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miércoles, 21 de enero de 2015

Ministerio Público actúa en sintonía con Varela contra CD

Un contubernio entre el jefe del Órgano Ejecutivo, Juan Carlos Varela, y la procuradora general de la nación, Kenia Porcell de Alvarado, se genera para afectar al exmandatario Ricardo Martinelli y al partido Cambio Democrático (CD), los únicos opuestos al Gobierno, denunciaron varios juristas.
Uno de ellos fue el abogado Jorge Torregrosa, quien manifestó en el programa “Reporte Estelar” que se transmite en KW Continente, que Varela y Porcell de Alvarado buscan enjuiciar al expresidente para así desviar la atención pública de los graves problemas que atraviesa el país como la delincuencia y el estancamiento de la economía.
Torregrosa, miembro de CD, le solicitó a Varela que “saque sus manos” del Ministerio Público, mientras que le pidió a Porcell de Alvarado que se apegue a las normas y al debido proceso, ya que ella es responsable por sus actuaciones.
Agregó que en la actualidad no existe el respeto al debido proceso ni las garantías fundamentales de los exfuncionarios del pasado gobierno que son blanco de sumarias penales, ya que los fiscales anticorrupción presionan a los sindicados para que apunten hacia otras personas.
Torregrosa dio como ejemplo que el día de ayer, el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PN) Rafael Guardia fue llevado a la Fiscalía Anticorrupción para una diligencia judicial sin la presencia de su representante legal.
Por su parte, el exfiscal electoral Víctor Almengor subrayó que esta práctica de los funcionarios de instrucción no es nueva, ya que en la pasada administración también incurrieron en lo mismo, lo que refleja que no existe ningún cambio de actitud.
Almengor, quien en el pasado representó al entonces ministro de Educación, Salvador Rodríguez, explicó que la práctica de presionar a testigos para que declaren contra otras personas es de la época medieval, por lo que debe cambiar.
A juicio del abogado, esto sucede porque los funcionarios de instrucción que investigaron actos de corrupción en el pasado son los mismos que hacen las averiguaciones en la actualidad, salvo en algunos casos que fueron rotados.
Almengor destacó, en el caso del abogado de la Presidencia de la República, David Hidalgo, que no está facultado legalmente para participar en diligencias judiciales ni contrariar o refutar a testigos, ya que no es querellante en el proceso de los pinchazos telefónicos.
El lunes pasado, abogados de Cambio Democrático pidieron que se respeten las garantías constitucionales en el país y exigieron que se cumpla con la Constitución y la ley.
Al igual que la dirigencia de Cambio Democrático, coincidieron en que todo es parte de un show mediático que involucra a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Yajaira Pittí, abogada de CD, aseveró que también el Ministerio Público forma parte de este show mediático, en el que los supuestos implicados no obtienen las garantías que deben ni se cumple el debido proceso.
La jurista pidió a las autoridades de justicia, en este caso a la procuradora Kenia Porcell, cumplir su rol con independencia y actuar en apego al debido proceso.
El partido opositor señaló que los agentes de justicia se han convertido en “productores de dramas para el entretenimiento mediático”, esto al politizar las investigaciones y al prejudicializar las decisiones judiciales.
Con esta campaña de persecución, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público serían objeto de manipulación por parte del Órgano Ejecutivo.
“El secretario general del MP lo reconoció; los delitos por los que se les está acusando a las personas detenidas en este momento no ameritan prisión preventiva automáticamente, si no aplica, por qué no aplicar otra medida cautelar diferente”, cuestionó el abogado de CD Edwin Herrera.
El jurista señaló que, a pesar de vivir en democracia, todo indica que en estos momentos se está aplicando una dictadura civil.
Martinelli apoya carta de los obispos que piden respeto al debido proceso
El exmandatario se reunió ayer con el arzobispo y la Comisión de Justicia y Paz.
El recorrido del expresidente Ricardo Martinelli para denunciar la persecución política de la que afirma es objeto comenzó ayer en la curia metropolitana.
“Ni yo ni Cambio Democrático estamos en contra de que se presenten denuncias con pruebas ante las respectivas instancias legales. Lo que estamos en contra es de que se presenten en los medios, con el único fin de hacer show mediático. Tampoco estamos en contra de que las denuncias presentadas en las instancias legales se investiguen. Lo que hemos pedido es que se respete la presunción de inocencia, la reserva del sumario, el debido proceso y que no se politicen ni se mediaticen”, sostuvo Martinelli.
Con estas palabras, el exmandatario expresó su apoyo al reciente pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, en el que se pidió se investiguen los supuestos actos de corrupción, pero garantizando el respeto a las garantías fundamentales de los implicados y al debido proceso.
El arzobispo José D. Ulloa aseguró que la iglesia hará el esfuerzo para lograr la reconciliación entre los panameños, al tiempo que manifestó la responsabilidad que tienen todos los partidos políticos de aportar sus esfuerzos para este fin.

