Hay un reguero de evidencias de la parcialización política del Tribunal Electoral (TE). La suspensión de una cuña sobre la inoperancia de Juan Carlos Navarro como alcalde fue obra personal del magistrado Erasmo Pinilla. El insólito discurso del mismo funcionario en la ceremonia de inauguración del nuevo local del TE confirmó su hoja de ruta perredista. Cuando el independiente Gerardo Solís entró entre bombos y platillos a la nómina del Partido Revolucionario Democrático (PRD), entró el TE a una indignante cura de silencio que agravió a los independientes de verdad.
La revisión de sus pronunciamientos públicos sobre el torneo certifican el desparpajo de su favoritismo político. Ahora la contratación de una empresa de propiedad de un perredista nada menos que para la transmisión de los datos de la votación no deja resquicio de dudas sobre la peligrosa parcialidad del político trasvestido de alto funcionario electoral.
Hace rato que vienen acumulándose dudas y sospechas sobre la imparcialidad del Tribunal Electoral desde que a uno de los magistrados le traicionó el subconsciente y repitió el eslogan de un candidato al anunciar el resultado de una elección. Lo que pudo parecer un hecho anecdótico en el pasado, hoy se perfila como una sombra ominosa de una acechante tergiversación de resultados electorales que pone en entredicho la continuidad de la democracia representativa.
Los comentarios del presidente Ricardo Martinelli sobre la transmisión de datos de los resultados oficiales de las elecciones de mayo han motivado un comunicado del TE avalando la seguridad informática de la empresa que ha contratado para tal efecto. El TE confirma, asimismo, que el propietario de dicha empresa está inscrito en el PRD desde 1996, pero no aclara que fue funcionario del gobierno de Martín Torrijos en asuntos informáticos, aspecto que debe tomarse en cuenta dentro de las normas de la transparencia estatal. La imparcialidad política debe prevalecer al máximo en las decisiones del organismo electoral, sobre todo cuando se trata de algo tan decisivo y delicado como el resultado de los comicios.
Resulta un imperativo profundamente democrático que los partidos políticos asuman posiciones de alerta, vigilando la transmisión de los resultados de cada mesa de votación de cada rincón del país. Las actas de certificación del resultado de las mesas de votación tienen que ser ratificadas por la transmisión de datos. Se ha contratado a una empresa sometida a impugnaciones, existiendo numerosas compañías del ramo sin antecedentes de vinculaciones partidistas. Pero por motivos que están a la vista de la opinión pública se seleccionó esa empresa específica.
En resguardo de los principios constitucionales que norman las funciones del TE, debe dejarse sin efecto la contratación. La transparencia electoral debe concretarse en decisiones despojadas de favoritismos partidarios. No puede tolerarse el atisbo más leve de alteración fraudulenta de la realidad de los comicios del cuatro de mayo.
Antes de que se interpongan recursos ante la Corte Suprema de Justicia, encargada de la fiscalización de la conducta de los magistrados, procede la nulidad inmediata de la contratación.
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