Escándalo electoral

Cada vez es más claro que las decisiones del Tribunal Electoral (TE) tienen la finalidad de debilitar la presencia política de los diputados de Cambio Democrático (CD) en la Asamblea Nacional y elevar el número de los postulantes del PRD. Desde la época en que el órgano electoral anuló las elecciones manipulando el resultado favorable al presidente Guillermo Endara, Panamá no afrontaba un escándalo electoral de dimensión tan bochornosa.

Los dos magistrados vinculados al PRD, Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés Escoffery, prescinden de las normas establecidas por el Código Electoral en las decisiones que ordenan nuevas elecciones en los circuitos donde ganaron ocho candidatos de CD. El Código Electoral contiene causales de nulidad de elecciones ceñidas a sucesos negativos en las mesas de votación. Cada una se refieren a fallas que corresponden a deficiencias organizativas del TE.

Le es sumamente difícil, por no decir imposible, que los candidatos ingresen personalmente a los recintos de votación, existiendo, como existieron, numerosos funcionarios y voluntarios nombrados por los magistrados. Si no hay boletas en suficiente número para que voten los electores; si el padrón electoral tiene errores; si las elecciones se llevan a cabo después del mediodía; si se alteran las actas del sufragio; si las actas no son firmadas por la totalidad de los miembros de las mesas de votación, todas estas fallas mostrarían las deficiencias organizativas del TE.

Es un escándalo que se ordenen nuevas elecciones por motivos que no incumben a candidatos que, por reveladora coincidencia son de CD. Estas fraudulentas anulaciones de los resultados legítimos no pueden achacarse a la ignorancia de los dispositivos clarísimos del Código Electoral de Pinilla y Valdés que tienen cerca de 20 años como magistrados. Obedecen inequívocamente al propósito de burlarse de la libre determinación de los electores de los circuitos impugnados, incurriendo en violaciones irrisorias del Código Electoral.

Constituyen pruebas fehacientes de las distorsiones jurídicas y de violaciones increíbles del Código Electoral los alegatos de los impugnantes del proceso sobre desvíos supuestos de fondos públicos para que los candidatos influencien a los electores. En primer lugar, los recursos fueron girados a las juntas comunales para el financiamiento de obras públicas. Si hubo manipulaciones presuntamente ilegales de esos fondos, las investigaciones no corresponden al TE, sino a la Contraloría, el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Público como responsables de fiscalizar recursos fiscales, como establece la Constitución.

El TE no tiene competencia para pronunciarse en materia de recursos fiscales, de acuerdo con el debido proceso. Sin embargo, ha ordenado y pagado auditorías forenses sin poseer atribuciones constitucionales en una esfera ajena a su ámbito de decisiones.

La Constitución dispone que los magistrados del TE y el fiscal electoral son responsables ante la Corte Suprema por las faltas y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y les son aplicables las mismas prohibiciones y prerrogativas que dicta la Constitución para los magistrados de la Corte.

Ante la previsión de que la Corte, como se está observando, no cumpliera la salvaguarda de la Constitución, está abierta la instancia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. El escándalo electoral traspasará las fronteras.