sábado, 17 de enero de 2015

J.C. Varela coacciona para que involucren a Martinelli

Tamburelli fue coaccionado para que declarara en contra de Martinelli


 
El Ministerio Público, en contubernio con el Órgano Ejecutivo, está usando todas las influencias e interferencias para coaccionar a las personas que han sido indagadas en las denuncias contra exfuncionarios del pasado gobierno, para que cambien sus declaraciones e involucren directamente al expresidente Ricardo Martinelli.
En una conferencia de prensa, Martinelli, junto con un grupo de abogados, denunció que este tipo de irregularidad se ha dado en el caso del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, “quien fue amenazado por la fiscal Lizzett Chevalier y por el señor David Garay, y me cuentan también que el señor Saltarín tiene que ver con todo esto para que cambiara las declaraciones, me acusara a mí directamente y acusara a Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio para que de esta manera el expediente que se estaba llevando sobre el caso del PAN y las comidas deshidratadas nos involucrara a nosotros cuando no teníamos nada que ver”, destacó el exmandatario.
Quiero decir con certeza que lo mismo están haciendo con Rafael Guardia y otras personas; igual están haciendo con Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, es una clara injerencia del presidente Juan Carlos Varela, con el Plan Varela, de interferir de una manera u otra para amenazar y coaccionar so pena de que las personas no digan lo que quieran, los van a mandar a La Joya, resaltó Martinelli.
El expresidente hizo pública su preocupación, porque se están violando los debidos procesos, la ley. Agregó que ante esta situación va a denunciar en todos los países del mundo el formato que quiere implantar Juan Carlos Varela en Panamá.
Destacó que la coacción, las amenazas, la forma de manipulación de información que hizo la fiscal Chevalier junto con Garay son cosas que le preocupan mucho, y por ello un equipo de abogados estará presentando una demanda civil y penal contra ellos, y de comprobarse que Rogelio Saltarín tiene algo que ver, también será demandado.
A cualquier persona le pueden cocinar los expedientes so pena de que los involucren, manifestó Martinelli. Indicó que si esta situación se está dando con él que es un empresario reconocido, peores cosas se podrían dar con un ciudadano que no tenga cómo defenderse.
La actual procuradora general de la nación, Kenia Porcell, laboró por seis meses como asesora del Consejo de Seguridad, en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, quien luego la designó en el cargo que desempeña.
Ante esta irregularidad, el abogado Sidney Sittón afirmó que el expediente contra el expresidente Martinelli que está en la Corte Suprema de Justicia debe ser declarado nulo, porque se sustentan en amenazas y coacciones.
Las declaraciones de Tamburrelli fueron la base para que la exfiscal segunda anticorrupción Lizzett Chevalier remitiera copia del expediente a la Corte para que fuese investigado Ricardo Martinelli.
El documento hecho público ayer es un recurso de objeción que presentará el abogado Gonzalo Moncada Luna ante la nueva fiscal segunda anticorrupción, Vielka Broce de Birne, para denunciar que su cliente fue coaccionado y amenazado por la antecesora de este despacho de instrucción.
Sittón indicó que dicho documento es prueba para que los magistrados de la Corte comprueben que se violó la Constitución y el Código Judicial y por ende decreten la nulidad del proceso.
El documento revela que Chevalier obligó a Tamburrelli a incriminar a Ricardo Martinelli en su indagatoria, en las investigaciones por la compra de la comida deshidratada, o de lo contrario sería trasladado a La Gran Joya.
“Se suscitaron distintas irregularidades que vulneraron los derechos y garantías procesales de nuestro defendido, actuaciones que también constituyeron un irrespeto”, agregó Moncada Luna.
Las revelaciones de este documento dan cuenta de que existe “una cadena de coacciones y amenazas”, dijo Martinelli, y esta es dirigida por el Ejecutivo a través del Plan Varela.
“Si no hubiesen presiones ni amenazas de Varela en el sistema judicial, me quitaría la inmunidad”, destacó Martinelli. El exmandatario tiene inmunidad por ser parlamentario centroamericano.
Y es que el exjefe del Ejecutivo descubrió que en este caso y los demás procesos que se siguen a los exfuncionarios de su gobierno está la mano del presidente Juan Carlos Varela.
Martinelli planteó que con el Plan Varela se busca acallar la voz de la oposición, el cual es ejecutado por el abogado Rogelio Saltarín, representante legal del mandatario y quien sirve de puente entre el Gobierno y el Ministerio Público.
Alma Cortés, subsecretaria general del partido Cambio Democrático, dijo que se presentarán denuncias civiles y penales en contra de la exfiscal Lizzett Chevalier y del secretario judicial.
“Lizzett Chevalier, directamente, amenazó a su cliente para que este implicara lo suficientemente a personas que ella consideraba responsables en este supuesto delito de la comida deshidratada, ¿un expresidente de la República?”, dice el documento.
“Varela está manipulando los expedientes que se han levantado en el Ministerio Público a través de su abogado Rogelio Saltarín”, destacó Martinelli.
El exmandatario también dijo que va a denunciar en todos los países del mundo las acciones violatorias al sistema judicial que está realizando el presidente Varela, “para que sepan el formato de dictadura” que se está armando en Panamá con el levantamiento de expedientes falsos y amañados.
En horas de la mañana, Martinelli denunció en la cadena CNN que Varela se ha enfocado en imprimir el miedo entre sus opositores.
“Varela ha decidido no continuar con el sendero de crecimiento y está enfocado en una cacería de brujas”, dijo Martinelli, al destacar que desde que su sucesor ocupó la silla presidencial se han estancado las inversiones públicas y privadas en el país.
“Yo estoy esperando que vengan contra mí en cualquier momento”, fue la reacción del exmandatario ante el anuncio de que hay intenciones de levantar un proceso penal en su contra a través de la Corte.

