Gazorla se fue de viaje. Primero a Nicaragua. Luego a Checoslovaquia (aquel país no se había dividido aún).

El 31 de enero de 1992 la fiscalía pidió abrir causa criminal contra Gazorla. También se pidió el llamamiento a juicio de Noriega, Hernández y de Darío Arosemena, jefe del antiguo Departamento Nacional de Investigaciones (Deni).

En 1999 se produjo el hallazgo de osamentas en un área de lo que había sido el cuartel de Los Pumas, en Tocumen.

El hecho motivó a la familia Wald a pedir la reapertura del caso. Los restos fueron examinados y se les practicaron pruebas de ADN. Ninguno pertenecía a Rita.

Ante el estancamiento del caso, la familia apeló a la jurisdicción internacional.
El 22 de octubre de 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la petición para conocerlo. El Estado panameño alegaría que no se había agotado aún la jurisdicción interna.

11 años después, la justicia francesa permitió que Manuel Antonio Noriega, detenido en Francia, regresara a Panamá.

Antes, en Washington, el gobierno de Ricardo Martinelli había logrado un acuerdo a puerta cerrada con los familiares de Rita Wald, avalado por la CIDH.
Tres días después del regreso de Noriega a Panamá, los Wald pidieron que el Ministerio Público reabriera el caso.

El 29 de julio de 2012, la Fiscalía Segunda Superior solicitó la reapertura del proceso al Segundo Tribunal Superior.

El pasado miércoles 27 de marzo de 2013 se cumplieron 36 años de la desaparición. El tribunal no se ha pronunciado y el rastro de Rita Wald sigue perdido.


UNA LEY CONTRA LAS DESAPARICIONES

Hasta fecha tan reciente como enero de 2011, Panamá no contaba con una legislación adecuada sobre la desaparición forzada. La ley No. 1 del 13 de enero de 2011 en la Gaceta Oficial No. 26,702-A vino a llenar ese vacío en el Código Penal, “ajustando la conducta delictiva de la desaparición forzada de personas a lo previsto en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, según reseña la Federación Iberoamericana del Ombusdman. 

Igualmente, dice el informe, pasó con la tipificación del delito de tortura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La tipificación de estos delitos es uno de varios puntos de una sentencia impuesta al Estado panameño por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición del dirigente opositor Heliodoro Portugal en 1970, durante la dictadura militar.

jueves, 27 de septiembre de 2012

Defensoría llama a víctimas de la dictadura para pruebas de ADN



En respaldo al llamado de las autoridades judiciales, la Defensoría del Pueblo instó a los familiares de las personas desaparecidas durante el régimen militar, para que acudan al Instituto de Medicina Legal, a fin de practicarse pruebas de ADN, que faciliten a los científicos identificar los restos. 

Las autoridades del Ministerio Público vienen anunciando la disponibilidad de su laboratorio de Análisis Biomolecular ubicado en eI Instituto de Medicina Legal, para atender y recabar las muestras a las personas familiares de desaparecidos durante la dictadura militar que imperó entre 1968 y 1989.

Despachos de Prensa anunciaron la disponibilidad de números telefónicos del Ministerio Público (507-3200, 317-1063 y 317-1067) habilitados para aquellas personas que requieren orientación. De igual forma se anunció que pueden presentarse en el Laboratorio que está ubicado en el edificio 222 de la Ciudad del Saber.

Las autoridades trabajan con el apoyo de expertos en áreas de antropología forense y genética, quienes recomendaron el acopio de muestras de familiares de desaparecidos, a fin de proceder con el cotejo que pueda corresponder con desaparecidos de la dictadura.

La Defensoría del Pueblo resaltó la importancia de facilitar el trabajo de los científicos, acudiendo o comunicándose con el laboratorio indicado, a fin de proceder con la toma de muestras de ADN, y contar con una base de datos confiable para la labor de investigación científica.

jueves, 7 de junio de 2012

CRIMENES DE LA DICTADURA: Llevan restos de Marlene Mendizabal a Argentina

Las súplicas de los familiares de Marlene Mendizabal para saber dónde está su cadáver podrían ser finalmente escuchadas, después de que se cumplen 36 años de su desaparición. 
Y es que las autoridades enviaron ayer a Argentina una muestra de los que podrían sus restos, para que sea analizada en el Laboratorio de Antropología Forense de ese país.
Así lo confirmó la Cancillería panameña, tras seguir instrucciones de la Fiscalía Auxiliar de la República, mediante Oficio del 2 de mayo de 2012.
El fiscal Dimas Guevara informó que esta diligencia forma parte de una investigación iniciada el 3 de febrero de 2011, para tratar de identificar unos 60 restos humanos recopilados por la Comisión de la Verdad y que se cree pertenecen a desaparecidos y asesinados en la dictadura militar.
Mendizabal y su novio Jorge Falconett desaparecieron en 1976 en la playa de Mariato, Veraguas.
El supuesto cadáver de la joven fue hallado días después en un río y fue enterrado en un cementerio de Atalaya sin que se le practicara autopsia. Hace 20 años fue desenterrado, pero de Falconett nada más se supo.
Humberto Mas, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, acotó que también se tiene previsto enviar a Argentina los supuestos restos de Floyd Britton y de Andrés Fistonich, desaparecidos en 1969 y 1970, respectivamente.