miércoles, 14 de enero de 2015

DICTADURA: J.C. Varela persigue a opositores

Con ‘Plan Varela’ se busca callar las voces de la oposición




Desde antes de asumir como presidente de la República, Juan Carlos Varela puso en marcha el denominado Plan Varela, con el que busca controlar todos los órganos del Estado e instituciones autónomas, con el fin de acabar con todo aquel que se oponga a su gobierno.
El manejo que se le ha dado al caso de los exsecretarios del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez deja en evidencia el tinte político que le imprimió el Ejecutivo, el cual quedó al descubierto luego de conocer la designación de Kenia Porcell al frente de la Procuraduría General de la Nación, quien ejerció por seis meses como funcionaria del Consejo de Seguridad.
Ayer, las autoridades judiciales les impusieron medidas cautelares a Garuz y Pérez, pese a que la única evidencia con que cuentan en su contra es un testigo protegido.
La información fue dada a conocer por los abogados defensores de ambos exfuncionarios al concluir las indagatorias de estos en el despacho del fiscal auxiliar Marcelino Rodríguez.
Cristóbal Arboleda, abogado de Garuz, reveló que la Fiscalía cuenta como evidencia con el testimonio de un testigo protegido.
Arboleda desvirtuó este testimonio al calificarlo como “un testigo de oídas, es decir, es una persona que declara que a él le dijeron”, agregó, al referirse a la supuesta existencia de una máquina para realizar escuchas telefónicas y que, según las autoridades, está desaparecida.
Arboleda asegura que ese testigo protegido no tiene ningún valor probatorio.
La existencia de este testigo protegido podría ser la pieza que hace falta para armar el rompecabezas sobre la supuesta desaparición del sargento de la Policía Nacional Ismael Pitty.
Alejandro Pérez, viceministro en la administración de la presidenta Mireya Moscoso y quien en el mes de agosto denunció la desaparición del sargento Pitty, cree saber que es esta unidad policial el testigo protegido al que hace alusión la Fiscalía Auxiliar para mantener tras las rejas a los exfuncionarios de la administración Martinelli.
Pérez, en el mes de agosto, denunció que Pitty estaba siendo objeto de torturas en una casa ubicada en el sector de Amador, lugar en donde funciona el Consejo de Seguridad.
El propósito, aseguró Pérez, es que declarara en contra de altos funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli.
Tras la denuncia de Pérez en ese momento, el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, negó esas acusaciones y dijo que se comunicó de inmediato con la unidad y que se iba a presentar al despacho de la procuradora en ese entonces, Ana Belfon.
El sargento Pitty no se presentó, según los registros de visitas en el Ministerio Público, por esa razón, en su lugar Alejandro Pérez siguió interponiendo recursos en la Defensoría del Pueblo y en la Corte Suprema de Justicia para que se revelara el paradero de esta unidad de la Policía Nacional.
“Estoy seguro de que este sargento es el testigo protegido”, indicó Pérez en una entrevista con Next Noticias.
De acuerdo con Pérez, desde el mes de agosto venía advirtiendo que esta unidad policial era víctima de secuestro y tortura.
Agregó que había dos comisionados de la Policía Nacional que los estaban presionando para que también declararan, pero como no lo hicieron, fueron destituidos y perdieron el derecho a la jubilación.
Uno de ellos es una unidad que, reveló Pérez, es conocida con el nombre de inteligencia de Fred. Esta unidad, dijo el jurista, falleció de un infarto debido a la presión psicológica de la que fue objeto.
La declaración de Pérez deja al descubierto los motivos de una resolución que fue publicada el 11 de agosto de 2014 en la Gaceta Oficial y que lleva la firma del presidente de la República, Juan Carlos Varela, y del ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, en la que se ordena dejar sin efecto la jubilación anticipada del subcomisionado Rony Rodríguez. Posteriormente, este oficial fue destituido.
Para el jurista, el motivo era un mecanismo de presión para que declarara en contra del expresidente Ricardo Martinelli, pero como no lo hizo, lo destituyeron y dejaron sin el derecho a la pensión especial que recibe todo uniformado cuando se acoge a su merecido retiro.
El ‘Plan Varela’
El mismo se empezó a ejecutar desde el día uno, cuando les pidió públicamente a través de TVN Canal 2, propiedad de su principal donante, Stanley Motta, la renuncia a los entonces magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, magistrado Alejandro Moncada Luna, procuradora Ana Belfon y fiscal electoral Eduardo Peñaloza.
Ya en el poder, Varela mostró su control sobre el Tribunal Electoral (TE), en el que los magistrados, en evidente acuerdo con el mandatario, admitieron todas las impugnaciones contra diputados del opositor Cambio Democrático (CD), y más tarde decidieron convocar a nuevas elecciones para favorecer a los candidatos del oficialismo, a tal nivel que el Partido Panameñista logró cuatro nuevas curules. En medio de las críticas, Varela reeligió en el cargo al magistrado Eduardo Valdés Escoffery, lo que fue catalogado como un pago de favores por el manejo de las impugnaciones. La esposa de Valdés Escoferry fue nombrada como miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Además, la esposa del hijo del magistrado Erasmo Pinilla fue nombrada como cónsul en Tampa, Florida.
El mandatario panameño, en sus designaciones, ha mostrado su interés en lograr el control total de las entidades del Estado, imponiendo al contralor, Federico Humbert, a la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, y el fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez. Una de las últimas designaciones, la cual hizo por intermedio del control que ejerce sobre la Corte, es la del excandidato a diputado por el Partido Panameñista Alberto Cigarruista como magistrado del Tribunal de Cuentas.
Con el Plan Varela, con el cual se busca acabar con todos los dirigentes de CD, que es el único colectivo que está en oposición, teniendo en cuenta que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) tiene un pacto de gobernabilidad, ha llegado hasta el punto de que ayer la fiscal segunda Anticorrupción, Lizzeth Chevalier, supuestamente solicitó a la Corte que se investigue al expresidente Ricardo Martinelli.
En una presunta nota, sin firma y que no ha sido recibida en la Corte, la fiscal compulsa el expediente en el que investiga al exdirector del Programa de Ayuda Nacional, Giacomo Tamburrelli, para que inicie un proceso contra el exmandatario.
También el contralor, que responde a Varela, ha creado la Dirección de Investigación Forense, que es un ente que busca involucrar a exfuncionarios de la administración de Ricardo Martinelli en supuestos actos de corrupción.
Investigaciones fabricadas bajo las presiones contra un testigo protegido
El abogado Alejandro Pérez cuestionó el hecho de que el testigo protegido que están usando contra Alejandro Garuz y Gustavo Pérez sea un sargento de la PN.
  • 6 meses lleva el gobierno de Juan Carlos Varela en el poder.
Frase
  • Puedo asegurarles que en Panamá no se respeta el debido proceso; decretan detención antes de indagatoria, cuando la ley no lo permite. Ricardo Martinelli - Presidente de Cambio Democrático.